El pasado 26 de noviembre, el gobierno de Venezuela y el sector de la oposición aupado por Estados Unidos y la Unión Europea suscribieron en la Ciudad de México el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano, con lo que se da por reanudada la Mesa de Diálogo, suspendida desde octubre de 2021.
Casi de inmediato, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) publicó una licencia que permite a la petrolera Chevron extender sus operaciones en Venezuela, aunque con una letra pequeña que merece ser examinada en detalle.
Sobre este importante tema disertó este 1 de diciembre Miguel Ángel Pérez Pirela en la edición 477 de su programa Desde Donde Sea, que se transmite todos los jueves a las 7:00 pm, hora de Venezuela, a través de las redes sociales de LaIguana.TV.
Pérez Pirela recordó que ese sector de la oposición que entabló conversaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha abortado todos los esfuerzos previos, pues carece de autonomía en tanto sus acciones dependen de las órdenes del gobierno de los Estados Unidos, que aparece como el actor real de la negociación con Caracas.
Justo por ello apuntó que el problema de fondo es económico, puesto que los personeros de Washington en Venezuela, amparados por sus instituciones imperialistas, se han enriquecido con el dinero del Estado venezolano, cuyo control han cedido a gobiernos extranjeros.
En su opinión, estos eventos entrañarán importantes implicaciones para Venezuela en el corto y el mediano plazo tanto en términos económicos como sobre el clima político interno, pues aunque faltan cerca de un par de años para los próximos comicios presidenciales, la carrera ya empezó y, de momento, el presidente Nicolás Maduro va con ventaja por sobre sus eventuales –y numerosos– competidores.
Antes de ahondar en los detalles relacionados con la reanudación del diálogo entre el gobierno venezolano y la así llamada Plataforma Unitaria, comentó brevemente algunas de las informaciones que han signado la pauta informativa en las últimas jornadas.
Alemania: lo que importa es el gas de Catar, no los derechos humanos
La primera noticia recuperada a efectos del recorrido geopolítico fue la hipocresía de Alemania en relación con sus denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Catar.
Así las cosas, recordó que el pasado 23 de noviembre, la selección de fútbol de germana ocupó titulares en medios de comunicación de todo el mundo, al posar con la boca tapada como protesta hacia la FIFA por haber proscrito el uso de un brazalete en respaldo a la comunidad LGBTQ.
Puntualizó que antes del inicio del Mundial de Catar, naciones europeas emprendieron una fuerte campaña orientada a sabotear el torneo, en razón de las violaciones a los derechos humanos de trabajadores migrantes, mujeres y población sexodiversa.
Sin embargo, acotó, a contrapelo de estas denuncias y solo unas pocas jornadas después de que se hiciera público un contrato entre la estatal china Sinopec y el gobierno catarí para abastecer de gas al gigante asiático por 27 años, Berlín anunció un pacto similar por 15 años, que justificó en términos de su seguridad energética.
En concreto, explicó, el acuerdo entre Qatar Energy y ConocoPhillips contempla el traslado de un máximo de dos millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL) por vía marítima a partir de 2026.
En interés de mostrar la falta de escrúpulos de los líderes alemanes, comentó que el ministro de Energía de ese país, Robert Habeck, indicó que no le molestaría atar a su país a un acuerdo de suministro por más tiempo, pero acotó que la demanda se reducirá «en algún momento» por causa de la agenda verde acordada en el seno de la Unión Europea.
«Mentira: la Unión Europea solo usa esa agenda verde como propaganda. En realidad está promocionando el uso del carbón, como en el siglo antepasado», fustigó.
El comunicador matizó que si bien Habeck puntualizó que Catar es solo uno de los proveedores de gas a los que Berlin está apelando para sustituir los hidrocarburos rusos, el presidente de la Comisión de Protección del Clima y Energía del Bundestag, Klaus Ernst, criticó en Twitter la asociación, al considerar que solo satisface el 3 % de las necesidades energéticas.
Ernst, que pertenece al partido de izquierda Die Linke, aseguró asimismo que a pesar de la alharaca del gobierno federal, lo cierto es que «todavía no hay alternativas reales al gas ruso».
