Una operación propagandística de gran calado que implica a medios españoles, familiares, abogados de alto perfil y voceros de la oposición venezolana, pretende presentar como un «simple empleado administrativo» al extesorero de ABA Mercado de Capitales, Ernesto Quintero, sobre quien pesa una orden de extradición de España a Venezuela por delitos de estafa continuada, apropiación indebida de fondos y legitimación de capitales, reseñó el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla.

Sin embargo, tanto la evidencia disponible en relación con las actividades que desempeñaba en la desaparecida firma y por las cuales se le imputa, así como el perfil de su abogado defensor, Ismael Olivier Romero, echan por borda la tesis de que Quintero era un funcionario de bajo nivel a quien el gobierno del presidente Nicolás Maduro pretende encarcelar por motivos políticos.

En esta idea se ha insistido reiteradamente desde la prensa española y han tratado de apuntalarla voceros como el prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López o la esposa del sindicado, Cismary Marcano, quien «se encadenó en el Congreso de los Diputados porque ‘teme por su vida'», apunta La Tabla.

Del mismo tenor son los señalamientos de Olivier Romero, conocido por encabezar la defensa de la extesorera nacional Claudia Guillén, el exjefe de la Inteligencia venezolana, Hugo Carvajal y Enzo Franchini, a quien se acusa de participar directamente en el asesinato de Orlando Figuera, ocurrido en las protestas violentas de 2017.

De acuerdo con la pesquisa del medio venezolano, el letrado, que asumió la defensa de Quintero en 2019, es un jurista español reconocido por ser experto en derecho penal económico y mercantil «con amplia experiencia en el mundo corporativo y de grandes multinacionales», según se asegura en su portal de internet.

En lo que corresponde a la defensa de exfuncionarios o personajes acusados en Venezuela por graves delitos, Olivier Romero ha conseguido evitar su extradición hacia ese país, perfilando sus casos como políticos, independientemente del tipo de acusaciones que hayan pesado sobre sus clientes.

En el caso de Guillén, el gobierno español se negó a extraditarla a Venezuela alegando falta de garantías para el cumplimiento de sus derechos humanos, pero sí accedió a extraditarla a Estados Unidos, donde se le solicitaba por legitimación de capitales.

De su parte, Carvajal ha intentado librarse de una orden de extradición solicitada por un tribunal estadounidense por cargos de narcotráfico y terrorismo, interponiendo diversos recursos de amparo y ofreciéndose a cooperar con las autoridades al denunciar supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno de Venezuela.

Asimismo, en octubre de 2020, la Audiencia Nacional revocó la extradición de Franchini a Venezuela por el asesinato de Figuera esgrimiendo que no podía descartarse «ese temor racional y fundado de que se vean afectados los derechos fundamentales» del reclamado, según consta en la sentencia oficial.

Por otro lado, el pasado sábado se conoció que la extradición de Quintero había sido suspendida. Aunque no se ha informado oficialmente la causa, la prensa española refirió que la razón de la demora es que el sindicado dio positivo para COVID-19, mientras que Olivier Romero dijo a los medios que «no existen garantías del cumplimiento de sus derechos humanos», el mismo alegato con el que ha logrado que el brazo de la justicia venezolana no alcance a otros imputados en Venezuela.

Sin embargo, La Tabla apunta que a pesar de esta narrativa de supuesta persecución política, en su calidad de tesorero de la casa de bolsa ABA Capitales, Quintero autorizó «la captación de inversiones a través de compañías filiales», como consta en las comunicaciones que se dirigían a los clientes con su firma, aún cuando estas no contaban con autorización.

Así las cosas, «no puede un simple ‘administrativo’ vender títulos-valores, propiedad de los clientes de la casa de bolsa, sin la autorización de los dueños», sentencia el sitio de investigación, todavía más cuando las compras las hizo una filial en Islas Vírgenes británicas, ABA Capital Markets.

Otro punto en cuestión es que en caso de tratarse de un empleado administrativo de bajo nivel, como se ha posicionado desde el discurso mediático-opositor, ¿de dónde provienen los recursos que le permiten pagar los honorarios de un abogado de tan alto perfil como Ismael Olivier Romero?

Finalmente, pese al tinte político que ha tratado de imprimírsele al caso, La Tabla precisa que «Ernesto Quintero estuvo recluido más de un año en la prisión de Soto del Real (Madrid) y en tres ocasiones fue denegada por la Audiencia Nacional su solicitud para evitar la extradición a Venezuela».

(LaIguana.TV)

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