La detención de varios funcionarios electos por el voto popular debido a su presunta participación en una red de distribución y tráfico de drogas manejada desde Colombia, es cuando menos un signo del advenimiento de la narcopolítica en el país, una práctica hasta ahora ajena a la realidad venezolana.
Sobre este delicado tema, cuyos nexos con el paramilitarismo de factura colombiana son más que evidentes, disertó la noche de este 1 de febrero el filósofo, comunicador y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela en esta nueva edición de su programa Desde Donde Sea, que se transmite de martes a jueves a las 7:00 p.m. en las plataformas virtuales de LaIguana.TV.
Pérez Pirela apuntó que la entrada de los negocios del narcotráfico en la política es materia corriente en Colombia, pero no lo es en Venezuela. En ese orden, recordó que el narcotraficante Pablo Escobar entendió prontamente que no bastaba con pagar a los políticos para que toleraran sus actividades ilícitas, sino que el narcotráfico tenía que conquistar directamente las esferas del poder político.
Recomendó la lectura y revisión de sus libros La invasión paramilitar: Operación Daktari, escrito en coautoría con Luis Britto García, así como La cuestión colombo-venezolana, en los que denunció que se pretendía constituir en el país un paraestado, que se extendería poco a poco desde la frontera colombovenezolana hasta el centro del país, donde está ubicada su capital.
A su juicio, las recientes detenciones obedecen a una penetración lenta pero progresiva, de los métodos del paramilitarsmo colombiano, por lo que no pueden considerarse casos aislados, pues se trata de una estrategia de desmembramiento del Estado-Nación venezolano aupado desde Colombia y los Estados Unidos, con la pretensión de controlar las mayores reservas petroleras del planeta.
Con relación a los hechos que detonaron el escándalo, relató que la noche del pasado 28 de enero, la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad) anunció la detención de dos diputados y una alcaldesa, a quienes se sindica de formar parte de una red de narcotráfico que operaba en los estados Zulia y Falcón, al occidente del país.
Según el comunicado oficial, precisó, en el marco del operativo Mano de Hierro, las autoridades capturaron a Keyrineth Fernández, alcaldesa del municipio Jesús María Semprún (Zulia) y a los diputados Taina González (Zulia) y Luis Viloria Chirinos (Táchira). Se informó asimismo de la aprehensión de tres personas más, una de ellas de nacionalidad colombiana.
Las autoridades enfatizaron que la investigación continuaba y no descartaron nuevas detenciones, que prometieron anunciar «oportunamente», por lo que desde su punto de vista, el asunto apenas está comenzando.
¿Se pretende «colombianizar» a Venezuela?
En alusión a las reacciones, el comunicador precisó que el mismo día que se anunciaron las capturas, el caso fue comentado en Twitter por el diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en virtud de que algunos de los implicados pertenecen a las filas de esa organización política.
A este respecto, puntualizó, Cabello aseguró que la tolda no mantenía «compromisos» con corruptos o delincuentes e instó a la militancia a vigilar «permanentemente» la gestión de los funcionarios, independientemente de su cargo.
Añadió que en rueda de prensa ofrecida este lunes, además de ratificar la condena de estas conductas, el dirigente reiteró que el PSUV «se declara completamente intolerante con hechos de corrupción, con hechos delictivos en sus filas».
El primer vicepresidente del partido de gobierno también anunció que las personas involucradas en este caso fueron automáticamente expulsadas de «cualquier militancia», exhortó a la militancia a repudiar esta clase de acciones y solicitó que se les aplicara «todo el peso de la ley» a los funcionarios que se valieran de su cargo para delinquir.
Continuando con las declaraciones oficiales del PSUV, apuntó que el diputado Diosdado Cabello precisó que estas acciones se produjeron tras un proceso de investigación de largo aliento, que está directamente relacionado con el caso del decomiso de un cargamento de drogas en el estado La Guaira a fines de 2021.
Además, destacó que el legislador aclaró que el comunicado publicado el pasado viernes era un informe de capturas producidas en distintos momentos en el marco de la Operación Mano de Hierro y defendió que no se hubieran difundido mayores detalles, en virtud del carácter secreto que tienen las investigaciones relacionadas con el narcotráfico.
