Esta semana, acontecimientos de gran relevancia política se concentraron en la región latinoamericana. Este miércoles, Perú vivió el más reciente episodio de su crisis política, al concretarse la destitución del presidente Pedro Castillo en el Congreso y la casi inmediata juramentación de la hasta entonces vicepresidenta, Dina Buloarte.

Aunque existe un consenso casi unánime de que Castillo precipitó su salida del poder al adoptar resoluciones que contravienen lo establecido en la Constitución peruana, un examen más detallado de esta situación –que se sucedió en escasas tres horas–, pone el acento en la creciente tendencia de imponer gobernantes que no han sido legitimados en las urnas.

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A la víspera se había anunciado una sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner por el así llamado «Caso Vialidad».

De nuevo, asistimos a la reedición de una práctica que ha dejado ya un cuantioso número de víctimas: el ‘lawfare’ o persecución judicial, con la que en su día se intentó apartar o de plano se apartó de la política a Rafael Correa, Dilma Rousseff y Lula da Silva bajo el mismo cargo genérico: corrupción.

Sobre estos asuntos, cuyos efectos trascienden a los eventos antes referidos, conversó este 8 de diciembre Miguel Ángel Pérez Pirela en la más reciente edición de su programa Desde Donde Sea, que se transmite todos los jueves a través de las redes sociales de LaIguana.TV.

Como abreboca advirtió que «la derecha avanza en Nuestramérica a punta de jueces, no a punta de votos», pues los casos de Pedro Castillo y Cristina Fernández son una clara demostración de ello.

¿Doble golpe en Perú? El Congreso destituye a Pedro Castillo

Entrando en materia refirió que en Perú se abrió otro capítulo de su casi permanente crisis política y apenas tres horas bastaron para que resultara detenido el entonces presidente, Pedro Castillo y se juramentara la hasta ahora vicepresidenta, Dina Buloarte, como nueva mandataria.

En vísperas de la tercera moción de vacancia –destitución– de Castillo promovida por el Congreso en razón de una supuesta incapacidad moral, inesperadamente, el mandatario disolvió el gobierno, incluyendo el Parlamento, y anunció la instalación de un «gobierno de excepción», comentó.

Detalló que en una alocución, el gobernante dictó la disolución temporal del Legislativo y la instalación de un gobierno de emergencia. Además anunció la convocatoria a elecciones «para un nuevo Congreso, con facultades constituyentes, para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses» y declaró la «reorganización del sistema de judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)»

Según dijo el ahora expresidente, tomó estas resoluciones en atención a los reclamos de la ciudadanía, al tiempo que destacó que su declaratoria de Estado de excepción –incluyendo la instalación de un toque de queda– estaría orientada a restablecer el Estado de derecho y la democracia, sintetizó.

En su opinión, o bien Castillo sobrestimó sus apoyos dentro del gobierno y las instituciones peruanas o bien actuó motivado por evitar su destitución en el Congreso, porque casi de inmediato se produjo una estampida de altos cargos, que calificaron su actuación como un «autogolpe de Estado».

Para ilustrar, mencionó que el comandante general del Ejército peruano, Walter Córdova Alemán, dimitió a su cargo en una carta expedida al ministro de Defensa, Gustavo Bobbio.

En la misiva se lee: «Mediante el presente, solicito mi cese en el cargo de Comandante general del Ejército del Perú, por motivos estrictamente personales, y con ello, mi pase a la situación militar de retiro de conformidad a lo establecido en la ley N° 28.359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas».

A esto se sumaron las renuncias de los ministros de Economía, Relaciones Exteriores, Transportes y Comunicaciones, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Justicia y Educación.

Asimismo, en un comunicado, las Fuerzas Armadas acusaron veladamente a Castillo de invocar erróneamente el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, que le da prerrogativas al presidente de disolver el Congreso siempre que el Poder Legislativo haya censurado o negado la confianza a dos Consejos de Ministros.

«Por donde usted lo vea, no sabemos en qué se basó Castillo para hacer lo que hizo. La única manera de saberlo es ver cómo fue que le puso su destitución en bandeja de plata a un Congreso que goza del 80 % de rechazo», reiteró, antes de enfatizar que en estos casos, el pronunciamiento de estos estamentos es siempre fundamental en estos.

En concreto, el sector castrense difundió un comunicado donde se indica que «cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú», en lo que el especialista valoró como un acto de insubordinación al presidente de la República.

En la misma línea comentó que la Defensoría del Pueblo de Perú, exigió la renuncia «inmediata» del mandatario y su puesta a la orden de los órganos de administración de justicia, por la violación expresa de la Carta Magna, al tiempo que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, declaró que en ese momento no había gobierno en el país.

El funcionario subrayó que en apego a la legislación local, le correspondería a la primera vicepresidenta, Dina Buloarte, asumir la jefatura del Estado e instó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a preservar el hilo constitucional y «entregar el mando a los civiles».

En lo que a juicio del comunicador constituyó un acto de traición, Buloarte, quien era la llamada a suceder a Castillo en caso de que se concretara su remoción en el Legislativo, rápidamente marcó distancia de sus anuncios y lo señaló de perpetrar un golpe de Estado.

En paralelo, el Congreso peruano adelantó la votación para forzar la salida Pedro Castillo. En el papel, la oposición peruana contaba con 80 de los 87 votos necesarios para conseguir la destitución bajo el alegato de «incapacidad moral permanente».

Tras la alocución de Castillo, que se produjo al final de la mañana (hora local), comenzaron a circular especulaciones que apuntaban a que se conseguirían los votos necesarios para apartarlo del cargo, principalmente porque con la anunciada disolución del Parlamento, los diputados cesarían inmediatamente en sus funciones y perderían sus cuotas de poder y observó que la reacción del Poder Judicial puede interpretarse de manera análoga.

«En un acto de ingenuidad extrema, intentó disolver poderes, que para sobrevivir, lo destituyeron a él», destacó.

Pérez Pirela apuntó propios y extraños han coincidido en señalar que el factor determinante para el fracaso de la maniobra del presidente peruano, fue que no contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía.

En todo caso, a primera hora de la tarde, el Legislativo peruano consiguió vacar a Castillo con el respaldo de 101 de los 130 parlamentarios. Asimismo, se convocó a una sesión extraordinaria a las 3:00 de la tarde, hora del Perú, para juramentar a Dina Buloarte como nueva presidenta.

En otro ángulo de la situación relató que sincronizadamente, las fuerzas del orden se desplazaron hacia el Palacio de Gobierno para allanarlo y detener al ya exmandatario, que automáticamente perdió la inmunidad de la que gozaba.

De acuerdo con informes de la prensa local, Castillo fue capturado cuando se disponía a salir del Palacio en compañía de su familia y trasladado a una sede policial en Lima, al tiempo que la Policía Nacional del Perú colgó en su cuenta de Twitter una foto del expresidente bajo custodia policial y aseguró que su aprehensión cumplía con lo establecido en las leyes.

El tuit fue borrado y reemplazado con otro, en el que se lee lo siguiente: «Rechazamos el quebrantamiento del orden constitucional y exhortamos a la población a respetar la Constitución Política y a mantener la calma. Asimismo, confiar en las instituciones del Estado». No obstante, señaló, los internautas se encargaron de resguardar el trino, en el que se exponía innecesariamente a Pedro Castillo.

El analista puso el acento sobre la inusitada rapidez con la que se activaron todas las instancias del Estado para desplazar del poder a Pedro Castillo y cómo su proceder fue rápidamente aplaudido por Washington y la OEA.

