“Desde hace años hemos denunciado los intentos de crear un paraestado en Venezuela, que iría avanzando en el territorio desde las zonas fronterizas hasta las grandes ciudades y la capital. Ahora empiezan a explotar casos que llegan a los medios. La parapolítica se propone desmantelar el Estado venezolano que tiene en sus manos las mayores riquezas petroleras del planeta. Es una invasión lenta pero progresiva dentro del territorio, de los barrios y de la política venezolana”, expuso Miguel Ángel Pérez Pirela en su programa Desde Donde Sea.
Planteamiento del tema
El punto de partida del tema fueron los hechos ocurridos recientemente, que derivaron en la detención de varios funcionarios de elección popular involucrados en mafias del tráfico de drogas y de combustible.
“Es un asunto muy delicado y escabroso este de la presencia creciente del paramilitarismo y la parapolítica, acerca del que hemos hecho dos libros: La invasión paramilitar: el caso Daktari, en conjunto con Luis Britto García y La cuestión colombo venezolana (con Britto García, Mario Sanoja, Iraida Vargas, Eva Gollinger y Sergio Rodríguez Gelfenstein). Hay que ir con cuidado porque se trata de una práctica usual en Colombia, no en Venezuela: la entrada de los negocios del narcotráfico en la esfera política”.
“Hace varias décadas, el narcotráfico entró en el negocio de la política. Pablo Escobar entendió que no se debía pagar a los políticos para que toleraran y auparan este negocio, sino que los narcotraficantes tenían que hacerse políticos, para manejar directamente el negocio desde el poder. No quería tercerizar”, explicó.
“Estamos viendo en Venezuela, con las últimas detenciones de alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, de varias fracciones políticas y de ejercicio en estados fronterizos con Colombia, que aparecen incursos en negocios del narcotráfico. En Colombia es normal, el pan de cada día. En Venezuela son raros los casos”, añadió.
A su juicio, no es una señal anodina ni casos que puedan ser juzgados como aislados. “Es un plan y una estrategia coherente y pormenorizada por parte del Estado colombiano, del paraestado colombiano y de intereses de Estados Unidos, pues el objetivo final es penetrar hasta los tuétanos al Estado venezolano”.
“La detención de varios funcionarios electos por el voto popular debido a su presunta participación en una red de distribución y tráfico de drogas, manejada desde Colombia, es, cuando menos, un signo del advenimiento de la narcopolítica en el país, una práctica hasta ahora ajena a la realidad venezolana”, enfatizó.
Para cerrar la presentación editorial del tema, consignó del Iguanazo de Iván Lira en el que un personaje manejando una herramienta dice: “Esa mano de hierro, las mafias las vamos a enfrentar con la cizalla de la corrupción”.
Detalles del caso
La noche del pasado 28 de enero, la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad) anunció la detención de dos diputados y una alcaldesa, a quienes se sindica de formar parte de una red de narcotráfico que operaba en los estados Zulia y Falcón, al occidente del país.
Según el comunicado oficial, en el marco del Operativo Mano de Hierro, las autoridades capturaron a Keyrineth Fernández, alcaldesa del municipio Jesús María Semprún (Zulia) y a los diputados Taina González (Zulia) y Luis Viloria Chirinos (Táchira).
También se produjo la aprehensión de tres personas más, una de ellas de nacionalidad colombiana, según datos del mayor General Richard López Vargas, superintendente nacional antidrogas
Las autoridades enfatizaron que la investigación continuaba y no descartaron nuevas detenciones, que prometieron anunciar “oportunamente”.
El mismo día, el caso fue comentado en Twitter por el diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en virtud de que algunos de los implicados pertenecen a las filas de esa organización política.
Cabello aseguró que la tolda no mantenía “compromisos” con corruptos o delincuentes e instó a la militancia a vigilar “permanentemente” la gestión de los funcionarios, independientemente de su cargo.
En rueda de prensa ofrecida este lunes, además de ratificar la condena de estas conductas, reiteró que el PSUV “se declara completamente intolerante con hechos de corrupción, con hechos delictivos en sus filas”.
El dirigente socialista anunció, asimismo, que las personas involucradas en este caso fueron automáticamente expulsadas de “cualquier militancia”, exhortó a las bases a repudiar esta clase de acciones y solicitó que se les aplicara “todo el peso de la ley” a los funcionarios que se valieran de su cargo para delinquir.
