Apenas un mes después de que el presidente Gustavo Petro asumiera la primera magistratura en Colombia, las relaciones bilaterales con Venezuela han experimentado un giro de 180 grados, luego de tres años y medio de suspensión y más de una década de tensiones.

A poco de triunfar en los comicios presidenciales del 19 de junio, Petro marcó distancia de su predecesor, Iván Duque, y el día 22 de ese mismo mes, levantó el teléfono y llamó a Maduro.

Según refirieron los mandatarios en las redes sociales, en el intercambio manifestaron su disposición de rehabilitar plenamente y con bases sólidas los nexos binacionales, rotos durante la administración de Duque en razón de su desconocimiento de las autoridades legítimas de Venezuela y su respaldo a distintas tentativas sediciosas contra el Gobierno Bolivariano.

Muy rápidamente quedó claro que mediaban urgencias para recomponer los lazos bilaterales, pues apenas cuatro días más tarde, el entonces canciller designado –ahora en titularidad del cargo–, Álvaro Leyva Durán, acudió a San Cristóbal (Táchira) para reunirse en persona con el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Carlos Faría, e informó que el proceso de reactivación comenzaría el mismo 7 de agosto, una vez Petro se posesionara.

Las afirmaciones de Leyva resultaron ser completamente veraces, pues el 8 de agosto, Maduro anunció la designación del excanciller y exembajador de Venezuela en China, Felix Plasencia, como representante de Miraflores ante la Casa de Nariño.

En reciprocidad, Petro comunicó el nombramiento de Armando Benedetti, expresidente del Congreso colombiano previamente ligado al expresidente Juan Manuel Santos de alto perfil mediático, como embajador neogranadino en Venezuela.

Desde el principio, la reapertura de los 2.219 kilómetros de la extensa frontera común ha sido un tema central, tanto en lo que corresponde a los flujos migratorios como en lo tocante al comercio, que hasta 2015, cuando se suspendió el tránsito de mercancías, fue una fuente importante de ingresos para Colombia.

Así las cosas, el 19 de agosto se celebró en Cúcuta, Norte de Santander, una cumbre denominada «Acuerdo de la Frontera«, en la que participaron empresarios de los dos países y funcionarios colombianos, incluidos el titular de la cartera de Transporte, Guillermo Reyes y el embajador designado, Armando Benedetti.

Benedetti arribó a Venezuela el 28 de agosto. Al día siguiente tomó posesión de su cargo y fue recibido en el palacio de gobierno por el presidente Nicolás Maduro. Entonces avanzó que la reunión entre los mandatarios podría producirse el mes de octubre.

Seguidamente, el diplomático puso en marca una nutrida agenda de reuniones con altos funcionarios del gobierno venezolano: la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello y el ministro de Petróleo, Tareck el Aissami.

Todos estos encuentros fueron reseñados extensamente en la prensa de los dos países. Además, en poco más de 10 días Benedetti ha concedido numerosas entrevistas en las que ha adelantado informaciones de interés, como la reactivación de la cooperación judicial entre Colombia y Venezuela, y el interés colombiano en el gas venezolano.

Mientras el diplomático colombiano aterrizaba en Maiquetía, Plasencia hacía lo propio en Bogotá. El 31 de agosto presentó sus cartas credenciales ante el canciller Álvaro Leyva Durán y fue recibido este 7 de septiembre en la Casa de Nariño por el presidente Gustavo Petro.

En contacto telefónico con la estatal Venezolana de Televisión, el embajador venezolano detalló que la conversación con el mandatario colombiano versó sobre migración, seguridad, integración regional y el proceso de paz en el vecino país.

Con menos estridencia mediática que su homólogo, Plasencia también ha desplegado una intensa agenda de reuniones en la nación vecina. Trascendió que el pasado 1 de septiembre sostuvo un encuentro con el ministro Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, quien este 8 de octubre estuvo en visita oficial en Venezuela.

Umaña fue recibido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y conversó en el Palacio de Miraflores con el presidente Nicolás Maduro. El mandatario calificó el encuentro como «importante» y manifestó que «se abre el camino del reencuentro y la cooperación, lo que fortalecerá las economías de dos pueblos hermanos».

El gobierno de Petro y Monómeros

Un capítulo aparte merece la actuación del recién instalado gobierno colombiano en relación con Monómeros, filial de Pequiven en Colombia, que con el respaldo de la administración de Iván Duque, desde 2019 estuvo bajo el control de agentes del pretendido gobierno de Juan Guaidó.

El 9 de agosto, solo dos días después de haber asumido el cargo, Petro admitió que la situación de la compañía venezolana es «compleja» porque está «casi quebrada» y el régimen de sanciones impuestas por Estados Unidos a la industria petrolera venezolana podría comprometer todavía más su funcionamiento.

Tras este posicionamiento público, el 10 de agosto la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) anunció el levantamiento de la medida de intervención que impuso sobre la productora de fertilizantes en razón de su escasa salud financiera y las numerosas denuncias de manejos dolosos de las que habría sido objeto desde que empezó a ser administrada por personeros ligados a Guaidó.

Una investigación del portal La Tabla reveló que si bien el anuncio se hizo el 10 de agosto, la decisión se tomó oficialmente el 5 de agosto, durante las últimas horas del gobierno de Duque.

En el antes mencionado encuentro empresarial de Cúcuta, el embajador Benedetti aseguró a los asistentes que el gobierno del presidente Petro haría todo lo posible para regresarle la compañía a su legítimo dueño –el Estado venezolano– y subrayó que, de ser necesario, Supersociedades intervendría para sortear una probable negativa de la Cámara de Comercio de Barranquilla, instancia encargada de aprobar el registro de la junta directiva.

Sin embargo, esto no fue necesario, porque el 25 de agosto, la Cámara barranquillera aprobó la junta directiva designada por la asamblea de accionistas de Monómeros a mediados de junio –antes la rechazó– y desestimó el recurso interpuesto por el hasta entonces gerente general, Guillermo Rodríguez Laprea, al que consideró como una «tercera» parte en el asunto.

Asimismo, el Ministerio Público de Venezuela ratificó las órdenes de aprehensión en contra de los pretendidos funcionarios que llevaron o llevan las riendas de Monómeros desde 2019 y el 25 de agosto anunció que una delegación de fiscales viajará al vecino país para investigar denuncias de corrupción.

Los medios de comunicación de los dos países afines a Juan Guaidó, preguntaron con insistencia sobre el destino de la empresa venezolana, a lo que el embajador colombiano respondió que será administrada por la junta directiva designada por el Gobierno Bolivariano.

Esta empresa, que hasta 2019 era altamente lucrativa, al punto de ser considerada el segundo activo de Venezuela en el extranjero, ha revelado ser de una importancia estratégica para Colombia.

El propio embajador Benedetti admitió que la seguridad alimentaria de su país depende de Monómeros y ha subrayado la importancia de las reuniones que ha sostenido con funcionarios estadounidenses para que se la excluya de las coerciones impuestas a Venezuela.

(LaIguana.TV)