«Justo al lado de nuestro país, la República Bolivariana de Venezuela, se está dando una guerra eterna, con toques de queda, paramilitarismo, masacres y narcotráfico», que no recibe suficiente atención mediática.
Con esta frase inició la edición de este miércoles 11 de mayo el comunicador y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela la edición 437 de su programa Desde Donde Sea, producción exclusiva de LaIguana.TV transmitida de martes a jueves a las 7:00 pm (hora de Venezuela) través de YouTube y otras plataformas virtuales.
El especialista destacó que a menos de tres semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Colombia vive uno de los peores ciclos de violencia de los últimos años, sin que el Estado colombiano, encabezado por el presidente Iván Duque, haya sido capaz de ofrecer una respuesta apropiada.
Así, sicarios asesinaron en una playa privada a un fiscal paraguayo que investigaba casos de narcotráfico en su país y el paro decretado por grupo narcoparamilitar «Clan del Golfo» dejó un saldo de más de dos decenas de fallecidos, bloqueos viales, interrupción del comercio y el transporte, así como confinamientos y desplazamientos forzados.
En continuidad con el inventario, recordó que la semana previa, Gustavo Petro, candidato presidencial de la coalición izquierdista Pacto Histórico y favorito en las encuestas, se vio obligado a suspender varios actos de campaña tras recibir amenazas de muerte del grupo paramilitar «La Cordillera», un hecho que fue desestimado por el gobierno del presidente Iván Duque.
Asimismo, víctimas de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el marco de la política de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, exigieron su comparecencia ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), pues las investigaciones lo comprometen con la violación sistemática de los derechos humanos y la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad.
De otro lado, la Cumbre de Las Américas, que congrega a los jefes de Estado y de Gobierno de la región, está bajo seria amenaza, pues en su rol de organizador, Washington se arrogó el falso derecho de vetar a países y diversos mandatarios han advertido que no acudirán a la cita si el gobierno de Joe Biden persiste en esta actitud.
El largo brazo de las mafias asesinó a fiscal paraguayo en Colombia
Para comenzar con la presentación detallada de los temas, Pérez Pirela refirió que un sicario asesinó este martes a Marcelo Pecci, un fiscal paraguayo especializado en crimen organizado y narcotráfico, mientras se encontraba de luna de miel en una playa privada cercana a Cartagena (Colombia).
De acuerdo con informes oficiales, Pecci fue interceptado por un hombre armado en la vía pública y recibió tres balazos, al tiempo que su esposa, Claudia Aguilera –quien está embarazada– resultó ilesa.
El crimen tuvo lugar en la isla de Barú, ubicada a 45 minutos de Cartagena y según las autoridades, está completamente descartada la hipótesis del robo y el caso se investiga como un asesinato por encargo, vista la naturaleza de los casos que el funcionario tenía a su cargo, indicó.
Según el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, además de Colombia y Paraguay, en el esclarecimiento del suceso también participará el gobierno estadounidense.
«Recordemos que este señor Mario Abdo Benítez fue uno de los que estaba en la frontera cuando se trató de hacer esta invasión a Venezuela. Allí estaba también Duque y el expresidente chileno, Sebastián Piñera», agregó, pues en su juicio, la implicación estadounidense no se traducirá en la revelación de la verdad tras este homicidio.
Apuntó, asimismo que entretanto, la Policía Nacional de Colombia ofreció una recompensa de hasta 2.000 millones de pesos –unos 490.000 dólares– para quien aporte información que ayude a localizar al tirador, del que ya existe un retrato hablado elaborado a partir de imágenes extraídas de cámaras de seguridad.
Empero, la periodista Madelein García, corresponsal de teleSUR en Caracas, advirtió este miércoles que medios colombianos comenzaron a difundir la especie de que el autor de los disparos podría ser de nacionalidad venezolana.
«Es decir, malandros mafiosos paraguayos; malandros mafiosos colombianos se matan entre ellos y ahora resulta que el que disparó, es venezolano», criticó.
