El Gobierno colombiano instaló el pasado sábado el primer Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMU) en el municipio de Caldono, ubicado en el departamento del Cauca, una de las entidades con el mayor número de asesinatos de líderes sociales en el país suramericano.

Esta medida se toma cuando los homicidios de líderes sociales y defensores de los derechos humanos de este año rebasaron la centena y presentan un aumento con respecto a 2021.

Como telón de fondo, está el clamor de las comunidades más apartadas, que piden la atención integral del Estado más allá de la habitual respuesta militar contra los grupos armados en disputa por el control territorial.

«Lograr la seguridad rápida»

La inauguración de la instalación del PMU estuvo a cargo de los ministros del Interior, Alfonso Prada; de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; y de Ambiente, Susana Muhamad. En el evento también participaron el presidente del Senado, Roy Barreras; miembros de la Comisión de Paz, liderada por los congresistas Iván Cepeda y Ariel Ávila; el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda; y el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, entre otros.

Durante la actividad, que ha sido impulsada por la Comisión de Paz del Senado, Prada afirmó que el propósito es «trabajar frente a las amenazas que ponen en peligro la vida de líderes sociales, defensores de los derechos humanos, ambientales y firmantes de la paz», recoge la página web del Ministerio del Interior.

El titular de la cartera del Interior afirmó que se busca «lograr la seguridad rápida en modo de prevención» y «no en modo de tristeza», como cuando se conoce la noticia sobre el asesinato de un nuevo líder comunitario.

 La Organización de las Naciones Unidas (ONU), que continuamente ha alertado sobre el peligro que corren los defensores de los derechos humanos y los exguerrilleros, también compartió en las redes imágenes de su participación en la instalación del primer PMU en ese municipio del Cauca.

¿Cuál es el objetivo de los PMU?

El principal objetivo es atender la demanda recurrente de las organizaciones sociales, comunidades y víctimas de la violencia: la presencia estatal en las regiones más golpeadas por el conflicto armado, para así garantizar la seguridad de los luchadores comunitarios y evitar que sean asesinados.

El departamento del Cauca, el primero en ser visitado por este grupo interinstitucional, presenta el mayor número de homicidios de líderes sociales junto con Nariño, Valle del Cauca y Putumayo.

Los municipios más golpeados por estos homicidios son: Argelia (Cauca), Roberto Payán y Tumaco (Nariño), Tibú (Norte de Santander) e Ituango (Antioquia).

En Colombia, según el medio Cuarto de Hora, se han identificado, por lo menos, 77 municipios donde se espera instalar puestos de mando. En estas visitas se dará prioridad a las comunidades indígenas, que han denunciado «exterminio», por parte de grupos armados, compañías trasnacionales de explotación de recursos naturales y empresas agrícolas; a afrodescendientes, líderes sociales y campesinos.

Función preventiva

La Comisión de Paz del Senado afirmó que se busca cambiar el tipo de presencia estatal en las zonas afectadas para priorizar la prevención y no los «consejos de seguridad después de cada muerte violenta».

Durante el mandato del anterior Gobierno era común que las autoridades de seguridad estatales se trasladaran a los lugares donde habían ocurrido hechos de violencia para tener un primer acercamiento con alcaldes y gobernadores.

En estas actividades se anunciaba el despliegue de los miembros de la Fuerza Pública y se ofrecían recompensas por información que ayudara a capturar a los responsables. Este modelo de acción del Estado fue rechazado por las organizaciones sociales, que lo catalogaron de ineficiente debido a que era coyuntural y la cifra de homicidios no disminuía.

El plan de choque

El senador Cepeda escribió en su cuenta de Twitter que se iniciaba un plan de choque para salvaguardar la vida de los líderes sociales y los firmantes del acuerdo de paz. Esta propuesta contemplaba, como una de sus primeras acciones, los puestos de mando unificados.

A principios de agosto, este plan de emergencia fue propuesto a la Comisión de Paz por varias plataformas de los derechos humanos y organizaciones sociales, para que fuera ejecutado en los primeros cien días del nuevo Gobierno.

Estas organizaciones plantearon la necesidad de que se articularan políticas públicas para prevenir este tipo de crímenes. Entre los ejes propuestos se encuentran:

  • Generar una respuesta rápida por parte del Estado en los lugares donde se incrementen las agresiones.
  • Poner en marcha acciones preventivas.
  • Configurar una política pública de garantías.
  • Derogar el Plan de Acción Oportuna, implantado por el expresidente Iván Duque, que ponía la atención en la respuesta militar, que se considera «ineficaz».

El plan de emergencia tuvo la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y busca que se articulen los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Justicia, la Presidencia y la Fiscalía.

Además de los puestos de mando unificado, se propone una mayor presencia del Estado y de los organismos internacionales en los territorios donde se enfrentan los grupos armados, acciones articuladas entre los miembros de la comunidad y las autoridades, reubicación de las personas en riesgo, declaración de emergencia humanitaria, prohibición de llevar armas, suspensión de la erradicación de cultivos ilícitos, entre otras medidas.

Las capitales que tienen prioridad son Barranquilla (Atlántico), Bucaramanga (Santander), Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia), Popayán (Cauca) y Santa Marta (Magdalena).

Alertas no atendidas

Durante la instalación de los puestos de mando, el ministro del Interior ordenó «dar cumplimiento inmediato» a las alertas tempranas hechas por la Defensoría del Pueblo, donde se advierte sobre el riesgo que corren determinadas poblaciones por la presencia de grupos armados en disputa.

Generalmente, los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes ocurren en poblaciones donde la Defensoría del Pueblo hizo algún tipo de alerta, incluso años antes.

En cuanto a la cifra de decesos, la Defensoría del Pueblo informó recientemente que entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año hubo 122 homicidios de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, lo que representa un incremento si se compara con el mismo periodo de 2021, cuando hubo 90 casos.

Por su parte, Indepaz maneja el número de 114 muertes de este tipo hasta el 7 de agosto. Esta organización no gubernamental determinó que durante el Gobierno de Duque hubo 957 líderes sociales asesinados, al igual que 261 excombatientes. Del mismo modo, contabilizó 313 masacres que dejaron 1.192 víctimas.

Aunque se habla de líderes sociales de manera genérica, en ese grupo entran defensores ambientales o autoridades indígenas; campesinos y pequeños productores; luchadores comunitarios; mujeres que desarrollan trabajo social; integrantes de las comunidades afrodescendientes y miembros de grupos organizados, entre otros. Todos ellos se centran en la acción social como una manera de suplir la ausencia estatal.

(RT)

 

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