Cabello precisó que estas acciones se produjeron tras un proceso de investigación de largo aliento, que está directamente relacionado con el caso del decomiso de un cargamento de drogas en el estado La Guaira a fines de 2021.
Aclaró, asimismo, que el comunicado publicado el pasado viernes era un informe de capturas producidas en distintos momentos en el marco de la Operación Mano de Hierro y defendió que no se hubieran difundido mayores detalles, en virtud del carácter secreto que tienen las investigaciones relacionadas con el narcotráfico.
Negó que algunos de los indiciados ya hubiesen sido dejados en libertad luego de anteriores detenciones.
De otra parte, Cabello enfatizó que con estas tentativas relacionadas con la incursión de grupos irregulares armados ligados al narcotráfico y la ahora desmantelada red de tráfico de drogas que operaba en los estados Zulia y Falcón, se pretende imponer un narcomodelo político aupado desde el otro lado de la frontera.
Empero, descartó enteramente que tal iniciativa pudiera cuajar en Venezuela, en razón de que las autoridades están comprometidas en la lucha contra estos flagelos y no los consienten ni alientan, como ocurre en el vecino país. Recordó que, en Colombia, el narcotráfico llegó a tener 89 diputados, incluyendo a Pablo Escobar. “Aquí no pueden hacerlo porque no tenemos un gobierno narcoterrorista”, aseguró.
Para abonar a esta tesis, en un trabajo periodístico de Eligio Rojas para el diario Últimas Noticias se precisa que en el establecimiento de esta red de narcotráfico habría sido esencial la figura de Víctor Julio Cano, un narcotraficante de nacionalidad colombiana detenido en La Guaira junto a seis personas más el pasado 7 de noviembre, cuando intentaban traficar 336 panelas de cocaína.
Según lo revelado en su trabajo, “era la persona encargada de captar a funcionarios públicos de elección popular (diputados y alcaldes) para armar la red de narcotráfico cuyo desmantelamiento fue anunciado este viernes por la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad)”.
Por otro lado, Cabello aludió a la desarticulación de otro grupo delictivo de trasiego ilegal de combustible que tenía como foco de sus acciones criminales el sur del estado Anzoátegui y contaba con la participación directa de un alcalde reelecto el pasado 21 de noviembre.
El ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, anunció el pasado 29 de enero la captura de Carlos Rafael Vidal Bolívar, alcalde del municipio Independencia, así como del fiscal Superior del estado Bolívar, un capitán y un comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, junto a otras tres personas.
De su parte, el parlamentario socialista aseveró que esta red suministraba y vendía combustible a grupos armados y “terroristas” implicados en el tráfico de drogas a través del río Orinoco.
Aunque Cabello no lo mencionó, la desembocadura del mayor río de Venezuela conecta con el océano Atlántico en una posición privilegiada para acceder a distintas rutas habitualmente usadas para trasladar la droga producida en Colombia hacia Estados Unidos, América Central, América del Sur, México, el Caribe, África y Europa.
Este lunes 31 de enero, El Aissami anunció la aprehensión del fiscal superior del Estado Delta Amacuro, Jorge Peña y de un funcionario de la estatal Petróleos de Venezuela en el marco de la Operación Mano de Hierro, quienes estarían aparentemente vinculados con las mafias de tráfico de combustible en la misma zona.
El titular de la cartera de Petróleo no conectó directamente este evento con las capturas de los días previos, pero a juzgar por lo señalado por Cabello, parece evidente que ambas situaciones están relacionadas.
Protagonistas de los hechos
1) Keyrineth Fernández, la exalcaldesa salpicada por el narcotráfico y la parapolítica. Tras el primer anuncio oficial, medios como el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla y el diario Últimas Noticias aportaron detalles adicionales sobre el caso, que habría estado en proceso desde el año 2020.
De todas las capturas, probablemente la que más revuelo causó fue la de la alcaldesa Keyrineth Fernández, reelecta para su cargo el pasado 21 de noviembre por el PSUV en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, fronterizo con Colombia.
El periodista, documentalista y experto en temas de seguridad Daniel Quintero publicó en Twitter un informe de la detención de Fernández, horas antes de que se divulgara el comunicado oficial.
En su reporte, que acompañó con fotografías, Quintero detalló que al momento de su aprehensión, la burgomaestre habría tenido consigo un alijo de seis panelas de cocaína.
