Un tribunal de apelaciones del estado de Florida (EEUU) anuló la orden de un juez federal que ordenaba utilizar los activos confiscados del empresario venezolano Samark López para indemnizar a la ciudadanos que fueron víctimas de secuestro por parte de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), reseña The Associated Press (AP).
Este fallo echa por tierra la decisión de 2020, en la que se ordenaba entregar 318 millones de dólares aparentemente pertenecientes a López, a Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes, tres «excontratistas de seguridad» que permanecieron retenidos durante años por el grupo insurgente tras haberse precipitado en la selva cuando viajaban en un avión.
Según detalla la agencia estadounidense, los abogados del venezolano consiguieron el testimonio del exfiscal Dick Gregorie –conocido en los circuitos judiciales por haber conseguido la condena del general panameño Manuel Antonio Noriega y otros «cientos de narcos»– para argumentar «que el gobierno de Estados Unidos y los demandantes no habían presentado ninguna prueba que vinculara a López, ni siquiera indirectamente, con los rebeldes».
Los alegatos fueron lo suficientemente convincentes como para que el panel de apelaciones decidiera remitir el caso a una corte inferior y estableciera que los bienes incautados a Samark López se entregaran a las víctimas de las FARC, solo si un jurado lograba demostrar una relación entre él y la desmovilizada guerrilla.
AP asegura que el juez de la causa, Adalberto Jordan, comparó estas acusaciones con una forma popular en los Estados Unidos del conocido experimento «seis grados de separación», que establece como premisa que la cadena de conocidos entre dos personas cualesquiera en el mundo, tiene un tope de seis personas, independientemente de su fama o posición.
En ese orden –y citando el fallo judicial–, esta fuente apunta que «el sentido común indica que cuanto más atenuado sea el vínculo, más difícil será probarlo», por lo que «esta evidencia, vista colectivamente y tomada de la manera más favorable a los apelantes de López, creó cuestiones materiales de hecho en cuanto a si el Sr. López y sus empresas eran agencias o instrumentos de las FARC».
Agencias de inteligencia de los Estados Unidos sostienen que López es un «poderoso» empresario cercano al gobierno de Venezuela, ligado estrechamente al actual ministro de Petróleo, Tareck el Aissami.
En 2017, la justicia estadounidense los señaló a ambos de ser «capos del narcotráfico» y sindicó a López de ser testaferro de El Aissami. Según el Departamento de Justicia, el político habría recurrido a esta figura con el objetivo de ocultar ganancias derivadas de la exportación de cocaína hacia los Estados Unidos.
Ambos han negado reiteradamente estas incriminaciones y siete años más tarde, los fiscales no han logrado mostrar pruebas que sustenten sus señalamientos. Por su lado, Washington no ha sacado al alto funcionario de sus listas negras ni ha cesado las acciones jurídicas contra el empresario. Incluso, en 2020, el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, ofreció cinco millones de dólares por cualquier información que condujera a su captura.
El informe de AP puntualiza que «las FARC no fueron mencionadas por su nombre cuando López y El Aissami fueron sancionados y los únicos cargos penales conocidos contra los dos hombres son por supuestamente fletar vuelos privados en Estados Unidos en violación de las sanciones, no por narcotráfico».
De hecho, la violación de las medidas coercitivas unilaterales fue la rama de la que se colgó una corte del estado de Nueva York para congelar «yates, aviones, propiedades inmobiliarias de lujo en Miami y una cuenta de Citibank de 269 millones de dólares» que, en su decir, pertenecerían a López.
(LaIguana.TV)
