El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) fue condenado injustamente, ya que la Justicia de su país no actuó de forma adecuada.
«La investigación y el proceso penal contra el expresidente Lula da Silva violaron su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, su derecho a la privacidad y sus derechos políticos», concluye el informe del organismo, publicado tras seis años de deliberaciones.
El texto destaca que aunque los estados tengan el deber de investigar y procesar los actos de corrupción, «tales acciones deben ser conducidas de forma justa y respetar las garantías del debido proceso legal».
El comité carga especialmente contra la actuación del exjuez Sergio Moro, quien condenó a Lula en primera instancia en un proceso muy polémico y después pasó a formar parte del Gobierno de Jair Bolsonaro como ministro de Justicia y Seguridad Pública.
También recuerda que durante las investigaciones, Moro aprobó una petición de los procuradores para interceptar los teléfonos de Lula, de sus familiares y de sus abogados.
Además, divulgó el contenido de esas grabaciones antes de instaurar formalmente las acusaciones, y emitió un mandato para forzar al exmandatario a prestar declaración ante la Policía, pero lo filtró a la prensa y en consecuencia, «los medios hicieron fotografías de Lula como si estuviera preso».
«La conducta y otros actos públicos del entonces juez Moro violaron el derecho de Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial, y las acciones y declaraciones del exjuez Moro y de los procuradores violaron el derecho de Lula a la presunción de inocencia», añade el informe.
Moro condenó a Lula a nueve años de cárcel por presuntos delitos de corrupción en julio de 2017, y al año siguiente, en enero, una corte de apelación aumentó la pena a 12 años.
En abril de 2018, Lula empezó a cumplir la condena de prisión cuando aún había recursos pendientes, y pocos meses después el Tribunal Superior Electoral (TSE) anuló su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre de ese año, para las que partía como favorito.
El Tribunal Supremo Federal anuló la condena y prisión de Lula en 2021, alegando que Moro no tenía jurisdicción para investigar esos casos; gracias a ello, el expresidente salió de la cárcel, recuperó sus derechos políticos y podrá presentarse a las elecciones de este año.
No obstante, el Comité de Derechos Humanos de la ONU cree que no hubo una compensación suficiente al daño causado contra el líder de la izquierda brasileña.
«Aunque el Tribunal Supremo Federal haya anulado la condena y prisión de Lula en 2021, esas decisiones no fueron suficientemente oportunas y efectivas para evitar o reparar las violaciones», dice el informe.
La defensa de Lula recurrió a la ONU en 2016 a través de los abogados brasileños Cristiano Zanin Martins y Valeska Zanin Martins y el británico Geoffrey Robertson.
Desde entonces, tanto el Gobierno de Michel Temer como el actual Ejecutivo de Jair Bolsonaro presentaron recursos para intentar impedir que el comité de la ONU juzgara el caso, alegando que las instituciones de la justicia brasileña estaban funcionando y que Lula tuvo su derecho a defensa garantizado.
Los abogados de Lula consideraron este jueves que se trata de «una decisión histórica y una victoria no solo del presidente Lula, sino de todos aquellos que creen en la democracia y en el Estado de derecho».
(Sputnik/RT)