Desde el Partido Comunista de Venezuela (PCV) ya se había apuntado hacia Fernández, a quien acusaron de atacar y amedrentar votantes en las megaelecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, un hecho que aparentemente estuvo acompañado de violaciones a la normativa electoral.
En una carta dirigida a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que fuera publicada en sus redes sociales, el PCV denunció «la grave situación de violación de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía» que habría tenido lugar en el municipio Semprún del estado Zulia.
Según la versión del PCV, la entonces candidata a la reelección habría encabezado una «acción violenta, ilegal y vandálica» que habría contado con el respaldo en sitio de directivos locales y regionales del PSUV, funcionarios del CNE y miembros del Plan República.
Siempre siguiendo lo dicho por la tolda del gallo rojo, las irregularidades comenzaron por el desconocimiento de las credenciales de sus testigos de mesa, aun cuando habían sido debidamente acreditados por el Poder Electoral.
En horas de la tarde del 21 de noviembre, las acciones se habrían concentrado en el centro electoral Rafael Urdaneta, ubicado en la capital municipal (Casigua El cubo), en el que están registrados más de 4.000 electores y electoras.
Más concretamente, el PCV denunció que el proceso de votación fue detenido en dos oportunidades por lapsos cercanos a una hora, sin que se ofrecieran las correspondientes explicaciones a quienes esperaban para ejercer su derecho al sufragio.
La situación habría llegado a su peor punto cerca de las 5:30 de la tarde, cuando se produjo la tercera interrupción. La larga cola –que habría tenido unas 800 personas– reclamó la demora y fue duramente reprimida por la policía municipal.
Aparentemente, los efectivos del Plan República no intervinieron para mediar en el conflicto o detener a la fuerza policial, que cual guardia pretoriana al servicio de la alcaldesa, habría disparado al aire y lanzado bombas lacrimógenas contra la multitud.
Estos graves hechos habrían ocasionado la dispersión de los votantes y, de acuerdo con la denuncia, derivaron en el cierre prematuro del centro electoral, con la subsecuente violación del derecho al sufragio de los electores que se disponían a ejercerlo.
La situación no habría terminado allí, pues el PCV sostiene que luego el grupo de policías se habría apropiado de la impresión de los resultados electorales, así como de las máquinas de votación, y los habría trasladado –sin el acompañamiento de testigos– a la Junta Electoral Municipal para su transmisión hacia la sede central del CNE en Caracas.
Este lunes 31 de enero, Wuyshmans González, candidato del PCV en esos comicios y antiguo militante del PSUV, aseguró en una entrevista que Fernández ejercía su actual período como alcaldesa “de hecho y no de derecho”, pues nunca se consignaron las actas de totalización ante la Junta Electoral Municipal y no fue proclamada oficialmente en el cargo.
En su decir, todas las denuncias antes referidas fueron presentadas oportunamente ante las autoridades competentes, pero hasta ahora no ha habido respuestas.
Aunque efectivamente se trata de una situación diferente, no está desconectada con el ‘modus operandi’ de la parapolítica practicada extensamente en países como Colombia o México, donde grupos armados –a menudo vinculados con cárteles de la droga– amedrentan a los ciudadanos para que no sufraguen e incluso amenazan y hasta asesinan a candidatos.
2) La diputada del “Jeymóvil”, Jeycar Pérez, pieza clave para otras capturas. En el reportaje publicado por el periodista Eligio Rojas para el diario Últimas Noticias, se precisa que la captura de Keyrineth Fernández se produjo gracias a la delación que hiciera la exdiputada Jeycar Pérez, detenida a inicios de enero.
Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, precisó este lunes en rueda de prensa que Pérez fue detenida el pasado 5 de enero en los espacios de la Asamblea Nacional.
Últimas Noticias detalla que Pérez fue electa diputada por el estado Apure, fronterizo con Colombia, el 6 de diciembre de 2020 por el partido Organización Renovadora Autentica (ORA), de corte evangélico y perteneciente al Gran Polo Patriótico «Simón Bolívar», alianza gubernamental liderada por el PSUV.
Con respecto a su trayectoria política, el portal de investigación La Tabla apunta que la ahora exdiputada, quien es oriunda del estado Anzoátegui, en el oriente del país, no inició su carrera en esa organización política, sino en Podemos, una formación fundada en el estado Aragua (centro) por el diputado Didalco Bolívar y otros dirigentes provenientes del partido Movimiento al Socialismo (MAS).