Adicionalmente, comentó, en las redes sociales se difundieron imágenes de trancas frente a la Embajada de México en la capital peruana, pues se esparció la especie de que el depuesto mandatario solicitaría asilo político en ese país, vista su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A esto sumó que el propio López Obrador confirmó que Castillo se comunicó con él y le pidió asilo en la embajada, una solicitud que estaba dispuesto a conceder e inclusive confirmó que contactó al canciller Marcelo Ebrard para dispusiera lo necesario.

El líder azteca especuló que muy posiblemente, al momento de la conversación, el teléfono de su par peruano estaba intervenido, porque no logró trasladarse hasta la sede diplomática y, antes bien, fue detenido minutos después.

También aprovechó la ocasión de exhortar a las autoridades peruanas a respetar los derechos humanos de Pedro Castillo, a resguardar debidamente a sus familiares y a actuar con «legalidad verdadera» en este caso.

Sobre Castillo se tejió una abundante trama de imputaciones, que comenzaron por señalamientos en el Congreso por presuntos actos de corrupción y concluyeron con acusaciones por la presunta violación del orden constitucional.

En su opinión, se trató de «un triste momento» que quedará grabado en la memoria del pueblo peruano: un presidente apresado, en medio de una situación bochornosa, judicialmente hablando.

Posteriormente, continuó relatando, el Ministerio Público del país andino informó que esa instancia acordó iniciar indagaciones en su contra por presuntamente atentar contra los poderes públicos y el orden constitucional, en las modalidades de rebelión y conspiración.

Si es encontrado culpable, podría enfrentar entre 10 y 20 años de cárcel, refirieron medios de comunicación y agencias de noticias, que también reseñaron que fue trasladado a la prisión de Babadillo, donde cumple condena por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos el exdictador Alberto Fujimori.

«El mensaje político es claro: la oligarquía peruana no va a dejar gobernar a nadie que no sea de los de ellos», destacó.

A media tarde, los congresistas juramentaron a Dina Buloarte como nueva presidenta. Aunque tenía prerrogativas para convocar a un proceso de elecciones generales, comunicó que concluiría el mandato de Castillo, previsto hasta 2026.

«No va a llegar hasta esa fecha. Fue una vicepresidenta que ascendió por la traición al presidente y tendrá que ceder a todo lo que ese Congreso golpista le exija, si no quiere que la saquen», pronosticó.

En la misma línea convocó a los sectores políticos a «un amplio proceso de diálogo» y solicitó una «tregua política» al Parlamento, que permita retomar las muchas veces postergadas reformas política.

Pérez Pirela puso el acento en los términos que usó Buloarte, pues son la reproducción del discurso de la OEA, que estaba desplegada en el país andino con la misión de estabilizar la situación política y, en su lugar, parece haber acelerado la caída de Castillo.

A estos efectos indicó que aspiraba que el Congreso le dejara gobernar junto a «un gobierno de unidad nacional», para atacar dos problemas que, en su juicio, son prioritarios: la corrupción y «el desgobierno».

En otro punto de su intervención –que, en su opinión, fue preparada con mucha prisa–, la recién juramentada presidenta aludió a sus orígenes humildes, a su numerosa familia, a su crianza en un pueblo el interior y en guiño no explícito a la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, abogó por los derechos y necesidades de «los nadies».

De la misma manera, Buloarte prometió lanzar prácticamente una cruzada contra la corrupción –a la que calificó de «cáncer que hay que extirpar de raíz»–, haciendo referencia a los casos denunciados por los medios de comunicación y por el Parlamento.

Aunque no dijo nombres, puede concluirse que se refería, acaso entre otros, al recién destituido presidente, pues fueron justamente esos dos actores los que, sin tener competencias judiciales y en contubernio con la Fiscalía, promovieron denuncias –hasta ahora no comprobadas– en su contra.

El trasfondo político de la destitución de Pedro Castillo

Tras el recuento de los eventos, Pérez Pirela avanzó algunas posibles interpretaciones relativas al trasfondo político tras esta destitución, porque aunque en apariencia, este nuevo episodio de la crisis política peruana se saldó rápidamente y en estricto apego a lo que estipula la legislación del país andino. Sin embargo, esta huída hacia adelante de Castillo y la posterior resolución del Congreso, cuando menos evidencian un choque de poderes, en el que el Legislativo tiene ventajas constitucionales.

A este respecto comentó que hay quienes sostienen que contra el mandatario se aplicó una táctica ya instalada en la región, es decir, un golpe de Estado parlamentario, similar en estructura a los que les fueran aplicados en su día a los presidentes Manuel Zelaya (Honduras), Fernando Lugo (Paraguay) y Dilma Rousseff (Brasil).

Además, desde su punto de vista, en alguna medida, esto fue lo que le hicieron –con razón o sin ella– a todos los presidentes peruanos de los últimos cinco años, excepción hecha de Francisco Sagasti, predecesor de Castillo, quien pudo concluir el período constitucional 2016-2021 al haber sido designado cuando faltaba menos de un año para el fin del mandato.

A su parecer, tampoco puede dejarse de lado que desde mediados de octubre, el mandatario solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) la activación de la Carta Interamericana para superar la ingobernabilidad y la inestabilidad política, pese al cuestionable historial de injerencias y promoción de golpes de Estado que ha caracterizado al organismo.

Así, señaló que se trata de un nuevo evento político en la región, en el que –para muchos– sale a florecer el papel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), liderada por Luis Almagro.

Recordó asimismo que a mediados de noviembre, cuando la misión de la OEA se instaló en Lima, advirtió que acaso Castillo había pecado de ingenuo, al apelar a una institución que bajo el liderazgo de Almagro consiguió el derrocamiento del presidente Evo Morales en Bolivia y fraguó y respaldó públicamente planes sediciosos contra los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Aunque en este caso no han figurado directamente ni el nombre de este órgano regional ni el de alguno de sus funcionarios, no sorprendería demasiado si, pasado algún tiempo, se revela o demuestra su implicación en la destitución de Castillo.

Empero, una vez anunciada la investidura de Dina Buloarte como presidenta, Almagro se aprestó a respaldarla y a saludar su llamado a la unidad nacional.

Especulaciones aparte, el depuesto expresidente hondureño Manuel Zelaya, sí atrevió a calificar lo sucedido en Perú como un «golpe de Estado». Así, se permitió citar lo expresado por Zelaya en Twitter: «Condenamos enérgicamente el golpe de Estado en Peru violentando la soberana voluntad del pueblo, representado por el presidente Pedro Castillo».

De estas expresiones del político hondureño rescatamos su acento en un punto central: «la soberana voluntad del pueblo», porque si bien Boularte recibió votos, ellos correspondían a su curul como congresista, no como candidata presidencial o vicepresidencial.

«En este momento, en Perú no hay un presidente electo por el pueblo», destacó. El dato, en su criterio, el dato es importante porque de nuevo se concreta en América Latina la instalación en la jefatura del Estado de un dirigente político que no fue votado para ese cargo, bajo justificaciones legales –como es el caso– o pseudolegales, como se hizo en Bolivia con Jeanine Áñez y aún se pretende hacer en Venezuela con el exdiputado Juan Guaidó.

A esto sumó que, según sondeos recientes, el Congreso peruano acumula rechazo en ocho de cada diez peruanos, por lo que su legitimidad para tomar esta clase de decisiones, que impactan decisivamente en la vida nacional, también ha sido puesta en cuestión.