Lo que no son las inéditas protestas en China
A propósito de la cartelización de la prensa occidental sobre las protestas en China, refirió que casi tres años después de haberse registrado el primer caso de COVID-19 en Wuhan, el gigante asiático padece la peor ola de contagios, superando las dos decenas de miles de infectados por día.
Ante esto, detalló, las autoridades del país optaron por mantener su política de «cero COVID», consistente en duros confinamientos, jornadas masivas de despistaje y rastreo minucioso de contactos, con la diferencia de que en esta ocasión el hartazgo ante las medidas draconianas adoptadas por Beijing se hizo presente en un gran número de ciudades, donde miles de personas se volcaron a las calles a exigir un alivio a las restricciones.
Según informes mediáticos, el detonante de las manifestaciones fue la muerte de varias personas en un incendio que se produjo en un edificio cuyos residentes estaban confinados.
El analista observó que si bien las protestas son reales y están efectivamente asociadas al cansancio por las cuarentenas prolongadas, la prensa occidental ha intentado atribuirles un carácter insurreccional contra el gobierno del presidente Xi Jinping del que aparentemente carecen.
En esta línea, la Casa Blanca comunicó este lunes que «monitorea» las protestas en China y continúa «apoyando» el derecho a expresar disidencia de manera pacífica. Además, Washington afirmó que los manifestantes exigen «libertades» y el Departamento de Estado calificó como «excesivas» las políticas implementadas por las autoridades chinas para contener los contagios.
«Ahora resulta que la política sanitaria de China estaría supeditada a lo que digan los Estados Unidos, cuando bajo el gobierno de Donald Trump hicieron el ridículo. Qué cosa tan rara», ironizó el especialista.
Para ilustrar la cuestionable narrativa aludió a un un informe preparado por la AFP sobre el pronunciamiento del gobierno de los Estados Unidos acerca de la situación en China, que no solo recoge las expresiones de los funcionarios estadounidenses, sino que directamente compara las actuales manifestaciones con las de 1989, a las que catalogan de «prodemocráticas».
Como cabía esperar, el gobierno chino tomó cartas en el asunto. Con relación al incendio que dejó víctimas fatales, voceros autorizados aseguraron que la labor de los bomberos no se vio impedida por causa de los confinamientos.
También anunciaron la revisión integral de la política «cero COVID» para hacerla más eficiente y menos problemática para la población, así como una aceleración de la vacunación entre los adultos mayores, que en el país suman unos 100 millones de personas.
Pérez Pirela resaltó que aunque las autoridades no se pronunciaron directamente, analistas y expertos consultados por la prensa rechazaron los intentos de Occidente en presentar las manifestaciones como una prueba de descontento hacia el gobierno central.
«El gobierno chino se pronunció, pero no como Occidente quería. Fue prácticamente silenciado y los medios insisten en la matriz según la cual, con las protestas se pretende derrocar a Xi Jinping», enfatizó.
Se acelera el ‘lawfare’ contra Cristina Fernández de Kirchner
Tras haber expuesto sucintamente la situación en China, Pérez Pirela regresó a América Latina, pues en Argentina continúa la persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de un caso por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como presidenta, cuyos vicios han sido denunciados en multitud de ocasiones.
Este martes, la lideresa compareció por última vez en el tribunal que lleva la causa del llamado «Caso Vialidad» y calificó a los jueces como «un pelotón de fusilamiento», ante la perspectiva de recibir un fallo negativo el próximo 6 de diciembre, abundó.
Luego de acudir a la corte, Fernández de Kirchner publicó en sus redes sociales un extenso documento en el que detalló las «20 mentiras» que la justicia argentina pronunció en su contra en el referido caso penal.
El analista precisó que a la lideresa se le acusa de encabezar una red de asociación ilícita y de administrar fraudulentamente fondos públicos durante sus mandatos como presidenta, por lo que la Fiscalía está exigiendo una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.
«Una pregunta: ¿Macri no dejó endeudada a Argentina por miles de millones de dólares? Nadie sabe donde está la plata y no vemos ningún juicio en su contra», valoró.