La salida de Pérez de Podemos no habría sido inamistosa, como muestran otras publicaciones tomadas de sus redes sociales y a juzgar por esta evidencia, su incorporación a ORA se produjo necesariamente antes de las elecciones parlamentarias de 2020.
A propósito de esa campaña electoral, ella misma divulgó fotografías de una camioneta de gama alta a la que bautizó “la Jeymóvil”, que aparecía profusamente decorada con imágenes alusivas a los comicios.
En el trabajo periodístico de Últimas Noticias se sostiene que “Pérez estaba siendo investigada desde septiembre del año 2020, investigación que condujo a la detención en La Guaira de ocho personas con 336 panelas de cocaína”.
Además, se reporta que, al momento de su detención, la dirigente política habría renunciado a su posición como parlamentaria. Trascendió que en ese operativo se le habrían incautado “varios vehículos” y que su esposo, Arquímedes González, aún no detenido, estaría implicado en la red de trasiego de drogas desmontada.
Siempre en atención a lo referido por esta investigación, lo dicho por Jeycar Pérez a las autoridades primero condujeron a la captura del diputado suplente al Consejo Legislativo de Táchira Jean Carlos Silva, quien pertenece a las filas del partido Podemos, antigua tolda de la exparlamentaria.
Empero, la estructura de tráfico de drogas habría de sufrir su revés más fuerte este viernes, cuando además de la burgomaestre Keyrineth Fernández, se capturó a la diputada a la Asamblea Nacional Taina González Rubio (PSUV), a Gregorio Francisco Amariz Meléndez (funcionario de PoliZulia) y a tres ciudadanos más, incluyendo a uno de nacionalidad colombiana conocido bajo el alias de «el Compa».
Estas aprehensiones fueron ratificadas por Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, en declaraciones ofrecidas a la prensa este lunes 31 de enero.
Vale acotar que en el comunicado de la Superintendencia Nacional Antidrogas se menciona la detención de Jekyar Pérez (sic), pero se prescinde de precisar tanto la fecha de su captura como su condición de diputada.
3) Luis Viloria Chirinos, el «intelectual» de derecha vinculado al narcotráfico. En el decomiso de 336 panelas de cocaína ocurrido a inicios de noviembre de 2021 en el puerto de La Guaira, destacó la privación de libertad de Luis Alfonso Viloria Chirinos, quien en 2020 fungió como asesor del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, perteneciente al partido opositor Primero Venezuela.
Pese a esto, la prensa ligada a la oposición venezolana trató de presentarlo en aquel momento como un “intelectual del chavismo”, en un vano intento por fortalecer la narrativa de Venezuela como narcoestado.
Una pesquisa de La Tabla mostró que Viloria no solo no tenía nexo conocido con el chavismo, sino que, de hecho, es pública su vinculación con ‘think thank’ de la derecha y hasta con el jurista Allan Brewer-Carías, tristemente célebre por haber redactado el «decreto Carmona», con el que se consumó el golpe de Estado de abril de 2002.
Viloria está vinculado a la Fundación Konrad Adenauer y a la publicación Diálogo Político, relacionada con el partido de Ángela Merkel. Es el director general del Centro de Liderazgo Democrático Impulso, una plataforma de investigación creada en la Universidad de Los Andes, en Mérida, en 2017, presidida por Guido Mercado y que apoyaba al gobernador opositor Ramón Guevara. En octubre de 2018 publicó el libro Aproximación a los mecanismos de control político y su incidencia en el sistema constitucional, de la Editorial Jurídica Venezolana, con prólogo de Brewer Carías.
Viloria es el prologuista de un libro en homenaje a Fortunato González Cruz, de la ULA, cuya presentación escribió el cardenal Baltazar Porras
En el comunicado de la Sunad relativo a la Operación Mano de Hierro, Viloria es reseñado como diputado por el estado Táchira, pero el día de su publicación, La Tabla indicó que al momento de su detención en realidad habría sido parlamentario suplente por el estado Trujillo para el período 2016-2021, mientras que en el trabajo periodístico de Últimas Noticias se alude a él como un asistente parlamentario.
Antecedentes
El Equipo de Investigación de Desde Donde Sea se preguntó si acaso hay tradición en Venezuela de funcionarios capturados por narcotráfico.
La respuesta es que, en contraste con lo que sucede en otros países de la región, Venezuela no dispone de amplios historiales de funcionarios de alto nivel que hayan sido capturados, procesados y condenados por crímenes relacionados con el narcotráfico.
