La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró este jueves que el gobierno venezolano está dando «pasos prometedores» para implementar las recomendaciones emanadas de su oficina, reseña una nota de prensa de Naciones Unidas.
«La reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional son pasos prometedores», sostuvo Bachelet en una presentación oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización.
Asimismo, aseguró que son positivas las medidas tomadas por el Estado «para hacer frente al hacinamiento en los centros de detención preventiva y disolver las Fuerzas de Acción Especial, en tanto son consecuentes con recomendaciones previas y podrían «conducir a una transformación institucional significativa».
Naciones Unidas puntualiza que la alta comisionada también se refirió a las condenas impuestas desde septiembre de 2021 a funcionarios involucrados en «al menos tres casos emblemáticos» de violaciones a los derechos humanos .
«Estos son pasos en la dirección correcta, pero aún queda más por hacer», celebró, justo antes de apuntar que todavía el país debe ponerse a tono para evitar lo que calificó como violaciones al debido proceso, en las que incluyó el retardo procesal y la violación de los derechos de acceso a la defensa y libertad.
«Reitero que todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser puestas en libertad; y deben respetarse las garantías del debido proceso, incluidas las establecidas por las recientes reformas. Las personas detenidas deben tener acceso a una atención médica adecuada. Mi oficina ha estado llamando regularmente la atención de las autoridades sobre casos urgentes específicos», sostuvo.
Empero, en su intervención acotó que «entre los casos individuales planteados por su Oficina a las autoridades desde septiembre de 2021, 18 personas fueron liberadas, al menos seis personas permanecen bajo detención, y que por lo menos 22 pidieron su liberación alegando la expiración de los límites legales de detención», sintetiza Naciones Unidas.
Denuncias de criminalización y estigmatización de activistas y periodistas
De acuerdo con lo expresado por Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, desde que su despacho presentara el último informe, en septiembre de 2021, se habrían documentado 93 nuevos «incidentes» de «criminalización», «amenazas» y «estigmatización» de «activistas, medios de comunicación independientes y sindicalistas».
A esto añadió denuncias de presunta «estigmatización» por parte de «agentes estatales» a periodistas, defensores de derechos humanos «y otros miembros de la sociedad civil.
«Insto fuertemente a las autoridades a fomentar el diálogo y la cooperación, y a construir un entorno seguro e inclusivo para todo el pueblo de Venezuela», alegó al respecto.
De acuerdo con lo recogido por Naciones Unidas, Bachelet afirmó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) habría ordenado el cierre de ocho estaciones radiales y de varios programas de radio en 2021, a lo que agregó que había recibido 13 reportes similares por parte de «organizaciones de la sociedad civil», así como denuncias de bloqueo del acceso a los sitios web «de al menos siete medios de comunicación».
Así las cosas, subrayó que «el pueblo de Venezuela tiene derecho a fuentes de información independientes, y las libertades de los medios de comunicación deben ser protegidas».
Violencia creciente por la presencia de grupos irregulares armados
En su exposición, la funcionaria se refirió al aumento de la violencia en la zona fronteriza debido a la presencia de grupos irregulares armados, aunque también indicó que el fenómeno se extendía a las zonas mineras y a las urbes.
«Los enfrentamientos en el estado de Apure han provocado el desplazamiento forzado de cientos de venezolanos y venezolanas, muchos de ellos indígenas», puntualizó, al tiempo que exhortó a las autoridades a investigar todas las denuncias relacionadas con violaciones a los derechos humanos y de abusos cometidos por la fuerza pública, con particular énfasis en lo que atañe a los pueblos originarios.
Otros temas: sanciones y acceso a la información pública
Bachelet aprovechó su intervención para pedir el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y otros países sobre Venezuela, pues ello contribuiría «a aliviar las necesidades de los segmentos más vulnerables de la población venezolana».
De otra parte, manifestó su aparente preocupación «por la falta de disponibilidad de información pública», en tanto ello contraviene lo estipulado en la recientemente aprobada Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público. Para ilustrar su punto, refirió que «no se ha publicado ningún presupuesto nacional desde 2018».
Venezuela: informe con sesgos y motivaciones políticas
Tras la exposición de la alta comisionada, el representante permanente de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Héctor Constant Rosales, tomó debida nota de lo que ella expresó y se comprometió a ofrecer «una respuesta detallada, en su debida oportunidad».
Sin embargo, Constant llamó «la atención sobre el hecho de que señalamientos negativos no tomaron en consideración la información compartida por el Estado», y destacó que aún observa «con preocupación la reminiscencia de elementos que instrumentalizan los derechos humanos con fines políticos, lo cual se aleja del sacro objetivo de la promoción de los derechos humanos».
Adicionalmente, el diplomático enfatizó que el más reciente intercambio entre el presidente Nicolás Maduro y Bachelet estuvo caracterizado por «la transparencia y la voluntad de cooperación del Ejecutivo, motivo por el cual lamentó escuchar informaciones sobre supuestas violaciones al debido proceso, a pesar del constante intercambio de información con los oficiales de la oficina en el terreno», refiere el resumen de su participación publicado por Naciones Unidas.
De este modo, señaló que si bien tomaba nota «de tales alegaciones», Venezuela reafirmaba «que no se ajustan a la realidad».
Por otra parte, celebró que la alta comisionada solicitara nuevamente el levantamiento de las sanciones. «En efecto, no se puede hablar de la situación de derechos humanos en Venezuela hoy sin referirnos al terrible impacto en la vida de nuestro pueblo de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos y otros países hegemónicos, que violan el derecho internacional y constituyen un crimen de lesa humanidad», detalló.
El diplomático recordó que se han impuesto más de 500 «medidas coercitivas unilaterales y de otras disposiciones criminales e ilegales» que «persiguen acabar con nuestro modelo social inclusivo», en virtud de lo cual aseguró que tanto el Consejo de Derechos Humanos como la oficina de la alta comisionada deben ser «actores claves en la firme condena de las medidas coercitivas unilaterales que menoscaban los derechos humanos y el derecho al desarrollo de los pueblos del Sur».
(LaIguana.TV)