Para cerrar el tema comentó que a semejanza de lo que ocurriera en 2018 con el hoy presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, diversas encuestas señalan que Cristina Fernández encabeza la preferencia electoral en Argentina con una base «dura» de 30 % y duplicando en intención de voto al también expresidente, Mauricio Macri.
«Ya entendemos: la van a meter presa para que no gane, porque va arriba en las encuestas», sentenció.
El Gobierno Bolivariano y la Plataforma Unitaria firman un segundo acuerdo
Entrando en materia, puntualizó que el pasado sábado, delegaciones del gobierno y la Plataforma Unitaria firmaron en México el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano, que contempla la liberación de 3.000 millones de dólares pertenecientes al Estado venezolano retenidos ilegalmente –»robados»– en bancos extranjeros para la atención de necesidades de la población.
«Mucha de esta plata no va a regresar a Venezuela. Grises jueces, con un martillito en la mano, decidieron robar empresas y dinero de Venezuela», advirtió.
Según leyera el representante de Noruega, Dag Nylander, las negociaciones produjeron un extenso documento dividido en cinco puntos, que procedió a sintetizar:
1) Objeto y alcance
-La constitución y definición en los cuerpos creados en materia de protección social.
-Apego al principio de progresividad, contemplado en el punto denominado «método» en el Memorándum de Entendimiento.
2) Constitución y mandato
-Se constituyen una Mesa Nacional de Atención Social y un grupo especial para abordar los efectos del sobrecumplimiento de las sanciones por parte de organismos financieros.
3) Medidas de protección social al pueblo venezolano
-Con la participación de expertos, se reforzarán las políticas de salud y los servicios públicos, y se atenderá a los afectados por las lluvias.
-Se realizarán gestiones para recuperar los recursos legítimos del pueblo venezolano.
-Se creará un fondo fiduciario único con apoyo de la ONU, cuyas agencias gestionarán los recursos del Estado venezolano, aunque sujetas a la legislación local.
-El fondo se alimentará progresivamente con los recursos congelados en el sistema financiero internacional identificados por las partes.
4) Seguimiento y verificación
-Se crea un mecanismo de seguimiento y verificación integrado por representantes de las partes en esta misma fecha.
5) Compromiso final
El desarrollo de la agenda contenida en el Memorándum de Entendimiento no podrá ser condicionado, suspendido o retrasado por cualquier aspecto derivado del acuerdo.
Al culminar su exposición sobre la síntesis del acuerdo, Pérez Pirela refirió que tras la firma, el presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación del gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció detalles sobre el alcance de este segundo acuerdo y destacó que apenas se está rescatando una porción de los más de 20.000 millones de dólares de la riqueza nacional que han sido confiscados en la banca extranjera.
«Más tarde, el presidente Nicolás Maduro no habló de 20.000 millones de dólares sino de 30.000 millones de dólares que se robaron estos bandidos (Guaidó y sus agentes, agrupados en la Plataforma Unitaria», precisó.
Continuando con las explicaciones ofrecidas por Rodríguez, apuntó que unos 1.000 millones de dólares se utilizarán en el reforzamiento del sistema eléctrico. En particular, los recursos se destinarán a incrementar la generación y a mejorar la transmisión en todo el territorio nacional.
«Es uno de los temas fundamentales que afectan al pueblo venezolano, especialmente en el interior del país», comentó.
El representante gubernamental enfatizó que todo lo aprobado se corresponde con proyectos que presentaron los representantes del Gobierno Bolivariano ante los voceros de la Plataforma Unitaria, al tiempo que destacó que si bien los fondos serán gestionados por la ONU, serán administrados por el gobierno nacional y bajo las leyes de la República.
A juicio de Pérez Pirela, no puede dejarse de lado que a pesar de lo expresado por el vocero del gobierno de Venezuela con respecto al manejo de los recursos confiscados, conviene señalar que a consecuencia de las coerciones, se impuso una especie de tutela, que le impide al Ejecutivo utilizar soberanamente los fondos públicos que reposan en bancos internacionales.
El especialista advirtió que aunque en este momento sería muy difícil cuestionar la pertinencia de las áreas definidas como prioritarias en el documento firmado en México, estos condicionamientos sientan un precedente que en el futuro podría volverse en contra de los intereses nacionales, dada la incidencia de Estados Unidos y sus aliados sobre los órganos de toma de decisiones en el seno de la ONU.