Las narrativas mediáticas de los últimos años, impulsadas con mucho mayor ahínco desde el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017, no han logrado presentar una investigación creíble que relacione de algún modo a altos personeros gubernamentales venezolanos con el tráfico de drogas.
En su lugar, medios, periodistas y posicionadores de opinión alineados con el ala más extremista de la oposición, se han dedicado publicar supuestas denuncias, pese a que invariablemente se han basado en declaraciones de funcionarios estadounidenses a las que no se ha adjuntado prueba alguna.
Con todo, hay excepciones en la historia de Venezuela. En 1987, la policía política de entonces (Disip) detuvo en Valencia, estado Carabobo, al entonces diputado Hermócrates Castillo, perteneciente al derechista partido Opina, quien cargaba en su vehículo cinco kilogramos de cocaína, además de un arma de guerra.
De acuerdo con la pesquisa realizada por el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla, en esa acción policial se detuvo al parlamentario –que gozaba de inmunidad– y a otras tres personas por distribuir y vender cocaína en zonas residenciales de Caracas, Valencia y Barquisimeto, tres de las ciudades más importantes del país.
La investigación penal dictaminó que Castillo formaba parte de una red de tráfico de drogas procedente de Colombia que hacía puente entre Maicao y Maracaibo, aprovechando que Castillo había obtenido su curul por el estado Zulia.
Se le sentenció a 29 años de prisión –uno menos que la pena máxima establecida en Venezuela– y falleció años después, mientras cumplía condena en una cárcel común en el centro del país.
El hilo de La Tabla dio detalles de la detención, en la que participó el también diputado Vladimir Gessen, presidente de la Comisión Antidrogas de la Cámara Baja. Explica, además, que Opina es un partido de derecha, fundado en 1962, que tuvo representación parlamentaria en siete períodos legislativos (de 1963 a 1993).
Hipótesis: el paramilitarismo en Venezuela
Basado en sus investigaciones previas y en los hechos recientes, Pérez Pirela expone la hipótesis de que el paramilitarismo es un insidioso visitante en la política venezolana.
El uso del paramilitarismo para incidir en la política venezolana, se remonta al año 2004, cuando se descubrió en una hacienda ubicada en las afueras de caracas un grupo de paramilitares colombianos que se entrenaban para derrocar y asesinar al entonces presidente, Hugo Chávez Frías.
Investigaciones posteriores demostraron que el Estado colombiano, entonces encabezado por Álvaro Uribe Vélez, estaba al tanto de estas maniobras conocidas bajo la denominación de Operación Daktari.
Adicionalmente se comprobó que el entonces alcalde del municipio Chacao, Leopoldo López, recibió asesorías «de seguridad» del gobierno de Uribe Vélez al menos desde el año 2003.
López, hoy prófugo de la justicia venezolana, ha estado involucrado en acciones sediciosas de tinte paramilitar y terrorista como las así llamadas “guarimbas”, la fallida Operación Gedeón e inclusive el entrenamiento de bandas armadas de Caracas para la ejecución de un magnicidio el año pasado, en las fiestas del Bicentenario de Carabobo.
El 1º de octubre de 2014 y pocos meses después de haberse conjurado la estrategia sediciosa de las “guarimbas” lideradas por López, el paramilitarismo de factura colombiana dio otro zarpazo en Venezuela con el asesinato del diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV Robert Serra, quien fue acuchillado salvajemente en su residencia. En el ataque también perdió la vida una joven identificada como María Herrera.
Desde el principio, las autoridades tuvieron claro que se trató de un crimen por encargo. Las investigaciones determinaron que a la cabeza de la macabra operación estaba Leiver Padilla Mendoza, conocido como «el Colombia», un paramilitar colombiano relacionado con el Partido de la U, del expresidente Uribe Vélez.
En 2020, el tribunal supremo de justicia anunció que los asesinos del diputado habían recibido la pena máxima, que en Venezuela equivale a 30 años de cárcel.
Otras siete personas fueron sentenciadas a nueve años y seis meses de presidio por haber participado como cómplices no necesarios para la comisión de robo agravado y asociación para delinquir.
Cuatro años más tarde, el 4 de agosto de 2018, se perpetró un intento de magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro, el Alto Mando Militar, altos personeros gubernamentales y las cabezas de los poderes Electoral y Ciudadano durante un acto público en Caracas.
