La Comisión Especial para la Revolución del Sistema Judicial prepara una segunda ronda de visitas a los establecimientos cárceles del país; llámense retenes policiales o cárceles nacionales.

Fuentes del sistema de justicia explicaron que la Comisión Especial está recabando toda la información necesaria relacionada al retardo procesal y hacinamiento en los sitios de reclusión. Esos fueron dos de los objetivos que el presidente Nicolás Maduro delineó al momento de informarle al país la constitución de esa Comisión Especial.

En la preparación de esta segunda ronda de visitas a los penales y retenes, participa la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) presidida por el diputado Pedro Carreño. A esa instancia pertenecen las diputadas Iris Varela, ex ministra para el Servicio Penitenciario y Cilia Flores, vicepresidenta de la Comisión Especial para la Revolución del Sistema Judicial.

Hace dos semanas la Comisión Permanente de Política Interior sostuvo una reunión con la titular de la cartera responsable de la política penitenciaria, Mirelys Contreras. El encuentro transcurrió en el despacho de Contreras con presencia de su equipo. La reunión se enmarca en esa preparación que se está haciendo de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la segunda ronda de visitas a las cárceles.

Justamente la Comisión Especial ha detectado que de nuevo ha aparecido el hacinamiento en retenes policiales y penales. Como fruto de la primera ronda de visitas a esos establecimientos, el sistema judicial otorgó alrededor de 14 mil libertades a igual número de privados de libertad que sufrían alguna clase de retardo en sus procesos judiciales. Al parecer, la situación se repite en los actuales momentos, según lo que ha detectado la Comisión Especial y por eso se plantea su reactivación, de acuerdo a nuestras fuentes.

El juicio en libertad

Durante la reunión AN-Ministerio Penitenciario afloraron algunas diferencias en relación a cómo debe resolverse el problema del hacinamiento. Por un lado, la ministra Contreras aboga por construir más cárceles mientras que el diputado Carreño habla de impulsar el juicio en libertad.

“La solución nos la da la Constitución: toda persona será juzgada en libertad, excepto lo apreciado por el juez”, dijo Carreño en una sesión de la Comisión de Política Interior posterior al encuentro en el Ministerio Penitenciario.

El otro insumo que tiene la Comisión Especial en esta etapa preparatoria, son la serie de denuncias que les han llegado relacionado con la no ejecución de las boletas de excarcelación, instrumentos expedidos por tribunales para ordenar la salida de un privado de libertad a causa del otorgamiento de una medida alternativa de cumplimiento de pena, entre otros.

En esa reunión de hace dos semanas y frente a la ministra Contreras, el diputado Carreño dijo que habían recibido 34 denuncias de boletas de excarcelación que se han quedado frías porque los directores de las cárceles se niegan a cumplir.

Ya en el pasado se denunció irregularidades en la tramitación de las pruebas psicosociales, requisito indispensable para que un juez tome la decisión de liberar a un preso bajo las distintas modalidades establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. En concreto, se detectó una mafia que cobraba entre 100 y 200 dólares para expedir la prueba psicosocial sin acudir al examen como tal, según testigos.

La mano poderosa de dicha mafia llegó incluso a falsificar la firma de la Ministra, razón por la cual le practicaron a Contreras una prueba grafotécnica para corroborar el asunto. Hay cuatro funcionarios del Min-Penitenciario privados de libertad por esa anomalía.

La Comisión Especial también ha venido recibiendo los reportes de los distintos circuitos judiciales penales del país así como del Viceministerio para el Sistema Integrado de Policía (Visipol) donde se aprecia el movimiento de los nuevos ingresos a cárceles y penales. Eso también le ha servido de insumo para acordar una nueva “cayapa” desde la Comisión Especial cuya fecha aún no se ha informado. Algunos diputados dicen que es antes que finalice este año.

La Comisión Especial para la Revolución del Sistema Judicial fue anunciada por el presidente Maduro el 21 de Junio del año 2021. En una transmisión de VTV, el primer mandatario explicó que tomó esa decisión atendiendo a una sugerencia del Consejo de Estado, al analizar la situación de las cárceles y retenes.

A la semana siguiente de ese anuncio presidencial, la Comisión Especial se instaló en el Palacio Federal Legislativo teniendo a la cabeza a los diputados Diosdado Cabello y Cilia Flores.

Luego de esa sesión de instalación, la Comisión Especial se diseminó por cárceles y retenes del país donde instalaron tribunales móviles con presencia de fiscales y defensores públicos que tomaron decisiones en el sitio previo análisis de los diputados-delegados.

Ese mismo esquema se piensa repetir en esta segunda ronda de visitas.

(Eligio Rojas / LaIguana.TV)