El exconsejero de la Presidencia de Colombia, Emilio Archila, acudió este viernes a prestar declaración ante la Fiscalía, que investiga de modo preliminar presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a proyectos de desarrollo en áreas afectadas por el conflicto armado.

De acuerdo con medios locales, alrededor de 500.000 millones de pesos colombianos (cerca de 120 millones de dólares) destinados a proyectos de paz fueron a manos de alcaldes, senadores y funcionarios públicos en calidad de coimas.

Estos fondos iban destinados al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD-PAZ) para costear iniciativas de desarrollo en 170 municipios golpeados por la guerra y la pobreza, y de ese modo ayudar a implementar el Acuerdo de Paz firmado en 2016 por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Archila ha insistido en que denunció esas irregularidades desde inicios de 2021 para que fuesen investigadas.

Al respecto, la Procuraduría General anunció este jueves que adelanta 24 acciones disciplinarias sobre dichas irregularidades.

La entidad precisó que praciica pruebas para «verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares de funcionarios que habrían afectado el correcto uso de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR)».

Los proyectos pertenecían a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en municipios priorizados para el periodo posconflicto, ubicados fundamentalmente en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

En particular, el Ministerio Público analizará 27 proyectos de inversión aprobados por el OCAD-PAZ. De acuerdo con el organismo, se “observó riesgos y presuntas irregularidades en la ejecución de estas iniciativas que dieron lugar a abrir diez indagaciones previas y dos investigaciones disciplinarias”.

Recientemente, una investigación periodística sacó a la luz que funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de la Contraloría y un grupo de congresistas colombianos crearon un entramado para supuestamente apropiarse de más del diez por ciento de los recursos de ese fondo para proyectos de paz.

(teleSUR)

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