El informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) sobre los sucesos de Nicaragua es “subjetivo, sesgado y notoriamente parcializado”, pues omite todas las barbaridades cometidas por los grupos violentos y pretende colocar toda la responsabilidad sobre el Gobierno, denunció el canciller del país centroamericano, Denis Moncada.
«El Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional rechaza de manera integral dicho informe presentado por la Cidh, por considerarlo subjetivo, sesgado y notoriamente parcializado», expresó Moncada.
Las observaciones del canciller nicaragüense al informe comprueban, una vez más, que en esa nación se está cumpliendo un guión casi idéntico al que se aplicó en Venezuela en 2017. Veamos algunos de esos puntos de coincidencia:
1) “El Gobierno de Nicaragua reafirma que no es política de Estado la represión de protestas sociales y menos el uso excesivo y arbitrario de fuerzas por parte de la policía nacional. Rechazamos las recurrentes, ligeras e infundadas afirmaciones de condena de denuncias hechas contra del Estado y Gobierno de Nicaragua, y en particular en contra de la Policía Nacional a la que alude el informe de la Cidh”, expresó el canciller Moncada.
En Venezuela también se calificaron (y continúan calificándose) como represión y uso arbitrario y excesivo de la fuerza las acciones desarrolladas por la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana para contener manifestaciones sumamente violentas, que incluyeron uso de armas de fuego y artificios explosivos.
2) “No todos los fallecidos son atribuibles a la situación que se estaba viviendo en ese momento, ya que algunos de ellos fueron por causas ajenas a los sucesos que están siendo investigados por las autoridades competentes”, dijo el funcionario sandinista.
En el caso venezolano, igualmente, se anotaron entre las supuestas víctimas de la represión a personas que fallecieron en otros sucesos y hasta se llegó al extremo cínico de incluir a ciudadanos que fueron asesinados por las turbas opositoras (ejemplo: el exguardia nacional Danny Subero y Orlando Figuera, uno de los quemados vivos).
3) “En este informe se omiten deliberadamente todos los ataques armados, asedios, hostigamientos y secuestros de los que han sido y siguen siendo objeto las delegaciones de la Policía Nacional, las que por decisión del presidente de la República y a su solicitud de la Mesa del Diálogo fueron reconcentrados en sus unidades, como ocurrió en Matagalpa, Jinotepe, Masaya, León, Jinetega, Diriamba, Sébaco, Nagarote, Nindirí, entre otros; también la masacre y secuestro de Policías en Mulukuku y El Jicaral”, detalló el canciller.
Los informes relativos a Venezuela también omiten los ataques sufridos por los funcionarios del Estado y los intentos de incursionar violentamente en instalaciones militares como la Base Aérea La Carlota.
4) “La Cidh hace caso omiso de los derechos humanos y constitucionales, como el derecho al trabajo y la libre circulación de las personas a recibir atención en salud, así como el derecho a la libre circulación, alimentación y educación”, expresó Moncada en su respuesta de rechazo al informe.
Es el mismo caso de las guarimbas venezolanas de 2017, cuando se vulneraron impunemente esos derechos de la ciudadanía.
5) El reporte de la Cidh también se omite la destrucción, incendio y saqueo de instituciones públicas, edificios municipales, unidades de policía, instalaciones del Frente Sandinista de Liberación Nacional y de viviendas de dirigentes del Fsln y funcionarios públicos; además de la destrucción y saqueo de ambulancias, centros de salud, clínicas móviles, casas maternas, escuelas, equipos y maquinaria de las Alcaldías.
Todas estas situaciones son réplicas de lo ocurrido en Venezuela el año pasado, las que tampoco fueron ni siquiera mencionadas por los organismos supuestamente preocupados por la vigencia de los derechos humanos.
6) “La mayoría de las fuentes de información que cita la Cidh provienen de agencias y medios de comunicación adversos al Gobierno, cuyas noticias son falsas y manipuladas”, añadió el canciller.
Situación idéntica a la ocurrida en Venezuela en 2017.
El guión se cumple al pie de la letra y la Cidh, entidad dependiente de la cuestionada Organización de Estados Americanos hace el papel que le corresponde.
(LaIguana.TV)
