Un juez de Washington DC ordenó a Venezuela pagar cerca de 8.700 millones de dólares a la trasnacional ConocoPhillips como compensación por, supuestamente, haberse «apoderado» de intereses de la empresa en proyectos de crudo, reseña Bloomberg citando documentos del caso ConocoPhillips versus Venezuela, 19-cv-00683.
Según detalla la agencia estadounidense, el fallo emitido el pasado viernes por el juez de distrito Carl Nichols pretende «hacer cumplir un laudo arbitral que ConocoPhillips ganó en 2019», sobre la base de que el Estado venezolano «no compareció ni respondió con documentos judiciales».
Más precisamente, en el documento se indica que a pesar de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por la Casa Blanca, Venezuela tendría que desembolsarle a la firma «8.500 millones de dólares en daños, más alrededor de 22 millones de dólares por el reembolso de los costos legales».
Siempre siguiendo esta versión, el fundamento de esta decisión es otra de la Convención Internacional sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que data de 2013, en la que se dictaminó que Venezuela se había apoderado de tres proyectos petroleros que gestionaba la empresa, sin pagarle la correspondiente compensación.
Desde 2019, cuando el gobierno estadounidense respaldó al autoproclamado Juan Guaidó como «presidente interino» de Venezuela y le otorgó el control efectivo de Citgo Petroleum, principal activo del país en el extranjero, ConocoPhillips ha intentado cobrar la presunta deuda con base en las acciones de la refinadora venezolana.
Pese a que las cortes estadounidenses han fallado en repetidas ocasiones a favor de la trasnacional, el cobro no se ha hecho efectivo por una medida del Departamento del Tesoro, que impide la liquidación de los activos de la otrora lucrativa compañía hasta 2023.
De otro lado, investigaciones realizadas por el Estado venezolano y fuentes periodísticas como La Tabla o Argus, revelaron que José Ignacio Hernández, designado «procurador especial» en la pretendida administración de Guaidó, fue uno de los expertos contratados por ConocoPhillips en el caso contra Venezuela.
Además se le atribuye la estrategia de exigir el cobro de las supuestas acreencias en tribunales de los Estados Unidos, con cargo a los activos venezolanos, que ya ha implementado –hasta ahora, sin concreción, aunque con fallos favorables– el ‘holding’ sucesor de la minera canadiense Crystallex.
(LaIguana.TV)