Ahondando en este asunto, que en su criterio representa una amenaza para la soberanía del país, indicó que en una entrevista concedida al Circuito Éxitos, el jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, intentó justificar la retención ilegal de los recursos del Estado venezolano, insinuando que de no haber sido así, el gobierno los habría malversado.
Comentó asimismo que este vocero minimizó el papel de las instituciones gubernamentales en el manejo de los fondos y en la ejecución de los proyectos, en favor del papel de las agencias de las Naciones Unidas, como que si estas pudieran operar al margen de las leyes venezolanas.
Desde su punto de vista, un detalle no menor para el análisis es que Blyde también equiparó el rol del grupo político que representa –es decir, el del pretendido gobierno paralelo de Juan Guaidó– al del gobierno venezolano y reconoció la intervención de la administración Biden en las negociaciones.
No obstante, acotó, estos dichos fueron respondidos categóricamente el miércoles por el jefe de la representación gubernamental, Jorge Rodríguez, quien en una intervención en el marco de una rueda de prensa presidencial con medios internacionales, precisó los alcances reales del acuerdo y el rol de la Plataforma Unitaria en las conversaciones.
Entre otros asuntos aludió al fracaso definitivo de la estrategia de cambio de régimen y al reconocimiento pleno de ese sector de la administración liderada por el presidente Nicolás Maduro y subrayó que al firmar el documento, por vez primera el grupo político que promovió intensamente la imposición de bloqueos y sanciones contra su propio país, reconocía abiertamente el daño que tales coerciones han causado a la población.
Rodríguez reiteró que los proyectos en los que se emplearán los fondos liberados fueron elaborados por técnicos del Gobierno Bolivariano, quienes fueron los encargados de definir las prioridades nacionales y apuntó que estos serán ejecutados por las instituciones del Estado, en apego a lo establecido en las leyes venezolanas.
Por último indicó que la Plataforma Unitaria pusieron sobre la mesa la agenda político-electoral, en desmedro de las necesidades más sentidas del pueblo venezolano.
Las «letras pequeñas» de la licencia otorgada a Chevron
Un segundo aspecto abordado por Pérez Pirela en su análisis sobre la reanudación del diálogo entre el Gobierno Bolivariano y la Plataforma Unitaria fue la licencia otorgada por el gobierno estadounidense para extender las operaciones de la trasnacional petrolera Chevron en Venezuela, cuya publicación se sucedió a la firma del acuerdo en la Ciudad de México.
En tal sentido recordó que el rumor circulaba hace meses, pues agencias como Reuters o Bloomberg aseguraron en diversas oportunidades que Washington solo esperaba por la reanudación del diálogo entre Caracas y el sector de la oposición que respalda la administración Biden, para emitir la autorización en favor de Chevron.
«No nos engañemos: los Estados Unidos –también los europeos– están ávidos, necesitados del petróleo y el gas de Venezuela. Estaban ansiosos por que el acuerdo se firmara», apreció.
En particular, comentó, de acuerdo con la Licencia Nº41 emitida por la la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, con fecha 26 de noviembre de 2022, se autoriza a Chevron Corporation a reanudar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela», precisó.
En el texto se detalla que «las personas estadounidenses están autorizadas a proporcionar bienes y servicios para ciertas actividades, como se especifica en GL 41 y que las personas no estadounidenses generalmente no corren el riesgo de exponerse a sanciones estadounidenses», citó.
Para remarcar el carácter injerencista y arbitrario de la medida, relató que en el documento se indica que «Estados Unidos saluda y apoya la reapertura de negociaciones», inscrita en su «política de larga data de apoyar la restauración pacífica de la democracia» en Venezuela.
Del mismo modo, el Departamento de Estado subrayó que el esquema de sanciones impuesto contra la economía y las finanzas de Venezuela continuará aplicándose «vigorosamente».
Con respecto a la reacción en Venezuela, relató que el ministro de Petróleo, Tareck el Aissami, informó el martes que sostuvo un encuentro con el representante de Chevron en Venezuela, Javier La Rosa, y afirmó que «en las próximas horas» firmarían «los contratos para impulsar el desarrollo de las empresas mixtas y la producción petrolera».
