Los colombianos están a punto de elegir a quien guiará los destinos de su nación durante los próximos cuatro años. Y aunque todas las encuestas favorecen al izquierdista Gustavo Petro, la ola de violencia desatada en el país y la falta de garantías electorales ponen en cuestión el respeto a la voluntad popular.

Por otro lado, la saliente administración de Iván Duque dejará a su sucesor –sea o no Petro– pesadas herencias que reducirán drásticamente su margen de maniobra y con ello, la posibilidad de concretar al menos una parte de los cambios sociales, económicos y políticos que Colombia anhela.

Sobre estos asuntos disertó este 25 de mayo el filósofo y comunicador Miguel Ángel Pérez Pirela, quien también advirtió que este proceso electoral cobra una importancia estratégica en función de la posición del vecino país como cabeza de playa de Washington.

Destacó, asimismo, que desde la Casa de Nariño se han fraguado todos los planes para atentar contra el sistema político venezolano y en general, contra la paz regional.

En su opinión, Petro representa la esperanza de que la nación vecina se enrumbe en una dirección diferente a la que las administraciones uribistas y, en cierta medida lo que suceda el domingo también signará el destino de Venezuela, visto el rol de Bogotá en las avanzadas imperialistas.

Sin embargo, la compleja situación presente en Colombia hace difícil vaticinar qué sucederá en el futuro cercano, todavía más si se considera que el uribismo legará al próximo mandatario una estructura estatal absolutamente alineada con sus intereses.

Colombia abre la puerta de la OTAN en América Latina

Para entrar en materia indicó que este 22 de mayo, el presidente estadounidense, Joe Biden, designó formalmente a Colombia como «aliado principal de Estados Unidos no perteneciente a la OTAN», con lo que cumplió la promesa que hiciera en marzo, poco después de iniciada la guerra en Ucrania.

A su parecer, este anuncio reviste de una inmensa gravedad para la región, toda vez que el ingreso de Colombia a la estructura de la OTAN, que está en guerra con Rusia en el territorio ucraniano, acabarán por traer esa guerra subsidiaria al suelo nuestroamericano.

El saliente mandatario colombiano, Iván Duque, celebró en Twitter el anuncio y manifestó que la decisión es signo de la fluidez de las relaciones bilaterales entre Washington y Bogotá.

Con esto, precisó, Colombia se suma a Brasil y Argentina como enclaves regionales para el desarrollo de la agenda belicista estadounidense, con el precio añadido de la subrogación de la soberanía todavía mayor al que suponen las siete bases militares estadounidenses desplegadas oficialmente.

Tras la entrada en vigor de este acuerdo, la Casa de Nariño tendrá acceso privilegiado a los programas militares y económicos financiados por su socio norteamericano, aunque esto no implica compromisos para brindar garantías de seguridad como las que se ofrecen a los miembros de la OTAN, explicó el comunicador.

Por ello, en adelante, la nación neogranadina será elegible para recibir «préstamos de material, suministros o equipos con fines de investigación cooperativa, desarrollo, prueba o evaluación» y podrá convertirse en depósito de las «reservas de guerra» de los Estados Unidos.

A esto se añade que desde 2018, Colombia es socio global de la OTAN. Según el convenio firmado por Duque con el bloque militar el pasado mes de febrero, la Alianza Atlántica otorgará «asesoría y técnicas para el mejoramiento de las fuerzas militares colombianas», al tiempo que los efectivos colombianos aportarán «toda su experiencia en el campo de desminado a los aliados y a los países socios».

Para Pérez Pirela, las implicaciones de esta designación se asemeja a los movimientos que desarrollara Estados Unidos en Ucrania: entrenamiento de militares para prepararlos de cara a un eventual conflicto armado con su vecino –es decir, Venezuela– y la eventual exportación de paramilitares.

Elecciones sin garantías y bajo una ola de violencia

Una vez descrito este inquietante escenario, puntualizó que este anuncio se produjo en el marco del cierre de la campaña presidencial, cuya primera vuelta está fijada para el próximo 29 de mayo y en la que el izquierdista Gustavo Petro figura como principal favorito.

Subrayó que de acuerdo con los sondeos más recientes, Petro es el único que tiene garantizado su pase a la segunda vuelta, pues el voto derechista ha sido incapaz de aglutinarse en torno a una sola figura.

Más precisamente, indicó, una encuesta realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) fechada en mayo de 2022 estima que Gustavo Petro, candidato de la coalición izquierdista Pacto Histórico, acumula 48 % de intención voto para la primera vuelta electoral.