El comunicador subrayó que Marcelo Pecci no era un fiscal cualquiera, sino un personaje de alto perfil dentro de Paraguay, como testimonian los casos que le fueron asignados, entre los que se cuentan atentados, sicariatos, violencia política, actividades de la mafia italiana e incluso, el proceso contra el exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho.
El nombre de Pecci se asoció a la megaoperación «A Ultranza Py», considerado como uno de los operativos contra el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de activos más importantes en la historia del país sudamericano, en el que se incautaron decenas de vehículos, aeronaves, inmuebles, dos yates y 1.000 cabezas de ganado, puntualizó.
El también director de LaIguana.TV relató que en marzo de 2022, el Ministerio Público paraguayo designó a Marcelo Pecci y a otros fiscales en un operativo que concluyó con el desmantelamiento de una banda criminal con la que se relacionó a dos diputados nacionales de «Honor Colorado», una fracción del gobernante Partido Colorado encabezada por el expresidente Horacio Cartés.
Asimismo, en 2021 se reunió en Asunción con representantes de la Policía italiana que lo alertaron sobre las operaciones de la organización criminal Ndrangheta y en 2020 investigó el caso del exfutbolista Ronaldinho, quien fue apresado tras haber ingresado al país con documentos falsos.
Indagaciones realizadas por el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla, sugieren que algún cartel de la droga sería el autor intelectual del crimen, tal y como comentara el exministro del Interior de Paraguay Arnaldo Giuzzo, quien fue removido de su cargo el pasado febrero por sus nexos con el narcotráfico, en un caso que también salpicó al expresidente Cartés.
«Narcotráfico va, narcotráfico viene; mafias, lavados de dinero es la realidad de Países como Paraguay y Colombia, que se rasgan las vestiduras acusando a Venezuela de narcoestado», criticó.
El saldo mortal del «paro armado» decretado por paramilitares
Justamente para mostrar las falencias del Estado colombiano, que carece de capacidad real de hacer cumplir la ley y ha cedido el ejercicio de la violencia a grupos irregulares, se refirió a continuación al «paro armado» decretado el pasado 5 de mayo por el grupo narcoparamilitar Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en respuesta a la extradición a Estados Unidos de su líder, Dairo Úsuga, conocido en el mundo delincuencial bajo el alias de «Otoniel».
Por medio de panfletos, las Autodefensas Gaitanistas anunciaron que el «paro armado» duraría cuatro días y advirtieron que quienes no obedecieran «la orden», serían «dados de baja».
Pérez Pirela enfatizó que pese a las promesas formuladas por Duque y su ministro de Defensa, Diego Molano, de garantizar la seguridad, el transporte y la actividad comercial en todo el territorio, durante esas fechas la fuerza pública estuvo ausente y los grupos irregulares actuaron a sus anchas.
Casi desde el primer momento circularon informes de amedrentamientos, amenazas, ataques, cierres de vías, confinamientos y desplazamientos forzados, e incluso, de asesinatos y por las redes sociales se difundieron videos de ataques a los ciudadanos que osaron a quebrantar las órdenes del grupo narcoparamilitar, sin que se evidenciaran acciones concretas del Estado colombiano para impedirlos.
No se trata solamente de reportes mediáticos que alguien podría tachar de sesgados, pues un informe preliminar presentado el pasado lunes por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), refiere las Autodefensas Gaitanistas perpetraron 127 acciones violentas en 73 municipios de 10 departamentos entre el 5 y el 8 de mayo.
El inventario de hechos compilados por esa organización incluyó asesinatos, amenazas contra medios, periodistas y líderes sociales, quema de vehículos, ataques a comerciantes, restricciones a la movilidad y al comercio, así como hostigamientos a la Policía.
Un informe presentado por teleSUR en la jornada de este 10 de mayo basado en fuentes oficiales, elevó estas cifras y sumó a la lista un atentado contra una caravana custodiada por la fuerza pública en el departamento de Antioquia, en el que perdieron la vida un policía y un funcionario del Ejército, puntualizó el comunicador.