A contrapelo de esta interpretación, presentó la posición avanzada por los medios hegemónicos, que de inmediato tildaron las declaraciones de Castillo como un «intento de autogolpe» de Estado, al tiempo que justificaron sin miramientos su remoción y posterior juramentación de la vicepresidenta, mencionando casi invariablemente que es la primera mujer en asumir la presidencia del Perú.

Desde su punto de vista, es simplemente ridículo que en medio de una crisis política como la que atraviesa Perú, se enfatice el hecho de que Dina Buloarte es la primera presidenta mujer, cuando deberían estar cuestionando cómo llegó a esa posición.

De continuidad con las implicaciones políticas del caso, recuperó las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien sin hablar directamente de golpe de Estado y en un tono menos beligerante que Zelaya, no dejó de poner el acento en la profunda crisis política del Perú y en el papel que las élites económicas y políticas jugaron en la destitución de Castillo.

De igual tenor fueron las declaraciones del presidente boliviano, Luis Arce, que si bien lamentó lo sucedido, también denunció que desde el principio, «la derecha peruana intentó derrocar a un gobierno democráticamente electo por el pueblo, por las clases humildes que buscan más inclusión y justicia social».

De su lado, Estados Unidos rechazó las decisiones tomadas por Castillo, pidió «defender la democracia» y subrayó que Washington ya no lo reconoce más como presidente de Perú.

El presidente electo de Brasil, Lula da Silva, expresó en un comunicado que había seguido «de cerca» la situación en Perú y puntualizó que la destitución de Castillo se dio «en el marco constitucional», al tiempo que las cancillerías de Chile y Colombia rechazaron cualquier atentado contra la democracia e instaron al diálogo.

A su juicio, si bien las actuaciones institucionales en Perú estuvieron apegadas al marco jurídico, se trata de un argumento leguleyo, pues políticamente queda muy claro que se perpetró un golpe de Estado continuado.

Al margen de lo expresado por su Cancillería, el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó a las ultraderechas regionales de tener «ansiedad de golpes» de Estado.

Como respuesta a un mensaje de la senadora uribista María Fernanda Cabal, Petro expresó en Twitter que «está desatada la ansiedad de golpes en nuestra ultraderecha latinoamericana. Les importa un bledo la voluntad popular».

En el contexto de la crisis peruana, la congresista Cabal publicó un trino en el que aseguró que «los ejércitos con vocación son anticomunistas», y que esa era «una realidad con la que no cuentan los comunistas», detalló el experto. Ante esto, refirió, Petro refutó esto diciendo que «los ejércitos no tienen por qué ser ni fascistas ni comunistas, los ejércitos son de la Nación».

De otro lado mencionó que en las redes sociales, los señalamientos de «autogolpe» contra Pedro Castillo llegaron todavía más lejos, al comparar sus medidas con las que hace unos 30 años adoptara el dictador Alberto Fujimori.

Paradójicamente, en lo que calificó como un acto de extremo cinismo, la lideresa del fujimorismo, Keiko Fujimori, denunció que Castillo había consumado un golpe de Estado y pidió su destitución inmediata, en nombre de la democracia.

Sin embargo, el también director de LaIguana.TV advirtió que no todo marcha tan bien como se ha hecho parecer. La conflictividad política en Perú no solo se limita a los poderes públicos, sino que se extiende entre los ciudadanos comunes, pues la remoción de Castillo por parte del Legislativo ha derivado en enfrentamientos entre grupos de ciudadanos que respaldan al exmandatario y otros grupos que celebran su salida del poder.

Pese a esto, consideró que aunque hay protestas, es muy posible que «no pasen a mayores, porque Castillo no preparó a sus bases populares.

En interés de apuntalar un análisis más estructural, recordó que en las elecciones presidenciales de 2022 se impuso en segunda vuelta sobre la ultraderechista Keiko Fujimori por un margen muy estrecho y desde el inicio de su gestión fue acosado por el Congreso y otras instituciones del Estado.

En año y medio, Castillo se vio forzado a designar cinco gabinetes por los que pasaron unos 80 ministros, en medio de mociones de censura, dos amenazas previas de destitución, imputaciones de miembros de su familia y de colaboradores cercanas y numerosas prohibiciones de salida del país.

«Fue un golpe de Estado continuado. Lamentablemente, en esta ocasión no estoy de acuerdo con Lula: no se puede decir que todo esto fue legal. No es así. O al menos es lo que estamos tratando de presentar con argumentos», apreció.

Con semejante cerco, en la práctica, se vio impedido de gobernar y de desarrollar su programa político, centrado en la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, nacionalización de recursos estratégicos y disminución de la desigualdad a través de la puesta en marcha de un modelo de economía social de mercado, en desmedro del neoliberalismo privilegiado en la Carta Magna vigente, resumió.

Pese a ello –y acaso contra todo pronóstico–, hasta el final conservó el apoyo de cerca del 30 % de los votantes, en su mayoría personas de escasos recursos y procedentes del interior del país, históricamente invisibilizadas e ignoradas por el gobierno nacional, que vieron en su arribo a la presidencia una esperanza para revertir esa desigualdad estructural.

No obstante, en su opinión, Castillo erró al no invitar a esa base popular cuando decidió arriesgarse a disolver el Congreso, anunciar una reforma judicial y comunicar que convocaría a elecciones legislativas con facultades constituciones.

De regreso a Dina Buloarte refirió que una pesquisa realizada por el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla basada en informes de la prensa peruana, apunta hacia su implicación en la caída de Castillo.

El pasado 10 de octubre, Buloarte denunció una componenda en el Parlamento para concretar la vacancia de Castillo, que ya habían promovido sin éxito en dos oportunidades. En su decir, se convirtió en blanco de los diputados para evitar la sucesión constitucional.

En su opinión, sus alegatos tenían asidero, pues el 11 de agosto, un diputado del derechista Renovación Nacional argumentó en público que antes de destituir al mandatario, se precisaba denunciar constitucionalmente a la vicepresidenta, que para entonces también ejercía la cartera de Desarrollo e Inclusión Social.

El 25 de noviembre, mientras estos movimientos en su contra se sucedían en el Congreso peruano y la OEA instalaba una misión para supuestamente estabilizar la situación política en el país, Dina Buloarte anunció que renunciaba al ministerio, tras haberse percatado de los perjuicios de la polarización, particularmente sobre el pueblo peruano.

Entonces se especuló que se había producido un distanciamiento entre ella y Pedro Castillo, pero ninguno de los dos confirmó la especie, que fue desestimada porque Buloarte cerró filas con el mandatario en los intentos previos de vacancia adelantados en el Legislativo e incluso, en diciembre de 2021 aseguró que renunciaría a su posición, si tal escenario se concretara.

No obstante, el pasado 5 de diciembre, apenas dos días antes de la sesión en la que se discutiría nuevamente la vacancia de Castillo, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) decidió archivar la denuncia contra Buloarte, quien tenía en marcha una investigación por un caso de conflicto de intereses durante su ejercicio como ministra.

«El Congreso la perdonó, ella se alió con el Congreso y destituyeron a Castillo, así de sencillo», indicó.

Este razonamiento, en su lectura, es lo que explica que sectores que aún respaldan a Castillo la tachen de traidora, la acusen de haber pactado con un Congreso abiertamente golpista en aras de su propia supervivencia política y le demanden un llamado a elecciones generales que incluya una consulta para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Vista la inestabilidad política en Perú, es difícil pronosticar qué sucederá en las próximas semanas y meses, pues las razones de fondo de la crisis institucional siguen presentes, a lo que se añade un creciente malestar social, redondeó.