«El tema de Colombia es fundamental en la interpretación de estos hechos, porque según los análisis, investigaciones y libros escritos en los últimos años, todo indica que se trata de un plan para permear el Estado-Nación venezolano y destruirlo», enfatizó el también director de LaIguana.TV.
Sobre esta misma línea, comentó que, en sus declaraciones, Cabello enfatizó que con estas tentativas relacionadas con la incursión de grupos irregulares armados ligados al narcotráfico y la ahora desmantelada red de tráfico de drogas que operaba en los estados Zulia y Falcón, se pretende imponer un narcomodelo político aupado desde el otro lado de la frontera.
Empero, descartó enteramente que tal iniciativa pudiera cuajar en Venezuela, en razón de que las autoridades están comprometidas en la lucha contra estos flagelos y no los consienten ni alientan, como ocurre en el vecino país.
Para abonar a esta tesis, Pérez Pirela refirió que en un trabajo periodístico de Eligio Rojas para el diario Últimas Noticias se precisa que en el establecimiento de esta red de narcotráfico habría sido esencial la figura de Víctor Julio Cano, un narcotraficante de nacionalidad colombiana detenido en La Guaira junto seis personas más el pasado 7 de noviembre, cuando intentaban traficar 336 panelas de cocaína.
Según lo revelado en su trabajo, «era la persona encargada de captar a funcionarios públicos de elección popular (diputados y alcaldes) para armar la red de narcotráfico cuyo desmantelamiento fue anunciado este viernes por la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad)».
Por otro lado, el diputado Cabello aludió a la desarticulación de otro grupo delictivo de trasiego ilegal de combustible que tenía como foco de sus acciones criminales el sur del estado Anzoátegui y contaba con la participación directa de un alcalde reelecto el pasado 21 de noviembre.
Sobre esto, el analista trajo a colación lo anunciado por el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami el pasado 29 de enero, relacionado con la captura de Carlos Rafael Vidal Bolívar, alcalde del municipio Independencia, así como del Fiscal Superior del estado Bolívar, un capitán y un comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, junto a otras tres personas.
De su parte, el parlamentario socialista aseveró que esta red suministraba y vendía combustible a grupos armados y grupos «terroristas» implicados en el tráfico de drogas a través del río Orinoco.
«El negocio del narcotráfico entrando por varias partes del territorio nacional», tal como sucede en México, Colombia y varios países centroamericanos, hoy devenidos en paraestados, agregó el especialista.
Para cerrar este punto, el filósofo reflexionó que, aunque Cabello no lo mencionó, la desembocadura del mayor río de Venezuela conecta con el Océano Atlántico en una posición privilegiada para acceder a distintas rutas habitualmente usadas para trasladar la droga producida en Colombia hacia Estados Unidos, América Central, América del Sur, México, el Caribe, África y Europa.
En el mismo orden de ideas, comentó que este lunes 31 de enero, el ministro El Aissami anunció la aprehensión del Fiscal Superior del estado Delta Amacuro, Jorge Peña y de un funcionario de la estatal Petróleos de Venezuela en el marco de la operación Mano de Hierro, quienes estarían aparentemente vinculados con las mafias de tráfico de combustible en la misma zona.
A su parecer, si bien el titular de la cartera de Petróleo no conectó directamente este evento con las capturas de los días previos, pero a juzgar por lo señalado por Cabello, parece evidente que ambas situaciones están relacionadas.
Keyrineth Fernández, la alcaldesa salpicada por el narcotráfico y la parapolítica
Seguidamente, Pérez Pirela presentó un perfil de los detenidos, destacando que ello fue posible pues tras el primer anuncio oficial, medios como el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla y el diario Últimas Noticias aportaron detalles adicionales sobre el caso, que habría estado en proceso desde el año 2020.
Desde su punto de vista, de todas las capturas, probablemente la que más revuelo causó fue la de la alcaldesa Keyrineth Fernández, reelecta para su cargo el pasado 21 de noviembre por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, fronterizo con Colombia.
A ese respecto, mencionó que el periodista, documentalista y experto en temas de seguridad Daniel Quintero publicó en Twitter un informe de la detención de Fernández, horas antes de que se divulgara el comunicado oficial. En su reporte, que acompañó con fotografías, Quintero detalló que, al momento de su aprehensión, la burgomaestre habría tenido consigo un alijo de seis panelas de cocaína.
