El nombre de Carlos Súarez Villarroel figura como uno de los miembros de la «junta directiva ad-hoc» del Banco Central de Venezuela designados por el exdiputado Juan Guaidó, a quien la justicia británica estaría eventualmente otorgando el control de las 31 toneladas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra.

En una pesquisa realizada por La Tabla, se asegura que Suárez Villarroel «tiene el perfil más opaco» de todos los que conforman el grupo, integrado además por Guaicoima Cuius Cortesía, Manuel Rodríguez Armesto y Nelson Lugo Cordero, quienes en épocas pretéritas tuvieron vínculos con el ente emisor venezolano.

En contraste, Carlos Suárez Villarroel, un abogado de 51 años, se ha desempeñado en los últimos años en el sector privado, específicamente en compañías ligadas al sector automovilístico, como se desprende de su paso por la gerencia de Asuntos Gubernamentales de Ford (2010-2015) y su desempeño en un cargo homónimo en Good Year entre 2015 y 2017.

La Tabla apunta que «su retorno a Caracas estuvo determinado por su contratación por las dos transnacionales de las industrias automotriz y de neumáticos que se adelantaban al impacto de las sanciones».

Siempre siguiendo esta fuente periodística –que basa sus investigaciones casi exclusivamente en datos abiertos–, Súarez Villarroel abandonó Venezuela en 2017, cuando se suspendió la venta de dólares preferenciales a través de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi).

Sin embargo, también hay constancia de su ejercicio en la administración pública. Desde una fecha no especificada hasta 2004 trabajó en la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), fecha en la que migró al sur de la Florida (Estados Unidos).

El portal venezolano refiere que en el presente, Suárez Villarroel reside en el llamado estado del Sol, donde cumple funciones como «socio o empleado» de Global TAX PA, «una firma de abogados venezolanos» asentado en Doral, donde también vive el «presidente» del BCV designado por Guaidó.

El bufete Global Tax fue apuntalado dentro del interinato de Juan Guaidó por Jonathan Montiel López, quien fue nombrado en octubre de 2020, miembro del «Consejo de Defensa Judicial«, «una estructura de reparto del botín producto del saqueo de activos de la República en el extranjero», puntualiza la pesquisa.

Según consta en una reseña fechada el 15 de octubre de 2020, Montiel está solicitado por el Tribunal Primero Especial Antiterrorista desde el 5 de octubre de ese año, por su presunta implicación en un plan de despojo de activos de Venezuela en el extranjero.

Por estos hechos también tienen orden de captura el dirigente de Voluntad Popular Gabriel Alejandro Gallo Garrido, el dirigente de Primero Justicia Romer Ángel Rubio Flores, la abogada de bufetes corporativos Arghemar Pérez Sanguinetti, el abogado tributario Freddy José Orlando Suárez y el empresario David José Federico Natera Bilancieri.

(LaIguana.TV)