Pérez Pirela subrayó que no han trascendido detalles de estos contratos –incluso el presidente Nicolás Maduro declinó ofrecerlos–, pero hay versiones encontradas respecto de los beneficios económicos que dejarían para el país, en virtud de las restricciones estadounidenses.
Para ilustrar estas diferencias, comentó que en un trabajo para Últimas Noticias, el periodista Werther Sandoval destaca que Chevron y Pdvsa tienen deudas mutuas, mas según sus cálculos, el balance se inclina a favor del Estado venezolano.
No obstante, como suele suceder en estos casos, hay «letras pequeñas», pues la referida licencia fue redactada de una manera deliberadamente ambigua, que deja abierta la puerta para el «sobrecumplimiento», es decir, a la negativa de entidades a hacer negocios con Petróleos de Venezuela ante la perspectiva de ser sancionados por la OFAC.
«Por eso digo: hay que ver las letras pequeñas, porque no todo es lo que parece», enfatizó, pues se precisa que la licencia debe renovarse «mes a mes», lo que supone una amenaza permanente, pues en cualquier momento la Casa Blanca podría invocar un pretexto para dejarla sin efecto.
En ese orden recuperó un análisis realizado por el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla, que ahonda en las autorizaciones y prohibiciones, que miradas de cerca, podrían resultar lesivos para el Estado venezolano.
¿Venezuela recuperará sus activos y mejorarán sus ingresos?
El caso de la licencia otorgada a Chevrón le dio pie para aludir a lo que expresara el presidente Nicolás Maduro sobre este asunto. En opinión del mandatario va en «la dirección correcta», pero resulta insuficiente, pues el gobierno de los Estados Unidos debe levantar todas las medidas coercitivas unilaterales que ha impuesto sobre Venezuela.
Maduro denunció que al imponerle a Caracas prohibiciones para la producción y comercialización de crudo en pleno siglo XXI, Estados Unidos pretende instalar «un modelo neocolonial» que atenta contra la libertad económica y viola toda la legislación internacional en la materia.
El comunicador mencionó que al ser inquirido por la prensa internacional sobre el estatus de Citgo, el presidente venezolano exigió la devolución inmediata de la refinadora y de los dividendos que ha generado desde 2019 a las manos del Estado venezolano. Además calificó de «ilegítimo» el fallo del tribunal estadounidense que ordenó el remate de la lucrativa empresa, otrora el principal activo de Venezuela en el extranjero, para honrar supuestas deudas contraídas con otras trasnacionales petroleras, a las que tachó de «ladronas».
«Se trata de un robo. Con la excusa de que se está luchando contra una dictadura, nos están robando. Cuando nos impusieron la escasez de gasolina, se robaban los barcos y remataban la carga en Houston.
No podemos abordar el tema de Venezuela sin decir que nos roban, por obra y gracia de [Barack] Obama, [Donald] Trump y [Joe] Biden como presidentes, pero también por gente como Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges y compañía.
El pueblo venezolano está exigiendo saber qué pasó con esos 30.000 millones de dólares que se robaron y también está pidiendo que estos ladrones como Guaidó, que se pasea tranquilamente por las calles de Caracas, vaya a la cárcel», señaló.
A este respecto precisó que Maduro cifró las ganancias generadas por Citgo en los últimos cuatro años en aproximadamente 24.000 millones de dólares, monto ocho veces mayor que el que logró rescatarse tras el acuerdo de la semana previa.
Comentó asimismo que el Jefe de Estado venezolano informó que tras el acuerdo firmado con la Plataforma Unitaria en México, el Gobierno Bolivariano tiene un plan «hecho a detalle» para repatriar cerca de 30.000 millones de dólares bloqueados en el exterior, producto de las sanciones y medidas coercitivas unilaterales.
En una rueda de prensa con medios internacionales desde el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el mandatario subrayó se trata de dinero «congelado, bloqueado, secuestrado», dijo el mandatario nacional durante una rueda.
Con respecto al rol de Venezuela en el mercado energético mundial, Pérez Pirela refirió que Maduro insistió en que el país está dispuesto a vender crudo a cualquier país que lo necesite, sin que medien sesgos ideológicos.
