En su más reciente entrega de «Tubazos», el periodista venezolano Eligio Rojas abordó los pactos que existen actualmente entre las organizaciones criminales de los estados Aragua y Carabobo para aumentar los índices delictivos a través del suministro de armas y municiones.
Para contextualizar este tema, se refirió al motín ocurrido la madrugada del lunes 30 de mayo en el Internado Judicial de Monagas, conocido como la Cárcel de La Pica. Según la versión extraoficial, un grupo comandado por alias “Yeferson” quería destronar al pran Pedro Manuel González Mata, conocido como “Pedro El Rapidito”, pero este último reaccionó y sus seguidores asesinaron a tres de sus rivales e hirieron a seis.
Con esa acción, refiere el periodista, “Pedro El Rapidito” mantuvo su liderazgo negativo dentro y fuera de la cárcel, dirigiendo una serie de células que atracan, secuestran y cometen asesinatos por encargo en Monagas, con el apoyo de sus hermanos Cael, Juan y María González Mata, quienes están sobreseídas de su causa, pero se quedaron en la cárcel de La Pica acompañando a su hermano en la organización de crímenes, según las investigaciones.
Posterior a ese motín, el Ministerio para Asuntos Penitenciarios organizó una jornada de atención jurídica. La idea era buscar el desalojo total del internado judicial para acabar con esa estructura delincuencial comandada por “Pedro El Rapidito”.
Si bien la jornada de asistencia jurídica a privados de libertad recluidos en La Pica contribuyó a la agilización de sus juicios, Rojas señala que el ministerio no logró desalojar el establecimiento, debido a que, según versiones extraoficiales, hubo amenazas de desatar una ola de violencia.
Específicamente, el periodista destacó que, al conocerse el plan que tenía le entidad ministerial, “Pedro El Rapidito” selló un pacto con Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, uno de los principales cabecillas de la banda del Tren de Aragua, que es controlada desde la cárcel de Tocorón. Por ello, detalló que este último amenazó con inundar con armas toda la región central del país y multiplicar las células que controla para incrementar los índices delictivos tanto en Aragua como en Carabobo.
En este sentido, señaló que las consecuencias de dicho pacto son las que se evidencian en los procedimientos que han venido realizando los organismos de seguridad en estas dos entidades, con el decomiso de grandes lotes de armas, municiones y artefactos explosivos, utilizados para asesinar, robar y extorsionar a la población.
Precisó que, posterior al 3 de junio, fecha en la cual se realizó la jornada de atención jurídica en La Pica, se han desplegado varios operativos de seguridad para enfrentar dicha amenaza. Uno de ellos, citó Rojas, tuvo lugar el 19 de julio pasado en la avenida Los Aviadores de Maracay, capital de Aragua, donde se produjo un enfrentamiento entre funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el grupo “El Asdrúbal”, una célula que trabaja para el Tren de Aragua y la cual pretendía entregar ese día 14 fusiles.
Durante el procedimiento, fue asesinado Jesús Eduardo Bolívar Briceño, agente de la PNB, además fue detenido el diputado Peter José Sayago, del partido Tupamaro y quien acompañaba al grupo delictivo esa noche del 19 de julio.
Luego, relata el periodista, hubo un procedimiento derivado del 3 de septiembre en Puerto Cabello, estado Carabobo. Ese día secuestraron al comerciante Antonio José Gómez Macedo, de 56 años de edad, y a los tres días fue liberado en Tucacas.
Las investigaciones sobre este caso condujeron a Delvis Rafael Parra Ybarra, integrante de la organización Tren de Aragua, quien fue aprehendido en la Autopista Puerto Cabello-Valencia. En dicha detención las autoridades incautaron una pistola glock 9 mm y 100 cartuchos calibre 7,62×51, dos equipos telefónicos, un pasamontaña de color verde, dos chalecos antibalas, un carnet de la Policía Municipal de Naguanagua y prendas militares.
Resaltó que, a raíz de las declaraciones iniciales del detenido, el Conas identificó a varios cabecillas del Tren de Aragua, conocidos por los apodos de “El Santanita”, “El Coty”, “Patón”, “Gallito”, “Yorleny Mavares”, “Alejo”, “Capitán”, “La Fresa”, “Orlandito”, “El Manco” y “Junior El Enano”.
Diez días después de ese procedimiento, agentes militares detuvieron a tres miembros del Tren de Aragua en el sector Belén del municipio Carlos Arvelo (Güigue), estado Carabobo; uno de ellos con un carnet que lo acreditaba como funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, quien fue identificado como Deivis Junior Araujo Sánchez. Los otros dos detenidos fueron: Alexis Alejandro Alarcón La Cruz y Javier Montilla Jiménez.
En este despliegue fueron decomisados: un fusil automático, calibre 7,62×51, modelo m-74, sin marca ni serial visible; 19 cartuchos calibre 7,62×51 mm sin percutir; una pistola, calibre 9 mm, marca Taurus, sin serial visible; 07 cartuchos calibre 9 mm sin percutir; un cartucho calibre 9 mm percutido; prendas alusivas a la PNB y un vehículo marca Toyota.
Rojas agregó que durante esos días también detuvieron a otro integrante del Tren de Aragua en la población de San Casimiro. El sujeto quedó registrado como Carlos Enrique Ruiz Rojas, alias “El Chino”, a quien le incautaron un rifle, calibre .22, sin seriales visibles; 23 cartuchos calibre 7,62×51 mm; veintisiete 27 cartuchos calibre 7,62×39 mm; un artificio lacrimógeno y un radio transmisor.
A juicio del periodista, estos operativos explican la actitud de alias “Niño Guerrero” contra el procedimiento que pretendió el Ministerio de Asuntos Penitenciarios en mayo. “Eso que él prometió, cuando su amigo ‘Pedro El Rapidito’ le pidió ayuda, lo está cumpliendo a cabalidad. (…) En su mente maquiavélica prometió la guerra como método de avance en su carrera delictiva o como modo de presionar, porque, además, él calcula que en algún momento las autoridades del Sistema de Justicia tomarán una medida relacionada con el Internado Judicial de Aragua”, agregó.
Irregularidades en la policía del Guárico
Durante la transmisión, Rojas se refirió a una comunicación que recibió por parte de funcionarios policiales del estado Guárico, en la cual realizan denuncias sobre el funcionamiento de ese cuerpo de seguridad.
Entre dichas irregularidades, indican el robo de más de 250 patrullas totalmente operativas, bajo la orden de llevarlas a un taller en Aragua para supuestamente hacerles mantenimiento, aun cuando no lo necesitaban.
También los oficiales denunciaron que más nunca han hecho una reunión de planificación de estrategias policiales, “todo es individual, ya no hay planes a mayor”.
Asimismo, reclamaron ser víctimas de extorsiones quincenal y mensual, pues les exigen un pago obligado como “apoyo para el comedor”, lo que oscila en unos $2.500 cada quince días, es decir unos $5.000 al mes.
En la comunicación, además indican que el pasado 7 de septiembre fueron llamados a una reunión con directores, en la cual amenazaron a los funcionarios a entregar el cargo, si no están de acuerdo con estas acciones.
Asimismo, refieren sobre unos “operativos” que despliegan en la entidad con funcionarios portando armas largas y pasamontañas para perseguir a conductores de gandolas que se nieguen a dar “colaboración” en las alcabalas que tiene instaladas en las vías del estado Guárico.
(LaIguana.TV)
