Gilmar Pisas, primer ministro de Curazao, rechazó este martes un informe de Amnistía Internacional (AI) fechado en octubre de 2021, en el que se sindica al país caribeño de violar los derechos humanos de migrantes venezolanos, reseña el medio local Crónicas del Caribe.
En la víspera de una visita de AI a Willemstad, Pisas alegó ante el Parlamento que el país antillano no está en la capacidad de otorgar refugio a todos los que lo soliciten, aunque aseguró que recibirá a los migrantes que satisfagan los requisitos exigidos y que mejorará las condiciones de detención de los indocumentados, uno de los puntos sobre los que ha puesto el acento el organismo de derechos humanos.
Así, en la nota de prensa que acompañó la publicación del más reciente reporte, se lee que «la organización ha documentado 22 casos de personas venezolanas, entre ellas menores de edad, que han sufrido violaciones de derechos humanos, como detención automática en condiciones inhumanas, malos tratos, separación familiar y negación de su derecho a solicitar asilo».
Frente a esto, el alto funcionario replicó que aunque el cuestionamiento se basa en 22 casos, en el mismo informe se asevera, que unos 17.000 venezolanos han ingresado a Curazao ilegalmente, una cifra que, en su decir, AI obtuvo de conversaciones con instituciones gubernamentales y otras Organizaciones No Gubernamentales.
«El gobierno concluye que las historias de los entrevistados han sido utilizadas de una manera que no cuenta con nuestra aprobación. Falta el contexto o está incompleto, lo que pinta una imagen equivocada», sostuvo.
A este respecto, en su intervención se refirió al caso de un migrante venezolano que fue atacado con balas de goma (perdigones), pero de acuerdo con su versión, la ONG de derechos humanos obvió que esto se produjo como respuesta a un ataque previo a las autoridades.
«Sin el contexto, esta persona parecería haber recibido un disparo porque es un migrante. Sin embargo, la realidad es que esto sucedió durante un ataque incendiario por parte de un grupo de venezolanos detenidos. Los guardias de seguridad fueron atacados cuando entraron. Por eso había que tomar medidas y si esto no hubiera pasado, podría haber sido mucho peor», justificó.
Del mismo modo salió al paso a los señalamientos de maltrato y la violación de los derechos humanos a menores, documentados por AI en su informe. «Para Curazao, la protección de todos los menores es importante», afirmó. Asimismo, indicó que su país ha «diseñado políticas específicas sobre el tratamiento de los hijos menores de inmigrantes indocumentados», que contemplan incluso un protocolo de atención a niños que viajan solos sin sus padres.
Según él, en este caso «son admitidos en un internado y se contacta al Consulado para obtener información sobre los padres».
Empero, indirectamente admitió que hay menores en situación vulnerable, pues comentó que se encontró «a un menor cuyo progenitor ya vive indocumentado en la isla» y acusó al padre de no responsabilizarse.
«Es notable que tal padre a menudo no cumple con su responsabilidad y no se une al niño arrestado», relató. De esto se desprende que el menor está privado de libertad.
El papel de los Países Bajos en el trato de Curazao a los venezolanos
Países Bajos también ha sido señalado por AI de cooperar con Curazao para que cometa desmanes y claras violaciones a los derechos humanos de los migrantes venezolanos.
«Es inaceptable que el Reino de los Países Bajos ayude a las autoridades de Curazao a arrestar, custodiar y deportar a gente que huye de Venezuela en busca de seguridad. En lugar de mirar hacia otro lado mientras se están cometiendo estas violaciones de derechos humanos, las autoridades neerlandesas deberían garantizar a estas personas la protección internacional que necesitan», dijo en octubre de 2021 Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
La respuesta del país europeo fue suspender el financiamiento a su excolonia, en razón de las condiciones en las que se encuentra la prisión SDKK, que además de albergar presos comunes, sirve como centro de detención de migrantes ilegales.
Así las cosas, Crónicas del Caribe refiere que Willemstad prometió a La Haya que «tomará medidas» que incluirán la construcción de un nuevo centro de detención, cuyo retraso fue achacado a la pandemia.
«En paralelo, abordan otros aspectos como un programa diurno y mejores oportunidades recreativas para los indocumentados que, con razón, Pisas cree que deberían recibir un trato diferente al de los delincuentes», puntualiza el medio curazoleño.
De su lado, Pisas dijo ante el Parlamento que «todavía hay margen de mejora», muy «especialmente cuando se complete el nuevo alojamiento», si bien indicó que sería Curazao quien proveería de los fondos para «las actividades diurnas».
La negativa a admitir refugiados
El gobierno de Curazao está claramente sujeto a las decisiones que se tomen en La Haya. Así, el primer ministro sostuvo que Países Bajos está apoyando el fortalecimiento del proceso migratorio que la isla intenta poner en marcha, que contempla diversas maniobras jurídicas para eludir la calificación de migrantes como refugiados.
«Curazao no es parte de la Convención de Refugiados y asumimos que la palabra ‘refugiado’ es un término legal basado en la Convención de Refugiados. Aunque algunos organismos internacionales y países utilizan el término para categorizar a las personas de nacionalidad venezolana que han ingresado ilegalmente a nuestros países, el gobierno de Curazao no utiliza este término», explicó Pisas a los medios.
Por ello, en su criterio, si Curazao optara por suscribir la Convención de Refugiados, no estaría en capacidad de asumir la responsabilidad. «Nos regimos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (ECHR) y en consulta con los Países Bajos, los procedimientos siempre se revisan y se aconseja a Curazao», alegó.
En todo caso, eso no elude al país caribeño de cumplir con lo establecido en el artículo 3 de la ECHR, en el que se ordena a las naciones tratar dignamente a los migrantes que no poseen documentación legal y no deportar a quienes corren peligro en su propio país.
Aunque el gobierno curazoleño asegura que no se deporta a personas que estén en peligro en Venezuela o en cualquier otro país, AI lo acusa directamente de hacerlo.
Asimismo, Pisas sostiene «que se ha hecho evidente que los venezolanos invocan el artículo 3 ECHR con la esperanza de ser liberados durante la investigación. Sin embargo, el gobierno no está obligado a hacerlo», sintetiza Crónicas del Caribe.
Siempre siguiendo lo expresado por esta fuente, aparentemente, muchos venezolanos habrían optado por ser devueltos a su país debido a los lapsos de la investigación, aunque podrían permanecer en libertad el tiempo que esta dure, si encontraran a algún curazoleño que les sirva de garante.
Empero, el primer ministro de Curazao apeló a la criminalización de los venezolanos, para ilustrar cómo se estaría invocando lo estipulado por el ECHR para supuestamente delinquir en la isla.
«Alguien fue liberado recientemente en espera de la investigación del artículo 3 del ECHR, para ser arrestado más tarde bajo sospecha de asesinato. Sin generalizar, quiero mostrar que se requiere cautela. También me gustaría señalar que al ingresar en botes también se lleva contrabando como drogas, armas, bienes robados y especies protegidas. Si depende de Amnistía, deberíamos permitir que todos entren en la isla. Sin embargo, esto también conlleva riesgos importantes», ilustró.
En otra esfera estarían las aparentes dificultades para poner en práctica el marco jurídico europeo en materia de derechos humanos de los migrantes. Así, Pisas advierte que aunque estaban al corriente de que requerían el respaldo del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Países Bajos, su arribo al país se obstaculizó por causa de la pandemia. En sus palabras, un funcionario de esa instancia llegó a Curazao el pasado 14 de febrero «para apoyar y capacitar al personal».
(LaIguana.TV)
