El Gobierno de Bolivia ordenó la presentación de carnet de vacunación o prueba negativa de COVID-19 para ingresar a lugares donde haya aglomeración y amplió hasta junio de 2022 las medidas de prevención de la pandemia, que ha marcado records de contagios en la última semana.
«Las instituciones públicas, privadas, entidades financieras, religiosas, centros comerciales, mercados y supermercados, unidades educativas, universidades, institutos técnicos e instituciones educativas en general, lugares de entretenimiento y otras donde exista aglomeración, deberán solicitar a las personas el carnet de vacunación con esquema completo [o] la prueba RT-PCR negativa», dice un decreto supremo.
La norma, que abarca también a los servicios aéreo, terrestre, fluvial y férreo de transporte interno de pasajeros, fue presentada por el ministro de Salud, Jeyson Auza, en conferencia de prensa, como parte de un refuerzo del plan nacional de combate a la pandemia.
Cuarta ola
Bolivia soporta desde fines de noviembre una cuarta ola de contagios de COVID-19, con un promedio de dos millares de nuevos casos en la última semana.
El martes se registró un récord de 2.376 nuevos casos en el actual ciclo de alza, para acumular 513.729 contagios, incluidos 19.480 decesos, a lo largo de la pandemia.
El departamento oriental de Santa Cruz seguía siendo el más afectado, con más de la mitad del total general y hasta 60% de los casos de la actual ola, según los registros oficiales.
Auza dijo que el decreto publicado este jueves, 23 de diciembre, reflejaba el acuerdo firmado la semana pasada por el Gobierno nacional y las administraciones regionales para reforzar la lucha contra la pandemia.
Además de la exigencia de los carnets de inmunización o prueba negativa de COVID-19, el plan incluye una ampliación de la capacidad de los vacunatorios, centros de diagnóstico y servicios hospitalarios exclusivos para la pandemia.
El decreto precisó que para el ingreso a lugares de aglomeración las personas deberán presentar carnet de vacunación con esquema completo (doble dosis de Sputnik V, Pfizer, Sinopharm o AstraZeneca, o una dosis de Jannsen) o certificado de primera dosis si ésta fue aplicada recientemente.
Con el mismo objeto, las pruebas PCR deberán tener una antigüedad no mayor a 48 horas.
El decreto reafirma el carácter voluntario de la vacunación, pero dispone que los funcionarios públicos y empleados de empresas estatales que tomen esa decisión deban presentar cada semana una prueba PCR negativa como requisito indispensable para ser admitidos en sus fuentes laborales.
Entre las medidas generales de prevención ampliadas por seis meses, destacan el uso obligatorio de barbijos o máscaras faciales en lugares públicos y la exigencia de prueba PCR negativa para todos los viajeros que lleguen al país.
(Sputnik)
