Este 8 de septiembre, la defensa de los 19 tripulantes –14 venezolanos y 5 iraníes– del Boeing 747 de Emtrasur retenido ilegalmente en Argentina concurrió a la Cámara de Apelaciones de La Plata para demandar su liberación inmediata, en virtud de la incapacidad de la justicia para imputarles delito alguno.

Según se detalla en un comunicado de prensa, Mariana Barbitta, representante legal de la tripulación venezolana, subrayó el carácter político del caso, argumentó a favor de «levantar la prohibición de salida del país sobre 11 de sus defendidos/as» –decisión tomada a inicios de agosto y que luego fue recusada– y exhortó a la Cámara a «revocar el punto que resolvió mantener las medidas –obligación de permanecer en suelo argentino– sobre tres de sus asistidos».

Asimismo, se indica que la defensora empleó como argumentos centrales «el hecho de que ninguna de las más de 180 pruebas producidas vincule a sus defendidos con la comisión de un delito, la inexistencia de riesgos procesales y la constante sujeción a derecho que ha tenido la tripulación desde el primer día».

En la misma línea, Barbitta puso sobre la mesa «las afectaciones que se encuentran padeciendo sus representados» por «la restricción a sus derechos humanos fundamentales».

«La defensa demostró con contundencia que al accionar que ha tenido el poder judicial hasta el momento en esta causa, ha respondido únicamente a presiones políticas y mediáticas, avasallando las disposiciones legales vigentes en materias cautelares (sic), y los principios constitucionales que rigen el debido proceso en un Estado de derecho».

Trascendió que al concluir la audiencia, las autoridades escucharon los testimonios de Vicente Ragas Tenias (piloto) y Víctor Pérez (gerente de Emtrasur), quienes expusieron en detalle «las consecuencias» derivadas de lo que califican como una «causa penal arbitrariamente creada y la urgente necesidad de volver a sus países».

Por autorización de la Cámara de Apelaciones de La Plata, el acto judicial fue presenciado virtualmente por las autoridades de la embajada venezolana en Buenos Aires y del Ministerio de Transporte de Venezuela, así como por los familiares de los imputados.

La situación judicial de los cinco instructores iraníes

Los cinco instructores iraníes estuvieron representados por los abogados Roberto Rallín y Francisco Oneto, quienes se dedicaron a recusar la decisión del juez Federico Villena de obligar a permanecer en Argentina a cuatro de ellos y revocar la autorización para marcharse a su país que recibió el otro tripulante.

«El Dr. Roberto Rallín reseñó la prueba producida en el expediente, la cual demostraba que la actividad de los tripulantes era totalmente normal, destacando que luego de tres meses de instrucción, con más de 150 medidas de prueba producidas y más de 30 cuerpos de expediente, la justicia ni siquiera había podido individualizar las razones por las que se los estaba investigando, ni lograr individualizar elementos de prueba que sustenten las medidas restrictivas dictadas. Del mismo modo señaló la incorporación y utilización ilegítima de informes de inteligencia aportados por el FBI para sustentar la decisión», reza parte de un comunicado entregado por la defensa a los medios.

De su lado, Oneto «planteó que lo que se pretendía aplicar en el caso era una medida precautelar, que no existe en el derecho penal, y que al contrario que lo que manifestó el juez Villena (…), logró demostrar que la prueba no se produce para descartar la culpabilidad sino para acreditarla, manifestando que, en definitiva, el juez incurrió en un razonamiento circular e inconstitucional con el único objetivo de ‘tapar’ los vicios de razonamiento».

En su criterio, el juez argentino «encuadró su accionar en una manifiesta operación de pesca, tendiente a poder identificar algo que los pudiera incriminar», al tiempo que denunció que sobre la base de este «razonamiento equivocado», se pretendió «impedir la salida del país» de «cinco seres humanos cuyas familias los esperan en su país».

(LaIguana.TV)

 

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