Aportando otro ángulo al caso, refirió que desde el Partido Comunista de Venezuela (PCV) ya se había apuntado hacia Fernández, a quien acusaron de atacar y amedrentar votantes en las megaelecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, un hecho que aparentemente estuvo acompañado de violaciones a la normativa electoral.
En una carta dirigida a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que fuera publicada en sus redes sociales, el PCV denunció «la grave situación de violación de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía» que habría tenido lugar en el municipio Semprún del estado Zulia, precisó.
Apegándose a la versión del PCV, Pérez Pirela detalló que la entonces candidata a la reelección habría encabezado una «acción violenta, ilegal y vandálica» que habría contado con el respaldo en sitio de directivos locales y regionales del PSUV, funcionarios del CNE y miembros del Plan República.
Las irregularidades habrían comenzado por el desconocimiento de las credenciales de sus testigos de mesa, aun cuando habían sido debidamente acreditados por el Poder Electoral, en horas de la tarde del 21 de noviembre, las acciones se habrían concentrado en el centro electoral Rafael Urdaneta, ubicado en la capital municipal (Casigua-El Cubo), en el que están registrados más de 4.000 electores y electoras.
Más concretamente, destacó, el PCV denunció que el proceso de votación fue detenido en dos oportunidades por lapsos cercanos a una hora, sin que se ofrecieran las correspondientes explicaciones a quienes esperaban para ejercer su derecho al sufragio y la situación habría llegado a su peor punto cerca de las 5:30 de la tarde, cuando se produjo la tercera interrupción. La larga cola –que habría tenido unas 800 personas– reclamó la demora y fue duramente reprimida por la policía municipal.
Aparentemente, los efectivos del Plan República no intervinieron para mediar en el conflicto o detener a la fuerza policial, que cual guardia pretoriana al servicio de la alcaldesa, habría disparado al aire y lanzado bombas lacrimógenas contra la multitud.
Estos graves hechos habrían ocasionado la dispersión de los votantes y, de acuerdo con la denuncia, derivaron en el cierre prematuro del centro electoral, con la subsecuente violación del derecho al sufragio de los electores que se disponían a ejercerlo, sintetizó.
Para hacer todavía más grave lo relatado, comentó que la situación no habría terminado allí, pues el PCV sostiene que luego el grupo de policías se habría apropiado de la impresión de los resultados electorales, así como de las máquinas de votación, y los habría trasladado –sin el acompañamiento de testigos– a la Junta Electoral Municipal para su transmisión hacia la sede central del CNE en Caracas.
Las noticias más recientes relacionadas con este caso, indicó, se sucedieron este lunes 31 de enero, cuando Wuyshmans González, candidato del PCV en esos comicios y antiguo militante del PSUV, aseguró en una entrevista que Fernández ejercía su actual período como alcaldesa «de hecho y no de derecho», pues nunca se consignaron las actas de totalización ante la Junta Electoral Municipal y no fue proclamada oficialmente en el cargo. Todas las denuncias antes referidas habrían sido presentadas oportunamente ante las autoridades competentes, pero hasta ahora no ha habido respuestas.
Para redondear el punto, subrayó que, aunque efectivamente se trata de una situación diferente, no está desconectada con el ‘modus operandi’ de la parapolítica practicada extensamente en países como México o Colombia, donde grupos armados –a menudo vinculados con cárteles de la droga– amedrentan a los ciudadanos para que no sufraguen e incluso amenazan y hasta asesinan a candidatos.
De otro lado, puntualizó que en el reportaje publicado por el periodista Eligio Rojas para el diario Últimas Noticias, se precisa que la captura de Keyrineth Fernández se produjo gracias a la delación que hiciera la exdiputada Jeycar Pérez, detenida a inicios de enero.
Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, precisó este lunes en rueda de prensa que Pérez fue detenida el pasado 5 de enero en los espacios de la Asamblea Nacional, dijo para redondear.
