A propósito del último informe presentado por la así llamada «Misión de Determinación de Hechos» sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, el periodista Clodovaldo Hernández entrevistó al dirigente político opositor y activista Enrique Ochoa Antich.
El especialista ofreció un análisis pormenorizado del documento y su contexto de interpretación y producción, a partir de lo cual aseguró que, a contrapelo de lo que se ha sostenido reiteradamente en los medios de comunicación y redes sociales, no existen pruebas de que personeros del alto gobierno ordenaran el asesinato o la tortura de disidentes.
La instrumentalización de los derechos humanos en Venezuela
Para Ochoa Antich, la reacción que ha generado este informe, casi con independencia de su contenido, se explica a partir de la instrumentalización de los derechos humanos, que suelen ser usados como «un arma arrojadiza contra el adversario político», aun a costa de los saldos negativos que arroja sobre la licha.
«En Venezuela se ha polarizado tanto la situación política que pareciera casi esperarse una reacción instintiva, natural, automática, mecánica, que si sale un informe que dice que el gobierno viola los derechos humanos y en ese informe se señala que Maduro lo hace, que Diosdado lo hace y que Delcy Rodríguez lo hace, entonces rápidamente cualquier opositor tiene que decir que eso es así», ilustró.
En su criterio –y siguiendo siempre lo estipulado en el Estatuto de Roma– «en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad, que en Venezuela hay una violación masiva de los derechos humanos», pero no desde 2013, 1990 o 1960, como se periodiza habitualmente, según el interés político, sino «desde siempre», deuda que, lamentablemente, el Estado venezolano no ha conseguido saldar.
«Ese informe no hay una prueba suficiente para decir que [Nicolás] Maduro o [Diosdado] Cabello cometen crímenes de lesa humanidad«, afirmó el activista, quien recordó a la audiencia sus polémicas con el segundo «sobre su comportamiento político».
«Eso no me puede llevar a mí a decir que veo el informe y concluyo, porque estoy interesado en hablar mal de Cabello, que entonces Cabello comete crímenes de lesa humanidad. En ese informe, al menos, no está dicho», enfatizó.
El interés tras la Misión de Verificación de Hechos y el Estatuto de Roma
Ochoa Antich recordó que la mentada Misión de Verificación de Hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es, desde su origen mismo, una instancia políticamente motivada que surgió tras la autoproclamación del exdiputado Juan Guaidó, con el respaldo de algunos países que acompañaron aquella ilegalidad.
«Entonces esos países presentaron eso en el Consejo de Derechos Humanos, hicieron mayoría y lograron la creación de esta Misión», recordó.
Para más, a su parecer, «lo lógico habría sido que el organismo habitual, el de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, lo hubiese hecho. No era necesaria una Misión Especial de Verificación de Hechos», porque inclusive, a despecho de lo que señalan algunos opinadores en las redes sociales, «la Alta Comisionada tiene incluso una delegación ‘in situ’ en Venezuela».
Tras esta argumentación, reveló que envió una carta, a título de ciudadano venezolano y opositor democrático al gobierno, para que no se renueve el mandato de esa Misión y la delegación de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos «continúe haciendo el trabajo y revise qué es lo que está ocurriendo».
El dirigente aclaró que no por esto quería indicar que todo cuanto dice el informe sea falso, pero subrayó que aún cuando contuviera verdades, eso no daba pie para «forzar la barra» y decir: «‘Maduro sabía’, ‘Maduro ordenó’ y ‘Maduro dio la orden'», fundamentado en el testimonio de terceras personas, particularmente en el del exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) Christopher Figueras, implicado en el fallido golpe de Estado del 30 de abril de 2019 y otros delitos.
«Es como curioso que el exdirector del Sebin, que se confrontó con el gobierno, si él sabía que una posibilidad era que el golpe del 30 de abril fracasara y si él tenía planeado –como parece ser– salir del país y hacer todo lo que está haciendo, no se haya llevado un papelito, no se haya llevado una grabación, no se haya llevado un video. Era director del Sebin», observó.
