El candidato presidencial colombiano Gustavo Petro, de la coalición izquierdista Pacto Histórico, reaccionó al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa con Nicaragua en el mar Caribe y consideró que el Gobierno le hizo perder soberanía al país. 

«La Corte de la Haya prohíbe la actividad pesquera de los raizales en el mar que ya fue excluido de nuestra nación. Y nos prohíbe toda actividad como país en ese mar que era nuestro. El «uribismo» [en referencia a la corriente política liderada por el dos veces presidente Álvaro Uribe, a la que adhiere el Gobierno de Iván Duque] le hizo perder soberanía a Colombia», escribió el candidato en Twitter. 

Petro publicó el mensaje en respuesta a las declaraciones del agente de Colombia ante la CIJ, Carlos Gustavo Arrieta, quien valoró positivamente el fallo del tribunal internacional. 

Más temprano este 21 de abril, la CIJ, con sede en La Haya, dictaminó que Colombia debe cesar la interferencia en aguas del Caribe que se consideran por el tribunal como zona económica exclusiva de Nicaragua. 

Según el documento, al interferir en actividades de pesca y de investigación científica marina de los barcos con pabellón o licencia nicaragüense, y al autorizar actividades pesqueras en la zona económica exclusiva de Managua, Colombia «violó los derechos soberanos y la jurisdicción de la República de Nicaragua en esta zona marítima». 

«Más allá de un llamado de atención, la Corte no estableció ninguna consecuencia para esas situaciones. En general, el balance de esta decisión es muy favorable para Colombia y nos consideramos contentos con los resultados obtenidos», dijo Arrieta. 

El representante colombiano consideró que su país logró lo esencial, «que era mantener la libertad de navegación en la zona y la presencia de la Armada, mantener la integralidad del archipiélago, y reconocer a la comunidad raizal para que pudiera pescar en la zona». 

Petro criticó la estrategia jurídica de su país al considerar que «se hizo desde las oficinas bogotanas y no tuvo en cuenta el interés de la comunidad raizal de San Andrés». 

«Por eso perdimos. Ahora se impone recobrar los derechos de pesca de la comunidad raizal a partir de un acuerdo bilateral con Nicaragua», agregó. 

El caso en La Haya fue iniciado en 2013, cuando Nicaragua presentó las reclamaciones, según las cuales Bogotá supuestamente habría violado el derecho internacional por no haber aplicado un fallo de ese tribunal del 19 de noviembre de 2012. 

Para Nicaragua, Colombia ha incumplido la sentencia, que le otorgó soberanía a Bogotá sobre siete cayos, pero concedió a Managua las aguas que rodean dos de ellos. 

(Sputnik)