La diputada del «Jeymóvil», pieza clave para otras capturas
Jeycar Pérez, puntualizó, fue electa diputada por el estado Apure, fronterizo con Colombia, el 6 de diciembre de 2020 por el partido Organización Renovadora Autentica (ORA), de corte evangélico y perteneciente al Gran Polo Patriótico «Simón Bolívar», alianza gubernamental liderada por el PSUV.
Con respecto a su trayectoria política, refirió que el portal de investigación La Tabla apunta que la ahora exdiputada, quien es oriunda del estado Anzoátegui, el el oriente del país, no inició su carrera en esa organización política, sino en Podemos, otra formación política fundada en Aragua por disidentes del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Siempre siguiendo lo reportado por La Tabla, aparentemente la salida de Pérez del partido vinotinto no habría sido inamistosa, como muestran otras publicaciones tomadas de sus redes sociales y a juzgar por esta evidencia, su incorporación a ORA se produjo necesariamente antes de las elecciones parlamentarias de 2020.
Sobre este tema, el comunicador externó que, a propósito de esa campaña electoral, ella misma divulgó fotografías de una camioneta de gama alta a la que bautizó «la Jeymóvil», que aparecía profusamente decorada con imágenes alusivas a los comicios.
No obstante, a su parecer, el dato más interesante, según lo reflejado por Últimas Noticias, es que «Pérez estaba siendo investigada desde septiembre del año 2020, investigación que condujo a la detención en La Guaira de (…) ocho personas con (…) 336 panelas de cocaína y en el momento de su detención, la dirigente política habría renunciado a su posición como parlamentaria.
Trascendió que en ese operativo se le habrían incautado «varios vehículos» y que su esposo, Arquímedes González, aún no detenido, estaría implicado en la red de trasiego de drogas desmontada y, en atención a lo referido por esta investigación, lo dicho por Jeycar Pérez a las autoridades primero condujo a la captura del diputado suplente al Consejo Legislativo de Táchira Jean Carlos Silva, quien pertenece a las filas del partido Podemos, antigua tolda de la exparlamentaria.
Empero, la estructura de tráfico de drogas habría de sufrir su revés más fuerte este viernes, cuando además de la burgomaestre Keyrineth Fernández, se capturó a la diputada a la Asamblea Nacional Taina González Rubio (PSUV), a Gregorio Francisco Amariz Meléndez (funcionario de Polizulia) y a tres ciudadanos más, incluyendo a uno de nacionalidad colombiana conocido bajo el alias de «El Compa», recapituló.
A modo de cierre puntualizó que en el comunicado de la Superintendencia Nacional Antidrogas se menciona la detención de Jekyar Pérez (sic), pero se prescinde de precisar tanto la fecha de su captura como su condición de diputada.
Luis Viloria Chirinos, el «intelectual» de derecha vinculado al narcotráfico
En continuidad con el perfilamiento de algunos de los funcionarios detenidos, resaltó que, en el decomiso de 336 paneles de cocaína ocurrido a inicios de noviembre de 2021 en el Puerto de La Guaira, destacó la privación de libertad de Luis Alfonso Viloria Chirinos, quien en 2020 fungió como asesor del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, perteneciente al partido opositor Primero Venezuela.
Pese a esto, señaló que la prensa ligada a la oposición venezolana trató de presentarlo en aquel momento como un «intelectual del chavismo», en un vano intento por fortalecer la narrativa de Venezuela como narcoestado.
Para desmontar lo que calificó de «patraña», apeló a una pesquisa de La Tabla, que mostró que Viloria no solo no tenía nexo conocido con el chavismo, sino que, de hecho, es pública su vinculación con ‘think thank’ de la derecha y hasta con el jurista Allan Brewer-Carías, tristemente célebre por haber redactado el «Decreto Carmona», con el que se consumó el golpe de Estado de abril de 2002.
Como dato adicional, mencionó que en el comunicado de la Sunad relativo a la operación «Mano de Hierro», Viloria es reseñado como diputado por el estado Táchira, pero el día de su publicación, La Tabla indicó que al momento de su detención en realidad habría sido parlamentario suplente por el estado Trujillo para el período 2016-2021, mientras que en el trabajo periodístico de Últimas Noticias se alude a él como un asistente parlamentario.
¿Hay tradición en Venezuela de funcionarios capturados por narcotráfico?
