La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en América del Sur instó al gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador y a quienes encabezan las manifestaciones antigubernamentales a «iniciar de forma urgente un diálogo significativo y de buena fe», para frenar «las tensiones y violencia en el marco de recientes protestas convocadas por movimientos indígenas y otros sectores en el país», según se lee en un comunicado publicado este viernes en su sitio web.

Jan Jarab, jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, subrayó que «todas las partes deben redoblar sus esfuerzos para encontrar vías de diálogo efectivo que ponga fin a la violencia».

En el texto se puntualiza que «según informaciones, al menos cuatro personas han fallecido y una centena se encontrarían heridas a raíz de actos de violencia en el marco de las movilizaciones», lo que se completa con el reconocimiento de la existencia de reportes en los que se denuncia el uso indebido «de armas y munición menos letal por parte de agentes del Estado, como también de acciones violentas de particulares».

En ese orden, Jarab exhortó a las autoridades a realizar una «investigación pronta y exhaustiva» de los hechos –a los que calificó de «graves»– y destacó que la contención de las protestas y el mantenimiento del orden público debe hacerse conforme a los «principios de necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas».

Desde ONU Derechos Humanos en América del Sur se cuestionó el uso masivo de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y se recordó a las autoridades ecuatorianas que su uso «debe ser excepcional y solo si es estrictamente necesario, a distancia de los establecimientos de educación y salud», al tiempo que se conminó a los cuerpos de seguridad del Estado a «actuar con apego irrestricto a las normas internacionales de derechos humanos».

En otro punto del comunicado se precisa que «ONU Derechos Humanos también ha recibido información inquietante sobre ataques y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos que ejercen su rol durante las protestas, como también contra comunicadores, personal médico e instalaciones de salud».

Así las cosas, el jefe de la oficina regional manifestó su rechazo enérgico a «todos los actos de violencia cometidos por particulares» y solicitó «a las autoridades a realizar la debida distinción entre manifestantes pacíficos y grupos o individuos que recurren a la violencia».

De otro lado, se insistió al gobierno de Lasso a «brindar protección y garantizar las necesidades básicas de grupos específicos como mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores que puedan encontrarse en vulnerabilidad».

Esta declaratoria se produce solo después del día 12 de protestas generalizadas en Ecuador, que han estado caracterizadas por una fuerte represión y han dejado cuatro personas fallecidas y cientos más han recibido alguna clase de heridas.

De su lado, la administración de Guillermo Lasso acusó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) de «generar un golpe de Estado» con el pretexto de ejercer su derecho a la protesta y advirtió que la Policía Nacional y el Ejército «actuarán con los medios necesarios para defender, dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza el orden público y la democracia».

Entretanto, la tarde de este viernes, la bancada de Unión por la Esperanza (UNES, correísmo), primera minoría en la Asamblea Nacional, anunció que discutirá la posible destitución del gobernante.

Los 47 parlamentarios anunciaron que renunciarían a su curul para que, según la Constitución vigente, se realicen elecciones anticipadas y se renueven tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Sin embargo, ni siquiera con la adición de los diputados de Pachakutik, brazo político de la Conaie, alcanzan los 92 votos que requieren para que la iniciativa prospere.

(LaIguana.TV)

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