Le siguen Rodolfo Hernández (Liga Gobernantes Anticorrupción/Derecha- independiente) con 21,8 %, Federico «Fico» Gutiérrez (Equipo por Colombia-uribismo) con 21,4 % y Sergio Fajardo (Coalición Centro Esperanza) con un 5,1 %.

Independientemente de su preferencia, 53,2 % considera que Gustavo Petro será el próximo presidente de Colombia, aunque todavía no esté claro quién sería su contendor en el balotaje.

«Esto no garantiza nada, menos aún en Colombia», insistió, porque en cualquier caso, la evidente ventaja de Petro no es garantía suficiente para que se convierta en el sucesor de Iván Duque, pues se ciernen serias dudas sobre la transparencia del proceso electoral, principalmente por responsabilidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El analista recordó que en las elecciones legislativas del mes de marzo, diversas fracciones políticas denunciaron que se cometió fraude electoral en multitud de municipios y se solicitó un reconteo de votos, demanda a la que el organismo no accedió.

A su juicio, esto explica por qué en el sondeo del Celag, 68,4 % de los futuros votantes manifestó que es posible que en la primera vuelta ocurran fenómenos como la compra de votos o el fraude electoral.

A ello se suma que la semana previa, autoridades del Consejo Nacional Electoral solicitaron que una delegación internacional realizara una auditoría del software de votación, pero el ente rechazó en primera instancia el requerimiento y este martes, el organismo confirmó que ninguna compañía internacional realizará la auditoría del proceso del próximo domingo, a consecuencia de lo que consideran «falta de voluntad del Estado» para llevar a cabo la contratación.

La autoridad electoral destacó que con este anuncio, las garantías electorales quedan en manos de misiones de observación nacionales e internacionales desplegadas en el terreno, aunque, en opinión del filósofo venezolano, esta observación está plagada de irregularidades.

La propia realización del evento electoral ha sido puesta en tela de juicio. Días atrás, Gustavo Petro alertó que existen planes para suspender las elecciones presidenciales, aparentemente respaldados por el uribismo.

Sobre este tema, Pérez Pirela indicó que el pasado 20 de mayo, Petro advirtió que «los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia» avanzan planes para «suspender las elecciones» porque saben que perderán la contienda.

El candidato izquierdista pidió «a todas las campañas políticas (…) a ponerse en alerta» y a reunirse, porque el pasado 23 de mayo esos sectores tendrían pensado «darles un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo».

En opinión del analista venezolano, la desconfianza en la institucionalidad electoral colombiana es tal, que la Registraduría –controlada por el uribismo– se vio obligada a extender el período de postulación de testigos electorales hasta el sábado 28 de mayo, porque todavía no se completan las plazas.

A este respecto precisó que hasta este 24 de mayo solamente se habían registrado menos de 15.000 testigos. Según el CNE colombiano, esto implica que tendrían que inscribirse 600.000 personas antes de la fecha límite para cumplir con lo establecido en las leyes.

«Es decir, unas elecciones sin una verificación técnica internacional y prácticamente sin testigos», añadió.

Comentó, asimismo, que el clima enrarecido se nubló todavía más el pasado fin de semana, cuando una persona apuntó con un láser a la candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico, Francia Márquez, en un acto de cierre de campaña en Bogotá.

LaIguana.TV recoge que según los testigos, el apuntador se encontraba en un edificio cercano. Posteriormente, la Fiscalía colombiana informó que «se presentó voluntariamente un estudiante de 18 años con su abogado defensor» para responsabilizarse por el hecho.

De acuerdo con el comunicado público, «el joven ofreció excusas por lo sucedido y, según indicó, no midió las consecuencias de sus actos. Además, manifestó en el interrogatorio que el láser lo compró por internet y es de uso personal».

Bajo estos argumentos, la Policía Nacional colombiana desmereció el incidente y aseguró que la vida de Márquez –quien ha sido amenazada de muerte en múltiples ocasiones y debe aparecer en público acompañada de un equipo de seguridad– «no estuvo en riesgo en ningún momento».

«Yo no sé ustedes, pero esta historia no me la creo», fustigó el analista, antes de referir que la afectada refutó esta tesis en su cuenta de Twitter y señaló que el informe policial contenía información falsa.

Como argumento para sus dudas recordó que en el transcurso de la campaña, Petro y Márquez se vieron obligados a suspender su agenda pública tras ser amenazados por grupos paramilitares. Asimismo, el Clan del Golfo decretó un «paro armado», que según la Jurisdicción Especial de Paz dejó 24 fallecidos, aunque el Estado solo reconoció seis víctimas mortales.