Sintéticamente, Indepaz refiere 176 acciones violentas en 90 municipios de 12 departamentos, liderados por Antioquia, Bolívar, Córdoba y Magdalena, aunque a juzgar por el mapa de incidencias, las Autodefensas Gaitanistas tendrían control de amplias zonas de la mitad norte del país.
«Si esta región no es un paraestado, que no tiene nada que ver con Bogotá, díganme ustedes qué lo es (…). Todo el norte de Colombia está en manos del paramilitarismo, solo puede decretar quien tiene las armas», señaló el analista.
Tanto es así, ilustró, que reportes periodísticos aseguran en el departamento del Chocó (noreste) –punto estratégico para la salida de la droga hacia Estados Unidos y el Caribe– que unas 48.000 personas, en su mayoría afrodescendientes e indígenas, fueron obligadas por los paramilitares a confinarse o a huir de sus casas.
La situación no es nueva. En Quibdó, la capital departamental, casi 600 jóvenes dirigentes han sido asesinados desde la entrada en vigor de los Acuerdos de Paz. Solo en los cuatro primeros meses de 2022 se registran 70 homicidios.
«Colombia tiene el penoso récord de ser líder mundial en desplazamientos internos (…), un drama colosal que es silenciado en los medios de comunicación pero que nosotros no podemos callar», aseveró, antes de precisar que entre el 1 de enero y el 9 de mayo de 2022, Indepaz contabiliza 71 líderes sociales o defensores de derechos humanos y 19 firmantes de los Acuerdos de Paz asesinados, al tiempo que las masacres ya suman casi 40.
Acotó que, sin embargo, los efectos de la guerra continuada en el vecino país no parecen alcanzar a las élites político-económicas, que se permitieron celebrar una boda fastuosa en la ciudad de Montería (norte) y publicar imágenes en las redes sociales, mientras millones de personas eran obligadas a permanecer encerradas en sus viviendas bajo amenazas de muerte.
En una nota publicada por medios colombianos, se afirma que «la élite conservadora y política de Córdoba» se reunió en el Club Campestre de Montería para asistir al matrimonio de Laura Camila Sotomayor y Ricardo Pimienta.
Según esa misma fuente, al festejo acudieron congresistas y políticos cercanos al uribismo, incluyendo al representante Jorge Rodrigo Tovar, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, quien se vio envuelto en una polémica porque obtuvo un curul en el Congreso destinada a las víctimas del conflicto armado.
Pérez Pirela resaltó que en cualquier caso, es público que al informar la captura de «Otoniel» el pasado mes de noviembre, Duque aseguró que era el fin del así llamado «Clan del Golfo», pero estos hechos contrastan abiertamente con sus declaraciones y dejan al descubierto el fracaso de su política de seguridad, que se ha enfocado en reprimir la protesta social.
Citando lo expresado por organizaciones de derechos humanos, puntualizó que durante su administración, Duque no solo no ha hecho nada por poner en marcha los Acuerdos de Paz de 2016, sino que el paramilitarismo ha ganado terreno, al tiempo que las cifras de asesinatos de líderes sociales y firmantes de los acuerdos han crecido exponencialmente.
Incluso parecen haber regresado a Colombia los tiempos en los que grupos paramilitares amenazaban de muerte a candidatos presidenciales de la izquierda, pese a las retóricas de compromiso con la seguridad de todos los aspirantes pronunciadas desde la Casa de Nariño.
El paramilitarismo juega sus últimas cartas para evitar que Petro gane
«Si hay un país que tiene récord mundial de magnicidios, de asesinatos de candidatos presidenciales, departamentales y municipales, ese es Colombia», sostuvo Pérez Pirela antes de mencionar que inicios de mayo, el candidato y principal favorito en las elecciones presidenciales colombianas, Gustavo Petro, se vio obligado a suspender varios actos de masas en departamentos del Eje Cafetero, tras haber recibido amenazas de muerte del grupo paramilitar «La Cordillera».
«¿Se puede hablar de democracia en Colombia, en un país en el que un puñado de paramilitares declara un paro armado? ¿Se puede hablar de democracia en un país donde un candidato presidencial no puede ir a ciertas regiones del país porque es asesinado?», cuestionó.