Con el objetivo de disertar en torno la matriz mediática que pretende posicionar a Venezuela como narcoestado, el especialista destacó que en contraste con lo que sucede en otros países de la región, Venezuela no dispone de amplios historiales de funcionarios de alto nivel que hayan sido capturados, procesados y condenados por crímenes relacionados con el narcotráfico.
Así las cosas, destacó que las narrativas mediáticas de los últimos años, impulsadas con mucho mayor ahínco desde el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017, no han logrado presentar una investigación creíble que relacione de algún modo a altos personeros gubernamentales venezolanos con el tráfico de drogas.
En su lugar, apuntó, medios, periodistas y posicionadores de opinión alineados con el ala más extremista de la oposición, se han dedicado publicar supuestas denuncias, pese a que invariablemente se han basado en declaraciones de funcionarios estadounidenses a las que no se ha adjuntado prueba alguna.
Con todo, admitió que hay excepciones en la historia de Venezuela. En 1987, la policía política de entonces (DISIP) detuvo en Valencia, estado Carabobo, al entonces diputado Hermógenes Castillo, perteneciente al derechista partido Opina, quien cargaba en su poder cinco kilogramos de cocaína, además de un arma de guerra.
De acuerdo con la pesquisa realizada por el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla consultada a efectos de la preparación del programa, en esa acción policial se detuvo al parlamentario –que gozaba de inmunidad– y a otras tres personas por distribuir y vender cocaína en zonas residenciales de Caracas, Valencia y Barquisimeto, tres de las ciudades más importantes del país.
Esta fuente puntualizó que la investigación penal dictaminó que Castillo formaba parte de una red de tráfico de drogas procedente de Colombia que hacía puente entre Maicao y Maracaibo, aprovechando que Castillo había obtenido su curul por el estado Zulia. Se le impuso una condena de 29 años de prisión –uno menos que la pena máxima establecida en Venezuela– y falleció años después, mientras cumplía condena en una cárcel común en el centro del país.
El paramilitarismo, insidioso visitante en la política venezolana
En el tramo final de la edición, Pérez Pirela se dedicó a ofrecer detalles de la penetración sostenida del paramilitarismo colombiano en la política venezolana, cuyos primeros indicios aparecieron poco después del golpe de Estado de abril de 2002.
Así, relató que el uso del paramilitarismo para incidir en la política venezolana, se remonta al año 2004, cuando se descubrió en una hacienda ubicada en las afueras de Caracas un grupo de paramilitares colombianos que se entrenaban para derrocar y asesinar al entonces presidente, Hugo Chávez Frías.
Investigaciones posteriores demostraron que el Estado colombiano, entonces encabezado por Álvaro Uribe Vélez, estaba al tanto de estas maniobras conocidas bajo la denominación de Operación Daktari, como puede leerse en detalle en su libro homónimo, escrito a cuatro manos con Luis Britto García, reiteró el comunicador.
Siguiendo el mismo hilo, puntualizó que como parte de los hallazgos se comprobó que el entonces alcalde del municipio Chacao, Leopoldo López, recibió asesorías «de seguridad» del gobierno de Uribe Vélez al menos desde el año 2003.
Pérez Pirela indicó que López, hoy prófugo de la justicia venezolana, ha estado involucrado en acciones sediciosas de tinte paramilitar como las así llamadas «guarimbas», la fallida Operación Gedeón e inclusive el entrenamiento de bandas armadas de Caracas para la ejecución de un magnicidio el año pasado, en las fiestas del Bicentenario de Carabobo.
En continuidad con el recuento de acciones del paramilitarismo colombiano en Venezuela, aludió al asesinato del diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Robert Serra, quien fue acuchillado salvajemente en su residencia, en un ataque en el que también perdió la vida una joven identificada como María Herrera, cuyo nexo con el parlamentario aún no ha sido aclarado plenamente.
El analista enfatizó que, desde el principio, las autoridades tuvieron claro que se trató de un crimen por encargo. Las investigaciones determinaron que a la cabeza de la macabra operación estaba Leiver Padilla Mendoza, conocido como «El Colombia», un paramilitar colombiano relacionado con el Partido de la U, del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En 2020, el Tribunal Supremo de Justicia anunció que los asesinos del diputado habían recibido la pena máxima, que en Venezuela equivale a 30 años de cárcel. Otras siete personas fueron sentenciadas a nueve años y seis meses de presidio por haber participado como cómplices no necesarios para la comisión de robo agravado y asociación para delinquir, sintetizó.
