El Gobierno de España ha aprobado este martes la nueva norma que eliminará, desde el miércoles, la obligación de llevar mascarilla en espacios interiores, excepto en centros sanitarios y en todos los transportes, mientras que en los centros laborales no será obligatorio utilizarla con carácter general. 

La flexibilización del uso de las mascarillas ha sido posible gracias a que «nos encontramos en un contexto epidemiológico favorable», según ha puntualizó este martes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cónclave en el cual se aprobó la medida.

Darias defendió la decisión en lo que llamó la «altísima cobertura vacunal» de la población española, con el 92 por ciento de las personas mayores de 12 años con pauta completa y más de 24 millones con la dosis de refuerzo.

El decreto aprobado por el Gobierno establece que a partir del miércoles solo habrá que ponerse la mascarilla obligatoriamente en «aquellos espacios en los que puede haber personas con vulnerabilidad».

Define, asimismo, que los visitantes y trabajadores de centros, servicios y establecimientos sanitarios, incluyendo las farmacias y sociosanitarios, especialmente las residencias, aunque no las personas ingresadas en ninguno de estos lugares a menos que estén usando espacios comunes.

También habrá que llevarla en todos los transportes, sin excepción.

En otros lugares cerrados de uso público como comercios, cines, teatros, salas de conciertos, museos, bares, restaurantes, locales de ocio nocturno, lo recomendable es lo que las autoridades sanitarias llaman un uso responsable del cubrebocas, al igual que en el entorno familiar, las reuniones de amigos y celebraciones privadas.

Tampoco será obligatoria ni en interiores ni en exteriores en partidos de fútbol o baloncesto.

No obstante la disposición, el Gobierno apela en cualquier caso al uso responsable, con recomendaciones que no forman parte del Real Decreto.

De esta forma, la mascarilla se aconsejará «cuando hay aglomeraciones y cuando se trate de personas vulnerables», en la línea de lo que propusieron los expertos de la ponencia de alertas en los que el Ejecutivo se ha apoyado para tomar esta decisión.

(teleSUR)

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