En un comunicado, miembros de la campaña de Petro informaron que «‘La Cordillera’ es una organización paramilitar dedicada al narcotráfico y al sicariato que ha logrado un amplio control sobre las autoridades civiles regionales y políticos del Eje Cafetero, además de algunas instancias de la policía y del ejército, toda vez que algunos de sus miembros participan de esa organización criminal», detalló.
Según se precisó, el grupo responsable de las amenazas es el autor del asesinato del dirigente social Lucas Villa, quien cayó baleado mientras participaba en una protesta antigubernamental pacífica.
El analista refirió que la noticia cayó como un balde de agua fría en un sector de la población colombiana, que recuerda vívidamente lo ocurrido hace más de tres décadas, cuando terminaron asesinados varios candidatos que amenazaban con romper el bipartidismo histórico desde la izquierda y alcanzar el poder político a través de las urnas.
El pasado jueves 5 de mayo, Petro retomó sus actividades públicas rodeado por un equipo de seguridad extremo, impropio de un país donde reina el juego democrático. Trascendió que el equipo de campaña del dirigente del Pacto Histórico entabló conversaciones con el gobierno de Iván Duque, que se comprometió a reforzar su seguridad personal y a desplegar masivamente a la Policía y al Ejército en los lugares donde esté previsto que realice actos proselitistas.
«Esto me da todavía más terror: que haya más policías y militares alrededor de Petro, es inversamente proporcional a su seguridad porque el paramilitarismo colombiano es una extensión del Ejército, así nació y se ocupa de las masacres de las que abiertamente no puede tomar parte el Ejército», alertó.
El primer punto de recorrido anunciado fue la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), donde cuatro años atrás el vehículo en el que se desplazaba sufrió un atentado.
El filósofo mencionó que Las fuerzas derechistas –oficiales y extraoficiales– no solamente se han concentrado en amedrentar al candidato y a los pobladores de regiones en las que goza de mayores simpatías, sino que han activado la institucionalidad controlada por el uribismo para derribar adversarios o sembrar dudas contra políticos adscritos al Pacto Histórico.
El más reciente de estos hechos fue la reedición del polémico proceso de destitución a través de la Procuraduría con el que se expulsó por breve tiempo a Petro mientras era alcalde de Bogotá, esta vez en la persona del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Más precisamente, la Procuraduría General de Colombia anunció este martes la suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y de otros tres funcionarios, quienes serán sometidos a una investigación por su presunta participación e intervención en la campaña electoral, lo que está prohibido en la legislación colombiana.
Según expresara la procuradora Margarita Cabello, ella ordenó «la apertura de investigación disciplinaria y la suspensión provisional» de Quintero y otros tres dirigentes «por la presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas».
A su parecer, que Cabello haya advertido acerca de los medios «indirectos» de los que se habrían valido el alcalde de Medellín y otros funcionarios para «afectar» la campaña, fue la excusa esgrimida para esta judicialización, pues la acción se basó en un video compartido por el destituido alcalde en las redes sociales, en el que pronuncia la frase «en primera con el cambio» mientras toca la palanca de su vehículo, en tanto, según las autoridades colombianas, la palabra «cambio» se asocia a la campaña del Pacto Histórico.
A modo de contexto refirió que Daniel Quintero sucedió en la alcaldía de Medellín al hoy candidato presidencial del uribismo, Federico «Fico» Gutiérrez, y desde entonces ha tenido que sortear numerosas maniobras con las que se le ha tratado de apartar del cargo, que incluyen un intento de convocatoria a referéndum revocatorio y una investigación por presuntos actos de corrupción.
Por su lado, Petro rechazó esta arremetida, a la que tachó de «golpe de Estado» y acusó a la procuradora Margarita Cabello de pretender favorecer al candidato del uribismo.
Del mismo modo, su jefe de campaña dijo a los medios que en una reunión con Cabello se denunció la participación abierta de Duque y de militares en la campaña, pero como muestran los hechos, ello no trajo consigo ninguna acción judicial en su contra.