«Para mí, la solución de Perú pasa por una Constituyente, por un reseteo de esta clase política que tiene décadas gobernando a espaldas del pueblo», enfatizó.

A modo de primer balance manifestó que la inexperiencia política de Pedro Castillo acabó signando su destino. En un clima de permanente persecución política, no supo o no pudo construir alianzas con sectores sociales relevantes, vista la imposibilidad de hacerlo desde el propio Estado, que aún antes de su juramentación había prometido derrocarlo.

Asimismo, destacó que en lugar de privilegiar alianzas regionales –excepción hecha de México– o con actores geopolíticos como China o Rusia, buscó respaldo en la OEA, es decir, en los Estados Unidos, que aunque no tenían razones para temer que se convirtiera en una amenaza para sus intereses, es claro que han respirado aliviados por su destitución.

Con respecto a Dina Buloarte, alertó que su permanencia en el cargo dependerá de los pactos que sea capaz de mantener con el Congreso, que aunque está fuertemente atomizado, es claro partidario de mantener el modelo político vigente, en desmedro de los anhelos de cambio que bullen en el seno de la sociedad peruana.

Mafias judiciales condenan a Cristina Fernández de Kirchner

Miguel Ángel Pérez Pirela destinó la última sección de la edición a Argentina, pues a pesar de que los sobrevenidos sucesos de Perú acapararon el interés mediático, apenas un día antes se consumó otro evento que, por su trascendencia, estaba destinado a convertirse en el gran acontecimiento político de la región del último tiempo: la condena a seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en un caso plagado de irregularidades.

En concreto, explicó, Fernández de Kirchner, fue condenada a 6 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por la «Causa Vialidad. Desde el comienzo del juicio, la dos veces expresidenta denunció que la oposición derechista armó un expediente fraudulento, en contubernio con agentes del Poder Judicial, con el objetivo de impedir su participación política.

Aunque los fiscales habían pedido 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso optaron por una condena de seis años por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y apoyaron su inhabilitación perpetua.

Además, continuó relatando, ordenaron el decomiso de más de 84.000 millones de pesos –unos 495 millones de dólares– a cargo de lo que valoraron como irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz a mediados de la década de los 2000, cuando gobernaba el esposo de Fernández, Néstor Kirchner.

A su parecer, no puede olvidarse que Fernández ya había advertido que el tribunal que llevaba el juicio en su contra parecía más bien un «pelotón de fusilamiento» –no se le permitió presentar alegatos contra nuevos elementos incluidos extemporáneamente en el proceso–, con lo que dejó entrever que esperaba este resultado.

En todo caso, inmediatamente se hizo público el veredicto, la dignataria ofreció una extensa alocución en sus redes sociales, en la que por cerca de una hora detalló todos los intríngulis del ‘lawfare’ armado en su contra, enfatizando de manera particular que la Fiscalía no logró demostrar ninguna de las acusaciones.

Entre otros comentarios, Fernández sostuvo que la trama falaz con la que se articuló el así llamado «Caso Vialidad» no era una persecución jurídica y tampoco la actuación de un partido judicial, sino que respondía a las acciones de un «sistema paraestatal». En su opinión, una demostración del funcionamiento de este Estado paralelo se dio justamente el fin de semana previo antes de la sentencia, cuando se revelaron conversaciones de un grupo de Telegram relativas a un viaje secreto a La Patagonia financiado por el grupo Clarín.

De acuerdo con estas informaciones, detalló el especialista, cuatro jueces involucrados directamente o a través de familiares directos con este caso, así como funcionarios adscritos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y altos cargos de Clarín, habrían acudido a la propiedad de un magnate inglés, amigo íntimo de Macri.

En concreto, refirió, el rotativo Página12 reveló la existencia del viaje y esto habría obligado a los implicados a tramar una versión para difundir a los medios e implementar prácticas fraudulentas como el forjamiento de facturas y billetes aéreos, en aras de justificar el ya inocultable traslado.

Según puntualizara Fernández de Kirchner el pasado martes, este entramado tiene nexos –de nuevo, a través de familiares directos– con el de los jueces y fiscales que acudieron a la residencia del expresidente Mauricio Macri para disputar un partido de fútbol.

La magnitud de este escándalo obligó al presidente argentino, Alberto Fernández a ordenar una investigación penal, por la presunta connivencia entre jueces, fiscales, empresarios y altos funcionarios. En una cadena nacional desde la Casa Rosada, el mandatario deslizó que estas conductas atentaban contra la democracia, al tiempo que destacó que ya era tiempo que estos agentes rindieran cuentas por su procederes.

En aras de aclarar la magnitud de este fraude jurídico relató que la causa, que ya había sido sobreseída por diversos motivos, entre ellos que Fernández de Kirchner era congresista y no presidenta durante el período de escrutinio, fue reactivada ilegalmente en 2016 con la llegada de Mauricio Macri al poder, pasando por alto no solo la sentencia previa sino el hecho de que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por la misma acusación.

Según reportes especializados que han hecho seguimiento a este proceso político-jurídico que inició hace más de cinco años, como el que divulgara en Twitter el periodista Matias Mowszet, los propios testigos de la Fiscalía se encargaron de echar abajo sus alegatos.

De esta pesquisa recuperó la reseña del testimonio ofrecido por Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y presidente de una gran constructora, quien explicó ante el tribunal cómo las compañías que participan en licitaciones públicas suelen ponerse de acuerdo para rotarse las adjudicaciones.

En su opinión, esto es claramente reprochable a nivel ético, pero no constituye un delito en sí y, en cualquier caso, dejó establecido que la entonces primera dama-senadora y luego presidenta, no tuvo nada que ver con los contratos que el gobierno de la provincia de Santa Cruz le otorgó a su amigo Lázaro Báez.

Por si ello no bastara, se le condenó por administración fraudulenta de recursos, una competencia que descansa en el Jefe de Gabinete, no en el Jefe de Estado, previa aprobación de la Ley de Presupuesto en el Parlamento sancionada anualmente.

La documentación demostró que las obras que originaron los cuestionamientos por corrupción hacia Cristina Fernández, figuran en los presupuestos aprobados en el Legislativo, que en esos años fueron refrendadas por la bancada de oposición derechista.

Dijo, además, que al cierre de su intervención, la lideresa expresó que la razón real de esta condena carcelaria no es solo encerrarla en prisión, sino atentar contra el peronismo como proyecto político preocupado por las necesidades de la población y por ello Fernández de Kirchner, se enfocaron en inhabilitarla perpetuamente para el ejercicio de cargos públicos, pues su trayectoria demuestra que ha sido la voluntad popular la que la llevó a las distintas posiciones que ha ocupado.

Así las cosas, a pesar de su innegable popularidad, anunció que no optará por ningún cargo de elección popular en 2023. Según se desprende de su vehemente intervención, no le preocupa su condena judicial, sino el peso que su inhabilitación pueda acarrearle al movimiento peronista en las urnas.

Asimismo, cargó contra el dueño del grupo Clarín, al que sindicó de controlar los hilos del Estado paralelo que forjó esta sentencia, al tiempo que le advirtió que al perder su inmunidad –fuero– el 10 de diciembre de 2023, podría perfectamente mandar a sus agentes a apresarla, pero que no se doblegaría ante él.

«Contundente, Cristina Kirchner, palabras directas, palabras que denotan una fuerza política, lejos de amedrentarse por estas acusaciones y por estas persecuciones judiciales, se acrecientan», apreció.

