Este lunes, el gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, otorgó «viabilidad ambiental» al Proyecto Piloto Integral de Investigación PPII-YNC Kalé con el que se autoriza a la estatal petrolera Ecopetrol realizar pruebas ‘fracking’ en un yacimiento localizado en Puerto Wilches, departamento de Santander, al noreste del país.

Según se reseña en un comunicado de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de Colombia «dentro del proceso de evaluación, se han tenido en cuenta los impactos ambientales por el desarrollo de las obras y actividades del proyecto en el área de influencia en los temas bióticos, abióticos y sociales, así como las medidas de manejo y de monitoreo establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental -PMA, y lo expresado por la comunidad y las demás autoridades en el marco del proceso de la Audiencia Pública Ambiental».

Asimismo, se puntualiza que los resultados del referido proyecto «serán objeto de estudio especial por parte del Comité de Evaluación (…) que hará seguimiento técnico y científico de estos pilotos, y es esta instancia la que determinará si los proyectos cumplen con los requisitos y condiciones establecidas para avanzar hacia una fase comercial de la exploración y explotación de hidrocarburos a través de esta técnica».

Empero, pese a las garantías expresadas por la agencia ambiental del gobierno colombiano, la noticia causó el repudio de activistas y políticos opositores a la gestión de Duque, en virtud de los comprobados daños a la naturaleza que causa el ‘fracking’, así como por causa del amedrentamiento que sufrieron ambientalistas de la zona.

En un comunicado publicado por la Organización No Gubernamental Alianza Colombia Libre de ‘Fracking’ se denuncia que el proceso de licenciamiento fue alarmantemente expedito –cinco meses–, en medio de «numerosas voces de rechazo, serios cuestionamientos al trámite y el aumento de los hechos de violencia en el Magdalena Medio, incluyendo amenazas de muerte que implicaron el exilio de un activista de la región».

En otro punto del documento se refiere que «la decisión de la ANLA se da sin la participación amplia en informada de las comunidades de Puerto Wilches y del Magdalena Medio, donde por más de 100 años se han sufrido las consecuencias de la degradación ambiental y social asociadas a la explotación de hidrocarburos de manera convencional».

Asimismo, se destaca que la aprobación de este proyecto se produjo «en medio de protestas de los habitantes de Puerto Wilches en las reuniones y audiencias realizadas, así como de solicitudes de decenas de organizaciones, congresistas y el Concejo Municipal, que han manifestado la oposición y la negativa de la licencia social para el desarrollo de estos pilotos».

Los señalamientos de políticos y líderes indígenas

No solamente las organizaciones protectoras del ambiente expresaron su disconformidad con esta tentativa con la que el Estado colombiano pretende inaugurar la extracción de crudo a través de ‘fracking’. A estas voces se sumaron la de dirigentes indígenas y políticos.

Es el caso de la senadora Martha Peralta Epieyú, que pertenece a la nación wayuu y presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), quien en Twitter acusó al mandatario de su país de fingir interés por los asuntos ambientales.

«Mientras todos celebrábamos el triunfo de ENCANTO, la ANLA aprueba licencia para primer piloto de fracking en Puerto Wilches, Santander. Piensan destruir todo el ENCANTO de nuestra tierra. Un Oscar para Ivan Duque por su actuación como defensor del ambiente», expresó.

Por su lado, Aida Quilcue, senadora electa para la próxima legislatura por MAIS, calificó el proyecto como un «atentado» contra la Madre Tierra y recordó que el ‘fracking’ es responsable de daños ambientales «irreversibles» que Colombia no se puede permitir.

Gustavo Petro, senador en ejercicio, candidato a la presidencia por la coalición izquierdista Pacto Histórico y férreo crítico del extractivismo, manifestó en un trino que «el ‘fracking’ es el mecanismo más depredador pues acaba con el agua del territorio», cuyo propósito es «continuar un sistema económico basado en hidrocarburos».

Deslizó, asimismo, que en su opinión, la economía de Puerto Wilches tendría «mucho mejor futuro en la agroindustria de pequeños y medianos productores agrarios».

¿Qué dice Ecopetrol?

Pese a los compromisos ambientales anunciados por el Ejecutivo, que suponen una transición energética a 15 años, para Ecopetrol está descartado abandonar la búsqueda de nuevos pozos y, antes bien, la meta es aumentar la producción, con miras a incrementar la capacidad de refinación y la independencia energética.

«Si Colombia no tuviera industria petrolera y no hiciera más exploración, no tendríamos cómo cargar las refinerías. Hoy traer crudos para cargar las refinerías puede costar entre 50 y 60 billones de pesos al año; es decir, el equivalente a cuatro reformas tributarias. Es fundamental que nosotros como colombianos tengamos nuestra propia energía eléctrica y combustibles», argumentó Felipe Bayón, presidente de la estatal petrolera colombiana en una entrevista con El Colombiano.

En relación con el Piloto Integral de Investigación PPII-YNC Kalé, Bayón desmereció las críticas formuladas por ambientalistas y políticos opositores, asegurando que se trata de «ignorancia» sobre el ‘fracking’, pues la compañía está monitoreando «unas 200 variables socioambientales, como emisiones, calidad del aire, agua, ruido».

«Estamos convencidos de que en Colombia hay un potencial muy grande, pero la idea es desarrollar estos pilotos de frente al país, de cara a las comunidades y socializarlo. En cuanto a las reservas, hace dos años arrancamos con la operación en la cuenca Permian, ubicada en Texas, Estados Unidos y hoy ya producimos 50.000 barriles día. Queremos traer ese conocimiento, experiencia y tecnología a Colombia. Por eso es muy importante que no perdamos nuestra seguridad energética», indicó.

(LaIguana.TV)

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