El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, llegó hoy a la central provincia de Coclé y designó una comisión del Gobierno para responder a reclamos sociales de una mesa única de diálogo con movimientos populares.

Desde el Hotel Coclé, el mandatario precisó que el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, será el enlace del Ejecutivo con las organizaciones que desde hace 18 días protestan en las calles contra el alto costo de la vida.

También designó a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, para que asuma la secretaría técnica en los ocho temas prioritarios a consideración de los manifestantes, al tiempo que prometió dar apoyo irrestricto al diálogo.

El gobernante anunció además que instruyó al titular de la cartera de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, a que la semana próxima presente en el Consejo de Gabinete la derogación de dos leyes que favorecen incentivos al turismo, para luego ser enviadas a la Asamblea Nacional (parlamento) para su aprobación.

Las llamadas leyes 122 y 314 han sido criticadas por expertos, e incluso por los mismos hoteleros; y por las organizaciones populares ya que no resuelven los verdaderos problemas de esa industria, además de que entrañan millonarios desembolsos del Presupuesto solo en beneficio de unos cinco poderosos grupos económicos.

Cortizo solicitó también que se levanten los cierres de carreteras que afectan la distribución de alimentos, a pacientes con cáncer que requieren tratamientos y a los pequeños productores. “No podemos hacernos daños entre nosotros”, remarcó.

La mesa de diálogo se instaló definitivamente en el Centro Cristo Sembrador de la Diócesis de Penonomé, en Coclé, con palabras del Arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa y otros representantes de la Iglesia católica que funge como facilitadora de estas pláticas.

La ministra Zapata saludó a su turno este esfuerzo de conciliación, y a nombre del Gobierno opinó que comparten las inquietudes de las personas que se manifiestan en las calles, todos integrantes de un país noble pero de enormes desigualdades, opinó.

En medio de un complejo escenario en unos tres años de esta administración, dijo, confiamos en el diálogo y traigo el compromiso de encontrar juntos soluciones a los asuntos prioritarios de la agenda y que se pueda ir a las comunidades con respuestas concretas que la población espera en función de mayor calidad de vida.

Los primeros debates se concentraron en aspectos relacionados con la metodología al abordar punto por punto en plenaria, en primer lugar la rebaja y congelamiento de los precios de la canasta básica sin afectar al productor.

Entre otros temas establecidos con antelación por las organizaciones sociales sobresalen las altas cotizaciones del combustible, los medicamentos y la energía eléctrica y que se dedique al menos el 6,0 por ciento del Producto Interno Bruto al sistema educativo.

También evaluarán cómo resolver los problemas de la situación de la Caja de Seguro Social sin privatizar y las vías para enfrentar la corrupción. Demandaron además establecer mesas intersectoriales y de seguimiento a todos estos asuntos.

A los líderes de la alianza Pueblo Unido por la Vida, grupos de la comarca Ngäbe Bugle, campesinos y la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo), se sumaron este jueves representantes de la Asociación de Educadores Veragüenses.

La víspera la mesa de diálogo se vio empañada por la represión de unidades policiales contra manifestantes en las provincias de Veraguas y Panamá Este, así como acciones violentas de personas ajenas a los colectivos en huelga que retuvieron a una carga humanitaria que desde Chiriquí transitaba hacia la capital con alimentos, agua, medicinas, gas y combustible.

(Prensa Latina)

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