Según algunos vecinos, en el local había bidones de gasolina. Otros comentaristas no llegan tan lejos, pero aseguran que sí se almacenaban derivados de petróleo, pues allí se podían comprar aceite y aditivos. Conocedores del tema aseguran que el color de las llamas (entre anaranjado y rojo) y la ferocidad con la que tomaron cuerpo solo puede verse en incendios donde están presentes acelerantes de combustión. 

Las investigaciones del Cuerpo de Bomberos tendrán la palabra técnica final, pero lo cierto es que el negocio de nombre Cine Città (bodegón, heladería, supermercado), ubicado en Colinas de Bello Monte, fue consumido por el fuego, y junto con él varios de los inmuebles aledaños.

Mientras del sitio solo quedaron cenizas, se enciende el debate sobre un tema coyuntural, como la vigencia de los permisos de los locales para expender productos inflamables; y también aflora la discusión sobre el paulatino pero sostenido desplazamiento de comunidades residenciales por intereses económicos que remodelan urbanizaciones deprimidas de las ciudades y las convierten en zonas comerciales.

De haber sido causado por acumulación de gasolina, el evento se sumaría a una serie de siniestros parecidos –aunque de menor magnitud e impacto- que han ocurrido como consecuencia de los problemas de abastecimiento de combustibles en los últimos años, entre los que se incluyen incendios en carros y en inmuebles y también explosiones de tanques de gas adaptados en forma artesanal en vehículos a motor.

Desde que comenzó la referida situación irregular con los combustibles (producto de la suma del bloqueo estadounidense y la previa caída en la producción de Petróleos de Venezuela), las autoridades han advertido sobre los riesgos de almacenar incluso pequeñas cantidades de gasolina en casas, apartamentos y locales comerciales, pero muchas personas corren el peligro debido a la gravedad de la crisis de abastecimiento del carburante.

En las carreteras se ha hecho común ver vehículos que portan recipientes de gasolina adicionales, lo cual también implica elevados riesgos para los ocupantes y para otros usuarios de las vías.

Los incendios que vienen

El incendio de Cine Città fue controlado luego de cinco horas de combate de los Bomberos del Distrito Capital con las virulentas llamas. Pero el debate de corte político que ha estallado también amenaza con echar candela.

Adelantándose al dictamen final, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos Ichaso intervino en el caso al exponer que “el almacenamiento de combustible, sin las debidas medidas de seguridad, fue la causa del incendio registrado este lunes en el local comercial Cine Città, ubicado en Colinas de Bello Monte, estado Miranda (…) La acción efectiva del cuerpo de Bomberos, permitió sofocar el incendio iniciado por la acumulación de material derivado de hidrocarburos y la inoperancia de los sistemas anti-incendio. Se investiga para establecer responsabilidades», dijo en su cuenta Twitter.

El ministro no fue el único alto funcionario en terciar en el asunto. El alcalde de Baruta, Darwin González, estuvo muy activo en el lugar de los hechos, lo cual es comprensible por ser él la autoridad municipal. Sin embargo, sus declaraciones iniciales fueron interpretadas como demasiado favorables a la empresa propietaria del establecimiento siniestrado. Afirmó, por ejemplo, que el local estaba al día con las normas de seguridad y aseguró que los dueños se habían comprometido a cubrir los daños causados por el incendio a terceros. Los vecinos, que conocen a los propietarios del lugar no están tan seguros como el alcalde de que puedan contar con su colaboración.

Por su parte, el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, también informó a través de sus redes sociales algunos pormenores del hecho, pues la zona del siniestro pertenece a dicha entidad federal.

Los daños sufridos por los edificios residenciales adjuntos al local ponen sobre la mesa el debate, más de fondo, acerca del proceso conocido como gentrificación que han experimentado urbanizaciones de la Gran Caracas (especialmente en los municipios Baruta y Chacao, pero también en Libertador, Sucre y El Hatillo), que ha desplazado a muchos vecinos de la clase media empobrecida para dar paso a remodelaciones con fines comerciales o también residenciales pero de viviendas de alto costo.

El otorgamiento de permisos para esos cambios de uso es considerado como la principal fuente de ingresos legales de las diferentes administraciones municipales y también de las entradas financieras non sanctas de funcionarios corruptos.

(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)