En esta oportunidad, los atacantes optaron por detonar varios drones con explosivos cerca de la tarima presidencial. Aunque el mandatario y los miembros del gabinete resultaron ilesos, siete efectivos de la Guardia Nacional sufrieron heridas.
Las pesquisas policiales demostraron que en el frustrado intento de magnicidio se utilizaron dos drones cargados con un kilogramo de C-4, un explosivo capaz de causar daños a un radio de 50 metros del sitio de detonación.
El gobierno de Venezuela denunció que, en este nuevo intento de derrocamiento del presidente maduro a través de métodos terroristas, estaban implicadas personas financiadas desde Estados Unidos y Colombia.
Además, se conoció que el grupo perpetrador había sido entrenado en el vecino país, aparentemente bajo el amparo del saliente gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Jorge Rodríguez, para entonces ministro de Comunicación e Información, expresó que “es la pura verdad que los drones fueron comprados en Colombia; que los ejecutores fueron entrenados en Chinácota (Colombia); y que hubo colaboración del gobierno del país vecino para introducir a Venezuela los aparatos y explosivos”.
Estas revelaciones salieron pronto a la luz debido a la confesión pública que hiciera el entonces diputado Juan Requesens, quien aseguró frente a las autoridades y medios de comunicación que estaba implicado en la acción criminal, a la que aparentemente fue convocado por su colega Julio Borges.
Borges se encuentra prófugo de la justicia local y residenciado en Colombia, país desde donde se han financiado, entrenado y respaldado otras operaciones desestabilizadoras contra el gobierno bolivariano.
Las acciones del paramilitarismo de factura colombiana en Venezuela vivieron su punto más alto el 3 de mayo de 2020, con el intento de invasión anfibia a través de las costas centrales de Venezuela denominado Operación Gedeón, ejecutada por medio de mercenarios entrenados en Colombia por exboínas verdes estadounidenses.
Con esta tentativa se pretendía capturar y asesinar al presidente Nicolás Maduro, así como a otros altos personeros de su gobierno e instalar un régimen tutelado por Washington que implicaba la cesión de la soberanía a fuerzas extranjeras.
En este hecho aparecieron directamente involucrados el exdiputado Juan Guaidó, así como los presidentes Donald Trump (Estados Unidos) e Iván Duque (Colombia). Como ocurrió en los casos previos, todos negaron cualquier relación con lo sucedido, pese a las pruebas y testimonios disponibles en su contra.
Lo antes mencionado no constituye una lista exhaustiva pero sí representativa de acciones paramilitares ocurridas en Venezuela. Todas tienen en común que han contado con la participación directa de ciudadanos y funcionarios colombianos, así como de agentes de EE.UU. y de la extrema derecha local.
Otro aspecto se desgrana de este recuento: el paramilitarismo colombiano y sus fenómenos asociados, como la violencia armada en las zonas fronterizas y el narcotráfico, han sido usados de más en más para desestructurar el modelo político y, todavía más, al estado venezolano, por grupos que no han sido capaces de vencer en las urnas al chavismo gobernante.
Para la discusión y conclusión
Pérez Pirela finalizó el programa dejando sus conclusiones y elementos para la deliberación:
El tema de Colombia es fundamental para la interpretación de todos estos hechos porque según los análisis e investigaciones se trata de un plan para permear y destruir el Estado-nación venezolano.
Lo ocurrido durante el proceso electoral, es decir, los hechos gravísimos que llevaron a la reelección de la alcaldesa ahora privada de libertad, son típicos del modus operandi colombiano: amedrentan a través de acciones paramilitares, ganan elecciones y luego los funcionarios electos están al servicio de la parapolítica y del narcotráfico.
“Dios nos salve de sufrir situaciones como las que se ven a menudo en Colombia y México, donde incluso asesinan candidatos para impedir que ganen elecciones”, subrayó Pérez Pirela.
Reiteró que hay una invasión silenciosa de Venezuela a cargo de factores del narcoestado colombiano y de los carteles de la droga de México y EE.UU. “Ya no quieren solo garantizar sus negocios ilícitos en Venezuela, sino también tener el control directo del Estado venezolano”, sentenció.
Contribución de usuarios
Pérez Pirela agradeció a los usuarios Otoniel Díaz y Pan con Minuta por sus contribuciones económicas con el equipo de Desde Donde Sea. Reseñó que Pan con Minuta es un ciudadano cubano que envió su colaboración desde EE.UU.
(LaIguana.TV)