También valoró negativamente la pretensión de excluir a Venezuela del mercado energético mundial, una decisión que, en su opinión, mostró su cortedad tras el inicio de la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas a los hidrocarburos rusos y obligó a Washington a negociar directamente con Caracas.
«Ahora sí necesitan el petróleo venezolano, ¡qué vaina!», cuestionó.
El experto advirtió que pese al alivio de las restricciones contra Chevron y las necesidades energéticas mundiales, el petróleo venezolano podría demorarse algún tiempo en reaparecer en los mercados, según precisa un informe publicado por The Wall Street Journal.
A este respecto apuntó que la compañía Chevron, a la que el gobierno estadounidense autorizó el pasado 26 de noviembre a reiniciar parcialmente las operaciones en Venezuela, tendrá que resolver múltiples problemas para que el crudo venezolano fluya al mercado internacional, según alerta The Wall Street Journal.
Citando a expertos del sector, el medio destacó que «entre las primeras tareas de Chevron están reparar equipos averiados, detener cortes de energía y solucionar problemas con oleoductos, volver a contratar a cientos de trabajadores a pesar del éxodo de talentos de la industria petrolera de Venezuela y hacer frente a las amenazas a la seguridad física, incluidos los robos de gasolina», escribe el periódico citando a expertos del sector.
José Chalhoub, un analista de riesgo político con experiencia de trabajo en la industria petrolera de Venezuela, estimó en 50.000 millones de dólares las inversiones necesarias para restablecer la producción de Chevron en el país, por lo que durante los próximos seis meses, según él, la empresa podría aumentar la producción entre 20.000 y 30.000 barriles por día, lo cual es insuficiente para cambiar la situación en el mercado mundial.
Antes de que Chevron se anime a realizar nuevas inversiones en Venezuela, querrá recuperar más de 4.000 millones de dólares que le debe la compañía estatal Pdvsa, y podría tardar entre dos y tres años en cobrar esta suma, según el diario.
El reporte concluye precisando que «aunque Venezuela cuenta con las reservas de petróleo más grandes del mundo, Chevron podría tardar al menos un año en elevar la producción de petróleo a 200.000 barriles por día en sus cuatro empresas conjuntas con Pdvsa».
El significado político del acuerdo firmado en México explicado por Maduro
Para Pérez Pirela el recorrido anterior es una muestra de lo que realmente está en juego en las negociaciones de México, que no son ni por mucho con «la oposición venezolana» como un todo, sino con el gobierno de los Estados Unidos, pero por persona interpuesta.
A su parecer, esto explica por qué el presidente venezolano ofreció una rueda de prensa ante medios internacionales donde presentó una lectura detallada de las implicaciones de estas conversaciones, porque por una parte suponen el regreso del crudo venezolano a los mercados occidentales, pero también dibujan el panorama político interno, de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
«De lo que estamos hablando, en términos políticos, es que en un poco más de un año habrá elecciones presidenciales y las oposiciones tendrán a su o a sus candidatos», observó.
Mencionó que en su intervención –que se extendió durante casi dos horas–, Nicolás Maduro reiteró que el acuerdo se suscribió con un sector de la oposición respaldado por Estados Unidos, cuyo accionar político se ha caracterizado por el extremismo, el golpismo y la antidemocracia.
Estas personas, indicó Maduro, tienen dos décadas embarcadas en la agenda insurreccional que ha implicado intentos de golpes de Estado, un sabotaje petrolero, protestas violentas, intentos de magnicidio, intentos de invasión armada y hasta un gobierno títere auspiciado por Washington y Bruselas.
Sobre esto último, el presidente venezolano aseguró que el terreno para poner en marcha la estrategia de «cambio de régimen» fue preparado con «guerra económica» y sanciones antes de 2019, pero a pesar de todos los empeños, en este momento no es más que una tentativa fracasada, sintetizó el analista.
El comunicador agregó que en interés de desmontar el relato mediático según el cual hay equivalencia entre el gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria, Maduro subrayó que su administración dialoga con todas las oposiciones e hizo especial reconocimiento a los políticos opositores que hacen vida en el país y han sido favorecidos en las urnas.