Desplazándose cuatro años en el tiempo, refirió lo sucedido el 4 de agosto de 2018, cuando se perpetró un intento de magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro, el alto mando militar, altos personeros gubernamentales y las cabezas de los poderes Electoral y Moral durante un acto público en Caracas.
En esta oportunidad, rememoró, los atacantes optaron por detonar varios drones con explosivos cerca de la tarima presidencial. Aunque el mandatario y los miembros del gabinete resultaron ilesos, siete efectivos de la Guardia Nacional sufrieron heridas.
Las pesquisas policiales demostraron que en el frustrado intento de magnicidio se utilizaron dos drones cargados con un kilogramo de C4, un explosivo capaz de causar daños a un radio de 50 metros del sitio de detonación.
El especialista señaló que el gobierno de Venezuela denunció que, en este nuevo intento de derrocamiento del presidente Maduro a través de métodos terroristas, estaban implicadas personas financiadas desde Estados Unidos y Colombia. En este último país se entrenó al grupo perpetrador, aparentemente bajo el amparo del saliente gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Recordó, asimismo, que estas revelaciones salieron pronto a la luz debido a la confesión pública que hiciera el entonces diputado Juan Requesens, quien aseguró frente a las autoridades y medios de comunicación que estaba implicado en la acción criminal, a la que aparentemente fue convocado por su colega Julio Borges.
«Se negó hasta el cansancio la participación de la oposición en este intento de magnicidio, pero luego acabaron confesándolo en la cadena CNN». En todo caso, Borges se encuentra prófugo de la justicia local y residenciado en Colombia, país desde donde se han financiado, entrenado y respaldado otras operaciones desestabilizadoras contra el Gobierno Bolivariano, apuntó.
A su parecer, las acciones del paramilitarismo de factura colombiana en Venezuela vivieron su punto más alto el 3 de mayo de 2020, con el intento de invasión anfibia a través de las costas centrales de Venezuela denominado Operación Gedeón, ejecutada por medio de mercenarios entrenados en Colombia por exboinas verdes estadounidenses.
Como ya es hartamente conocido, destacó, con esta tentativa se pretendía capturar y asesinar al presidente Nicolás Maduro, así como a otros altos personeros de su gobierno e instalar un régimen tutelado por Washington que implicaba la cesión de la soberanía a fuerzas extranjeras.
En este hecho aparecieron directamente involucrados el exdiputado Juan Guaidó, así como los presidentes Donald Trump (Estados Unidos) e Iván Duque (Colombia). Como ocurrió en los casos previos, todos negaron cualquier relación con lo sucedido, pese a las pruebas y testimonios disponibles en su contra.
Lo antes mencionado no constituye una lista exhaustiva pero sí representativa de acciones paramilitares ocurridas en Venezuela. Todas tienen en común que han contado con la participación directa de ciudadanos y funcionarios colombianos, así como de agentes de la extrema derecha local, reflexionó Pérez Pirela.
A su juicio, otro aspecto se desgrana de este recuento: el paramilitarismo colombiano y sus fenómenos asociados, como la violencia armada en las zonas fronterizas y el narcotráfico, han sido usados de más en más para desestructurar el modelo político y, todavía más, al Estado venezolano, por grupos que no han sido capaces de vencer al chavismo gobernante en las urnas.
A manera de conclusión, Pérez Pirela sostuvo que es en este marco y no otro en el que deben interpretarse estas recientes detenciones de funcionarios, pues lejos de tratarse de situaciones aisladas, dan cuenta de una «invasión silenciosa» del paramilitarismo y el narcotráfico en el país.
En ese orden, reiteró que el único propósito de estas acciones es consolidar una parapolítica que sirva a los fines de desmembrar al Estado Nacional, para que quienes promueven estas tentativas –Estados Unidos, Colombia–, puedan echar mano de las ingentes reservas energéticas y minerales de Venezuela sin mayores obstáculos.
(LaIguana.TV)
