La defensa del expresidente ecuatoriano Rafael Correa iniciará una acción contra Ecuador por persecución política ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, siguiendo el mismo procedimiento que el exmandatario brasileño Lula da Silva, dijo en entrevista con la Agencia Sputnik el abogado Christophe Marchand.
«Queremos que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas tome una decisión en favor de Correa y en contra de Ecuador, diciendo que los juicios fueron políticos y que las órdenes de detención son inválidas. Pensamos iniciar una acción contra Ecuador a nivel de ONU», destacó Marchand, coordinador de la defensa del exmandatario.
El abogado del expresidente afirmó que la Interpol ya anuló dos peticiones de alerta roja realizadas por Ecuador en 2018 y 2020.
«Hemos pedido a la comisión de control de fichera de Interpol que anulara las peticiones de alerta roja que Ecuador ha mandado en contra de Correa dos veces. Esta comisión independiente, que es casi judicial y es una instancia internacional, ha anulado las demandas de Ecuador porque hay ausencia de justicia independiente», agregó.
Asimismo, Marchand agregó que Ecuador podría volver a pedir una alerta roja a Interpol contra Correa, pero es posible que otra vez sea anulada.
«Ecuador podría volver a pedirle a Interpol una alerta roja. Hace mucho tiempo que intenta mandarlas contra Correa. Puede intentarlo otra vez, pero ya mandamos un documento preventivo, diciendo que hay riesgo de que vuelva a pedir la alerta roja y nosotros pedimos que la vuelvan a suspender. Me parece claro que se va a anular», sostuvo el abogado.
Posibilidad de viajar
Además, declaró que Correa puede viajar por todo el mundo, excepto al país donde proviene.
«La decisión belga se basa en normas europeas, eso significa que cuando se goza de esta protección, tiene el derecho a la libre circulación en toda Europa. Por otro lado, cuando se recibe el estatuto de refugiado, se puede viajar como se quiere, salvo en el país donde proviene. Correa no puede ir a Ecuador, pero sí al resto del mundo», señaló Marchand.
Marchand explicó que Correa puede viajar a todos los países, pero advirtió que en caso de que Ecuador solicite una orden de extradición al Estado en el que se encuentre el exmandatario, se pasará a una discusión jurídica, de la cual lo más probable es que pese la resolución de Bélgica.
«Eso depende de la voluntad de un Estado en cuestión. Si él [Correa] viaja a un Estado y recibe una demanda de extradición de Ecuador, va a tener una discusión en el marco de su legislación interna. Pero cuando una persona tiene el estatuto de refugiado de un país, lo que pasa es que automáticamente ese pedido está rechazado. (…) La decisión de Bélgica tendría un peso grande para evitar la demanda de extradición», expresó.
Participación en las elecciones
Marchand también aseveró que luchará para que el exmandatario pueda regresar a su país y presentarse a las elecciones.
«Él [por Correa] fue víctima de los procedimientos internos de la justicia ecuatoriana que fueron basados en una ausencia de independencia e imparcialidad. Eso significa que lo que queremos nosotros es que la justicia ecuatoriana reforme las órdenes de detención para que Correa pueda volver a su país (…) Además, nosotros vamos a luchar a nivel internacional e interno para que pueda participar en la vida política ecuatoriana», enfatizó.
El 27 de abril Correa dijo a una entrevista a Efe que quiere volver a su país y que pretende participar de las elecciones.
«Con toda humildad pero objetivamente, el que el capital político soy yo. Y una cosa es una elección con Correa en Ecuador y, otra, sin Correa en Ecuador», constató el exmandatario.
Por su parte, Marchand consideró que la justicia ecuatoriana podría revisar sus condenas en base a la decisión de Bélgica de otorgarle asilo a Correa, las resolución de ficheros de Interpol que negó los pedidos de alertas rojas de Ecuador y de cuatro informes del relator especial de Naciones Unidas que pone en evidencia que hay «problemas estructurales en Ecuador sobre el acceso a la justicia».
«Hay bastantes argumentos jurídicos en este momento para reformar la decisión interna de Ecuador, por lo que Correa podría volver a su país cuando se modifiquen las decisiones de la justicia. (…) Ya probamos la persecución política a nivel internacional. (…) El derecho internacional es más alto que las decisiones jurídicas del derecho ecuatoriano», argumentó.
El pasado 19 de abril, los abogados de Correa informaron que Bélgica concedió al exmandatario el estatus de refugiado en ese país, en donde reside desde julio de 2017, por persecución política.
En Ecuador hay una orden de extradición contra el exjefe de Estado.
El canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, dijo el 27 de abril que el estatus de refugiado político que le otorgó Bélgica a Correa no detiene su proceso de extradición hacia el país sudamericano.
En septiembre de 2020, un Tribunal de Casación de Ecuador ratificó una sentencia a ocho años de prisión emitida contra Correa, su vicepresidente, Jorge Glas, y otros altos funcionarios de su Gobierno, en el caso conocido como «Sobornos 2012-2016».
Desde Bélgica, país natal de su esposa, Correa ha negado insistentemente los cargos y se ha declarado perseguido político.
(Sputnik)