Para cerrar este punto, citó el mensaje que publicara este miércoles Gustavo Petro en su cuenta de Twitter: Twitter: «Rompieron la Convención Americana usando una funcionaria de bolsillo del presidente, destituyendo a un funcionario, el de la segunda ciudad de Colombia. Si ganan ustedes los aplaudimos, si ganamos nosotros, jamás los perseguiremos como ustedes nos están persiguiendo a nosotros».
Según las más recientes encuestas, Gustavo Petro es el favorito para encabezar la primera vuelta de los comicios y de haber una segunda, se impondría sobre «Fico» Gutiérrez con una ventaja categórica.
Pérez Pirela precisó que las preferencias electorales hacia Petro se concentran principalmente en Bogotá, el Caribe y la costa pacífica. Esta última región ha sido el punto de la geografía colombiana más golpeado por las acciones de las así llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el reciente «paro armado».
¿Pagará Uribe por los crímenes de guerra y lesa humanidad?
«Aquí se juegan muchas cosas. Imagínense por un momento que gane Petro con los desmanes cometidas por Uribe y su séquito. Alguien tiene que pagar por todas estas fechorías», sintetizó, puesto que la prácticamente irremontable ventaja de Gustavo Petro muestra que el uribismo –que ha sido hegemónico en la política colombiana durante los últimos 20 años–, claramente no vive su mejor momento, aunque también es evidente que sigue controlando las instituciones.
Diego Molano, ministro de Defensa de Iván Duque, logró superar una moción de censura en la Cámara Baja del Congreso, por su presunta responsabilidad en una masacre ocurrida en el departamento del Putumayo en la que perdieron la vida 11 personas y sobre la que se presentaron abundantes pruebas relativas a la participación del Ejército.
Desde el otro lado de la moneda, indicó, exmilitares retirados comparecieron este martes ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia y asumieron que habían actuado bajo una política de Estado que favoreció el asesinato de personas inocentes para justificar los recursos recibidos por el Plan Colombia, acciones que han sido calificadas como crímenes de guerra y lesa humanidad.
Por su parte, los familiares exigieron la Jurisdicción Especial de Paz que se obligue a comparecer a los máximos responsables de estos graves delitos –empezando por Uribe–, si bien las investigaciones apuntan que en estos crímenes tuvieron participación activa el Ejército, algunas trasnacionales y paramilitares.
Del mismo modo, los deudos han puesto en cuestión la cifra de ejecuciones extrajudiciales reconocida en la Jurisdicción de Paz, pues en su opinión se trata de un número preliminar que acusa subregistro.
Para el comunicador no puede ignorarse que pese a que estos gravísimos señalamientos ya disponen del testimonio de algunos perpetradores y responsables de los delitos como soporte, no luce fácil que Uribe pueda ser obligado a rendir declaraciones sobre este tema y antes bien, amenazó con demandar a quienes le acusan de atentar sistemáticamente contra los derechos humanos.
A este respecto, recordó que mientras controló directamente la mayoría en el Congreso, el exmandatario consiguió que se modificara lo estipulado en los Acuerdos de 2016 y no se impusiera a los expresidentes la obligación de comparecer ante la Jurisdicción Especial de Paz.
Sin embargo, acotó que el exmandatario no parece tenerlas todas consigo, A finales de abril, víctimas del caso de soborno de testigos que se le sigue a Uribe, como el senador Iván Cepeda, demandaron a la justicia que enjuiciara al exmandatario, luego de que una jueza dictaminara que tendría que comparecer ante los tribunales.
En una rueda de prensa, Cepeda expresó: «Le hacemos un llamado muy respetuoso y franco al fiscal general, Francisco Barbosa: lo único que procede en derecho y en justicia es un llamado a juicio a la mayor brevedad».
En la misma intervención, el senador subrayó que «por primera vez un expresidente va a tener que comparecer ante un juez de la República para asumir su responsabilidad penal ante hechos muy graves».