Pérez Pirela recordó cómo ascendieron los Kirchner al poder, tras una sucesión de gobiernos inestables derivados de una profunda crisis económica y en medio del llamado «primer ciclo progresista» de la región. Así se explica que, casi de inmediato, Fernández de Kirchner recibió el espaldarazo de presidentes y líderes de la izquierda regional, entre los que figuraron Nicolás Maduro, Lula da Silva, Luis Arce, Evo Morales, Andrés Manuel López Obrador y Dilma Rousseff, quienes reiteraron que la exmandataria está sometida a la persecución política.

De su parte, Alberto Fernández respaldó incondicionalmente a su vicepresidenta y encabeza la propuesta del Grupo de Puebla, que pretende denunciar en instancias internacionales el fraude judicial perpetrado contra ella.

A pesar del oscuro panorama, Pérez Pirela reconoció que Cristina Fernández de Kirchner tendrá la oportunidad de apelar la condena, porque aún no ha sido dictada una sentencia firme, lo que significa que, de momento, no irá a la cárcel y tampoco le será aplicada la inhabilitación perpetua, pues según las leyes argentinas, primero deben agotarse todas las instancias de apelación.

Empero, acotó, aunque formalmente disponga de recursos, la realidad de la justicia argentina pone en cuestión la posibilidad de que la sentencia se revierta, porque no ha bastado demostrar la falsedad de los hechos señalados por la Fiscalía para detener un proceso a todas luces viciado.

A modo de contraste indicó que como se recordará, la divulgación de los chats del entonces juez Sergio Moro, marcaron el principio del fin del ‘lawfare’ contra Lula, mas en esta ocasión, han salido a la luz pública al menos dos megaescándalos de corrupción en los que aparecen implicados los jueces de la causa y ello no se ha traducido en su remoción ni investigación.

«Lo que quieren las derechas es que no haya más elecciones en Latinoamérica, que sus jueces encarcelen a toda la oposición y que ellos gobiernen solos con el Fondo Monetario Internacional», opinó.

Para concluir, advirtió que el anuncio de Fernández de Kirchner de no postularse como candidata «a nada» en 2023 deja al peronismo en una situación de orfandad y de enorme fragilidad. El gobierno de Alberto Fernández se ha mostrado incapaz de lidiar con la pesada herencia del macrismo, que tal y como van las cosas, ocupará nuevamente la Casa Rosada, habiendo sacado del medio –y con total impunidad– a su mayor adversaria política.

(LaIguana.TV)

Esta semana, acontecimientos de gran relevancia política se concentraron en la región latinoamericana. Este miércoles, Perú vivió el más reciente episodio de su crisis política, al concretarse la destitución del presidente Pedro Castillo en el Congreso y la casi inmediata juramentación de la hasta entonces vicepresidenta, Dina Buloarte.

Aunque existe un consenso casi unánime de que Castillo precipitó su salida del poder al adoptar resoluciones que contravienen lo establecido en la Constitución peruana, un examen más detallado de esta situación –que se sucedió en escasas tres horas–, pone el acento en la creciente tendencia de imponer gobernantes que no han sido legitimados en las urnas.

A la víspera se había anunciado una sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner por el así llamado «Caso Vialidad».

De nuevo, asistimos a la reedición de una práctica que ha dejado ya un cuantioso número de víctimas: el ‘lawfare’ o persecución judicial, con la que en su día se intentó apartar o de plano se apartó de la política a Rafael Correa, Dilma Rousseff y Lula da Silva bajo el mismo cargo genérico: corrupción.

Sobre estos asuntos, cuyos efectos trascienden a los eventos antes referidos, conversó este 8 de diciembre Miguel Ángel Pérez Pirela en la más reciente edición de su programa Desde Donde Sea, que se transmite todos los jueves a través de las redes sociales de LaIguana.TV.

Como abreboca advirtió que «la derecha avanza en Nuestramérica a punta de jueces, no a punta de votos», pues los casos de Pedro Castillo y Cristina Fernández son una clara demostración de ello.

¿Doble golpe en Perú? El Congreso destituye a Pedro Castillo

Entrando en materia refirió que en Perú se abrió otro capítulo de su casi permanente crisis política y apenas tres horas bastaron para que resultara detenido el entonces presidente, Pedro Castillo y se juramentara la hasta ahora vicepresidenta, Dina Buloarte, como nueva mandataria.

En vísperas de la tercera moción de vacancia –destitución– de Castillo promovida por el Congreso en razón de una supuesta incapacidad moral, inesperadamente, el mandatario disolvió el gobierno, incluyendo el Parlamento, y anunció la instalación de un «gobierno de excepción», comentó.

Detalló que en una alocución, el gobernante dictó la disolución temporal del Legislativo y la instalación de un gobierno de emergencia. Además anunció la convocatoria a elecciones «para un nuevo Congreso, con facultades constituyentes, para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses» y declaró la «reorganización del sistema de judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)»

Según dijo el ahora expresidente, tomó estas resoluciones en atención a los reclamos de la ciudadanía, al tiempo que destacó que su declaratoria de Estado de excepción –incluyendo la instalación de un toque de queda– estaría orientada a restablecer el Estado de derecho y la democracia, sintetizó.

En su opinión, o bien Castillo sobrestimó sus apoyos dentro del gobierno y las instituciones peruanas o bien actuó motivado por evitar su destitución en el Congreso, porque casi de inmediato se produjo una estampida de altos cargos, que calificaron su actuación como un «autogolpe de Estado».

Para ilustrar, mencionó que el comandante general del Ejército peruano, Walter Córdova Alemán, dimitió a su cargo en una carta expedida al ministro de Defensa, Gustavo Bobbio.

En la misiva se lee: «Mediante el presente, solicito mi cese en el cargo de Comandante general del Ejército del Perú, por motivos estrictamente personales, y con ello, mi pase a la situación militar de retiro de conformidad a lo establecido en la ley N° 28.359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas».

A esto se sumaron las renuncias de los ministros de Economía, Relaciones Exteriores, Transportes y Comunicaciones, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Justicia y Educación.

Asimismo, en un comunicado, las Fuerzas Armadas acusaron veladamente a Castillo de invocar erróneamente el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, que le da prerrogativas al presidente de disolver el Congreso siempre que el Poder Legislativo haya censurado o negado la confianza a dos Consejos de Ministros.

«Por donde usted lo vea, no sabemos en qué se basó Castillo para hacer lo que hizo. La única manera de saberlo es ver cómo fue que le puso su destitución en bandeja de plata a un Congreso que goza del 80 % de rechazo», reiteró, antes de enfatizar que en estos casos, el pronunciamiento de estos estamentos es siempre fundamental en estos.

En concreto, el sector castrense difundió un comunicado donde se indica que «cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú», en lo que el especialista valoró como un acto de insubordinación al presidente de la República.

En la misma línea comentó que la Defensoría del Pueblo de Perú, exigió la renuncia «inmediata» del mandatario y su puesta a la orden de los órganos de administración de justicia, por la violación expresa de la Carta Magna, al tiempo que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, declaró que en ese momento no había gobierno en el país.

El funcionario subrayó que en apego a la legislación local, le correspondería a la primera vicepresidenta, Dina Buloarte, asumir la jefatura del Estado e instó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a preservar el hilo constitucional y «entregar el mando a los civiles».

En lo que a juicio del comunicador constituyó un acto de traición, Buloarte, quien era la llamada a suceder a Castillo en caso de que se concretara su remoción en el Legislativo, rápidamente marcó distancia de sus anuncios y lo señaló de perpetrar un golpe de Estado.