En su criterio, estos datos no dejan «la menor duda de que Colombia es un país en guerra civil» y cuestionó que en tal escenario de vulneración de los derechos de los electores pueda hablarse de democracia, como incluso reconocen algunas instituciones, como la Defensoría del Pueblo, que advirtió que a poco menos de una semana de la primera vuelta electoral, 290 municipios presentan riesgos elevados de que se produzcan vulneraciones a los derechos fundamentales de la población.

A este relato agregó que en consonancia con la creciente ola de violencia registrada en el vecino país, la campaña detuvo los asesinatos de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. Antes bien, se exacerbaron.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó este 24 de mayo el asesinato de otro líder social en el municipio de Vegachí del departamento de Antioquia, con lo que la cantidad de dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos ultimados en 2022 sube a 78.

El especialista precisó que de acuerdo con esta organización, la víctima respondía al nombre de Alconides Vallejo Álvarez, tenía 64 años y «fue asesinado en medio de un operativo que la Policía realizó el día 22 de mayo contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)». Según su familiares, Vallejo estaba realizando labores de campo cuando recibió un disparo que le causó la muerte.

Indepaz indica que en la zona operan células del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), una de las disidencias de las FARC y el Ejército colombiano.

A este cruento relato añadió que hasta el pasado 19 de mayo, se habían computado 40 masacres, la última de ellas en el departamento del Chocó, la que perdieron la vida tres indígenas y un líder afrocolombiano, al tiempo que más de 200 personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares por temor a la violencia de los grupos irregulares armados.

Apuntó que según datos de Indepaz, cada dos días se asesina a un dirigente social en el territorio colombiano y la situación ha empeorado conforme se aproxima la cita electoral.

Por este motivo, organizaciones de derechos humanos le exijan nuevamente al gobierno de Iván Duque que ofrezca garantías de seguridad para que los pobladores puedan llevar en paz sus vidas y puedan participar sin contratiempos en las próximas votaciones.

Se profundiza la polarización en Colombia

Si bien es cierto que el electorado colombiano parece estar decidido a terminar con 20 años de gobiernos uribistas, el panorama no luce tan claro si se considera que todos los pronósticos apuntan a que es altamente probable que sea necesario un balotaje, que en principio está pautado para el domingo 19 de junio.

En ese orden, Pérez Pirela recordó que en la elección de 2018, Gustavo Petro adelantó a los restantes candidatos en la primera vuelta, pero una combinación entre una polarización impulsada a través de una campaña de terror y maniobras de la casta gobernante, llevaron a que Duque se impusiera en la segunda ronda con 54,3 % de los sufragios, mientras que el izquierdista cosechó el 41,77 %.

A su parecer, es claro que en esta oportunidad su ventaja es significativamente mayor y que su rival histórico –el uribismo– no pasa por su mejor momento, pero el escenario polarizado es una posibilidad y sus consecuencias trascienden la coyuntura.

Según precisan analistas, en un intento por impedir el ascenso del Pacto Histórico, si la confrontación se agudiza, podrían producirse ataques mayores contra los candidatos, la cancelación de las votaciones y hasta un golpe de Estado, hechos que se verían favorecidos por la inacción del saliente gobierno.

Por otra parte, aunque podría alegarse que para pescar votos, los contendores son capaces de decir casi cualquier cosa, en rigor, Petro y Gutiérrez representan dos visiones antagónicas de país y eso queda suficientemente claro no solo en sus discursos, sino en su propio historial político.

Para marcar las diferencias, apuntó que en general se considera que la eventual victoria del progresista encauzará a Colombia hacia una senda de reformas largamente anheladas por la población, respaldado por la legitimidad que otorgan las urnas.

En su cierre de campaña, el candidato enfatizó que marcará distancia con las prácticas añejas de la clase política de su país, prometió abandonar el modelo extractivista basado en hidrocarburos y anunció que priorizará las actividades económicas ecológicamente sustentables.

Sobre Gutiérrez, señaló que si bien se niega a ser considerado un continuador de las políticas uribistas, sus promesas de campaña se corresponden con las que históricamente ha presentado ese sector, aunque con frecuencia alude a su respaldo a la implementación de los Acuerdos de Paz y la reanudación del diálogo con el ELN.

La excepción a la que alude con frecuencia para diferenciarse del grupo gobernante, es la implementación de los Acuerdos de Paz y la reanudación del diálogo con el ELN, pues asegura que de resultar ganador, impulsará ambas acciones.

Para Pérez Pirela, las imágenes del cierre de campaña son elocuentes del desequilibrio presente, pues mientras «Fico» Gutiérrez, el delfín del uribismo, se pasea libremente entre la masa, Petro debe hacerse oír resguardado por guardaespaldas y escudos antibalas.

