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¿Muerto-desaparecido? Fiscal pide a TSJ aclarar términos que permitan a familiares ser reivindicados
miércoles, 20 de mayo 2015
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La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, introdujo un recurso de interpretación ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el fin de que se defina lo relativo a la declaratoria de la persona muerta-desaparecida, durante las violaciones masivas a los derechos humanos ocurridas entre los años 1958 y 1998.

 

De acuerdo con lo expresado por la presidenta de la Comisión Por la Justicia y la Verdad, este miércoles 20 de mayo ante el máximo tribunal de la República, el objetivo es permitir que los familiares de esas víctimas puedan acceder a las reparaciones que ofrece el Estado venezolano.

 

La máxima autoridad del Ministerio Público explicó que la acción judicial obedece a que el artículo 7 numeral 12 de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el período 1958-1998, establece que la figura del muerto-desaparecido puede ser definido a través de un acto administrativo de la mencionada ley.

 

No obstante, refirió Ortega Díaz que el artículo 421 del Código Civil señala que cuando se presuma la ausencia de la persona por más de dos años “hay que acudir ante un juez civil a solicitar la declaratoria de ausencia”.

 

“Frente a las dudas, y como hay una deuda histórica con los familiares de las víctimas durante esa oprobiosa Cuarta República, acudimos ante el Tribunal Supremo de Justicia para que interprete estas normas y aclare la definición del muerto-desparecido”, destacó.

 

Listado oficial

 

Ortega Díaz aspira a que el TSJ se pronuncie oportunamente acerca del recurso de interpretación para que la Comisión Por la Justicia y la Verdad pueda publicar el listado oficial de fallecidos y desaparecidos por razones políticas, a fin de que sus deudos se beneficien de las indemnizaciones que prevé el citado texto jurídico.

 

Estimó en cinco mil la cifra de familiares de las víctimas de este período republicano, a quienes el Estado está en la obligación de reivindicar y reconocer sus derechos sociales.

 

“Tenemos a varios familiares de las víctimas, torturados, desaparecidos y miembros de la Comisión Por la Justicia y la Verdad que requieren con urgencia la atención por parte del Estado”, indicó.

 

En la sede del máximo tribunal del país, la Fiscal General interpuso la acción judicial acompañada por el defensor del Pueblo, Tarek Willians Saab, e integrantes de la Comisión Por la Justicia y la Verdad.

 

(Nota de Prensa)