En paralelo, el Congreso peruano adelantó la votación para forzar la salida Pedro Castillo. En el papel, la oposición peruana contaba con 80 de los 87 votos necesarios para conseguir la destitución bajo el alegato de «incapacidad moral permanente».

Tras la alocución de Castillo, que se produjo al final de la mañana (hora local), comenzaron a circular especulaciones que apuntaban a que se conseguirían los votos necesarios para apartarlo del cargo, principalmente porque con la anunciada disolución del Parlamento, los diputados cesarían inmediatamente en sus funciones y perderían sus cuotas de poder y observó que la reacción del Poder Judicial puede interpretarse de manera análoga.

«En un acto de ingenuidad extrema, intentó disolver poderes, que para sobrevivir, lo destituyeron a él», destacó.

Pérez Pirela apuntó propios y extraños han coincidido en señalar que el factor determinante para el fracaso de la maniobra del presidente peruano, fue que no contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía.

En todo caso, a primera hora de la tarde, el Legislativo peruano consiguió vacar a Castillo con el respaldo de 101 de los 130 parlamentarios. Asimismo, se convocó a una sesión extraordinaria a las 3:00 de la tarde, hora del Perú, para juramentar a Dina Buloarte como nueva presidenta.

En otro ángulo de la situación relató que sincronizadamente, las fuerzas del orden se desplazaron hacia el Palacio de Gobierno para allanarlo y detener al ya exmandatario, que automáticamente perdió la inmunidad de la que gozaba.

De acuerdo con informes de la prensa local, Castillo fue capturado cuando se disponía a salir del Palacio en compañía de su familia y trasladado a una sede policial en Lima, al tiempo que la Policía Nacional del Perú colgó en su cuenta de Twitter una foto del expresidente bajo custodia policial y aseguró que su aprehensión cumplía con lo establecido en las leyes.

El tuit fue borrado y reemplazado con otro, en el que se lee lo siguiente: «Rechazamos el quebrantamiento del orden constitucional y exhortamos a la población a respetar la Constitución Política y a mantener la calma. Asimismo, confiar en las instituciones del Estado». No obstante, señaló, los internautas se encargaron de resguardar el trino, en el que se exponía innecesariamente a Pedro Castillo.

El analista puso el acento sobre la inusitada rapidez con la que se activaron todas las instancias del Estado para desplazar del poder a Pedro Castillo y cómo su proceder fue rápidamente aplaudido por Washington y la OEA.

Adicionalmente, comentó, en las redes sociales se difundieron imágenes de trancas frente a la Embajada de México en la capital peruana, pues se esparció la especie de que el depuesto mandatario solicitaría asilo político en ese país, vista su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A esto sumó que el propio López Obrador confirmó que Castillo se comunicó con él y le pidió asilo en la embajada, una solicitud que estaba dispuesto a conceder e inclusive confirmó que contactó al canciller Marcelo Ebrard para dispusiera lo necesario.

El líder azteca especuló que muy posiblemente, al momento de la conversación, el teléfono de su par peruano estaba intervenido, porque no logró trasladarse hasta la sede diplomática y, antes bien, fue detenido minutos después.

También aprovechó la ocasión de exhortar a las autoridades peruanas a respetar los derechos humanos de Pedro Castillo, a resguardar debidamente a sus familiares y a actuar con «legalidad verdadera» en este caso.

Sobre Castillo se tejió una abundante trama de imputaciones, que comenzaron por señalamientos en el Congreso por presuntos actos de corrupción y concluyeron con acusaciones por la presunta violación del orden constitucional.

En su opinión, se trató de «un triste momento» que quedará grabado en la memoria del pueblo peruano: un presidente apresado, en medio de una situación bochornosa, judicialmente hablando.

Posteriormente, continuó relatando, el Ministerio Público del país andino informó que esa instancia acordó iniciar indagaciones en su contra por presuntamente atentar contra los poderes públicos y el orden constitucional, en las modalidades de rebelión y conspiración.

Si es encontrado culpable, podría enfrentar entre 10 y 20 años de cárcel, refirieron medios de comunicación y agencias de noticias, que también reseñaron que fue trasladado a la prisión de Babadillo, donde cumple condena por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos el exdictador Alberto Fujimori.

«El mensaje político es claro: la oligarquía peruana no va a dejar gobernar a nadie que no sea de los de ellos», destacó.

A media tarde, los congresistas juramentaron a Dina Buloarte como nueva presidenta. Aunque tenía prerrogativas para convocar a un proceso de elecciones generales, comunicó que concluiría el mandato de Castillo, previsto hasta 2026.

«No va a llegar hasta esa fecha. Fue una vicepresidenta que ascendió por la traición al presidente y tendrá que ceder a todo lo que ese Congreso golpista le exija, si no quiere que la saquen», pronosticó.

En la misma línea convocó a los sectores políticos a «un amplio proceso de diálogo» y solicitó una «tregua política» al Parlamento, que permita retomar las muchas veces postergadas reformas política.

Pérez Pirela puso el acento en los términos que usó Buloarte, pues son la reproducción del discurso de la OEA, que estaba desplegada en el país andino con la misión de estabilizar la situación política y, en su lugar, parece haber acelerado la caída de Castillo.

A estos efectos indicó que aspiraba que el Congreso le dejara gobernar junto a «un gobierno de unidad nacional», para atacar dos problemas que, en su juicio, son prioritarios: la corrupción y «el desgobierno».

En otro punto de su intervención –que, en su opinión, fue preparada con mucha prisa–, la recién juramentada presidenta aludió a sus orígenes humildes, a su numerosa familia, a su crianza en un pueblo el interior y en guiño no explícito a la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, abogó por los derechos y necesidades de «los nadies».

De la misma manera, Buloarte prometió lanzar prácticamente una cruzada contra la corrupción –a la que calificó de «cáncer que hay que extirpar de raíz»–, haciendo referencia a los casos denunciados por los medios de comunicación y por el Parlamento.

Aunque no dijo nombres, puede concluirse que se refería, acaso entre otros, al recién destituido presidente, pues fueron justamente esos dos actores los que, sin tener competencias judiciales y en contubernio con la Fiscalía, promovieron denuncias –hasta ahora no comprobadas– en su contra.

El trasfondo político de la destitución de Pedro Castillo

Tras el recuento de los eventos, Pérez Pirela avanzó algunas posibles interpretaciones relativas al trasfondo político tras esta destitución, porque aunque en apariencia, este nuevo episodio de la crisis política peruana se saldó rápidamente y en estricto apego a lo que estipula la legislación del país andino. Sin embargo, esta huída hacia adelante de Castillo y la posterior resolución del Congreso, cuando menos evidencian un choque de poderes, en el que el Legislativo tiene ventajas constitucionales.

A este respecto comentó que hay quienes sostienen que contra el mandatario se aplicó una táctica ya instalada en la región, es decir, un golpe de Estado parlamentario, similar en estructura a los que les fueran aplicados en su día a los presidentes Manuel Zelaya (Honduras), Fernando Lugo (Paraguay) y Dilma Rousseff (Brasil).

Además, desde su punto de vista, en alguna medida, esto fue lo que le hicieron –con razón o sin ella– a todos los presidentes peruanos de los últimos cinco años, excepción hecha de Francisco Sagasti, predecesor de Castillo, quien pudo concluir el período constitucional 2016-2021 al haber sido designado cuando faltaba menos de un año para el fin del mandato.

