Un nuevo equipo de abogados asumió la defensa de los 19 tripulantes del avión Boeing 747 de Emtrasur retenido irregularmente en Ezeiza (Argentina) y tras un cambio de estrategia, aspiran conseguir la liberación de 14 venezolanos y cinco iraníes, sobre quienes se impusieron prohibiciones de salida del país, pese a que no les ha sido imputado ningún delito.

«La causa es un desastre. Tenemos un caso inicial y sostenido por la justicia argentina sobre la base de nada, no hay ningún elemento de prueba de cada una de las sospechas o de terrorismo o de lavado de activos», sostuvo una de las representantes legales de los tripulantes en conversación con la periodista Madelein García, corresponsal de la multiestatal teleSUR.

Los abogados refirieron que tras iniciar diligencias para conseguir la nulidad de los fallos anteriores, ahora se concentrarán en dos audiencias que se celebrarán en la Cámara de Apelaciones de la ciudad de La Plata.

En decir de otro de los defensores, esa instancia de justicia federal «ha tenido antecedentes de mucha dignidad en muchos casos», por lo que confía «en que ellos reparen el primer daño, el más visible, el más urgente (…) que es que estas 19 personas estén alejadas de sus familias».

Un adversario tutelado desde Washington

Sin embargo, aunque las irregularidades del caso son públicas y no se ha podido comprobar ningún delito, no puede asegurarse que estas 19 personas puedan regresar a sus hogares en el futuro cercano y mucho menos que el avión confiscado ilegalmente sea devuelto al Estado venezolano, pues en ambas situaciones está involucrado el mismo actor: el gobierno de los Estados Unidos.

García, que está destacada en Buenos Aires para hacer seguimiento del caso, advierte que «con la defensa coinciden muchos sectores en Argentina, desde los intelectuales hasta los movimientos sociales, que denuncian una dictadura del Poder Judicial, que si es capaz de armar un expediente falso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin duda lo hizo con el avión y su tripulación».

Razones no faltan para estos resquemores. Investigaciones periodísticas realizadas a través de fuentes abiertas –que pueden ser consultadas por cualquier persona– que fueron consultadas por ella a propósito del caso Emtrasur refieren que «en el año 2016, agentes del FBI y del Departamento de Justicia dictaron talleres de capacitación dirigidos a jueces de Argentina».

Asimismo, una denuncia interpuesta por la Asociación de Abogados de Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas señala al Poder Judicial de ese país de «estar cooptado por injerencias político-partidarias, convirtiéndose en exponente de un proceso regresivo que afecta la independencia e imparcialidad de todo el sistema de justicia federal».

El antecedente de los numerosos intentos de judicializar a Fernández de Kirchner para obstruir su carrera política, hace que el equipo defensor considere que el caso de Emtrasur califique como ‘lawfare’.

«Hay un sector de la sociedad argentina que no solo está subordinado a los Estados Unidos en ocasiones, sino a intereses inexplicables, a decisiones políticas, a tendencias políticas (…). Han dado un ejemplo excepcional, de primer orden, de lo que llamamos ‘lawfare'», aseveró uno de los defensores a teleSUR.

Adicionalmente, la defensa destacó que los organismos de seguridad de Argentina «no dejan de seguir los movimientos de la tripulación, especialmente a los iraníes, en una clara (…) discriminación racial y violación a los derechos humanos».

(LaIguana.TV)