Según el exdiputado Américo de Grazia, la oposición debe seleccionar su candidato a los comicios presidenciales en una elección primaria, cuya organización esté a cargo de «la sociedad civil» y no del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En un hilo de Twitter, el político aseguró que tenía varias razones para negarse a la participación del CNE en el proceso de selección del candidato presidencial de la oposición, entre las que indicó la premura, la participación de «los inhabilitados» como precandidatos, la participación de todos los venezolanos mayores de 18 años, inscritos o no en el CNE, dentro o fuera del país».

Asimismo, De Grazia sugirió que el organismo podría convertir el registro de participantes «en otra lista Tascón» –es decir, en un mecanismo de control político– y acusó al ente de no brindar «confianza».

Empero, no detalló cuáles serían los mecanismos de control para garantizar que cada voto se corresponda con un elector, ni precisó cómo se realizaría el escrutinio ni qué instancias se encargarían de avalar la transparencia de la iniciativa.

Por otra parte, el exparlamentario no descartó la participación de dirigentes políticos del ala democrática de la oposición, si bien los calificó como «alacranes». «Dijimos sin vetados. Los venezolanos no tenemos la culpa, ni podemos pagar los platos rotos de los entuertos internos de los partidos», arguyó.

Sin embargo, algunas de las «razones» expuestas por el político opositor, contravienen lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Así, por ejemplo, para ejercer el derecho a elegir y ser elegido, todo venezolano mayor de 18 años debe estar inscrito en el Registro Electoral Permanente.

Del mismo modo, si bien la ley contempla la participación de los venezolanos residentes en el extranjero en elecciones presidenciales, su estancia en ese país debe estar legalmente autorizada, lo que excluye de facto a los venezolanos que son migrantes irregulares.

Pese a que De Grazia intentó justificar la inclusión de personas que han sido inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos a partir de especulaciones relacionadas con supuestas inhabilitaciones a las que apelaría la Contraloría en el último momento, la legislación venezolana es taxativa al respecto e impide que quienes hayan sido sancionados por esta causa compitan en elecciones.

(LaIguana.TV)