A su parecer, tampoco puede dejarse de lado que desde mediados de octubre, el mandatario solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) la activación de la Carta Interamericana para superar la ingobernabilidad y la inestabilidad política, pese al cuestionable historial de injerencias y promoción de golpes de Estado que ha caracterizado al organismo.

Así, señaló que se trata de un nuevo evento político en la región, en el que –para muchos– sale a florecer el papel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), liderada por Luis Almagro.

Recordó asimismo que a mediados de noviembre, cuando la misión de la OEA se instaló en Lima, advirtió que acaso Castillo había pecado de ingenuo, al apelar a una institución que bajo el liderazgo de Almagro consiguió el derrocamiento del presidente Evo Morales en Bolivia y fraguó y respaldó públicamente planes sediciosos contra los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Aunque en este caso no han figurado directamente ni el nombre de este órgano regional ni el de alguno de sus funcionarios, no sorprendería demasiado si, pasado algún tiempo, se revela o demuestra su implicación en la destitución de Castillo.

Empero, una vez anunciada la investidura de Dina Buloarte como presidenta, Almagro se aprestó a respaldarla y a saludar su llamado a la unidad nacional.

Especulaciones aparte, el depuesto expresidente hondureño Manuel Zelaya, sí atrevió a calificar lo sucedido en Perú como un «golpe de Estado». Así, se permitió citar lo expresado por Zelaya en Twitter: «Condenamos enérgicamente el golpe de Estado en Peru violentando la soberana voluntad del pueblo, representado por el presidente Pedro Castillo».

De estas expresiones del político hondureño rescatamos su acento en un punto central: «la soberana voluntad del pueblo», porque si bien Boularte recibió votos, ellos correspondían a su curul como congresista, no como candidata presidencial o vicepresidencial.

«En este momento, en Perú no hay un presidente electo por el pueblo», destacó. El dato, en su criterio, el dato es importante porque de nuevo se concreta en América Latina la instalación en la jefatura del Estado de un dirigente político que no fue votado para ese cargo, bajo justificaciones legales –como es el caso– o pseudolegales, como se hizo en Bolivia con Jeanine Áñez y aún se pretende hacer en Venezuela con el exdiputado Juan Guaidó.

A esto sumó que, según sondeos recientes, el Congreso peruano acumula rechazo en ocho de cada diez peruanos, por lo que su legitimidad para tomar esta clase de decisiones, que impactan decisivamente en la vida nacional, también ha sido puesta en cuestión.

A contrapelo de esta interpretación, presentó la posición avanzada por los medios hegemónicos, que de inmediato tildaron las declaraciones de Castillo como un «intento de autogolpe» de Estado, al tiempo que justificaron sin miramientos su remoción y posterior juramentación de la vicepresidenta, mencionando casi invariablemente que es la primera mujer en asumir la presidencia del Perú.

Desde su punto de vista, es simplemente ridículo que en medio de una crisis política como la que atraviesa Perú, se enfatice el hecho de que Dina Buloarte es la primera presidenta mujer, cuando deberían estar cuestionando cómo llegó a esa posición.

De continuidad con las implicaciones políticas del caso, recuperó las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien sin hablar directamente de golpe de Estado y en un tono menos beligerante que Zelaya, no dejó de poner el acento en la profunda crisis política del Perú y en el papel que las élites económicas y políticas jugaron en la destitución de Castillo.

De igual tenor fueron las declaraciones del presidente boliviano, Luis Arce, que si bien lamentó lo sucedido, también denunció que desde el principio, «la derecha peruana intentó derrocar a un gobierno democráticamente electo por el pueblo, por las clases humildes que buscan más inclusión y justicia social».

De su lado, Estados Unidos rechazó las decisiones tomadas por Castillo, pidió «defender la democracia» y subrayó que Washington ya no lo reconoce más como presidente de Perú.

El presidente electo de Brasil, Lula da Silva, expresó en un comunicado que había seguido «de cerca» la situación en Perú y puntualizó que la destitución de Castillo se dio «en el marco constitucional», al tiempo que las cancillerías de Chile y Colombia rechazaron cualquier atentado contra la democracia e instaron al diálogo.

A su juicio, si bien las actuaciones institucionales en Perú estuvieron apegadas al marco jurídico, se trata de un argumento leguleyo, pues políticamente queda muy claro que se perpetró un golpe de Estado continuado.

Al margen de lo expresado por su Cancillería, el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó a las ultraderechas regionales de tener «ansiedad de golpes» de Estado.

Como respuesta a un mensaje de la senadora uribista María Fernanda Cabal, Petro expresó en Twitter que «está desatada la ansiedad de golpes en nuestra ultraderecha latinoamericana. Les importa un bledo la voluntad popular».

En el contexto de la crisis peruana, la congresista Cabal publicó un trino en el que aseguró que «los ejércitos con vocación son anticomunistas», y que esa era «una realidad con la que no cuentan los comunistas», detalló el experto. Ante esto, refirió, Petro refutó esto diciendo que «los ejércitos no tienen por qué ser ni fascistas ni comunistas, los ejércitos son de la Nación».

De otro lado mencionó que en las redes sociales, los señalamientos de «autogolpe» contra Pedro Castillo llegaron todavía más lejos, al comparar sus medidas con las que hace unos 30 años adoptara el dictador Alberto Fujimori.

Paradójicamente, en lo que calificó como un acto de extremo cinismo, la lideresa del fujimorismo, Keiko Fujimori, denunció que Castillo había consumado un golpe de Estado y pidió su destitución inmediata, en nombre de la democracia.

Sin embargo, el también director de LaIguana.TV advirtió que no todo marcha tan bien como se ha hecho parecer. La conflictividad política en Perú no solo se limita a los poderes públicos, sino que se extiende entre los ciudadanos comunes, pues la remoción de Castillo por parte del Legislativo ha derivado en enfrentamientos entre grupos de ciudadanos que respaldan al exmandatario y otros grupos que celebran su salida del poder.

Pese a esto, consideró que aunque hay protestas, es muy posible que «no pasen a mayores, porque Castillo no preparó a sus bases populares.

En interés de apuntalar un análisis más estructural, recordó que en las elecciones presidenciales de 2022 se impuso en segunda vuelta sobre la ultraderechista Keiko Fujimori por un margen muy estrecho y desde el inicio de su gestión fue acosado por el Congreso y otras instituciones del Estado.

En año y medio, Castillo se vio forzado a designar cinco gabinetes por los que pasaron unos 80 ministros, en medio de mociones de censura, dos amenazas previas de destitución, imputaciones de miembros de su familia y de colaboradores cercanas y numerosas prohibiciones de salida del país.

«Fue un golpe de Estado continuado. Lamentablemente, en esta ocasión no estoy de acuerdo con Lula: no se puede decir que todo esto fue legal. No es así. O al menos es lo que estamos tratando de presentar con argumentos», apreció.

Con semejante cerco, en la práctica, se vio impedido de gobernar y de desarrollar su programa político, centrado en la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, nacionalización de recursos estratégicos y disminución de la desigualdad a través de la puesta en marcha de un modelo de economía social de mercado, en desmedro del neoliberalismo privilegiado en la Carta Magna vigente, resumió.

Pese a ello –y acaso contra todo pronóstico–, hasta el final conservó el apoyo de cerca del 30 % de los votantes, en su mayoría personas de escasos recursos y procedentes del interior del país, históricamente invisibilizadas e ignoradas por el gobierno nacional, que vieron en su arribo a la presidencia una esperanza para revertir esa desigualdad estructural.