Empero, acotó que previamente, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensa habían solicitado a la autoridad judicial precluir el proceso, al considerar que las pruebas no demostraban que Uribe hubiera participado activamente o dado la orden para buscar testigos falsos contra Iván Cepeda.
«A pocas semanas de unas elecciones importantísimas, lo que vemos en ese país es masacres, maniobras legales, paramilitares. Todo pinta mal. Ojalá Petro no se convierta otro de los candidatos presidenciales asesinados», concluyó.
¿Se celebrará la Cumbre de Las Américas?
Antes de cerrar la edición, Miguel Ángel Pérez Pirela aludió a la situación que rodea a la IX Cumbre de Las Américas, que tendría que celebrarse entre el 06 y el 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles y a la que deberían concurrir los jefes de Estado y de Gobierno de los 32 países independientes de la región, cuya realización está riesgo debido a la arrogancia estadounidense.
Más precisamente, recordó que desde la administración Biden se anunció que no se cursarían invitaciones a Venezuela, Cuba y Nicaragua bajo el argumento de que sus gobiernos no respetan la democracia, aunque esta extralimitación en su rol de anfitrión fue ampliamente criticada por líderes regionales, exmandatarios e instancias como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom).
Desde la Celac se instó a la Casa Blanca a evitar exclusiones, priorizar las coincidencias y apuntalar el diálogo regional, pese a las diferencias existentes, un punto de vista que inicialmente compartieron, con matices, el presidente boliviano, Luis Arce, el expresidente Evo Morales y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
En continuidad con el recuento de reacciones, rememoró que a finales de abril, cuando la administración Biden no se había pronunciado oficialmente, desde Caricom se advirtió que si se dejaba fuera a Cuba, 14 países caribeños se ausentarían y otros también lo harían en el caso de que Estados Unidos decidiera invitar a Juan Guaidó en lugar de al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
En una conferencia virtual, el embajador de Antigua y Barbuda en Washington, Ronald Sanders, destacó en que «esta no es una Cumbre del gobierno de los Estados Unidos, es una cumbre de todos los jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio Occidental, del cual el presidente Biden es uno más».
Sanders también rechazó de plano que a la administración Biden le asista derecho alguno para «decidir quién en América y en el Hemisferio Occidental no debe ser invitado».
Asimismo, en la última jornada, Arce y López Obrador radicalizaron su posición y amenazaron directamente a Biden de no asistir al encuentro, si persistía en esa política de discriminación hacia los Estados con los que su gobierno no tiene buenas relaciones.
«Me pregunto por la posición del izquierdista Fernández, allá en Argentina; me pregunto por la posición del izquierdista Boric, allá en Chile», ironizó.
De regreso a lo dicho por Arce, se permitió citar lo expresado por el mandatario en Twitter: «Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia, reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma».
Arce remató sus dichos precisando que la política exterior de su nación se basa en «la Diplomacia de los Pueblos, con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la cultura del diálogo y la paz».
Por su lado, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador aseguró este 10 de abril que «si no se invita a todos», a la Cumbre asistirá una delegación de su gobierno, pero no él.
Comentó que López Obrador justificó su decisión como un acto de soberanía y una manifestación a favor de «la fraternidad universal» y contra la política confrontacional que defienden «grupos políticos» en los Estados Unidos, que querrían «tener de rehenes a los pueblos de América Latina».
«Posición vertical, un tipo serio. El pasado domingo visitó Cuba. Una visita histórica y muy esperanzadora para la isla, que sigue siendo acosada por un bloqueo», añadió.
Las palabras de AMLO ocasionaron que este miércoles, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, aclarara que todavía no se han enviado las invitaciones y puntualizara que ello podría tener lugar incluso entre el 6 y el 10 de junio, fechas previstas para el evento.
«Sabemos que la cumbre es una valiosa oportunidad para enfocarnos en algunos temas compartidos como la lucha por la libertad y la democracia para todos los países, una respuesta más colaborativa ante la COVID-19 y atender las causas y raíces de la migración como el crimen organizado y la inestabilidad», dijo Psaki ante el cuestionamiento del líder azteca.
(LaIguana.TV)
