En su más reciente entrega de «Tubazos», el periodista venezolano Eligio Rojas habló sobre la existencia de un presunto plan orquestado desde Colombia para dañar aproximadamente 100 vehículos militares pertenecientes al Fuerte Mara, estado Zulia.

Rojas explicó que recientemente fueron condenados seis funcionarios de la Armada Bolivariana incursos en dicho plan.

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Comentó que la investigación penal inició el 23 de noviembre del año 2021. Puntualizó que ese día, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) obtuvo información sobre las presuntas intenciones de sujetos para ejecutar acciones de sabotaje contra tanques pertenecientes al 112 Batallón de Infantería Mecanizada «Coronel Francisco Aramendi», ubicada en el Fuerte Mara.

Destacó que todo inició cuando el sargento primero Ricardo Alfonzo Pérez Navarro se vinculó con personas de nacionalidad colombiana, incluso realizó un viaje al vecino país con la excusa de comprar medicamentos.

En la nación neogranadina le proponen trabajar en la inutilización de tanques con un líquido que le suministrarían en Colombia a finales de noviembre de 2021, para ello recibiría como pago 100 mil dólares.

Las investigaciones además revelaron que la persona que contactó a Pérez Navarro fue el teniente de corbeta Osney Pérez, adscrito a la Base Naval Juan Crisóstomo Falcón ubicada en Punto Fijo.  Asimismo, evidenciaron que desde marzo de 2021 el sargento Pérez Navarro comenzó a enviar información sensible hacia Colombia, específicamente a un hombre llamado Felipe, a cambio de 100 a 150 mil dólares mensuales. 

Entre los datos suministrados se encuentran la disposición de los tanques, el funcionamiento y la ubicación de la unidad militar.

El periodista agregó que el plan estaba concebido para finales de noviembre y principios de diciembre de 2021. 

Resaltó que, tras descubrirse esta trama desestabilizadora, se celebró una audiencia preliminar el 3 de marzo pasado, donde dos de los ocho acusados – los tenientes de corbeta Luis Enrique Veliz Gutiérrez y Osney Daniel Pérez Bolívar- admitieron los hechos y fueron impuesto de una condena.

Ese mismo 3 de marzo el Tribunal 18 ordenó abrir juicio contra el resto de los seis acusados, el cual culminó el 11 de agosto pasado con las siguientes condenas: teniente de fragata Manuel Alejandro San Juan Echezuría a 17 años y 9 meses de prisión; sargento primero Omar Enrique Valvuena Chourio a 10 años; primer teniente Juan Carlos Franco Moreno a 17 años y nueve meses; sargento primero José Simón Medina López a 7 años, un mes y dos días; y sargento primero Cristian José López Hernández a 7 años, un mes y dos días.

Además, quedaron absueltos el sargento primero Brayan José Laya Álvarez (28) y el primer teniente Juan Carlos Franco Moreno (27), quienes fueron señalados por los delitos de abandono de funciones.

Rojas recordó que todas estas acciones desestabilizadoras que se diseñaron desde Colombia estuvieron ocultas por órdenes del entonces presidente Iván Duque.

Caso de estudiante de Fisioterapia acusada de maltrato infantil en Aragua

El periodista también se refirió al caso de Enny Alexandra Portillo Morfe, estudiante de Fisioterapia en la Universidad de las Ciencias de la Salud, núcleo Aragua, quien fue detenida tras ser acusada de maltrato a un bebé de tres meses mientras recibía tratamiento para su movilidad corporal.

De acuerdo con la versión del Ministerio Público (MP), la investigación se inicia a raíz de la divulgación de un video en redes sociales donde se ve a la acusada haciendo varios movimientos con el bebé.

Destacó que en ese momento no hubo una denuncia por parte la madre de la presunta víctima, Inés Manuela Paredes Molgano, pero cuando llaman a declarar a la estudiante, ella explicó a los representantes del Ministerio Público que en ningún momento recetó medicamentos al niño ni a ningún otro paciente.

Asimismo, la mujer argumentó que fue la madre del bebé quien la buscó para que le aplicara las terapias, tras escuchar testimonios favorables de su labor en el CDI El Aguacatal, ubicado en Maracay. Dicha versión fue confirmada por la progenitora del bebé ante el MP.

Rojas llama la atención sobre el hecho de que la señora fue quien solicitó los servicios de la estudiante y que ella es quien graba el video que, posteriormente, fue viralizado en las redes. A juicio del periodista, queda de parte de la fiscalía esclarecer el interés de la madre del infante en grabar el material audiovisual que empleó el MP para abrir una investigación penal.  

(LaIguana.TV)

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