Continuando con el análisis del escenario preelectoral señaló que si bien muchos dan por descontado que el round final lo estarán protagonizando Gustavo Petro y Federico «Fico» Gutiérrez, organizaciones como el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) hablan de un empate técnico entre el derechista y el «independiente» Rodolfo Hernández.

Sobre este actor político precisó que es un empresario de la construcción de 77 años que ejerció como alcalde de Bucaramanga entre 2016 y 2019, que ha desarrollado una campaña anclada casi por entero en las redes sociales, cuyo foco es el combate contra la corrupción.

Mencionó que algunos de sus videos en TikTok cuentan con millones de reproducciones, lo que parece indicar que para capturar a votantes jóvenes, el septuagenario no ha dudado en ridiculizarse. Dice de sí mismo que es «viejito pero sabroso».

No obstante, advirtió que pese a su pretendida imagen fresca, Hernández ha estado implicado en escándalos de corrupción y tiene cuentas con la justicia de su país por esa causa. Además es conocido por su gritar, insultar y golpear a sus adversarios, así como por sus opiniones xenófobas, aporofóbicas y antipopulares, lo que le ha valido que lo tachen de ser «el Donald Trump colombiano».

La campaña todavía no concluye, porque aunque la legislación colombiana prevé que los mítines cesen una semana antes de los comicios, se permiten debates organizados y transmitidos por los medios de comunicación.

Gracias a esto, apuntó, este 23 de mayo los candidatos a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez celebraron el lunes un debate centrado en salud, economía, seguridad y otros temas de interés para los colombianos.

Aunque también fue convocado, Hernández no concurrió a la cita y luego dijo en sus redes sociales que el país no cambiaría por «debates politiqueros».

El analista destacó que por encima de las diferencias que distinguen sus propuestas, todos los participantes coincidieron en que existen razones suficientes para dudar de la transparencia del sistema electoral colombiano.

La nefasta herencia de Duque

Desde su punto de vista, ningún análisis del panorama preelectoral estaría completo si no se puntualiza cuál es el legado de Iván Duque, que sintetiza en las categorías OTAN, violencia, miseria, masacres, desplazados y narcotráfico

Así, señaló que de ganar Gustavo Petro, no solamente tendrá que enfrentarse a un Estado narcoparamilitarizado, en el que el uribismo controla prácticamente todos los órganos penales y de justicia, sino que deberá hacer frente a importantes deudas históricas y de soberanía.

En este escenario, la inclusión de Colombia en la lista de aliados principales de Estados Unidos no pertenecientes a la OTAN, es un caramelo envenenado que muy posiblemente dificulte que el país mantenga una política exterior no supeditada a los intereses de Washington.

En la misma línea resaltó que el despliegue de efectivos militares estadounidenses en territorio colombiano le impida al hoy aspirante atacar efectivamente flagelos como el narcotráfico y el paramilitarismo, así como sus consecuencias, particularmente el desplazamiento interno derivado del conflicto armado.

No se trata de una opinión, pues en 2021 Colombia ocupó el tercer lugar en desplazamientos internos de todo el mundo, solo superada por SIria y la República Democrática del Congo y las principales víctimas de los desplazamientos son campesinos, afrodescendientes e indígenas asentados en zonas rurales, donde el Estado tiene escasa o nula presencia.

El experto refirió que lastimosamente, esta no es la única situación trágica que heredará el sucesor de Duque en la Casa de Nariño, en cuyo mandato se pasó por encima a todos los Acuerdos de Paz de 2016, de lo que dan cuenta los ya más de 180 firmantes asesinados, mientras los sobrevivientes continúan luchando para que el Estado les brinde garantías de seguridad y cumpla con la reforma política y la reforma agraria.

De acuerdo con los informes oficiales, el gobernante tampoco avanzó en la erradicación de cultivos ilícitos y, antes bien, la cifra alcanzó las 2.000 toneladas en 2021, según datos oficiales de las Naciones Unidas, lo que en su juicio es una muestra clara del fracaso de la política de seguridad.

Pérez Pirela mencionó que del mismo modo, en los últimos cuatro años en Colombia crecieron todas las manifestaciones de violencia estructural, particularmente las asociadas a la acción represiva del Estado frente a la protesta social.

Como es conocido, los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) arremetieron duramente contra manifestantes que se volcaron masivamente a las calles a exigir mejores condiciones de vida al Ejecutivo, primero en noviembre de 2019, con una merma en 2020 por la pandemia y con un repunte entre abril y junio de 2021.