En su decir, el cuestionamiento fundamental es que en el reporte solo se recogen testimonios. «Eso no basta. Cuando uno revisa el Estatuto de Roma, allí se establece, el artículo 30, si no me falla la memoria, establece la obligación. Creo que dice incluso ‘únicamente puede ser enjuiciada una persona que tenga una vinculación con el hecho material, que tenga la intención de causar el hecho'», apuntó.
Así, insistió, bajo esta línea de razonamiento, «todos los presidentes de América Latina son responsables» de violaciones a los derechos humanos y deberían ser enjuiciados personajes como Sebastián Piñera o Iván Duque, en cuyas administraciones se cometieron multitud de crímenes de esa naturaleza.
Empero, en su criterio, esto no exime a los gobiernos –también al venezolano– de asumir la «responsabilidad política» por estas acciones. «Todo el alto gobierno tiene responsabilidad política, porque en Venezuela hay una violación a los derechos humanos».
Ochoa Antich especula que la narrativa según la cual miembros del alto gobierno de Venezuela son responsables de crímenes de lesa humanidad, obedece a una interpretación interesada del artículo 25 del Estatuto de Roma, en el que se establece que un funcionario de alto nivel, incluyendo al jefe de Estado o Gobierno, sería responsable de esos actos si no hiciera nada para impedirlos.
En el artículo 25 se plantea como un crimen de lesa humanidad el hecho de que un presidente o que un funcionario del alto gobierno no tome las medidas necesarias para impedir que los crímenes de lesa humanidad ocurran, violaciones a los derechos humanos.
«Tú podrías quizá suponer que si acá en Venezuela se denuncia (…) que un funcionario o un alto funcionario de las Fuerzas Armadas está cometiendo un delito de una violación a los derechos humanos o la ha cometido y después tú observas que es ratificado, ascendido o incluso, condecorado, tú podrías decir: ‘allí hay un cierto crimen de lesa humanidad’, pero creo que eso es lo más que tú podrías decir. Ahora, señalar que tú tienes pruebas de que Maduro dio la orden ‘váyase a ese calabozo y torture a esa persona’… Yo no sé si eso ocurrió», ilustró.
¿Cómo salir del laberinto político en Venezuela?
Enrique Ochoa Antich es de la creencia de que la única manera de «defender el tema de los derechos humanos en Venezuela, es que haya una solución política» a la crisis que atraviesa el país, pues solo a partir de allí podrá generarse un proceso de «reinstitucionalización democrática que garantice los derechos humanos».
Sin embargo, el dirigente advierte que el clima revanchista actual –particularmente, aunque no solo– del lado de la oposición, «hace difícil» resolver las diferencias políticas y a este respecto, comentó los procesos de reconciliación muy arduos como los que atravesaron Chile, Polonia o Sudáfrica, donde los bandos en disputa –uno de ellos claramente opresor y criminal– tuvieron que ponerse de acuerdo para sacar adelante al país.
«Yo le digo al PSUV lo mismo –porque la cosa es al revés también–: tiene que haber un perdón mutuo. El gobierno y el PSUV también tienen que entender que no pueden seguir pretendiendo perseguir a la oposición por los delitos que también la oposición ha cometido», agregó.
A su juicio, el sector opositor debe «darse cuenta» que también ha «cometido crímenes». «El 11 de abril fue un crimen, los muertos del La Salida que se ocasionaron en 2014 no fueron solamente muertos ocasionados por los cuerpos de seguridad y los activistas del gobierno», apuntó.
«Aquí tiene que haber un gran proceso como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que hizo Mandela y que presidió Desmond Tutu en Sudáfrica, de perdón y reconciliación para lograr sacar al país de ese hueco en el que estamos», enfatizó.
Las limitaciones y oportunidades de la jurisdicción internacional
Ochoa Antich reconoce sin tapujos que «hay mucha hipocresía» en el uso de las jurisdicciones internacionales para avanzar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, comenzando por Estados Unidos, quien se arroga el derecho de señalar al resto de países, aunque no ha suscrito el Estatuto de Roma ni reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, añade adversación y sostiene que «hay organismos» que han logrado labrarse «cierto prestigio» gracias a la labor de determinados funcionarios, como ocurrió con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuando estuvo dirigida por la expresidenta chilena Michelle Bachelet o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«Acaba Petro de pedirle a Maduro que regrese al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, que sería un buen testimonio por parte de Venezuela», recordó, para luego indicar que las salidas de los países de esas instancias no contribuyen a mejorar su funcionamiento.
