La Constitución Nacional Bolivariana dice que cualquier persona tiene derecho a expresar lo que piensa, siempre y cuando asuma la responsabilidad de sus palabras. Pero la Ley de los Dueños de Medios –que según ellos es supraconstitucional- dicta normas muy distintas, plantea que los medios pueden decir lo que quieran y no se les podrá reclamar responsabilidad alguna por lo expresado.
La Ley de los Dueños de los Medios (que cuenta con el respaldo de ciertos voceros de los periodistas plenamente identificados con los intereses de las empresas), dice así:
Artículo 1. Los medios de comunicación social que se autodenominen libres e independientes tendrán derecho a publicar lo que consideren conveniente acerca de cualquier persona, viva o muerta, especialmente si se trata de funcionarios de un gobierno al que dichos medios hayan tachado de rrrrégimen.
Artículo 2. La persona señalada por el medio de comunicación libre e independiente estará obligada a admitir los hechos que se le atribuyen. Si acaso osare desmentirlos, el medio de comunicación libre e independiente tendrá derecho a negarse, en nombre de la libertad de prensa, a publicar la versión del acusado.
Artículo 3. Si la persona denunciada por el medio de comunicación libre e independiente usare algún otro medio de comunicación o red social para difundir su versión de los hechos, tal conducta se considerará atentatoria contra la libertad de expresión del medio de comunicación denunciante.
Parágrafo único. Si la persona acusada fuere un alto funcionario público o un líder importante del rrrrégimen, cualquier desmentido se considerará un abuso intolerable de poder y podrá formularse la denuncia por ante los organismos interplanetarios de derechos humanos.
Artículo 4. Si la persona acusada por un medio de comunicación libre e independiente interpusiere una demanda ante tribunales ordinarios civiles o penales, se le tratará como individuo hostil a la libertad de expresión y se le presentará como tal en nuevas publicaciones de texto, fotos e ilustraciones.
Parágrafo único. Si la persona acusada fuere un alto funcionario público o un líder importante del rrrégimen, cualquier proceso judicial que intentare será considerado un atentado contra los derechos humanos y el sujeto será tratado como reo de delitos de lesa humanidad.
Artículo 5. Si se entablare un juicio contra un medio de comunicación libre e independiente y el fiscal encargado del caso citare a declarar a algún directivo o periodista de dicho medio, el referido fiscal será considerado también individuo hostil a la libertad de expresión y se le tratará como tal en nuevas publicaciones de texto, fotos e ilustraciones. Para lograr ese objetivo, al medio de comunicación libre e independiente se le autorizará a difundir cualquier versión, rumor o runrún relacionado con las ejecutorias previas del fiscal e incluso con su vida privada, preferencias sexuales y fantasías eróticas favoritas.
Artículo 6. Si se entablare un juicio contra un medio de comunicación libre e independiente, el juez estará obligado a desechar los cargos y sobreseer la causa, so pena de ser catalogado como cómplice del demandante y sometido al mismo escarnio previsto para el fiscal.
Parágrafo primero. Si el juez tomare medidas contra algún directivo o periodista de dicho medio, se le catalogará públicamente como cómplice de los delitos de lesa humanidad perpetrados por la persona acusada por el medio de comunicación libre e independiente y se le advertirá que corre el riesgo de ser objeto de las sanciones pautadas en el decreto supraconstitucional y supranacional de Obama.
Parágrafo segundo. Si el juez fallare en contra del medio de comunicación libre e independiente y condenare a directivos de dicho medio o sus periodistas o articulistas, se le considerará enemigo público de la libertad de prensa y se le advertirá que, tan pronto caiga el rrrégimen, será juzgado por la Corte Penal Internacional.
Artículo 7. Cualquier duda sobre la interpretación de esta ley supraconstitucional será dirimida por un comité ad hoc formado por dueños de medios libres e independientes, la Sociedad Interamericana de Amos de la Prensa y la Comisión Interplanetaria de Derechos Humanos.
(Clodovaldo Hernández / [email protected])