Los reportes indican que las peores acciones de la fuerza pública ocurrieron en la ciudad de Cali, donde además actuaron a sus anchas civiles armados, que dispararon en reiteradas ocasiones contra quienes participaban de las actividades convocadas en el marco del Paro Nacional de 2021.

Puntualizó, asimismo, aunque la mayoría de las acciones de protesta fueron pacíficas, 83 personas fueron asesinadas y 44 de los crímenes se atribuyeron directamente a los cuerpos de seguridad. También se registraron miles de heridos, decenas de ellos con lesiones oculares.

Pasando a otro tema, apuntó que Duque también se ha encargado de limitar considerablemente el margen de maniobra de su sucesor en aspectos clave de la política interior –aunque no solo–, con designaciones de personajes ligados a su despacho en puestos clave del Estado y la firma apresurada de Tratados de Libre Comercio.

De acuerdo con una investigación realizada por el portal La Silla Vacía, el mandatario usó la mayoría uribista en el Congreso para impulsar una ley de sucesión en todas las instancias del gobierno, cuya sanción está prevista antes de que acabe la actual legislatura.

Si se consolida esta iniciativa, el gobierno saliente dispondrá de prerrogativas para ocultarle a su sucesor «información sensible y de seguridad nacional», sin que todavía esté demasiado claro cuál es el alcance de esta prebenda.

Del mismo modo, Iván Duque nombró a sus operadores en la Contraloría, en la directiva de la estatal Ecopetrol, en la empresa que monopoliza la prestación del servicio eléctrico y en la Comisión de Regulación de Energía, al tiempo que dejará andando Tratados de Libre Comercio con el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos.

Los lazos rotos con Venezuela

Al cierre, Pérez Pirela se enfocó en la ruptura de las relaciones colombovenezolanas, pues es otro asunto con el que tendrá que lidiar el sucesor de Iván Duque.

A este respecto recordó que en sus cuatro años de gobierno, el saliente gobernante se encargó de torpedear y socavar las relaciones bilaterales, que ya habían pasado varias etapas turbulentas durante las administraciones de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

Sin embargo, a su parecer, Duque llevó la conflictividad a una cota más alta, al convertirse en el principal patrocinador regional del pseudogobierno de usurpación de Juan Guaidó y respaldar distintas tentativas sediciosas con narcoparamilitares organizadas desde Colombia.

El analista puntualizó que Caracas rompió nexos diplomáticos con Bogotá en 2019 por haber reconocido a Guaidó y participado en un intento de invasión desde territorio colombiano y ni siquiera la pandemia logró apaciguar el conflicto.

Desde su punto de vista, no cabe ninguna duda de que el inquilino de la Casa de Nariño ha sido una de las voces más insistentes en la solicitud de imposición de sanciones contra Venezuela y no ha dudado en usar a los migrantes venezolanos como una herramienta para conseguir fondos de organizaciones internacionales, al tiempo que ha sido incapaz de ofrecerles garantías para una vida digna.

Tanto es así, indicó, a pocas semanas de abandonar el cargo, Iván Duque se mantiene firme en la política de cerco contra Venezuela impuesta desde la Casa Blanca y continúa fungiendo como el principal vocero de Washington en el continente.

De eso da cuenta sus recientes comentarios en relación con la disposición de Estados Unidos para aliviar muy parcialmente las sanciones que impuso sobre la industria petrolera venezolana, iniciativa que el presidente colombiano calificó como un «triunfo del cerco diplomático» que pesa sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

En sus dichos, Miraflores retomaría las conversaciones con el ala extremista de la oposición por «la presión internacional», al tiempo que Maduro denunció que en contubernio con agentes locales, su par neogranadino continúa impulsando y apoyando planes desestabilizadores para forzar su salida del poder.

Sobre este asunto indicó que el pasado fin de semana aseguró que desde Bogotá se fraguaban planes para perpetrar ataques terroristas y el 23 de mayo precisó que se habían perpetrado acciones contra dos refinerías y el Sistema Eléctrico Nacional.

El jefe de Estado señaló como responsable de estos intentos de sabotaje a su homólogo colombiano, Iván Duque: «Detrás de esto están los planes de Duque, que está loco, herido, supurando odio contra Venezuela».

Además informó que recientemente la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, también conocida como Complejo Hidroeléctrico de Guri fue víctima de dos ataques a su sistema operativo.

En una intervención previa, dijo para concluir, Maduro advirtió que en la capital colombiana tuvo lugar «una reunión de extremistas» en la que los participantes habrían recibido «la orden de Duque de, antes de que se vaya el 7 de agosto de la presidencia, profundizar los ataques terroristas y el sabotaje de la vida social y de los servicios públicos de Venezuela».

(LaIguana.TV)

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