En este último caso, el activista aprovechó su dilatada trayectoria en la materia para referir que en la década de 1980, muchos lograron apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar los crímenes cometidos por las dictaduras en América Latina y para presentar casos de violaciones masivas a los derechos humanos, como los que se perpetraron durante los sucesos del llamado «Caracazo» en Venezuela.
«Creo que hay que verlo como un proceso, a veces contradictorio. A veces hay situaciones como estas, en las cuales los intereses de los países a veces se imponen, hay manipulaciones –es inevitable que las haya–, pero creo que la jurisdicción internacional es muy importante», reflexionó.
Gobierno y ONG
Una opinión semejante le merecen las Organizaciones No Gubernamentales que alzan la bandera –con honestidad o sin ella– de los derechos humanos, pues aunque hay algunas que claramente obedecen a los intereses de ciertos gobiernos, también es cierto que la labor de muchas otras ha permitido que se documenten y sancionen estos crímenes.
«No porque hayan unas oemegés –organizaciones ‘muy gubernamentales’– vamos a descartar las ONG verdaderas (…). El gobierno tiene a veces una actitud de partida muy contraria a la comprensión. Por ejemplo, no observo que el defensor del pueblo convoque e invite a los defensores de derechos humanos a reunirse», apreció.
A su parecer, el Gobierno Bolivariano debería «reconocer sus fallas» y «abrirse a la sociedad civil, a los defensores de derechos humanos, sean algunos afines al gobierno, sean otros contrarios», si bien puntualizó que si se comprobara que algunas organizaciones están financiadas por instancias como la Usaid –Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional–, deberían ser dejadas al margen.
«El financiamiento internacional –quizá la Usaid, no–, a veces es inevitable. Hay gobiernos europeos que financian. Yo no me opondría a una ONG que esté financiada por Noruega, por Suecia. Eso es habitual. Es natural que, por ejemplo, en las dictaduras que hubo en América Latina, las ONG estuviesen financiadas por gobiernos europeos, porque en sus países no iban a conseguir financiamiento», argumentó.
El rol de la Defensoría del Pueblo en la defensa de los DD.HH.
Para concluir, la conversación giró en torno a la candidatura de Enrique Ochoa Antich a la Defensoría del Pueblo y sobre el rol que, en su opinión debe jugar esa instancia del Poder Ciudadano en la defensa de los derechos humanos.
Ochoa Antich refirió que aunque es la segunda vez que se postula y tiene las credenciales para el cargo, cree que es poco probable que resulte seleccionado porque estima «que en el gobierno se impone el criterio de partido-Estado», un proceder que le parece criticable en tanto no se garantiza la independencia del actor frente a directrices partidistas, sin menoscabo de que la persona tenga afinidad ideológica con el gobierno de turno.
Ellos deberían atreverse a dar el paso en que las instituciones, en particular las del Poder Ciudadano y no solo la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Contraloría, sean designadas exacta y escrupulosamente como dice la Constitución, posiblemente buscando gente ideológicamente ligada al gobierno, puede ser, pero caramba, que no sean personas que el día antes renuncien al partido para cumplir con la letra de la Constitución», criticó.
De otro lado, el activista apunta que el rol del defensor o defensora no es «formar pleito al gobierno» ni enzarzarse en una batalla con el fiscal general, pues el Ministerio Público es la instancia de articulación para conseguir las imputaciones que eventualmente deberían derivar en sentencias para los responsables de violaciones de derechos humanos en las diversas escalas.
«Que hable, porque lo que tiene es la voz. El defensor no tiene facultades coercitivas, pero que busque la posibilidad de un pacto nacional en materia de derechos humanos gobierno-oposición, chavistas-antichavistas, civiles y militares, trabajadores y empresarios, para tratar de sacar a los derechos humanos del tema político subalterno y que podamos, en esta materia, avanzar un poco», concluyó.
(LaIguana.TV)
