Guaicoima Cuius Cortesia, Manuel Rodríguez Armesto, Nelson Lugo Cordero y Carlos Suárez Villarroel son los 4 integrantes de la junta ad hoc BCV («nombrados» por Guaidó 2019) que, de acuerdo con autoridades británicas, tendrían control del oro de Venezuela secuestrado en el Banco de Inglaterra.
 
Así lo reveló el portal de investigación La Tabla a través de un hilo que publicó en su usuario de la red social Twitter. 
 
Explicó que inicialmente la junta designada el 13 de agosto de 2019 la encabezó Ricardo Villasmil Bond, quien renunció en el referido mes de 2020. Seguidamente, Guaidó nombró a Rodríguez Armesto como presidente, y en la actualidad es el que representa al BCV según el reconocimiento de UK. 
 
El medio detalló que el proceso judicial en Londres lo lleva el bufete Arnold&Porter, un despacho legal que hasta febrero de 2019 contrató entidades del gobierno de Nicolás Maduro. “No ‘aguantó dos pedidas para saltar la talanquera’ y ponerse al servicio de Guaidó”, comentó La Tabla.
 
La mencionada firma recibió por sus servicios jurídicos en el caso del oro pagos por encima de 6 millones de dólares hasta junio de 2021. No hay datos en cuanto a los montos cobrados en los últimos 12 meses.
 
Los antecedentes delictivos de los «secuaces» de Guaidó en el BCV se remontan a unas dos décadas atrás.
 
Según La Tabla, la junta usurpadora del BCV electa por la banda Guaidó pagó más 6,5 millones de dólares en gastos legales con el objetivo de hacerse del oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra y de otros activos. Más del 90% fue cancelado a solo Arnold &Porter.
 
Lo expuesto lo señaló el director de la “junta” en septiembre de 2020, Manuel Rodríguez Armesto el cual tomó la «presidencia» luego que Ricardo Villasmil dejó el cargo a finales de julio en la «Comisión Delegada» online de la extinta Asamblea Nacional.
 
Son 7 pagos por $6.552.512,12 desde el 23 de enero de hasta el más reciente con fecha de 3 de junio de 2021. Arnold Porter obtuvo más de 6 millones, incluidos los 532 mil $$ de costas judiciales (del bufete de la junta real del BCV), como muestra la condena de la corte londinense donde fueron vencidos.
 
El único pago, diferente a Arnold & Porter, es uno por 500 mil $$, que se emitió el 13 de mayo al bufete Sullivan & Cromwell. Se trata del mismo despacho que en febrero de 2019 cuando inició el «gobierno de fantasía» intervino como tercero, en representación de tenedores de deuda, en el juicio Crystallex.
 
De Arnold Porter se supo que fue uno de los primeros bufetes que se «alineó» con la banda de Guaidó. Hasta entonces trabajaba para el gobierno de Nicolas Maduro.
 
Los recursos usados en estos pagos corresponden a una cuenta del BCV en el Citi, congelada en 2017, con 346 millones de dólares, que fueron «robados» por el Tesoro gringo y puestos en una cuenta de la Reserva Federal. Todas las transacciones deben ser autorizadas por el gobierno de EE.UU.
 
 
Otro historial delictivo de un aliado de Guaidó 
 
La Directora del BCV-Guaidó recibió dos veces aportes del banco para compra fraudulenta de quinta en Prados del Este – Giácoma Cuius Cortesía, también defraudó  al ente emisor en 2003 cuando  se desempeñó como vicepresidenta de operaciones internacionales.
 
La funcionaria solicitó y recibió del BCV un aporte especial para la compra-venta de la quinta Criselyn en Prados del Este, transacción declarada nula por un tribunal ya que  usurpó se la identidad del propietario en el registro inmobiliario con una cédula de identidad. 
 
El BCV emitió inicialmente 6 cheques por un total de Bs. 80.437.000: No. 80016472 por Bs. 9.020.000, No. 0421059390 por 8.139.000, No. 36016633 por Bs. 3.798.000, No. 70016515 por 9.850.000, No. 60014293 por Bs. 40.000.000 y No. 62003540 por Bs. 9.630.000, todos en octubre de 2003. 
 
Sin embargo, Giácoma Cuius notificó al BCV que había sido estafada y “se había quedado en la calle”, posterior a la denuncia y demanda del verdadero dueño de la quinta, nuevamente le entregaron un aporte, según reveló trabajador del ente emisor que estuvo al tanto de los hechos.
 
Documentos del juicio precisaron que ni Cuius ni su esposo, Arquímedes Espinoza, alegaron haber sido estafados y tampoco atendieron la invitación del dueño a buscar un arreglo «amistoso». Por el contrario, siguieron con el litigio hasta 2014 aseverando que compraron en Ley.
 
(LaIguana.TV) 

 

 

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