Más de un millón de integrantes de pueblos étnicos en Colombia fueron víctimas del conflicto armado, reveló la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por lo que será el eje de uno de los tres nuevos casos de ese tribunal.
«Entre 1970 y 2016, aproximadamente 1.193.301 personas, pertenecientes a los pueblos étnicos de Colombia, fueron víctimas del conflicto armado», afirmó en rueda de prensa el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.
Estas personas sufrieron hechos violentos perpetrados tanto por la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como por miembros de la Fuerza Pública.
La JEP es la justicia transicional creada para investigar y juzgar crímenes de guerra cometidos en el marco del conflicto armado colombiano, y surgió tras la firma de la paz entre el Gobierno y las FARC en 2016.
Las zonas más afectadas por hechos violentos contra pueblos étnicos han sido las áreas geográficas de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Alta y Media Guajira, en el norte del país; la ciudad de Buenaventura y el municipio de Dagua, en el departamento del Valle del Cauca (oeste); la Amazonía (sur) y Orinoquía (este).
Cifuentes también se refirió a los otros macro-casos que abrirá la JEP, sobre crímenes cometidos por las FARC, y los perpetrados por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles.
«En el caso de las FARC, se trata de crímenes asociados a medios y métodos ilícitos de guerra. Especialmente, tomas a poblaciones y a través del uso de armamento indiscriminado, crímenes no amnistiables, en ejercicio del control social y territorial a la población, como violencia sexual y basada en género, homicidios, masacres, desplazamiento y desaparición forzada, entre otros», agregó el magistrado.
En cuanto a los cometidos por fuerza pública o en asociación con grupos armados de extrema derecha, «la línea de investigación se dirige a homicidios, desaparición forzada, falsos positivos (civiles ejecutados extrajudicialmente para presentarlos como guerrilleros muertos en combate y así obtener ascensos dentro del Ejército), y desplazamiento forzado», añadió Cifuentes.
Hasta el momento, esa justicia transicional tenía siete macro-casos abiertos, relativos a delitos cometidos y también a ubicación.
En primer lugar, estaban los macro-casos de la toma de rehenes de las FARC, las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado, el exterminio de miembros de la Unión Patriótica (partido de izquierda cuyos miembros fueron asesinados a lo largo del país desde la década de 1980), y el reclutamiento de menores de edad.
Respecto a hechos según ubicación, la JEP creó un «macro-caso» para Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (departamento de Nariño, suroeste); otro para la región de Urabá (noroeste); y uno en el norte del departamento del Cauca y sur del Valle del Cauca (suroeste).
(Sputnik)