En mensaje dirigido al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, precisó que los sectores de la oposición extremista que participaron en los comicios regionales y municipales de 2021, recibieron solo el 28 % de apoyos, lo que atribuyó a su insistencia en adoptar estrategias fracasadas.
También reconoció el éxito de las primeras negociaciones, pues permitieron que una parte del oposicionismo local abandonara la agenda abstencionista e insurreccional y regresara a la senda electoral.
Por si ello no bastara –y para que no quedara ninguna duda acerca de quién es el actor real con el que está servida la mesa de diálogo en México–, Nicolás Maduro tildó a la delegación opositora de «representantes de los secuestradores» de los dineros venezolanos, completó el especialista.
«Aquí la realidad es que el gobierno venezolano está negociando con los dueños del circo, es decir, con los Estados Unidos», insistió.
A su parecer, conviene apuntar que, hábilmente, el mandatario puso la pelota del lado de la cancha de la Plataforma Unitaria, puesto que si bien celebró muy ampliamente el segundo acuerdo, vista su importancia para atender asuntos urgentes que afectan la calidad de vida de los venezolanos, lo presentó como un termómetro del compromiso de estos agentes con el país.
Esta alusión en modo alguno puede considerarse exagerada o gratuita: amén del historial sedicioso y antidemocrático, la dirigencia opositora ligada a Juan Guaidó también es conocida por su incapacidad para cumplir con lo pactado en otras iniciativas de negociación, pues su posición siempre ha estado determinada por las instrucciones que reciben del gobierno estadounidense, valoró.
«Cuando uno se sienta frente a Guaidó, frente a Leopoldo López, Julio Borges o Freddy Guevara, uno se sienta es con el Departamento de Estado, con la Casa Blanca», añadió.
Desde su punto de vista destacó el giro discursivo que dio Maduro con respecto a la solicitud de «elecciones libres», uno de los mantras que ha sostenido la Plataforma Unitaria desde 2018, devenido en pretexto para que Estados Unidos y sus aliados desconocieran a las autoridades venezolanas, sancionaran al país y apuntalaran un pretendido gobierno paralelo.
Sobre este punto precisó que el mandatario dejó la definición de la fecha de los comicios en manos del Consejo Nacional Electoral, como estipulan las leyes locales, y llevó esta demanda al plano de las «elecciones libres de sanciones», de lo que se concluye que ese es el gran tema que está sobre la mesa de negociaciones.
Pérez Pirela subrayó que Maduro no escamoteó ningún asunto polémico, incluyendo la presencia en la mesa de Camila Fabri de Saab, esposa del empresario colombovenezolano, Alex Saab. En comentarios sobre el tema, destacó la participación de Fabri como una de las delegadas que trabajó en las propuestas que se recogieron en el recién firmado acuerdo y señaló que su presencia en el espacio era una demostración de lealtad hacia Saab.
También se refirió a la propuesta de retornar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le hiciera el presidente colombiano, Gustavo Petro, en su reciente visita a Caracas.
Maduro dijo que la Cancillería está estudiando en detalle los procedimientos, aunque no dejó de recordar la supeditación de esta instancia regional de justicia a los intereses estadounidenses, porque aunque Washington no ha suscrito su adhesión al organismo, es su principal financista y designa la mayor cantidad de jueces.
En opinión del analista, de todo lo anterior se desprende que en el recién reanudado proceso de diálogo en México se estará definiendo el futuro de Venezuela, tanto en términos políticos, como económicos y sociales.
«Nos robaron más de 30.000 millones de dólares, a todos. El pueblo venezolano está pasando vicisitudes y penurias con el agua, con la electricidad y necesita respuestas», reiteró.
Así las cosas, a modo de conclusión señaló que el Gobierno Bolivariano regresa a la mesa desde una posición decididamente más fuerte a la que tuvo en otros momentos y parece estar apostando a lo más alto: el levantamiento de todas las sanciones –incluyendo aquellas impuestas sobre individualidades– frente a un sector de la oposición cuyo único soporte es el respaldo de la Casa Blanca y, en menor medida, de la Unión Europea.
(LaIguana.TV)
