Una pesquisa realizada por el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla dejó al descubierto que tras los aparentes «errores inexcusables» cometidos bufete Hogan Lovells, contratado por el autoproclamado gobierno de Juan Guaidó para defender a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en diversos juicios que se le siguen en tribunales estadounidenses, no hay otra intención que entregar Citgo Petroleum a sus acreedores.

Según detalla el medio especializado, esta «falsa estrategia» fue ideada por el abogado José Ignacio Hernández, designado por Guaidó como procurador en 2019 y, de acuerdo con los datos recabados, «está orientada simplemente a ganar tiempo», pues «se trata de la ejecución sumaria de un acuerdo de pagarés entre Pdvsa y entidades financieras de General Electric».

En sus dichos, esta artimaña de Hernández solamente pretende «prolongar indefinidamente» las ejecuciones de pagos decretadas por cortes de Estados Unidos con las que se pretende embargar la refinadora, el principal activo venezolano en el extranjero asociado con su industria petrolera.

La Tabla relata que «la más reciente jugada intentada por Hogan Lovells fue hace 10 días y consiste en objetar el monto de los gastos legales en que incurrió el demandante, el fondo de capital de riesgo Red Tree Investment LLC, que actúa en nombre de las entidades financieras ligadas con General Electric».

De acuerdo con lo reflejado en una nota informativa aparecida en 360law, Pdvsa –la «entidad ficticia» creada por el gobierno autoproclamado y reconocida convenientemente por Washington– «instó al tribunal del Distrito Sur de Nueva York a negar la mayor parte de los gastos legales por 3,3 millones de dólares, con el argumento de que eran inflados».

Sin embargo, el portal venezolano recuerda que esta maniobra estuvo antecedida de un intento de Hogan Lovells para suspender la ejecución del fallo judicial, con el alegato de que la defensa se había equivocado al esgrimir como causa del impago las sanciones impuestas sobre la industria petrolera de Venezuela, puesto que la retención de fondos presentada refería a bloqueos ejecutados en 2016 y 2018, cuando el gobierno del presidente Nicolás Maduro tenía el pleno control de Pdvsa.

La Tabla, que ha seguido al detalle los casos relacionados con el despojo de activos a Venezuela derivados de las acciones del autoproclamado gobierno de Juan Guaidó, recuerda en otra pesquisa publicada a finales de diciembre de 2021 que este argumento fue desestimado por el juez «por inconsistente» y ordenó a la estatal petrolera –a la entidad paralela creada por Guaidó– cancelar 63,5 millones de dólares.

En este informe se precisa que «tales retenciones o atrasos fueron entre 2016 y 2018 cuando los pagos los ejecutó la administración de Pdvsa bajo control del gobierno de Nicolás Maduro. Dicho de otro modo, los abogados del bufete Hogan Lovells querían ‘ganar indulgencia con escapulario ajeno'».

Entonces, La Tabla apuntó que «la información de las agencias no dice que la decisión del juez Kevin Castel, del Distrito Sur de Nueva York, se basó en que el bufete Hogan Lovells no probó la imposibilidad de pagar y que retención temporal de pagos fue por ‘sobrecumplimiento’ (overcompliance) de los bancos».

Específicamente se aludió a una «demanda de ejecución sumaria de un acuerdo de pagarés entre Pdvsa y entidades financieras de General Electric firmado en 2015» y que fuera presentada en un tribunal estadounidense en febrero de 2019, muy poco después de que la Casa Blanca reconociera a Guaidó como presidente.

Tras bambalinas, asegura el portal especializado, estaba la mano de José Ignacio Hernández, quien se encargó de contratar a los abogados que lograron retrasar el dictamen «con el falaz argumento de que sus clientes no tenían acceso a los documentos por la ‘situación política’ de Venezuela», si bien la razón real «es que Guaidó nunca tuvo el gobierno».

Para más, en la investigación periodística, La Tabla encontró que «el abogado Dennis H. Tracey, III, jefe de litigios del bufete y principal representante de Pdvsa en la causa, tiene en su cartera personal de clientes a General Electric, es decir la contraparte originaria de la estatal petrolera de Venezuela objeto de la demanda».

El bufete británico-estadounidense Hogan Lovells había sido contratado por el Estado venezolano para representarlo en las causas de cobro de deudas asociadas a la estatal petrolera, pero se alineó con Guaidó tras su autoproclamación y desde entonces ha realizado acciones que claramente perjudican los intereses nacionales.

Entre estas, La Tabla recuerda que la firma legal «retuvo documentos e información propiedad de la de la República, del Banco Central de Venezuela y de Pdvsa, en la oficina de sus asociados, en el Centro San Ignacio de Caracas».

No es la primera vez que en las estrategias creadas por Hernández aparecen implicados letrados que dicen defender los intereses de Venezuela, aunque en realidad están ligados a las compañías que son la contraparte de Pdvsa en las cortes internacionales.

En líneas generales se trata del mismo «modus operandi» que se implementó en el caso de las demandas de la extinta minera canadiense Crystallex y la estadounidense ConocoPhillips, una vez el grupo político de Guaidó logró hacerse del control de los activos venezolanos en Estados Unidos y Europa.

El objetivo terminal de tales componendas, como ya ha quedado develado a través de la información pública difundida sobre los casos, es el remate de la otrora lucrativa refinadora Citgo por un valor sensiblemente menor, bajo el amparo de fallos judiciales estadounidenses en los que se ordena el pago de deudas y en los que el Estado venezolano no ha podido ejercer efectivamente su defensa.

(LaIguana.TV)

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