No obstante, en su opinión, Castillo erró al no invitar a esa base popular cuando decidió arriesgarse a disolver el Congreso, anunciar una reforma judicial y comunicar que convocaría a elecciones legislativas con facultades constituciones.

De regreso a Dina Buloarte refirió que una pesquisa realizada por el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla basada en informes de la prensa peruana, apunta hacia su implicación en la caída de Castillo.

El pasado 10 de octubre, Buloarte denunció una componenda en el Parlamento para concretar la vacancia de Castillo, que ya habían promovido sin éxito en dos oportunidades. En su decir, se convirtió en blanco de los diputados para evitar la sucesión constitucional.

En su opinión, sus alegatos tenían asidero, pues el 11 de agosto, un diputado del derechista Renovación Nacional argumentó en público que antes de destituir al mandatario, se precisaba denunciar constitucionalmente a la vicepresidenta, que para entonces también ejercía la cartera de Desarrollo e Inclusión Social.

El 25 de noviembre, mientras estos movimientos en su contra se sucedían en el Congreso peruano y la OEA instalaba una misión para supuestamente estabilizar la situación política en el país, Dina Buloarte anunció que renunciaba al ministerio, tras haberse percatado de los perjuicios de la polarización, particularmente sobre el pueblo peruano.

Entonces se especuló que se había producido un distanciamiento entre ella y Pedro Castillo, pero ninguno de los dos confirmó la especie, que fue desestimada porque Buloarte cerró filas con el mandatario en los intentos previos de vacancia adelantados en el Legislativo e incluso, en diciembre de 2021 aseguró que renunciaría a su posición, si tal escenario se concretara.

No obstante, el pasado 5 de diciembre, apenas dos días antes de la sesión en la que se discutiría nuevamente la vacancia de Castillo, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) decidió archivar la denuncia contra Buloarte, quien tenía en marcha una investigación por un caso de conflicto de intereses durante su ejercicio como ministra.

«El Congreso la perdonó, ella se alió con el Congreso y destituyeron a Castillo, así de sencillo», indicó.

Este razonamiento, en su lectura, es lo que explica que sectores que aún respaldan a Castillo la tachen de traidora, la acusen de haber pactado con un Congreso abiertamente golpista en aras de su propia supervivencia política y le demanden un llamado a elecciones generales que incluya una consulta para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Vista la inestabilidad política en Perú, es difícil pronosticar qué sucederá en las próximas semanas y meses, pues las razones de fondo de la crisis institucional siguen presentes, a lo que se añade un creciente malestar social, redondeó.

«Para mí, la solución de Perú pasa por una Constituyente, por un reseteo de esta clase política que tiene décadas gobernando a espaldas del pueblo», enfatizó.

A modo de primer balance manifestó que la inexperiencia política de Pedro Castillo acabó signando su destino. En un clima de permanente persecución política, no supo o no pudo construir alianzas con sectores sociales relevantes, vista la imposibilidad de hacerlo desde el propio Estado, que aún antes de su juramentación había prometido derrocarlo.

Asimismo, destacó que en lugar de privilegiar alianzas regionales –excepción hecha de México– o con actores geopolíticos como China o Rusia, buscó respaldo en la OEA, es decir, en los Estados Unidos, que aunque no tenían razones para temer que se convirtiera en una amenaza para sus intereses, es claro que han respirado aliviados por su destitución.

Con respecto a Dina Buloarte, alertó que su permanencia en el cargo dependerá de los pactos que sea capaz de mantener con el Congreso, que aunque está fuertemente atomizado, es claro partidario de mantener el modelo político vigente, en desmedro de los anhelos de cambio que bullen en el seno de la sociedad peruana.

Mafias judiciales condenan a Cristina Fernández de Kirchner

Miguel Ángel Pérez Pirela destinó la última sección de la edición a Argentina, pues a pesar de que los sobrevenidos sucesos de Perú acapararon el interés mediático, apenas un día antes se consumó otro evento que, por su trascendencia, estaba destinado a convertirse en el gran acontecimiento político de la región del último tiempo: la condena a seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en un caso plagado de irregularidades.

En concreto, explicó, Fernández de Kirchner, fue condenada a 6 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por la «Causa Vialidad. Desde el comienzo del juicio, la dos veces expresidenta denunció que la oposición derechista armó un expediente fraudulento, en contubernio con agentes del Poder Judicial, con el objetivo de impedir su participación política.

Aunque los fiscales habían pedido 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso optaron por una condena de seis años por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y apoyaron su inhabilitación perpetua.

Además, continuó relatando, ordenaron el decomiso de más de 84.000 millones de pesos –unos 495 millones de dólares– a cargo de lo que valoraron como irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz a mediados de la década de los 2000, cuando gobernaba el esposo de Fernández, Néstor Kirchner.

A su parecer, no puede olvidarse que Fernández ya había advertido que el tribunal que llevaba el juicio en su contra parecía más bien un «pelotón de fusilamiento» –no se le permitió presentar alegatos contra nuevos elementos incluidos extemporáneamente en el proceso–, con lo que dejó entrever que esperaba este resultado.

En todo caso, inmediatamente se hizo público el veredicto, la dignataria ofreció una extensa alocución en sus redes sociales, en la que por cerca de una hora detalló todos los intríngulis del ‘lawfare’ armado en su contra, enfatizando de manera particular que la Fiscalía no logró demostrar ninguna de las acusaciones.

Entre otros comentarios, Fernández sostuvo que la trama falaz con la que se articuló el así llamado «Caso Vialidad» no era una persecución jurídica y tampoco la actuación de un partido judicial, sino que respondía a las acciones de un «sistema paraestatal». En su opinión, una demostración del funcionamiento de este Estado paralelo se dio justamente el fin de semana previo antes de la sentencia, cuando se revelaron conversaciones de un grupo de Telegram relativas a un viaje secreto a La Patagonia financiado por el grupo Clarín.

De acuerdo con estas informaciones, detalló el especialista, cuatro jueces involucrados directamente o a través de familiares directos con este caso, así como funcionarios adscritos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y altos cargos de Clarín, habrían acudido a la propiedad de un magnate inglés, amigo íntimo de Macri.

En concreto, refirió, el rotativo Página12 reveló la existencia del viaje y esto habría obligado a los implicados a tramar una versión para difundir a los medios e implementar prácticas fraudulentas como el forjamiento de facturas y billetes aéreos, en aras de justificar el ya inocultable traslado.

Según puntualizara Fernández de Kirchner el pasado martes, este entramado tiene nexos –de nuevo, a través de familiares directos– con el de los jueces y fiscales que acudieron a la residencia del expresidente Mauricio Macri para disputar un partido de fútbol.

La magnitud de este escándalo obligó al presidente argentino, Alberto Fernández a ordenar una investigación penal, por la presunta connivencia entre jueces, fiscales, empresarios y altos funcionarios. En una cadena nacional desde la Casa Rosada, el mandatario deslizó que estas conductas atentaban contra la democracia, al tiempo que destacó que ya era tiempo que estos agentes rindieran cuentas por su procederes.

En aras de aclarar la magnitud de este fraude jurídico relató que la causa, que ya había sido sobreseída por diversos motivos, entre ellos que Fernández de Kirchner era congresista y no presidenta durante el período de escrutinio, fue reactivada ilegalmente en 2016 con la llegada de Mauricio Macri al poder, pasando por alto no solo la sentencia previa sino el hecho de que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por la misma acusación.

Según reportes especializados que han hecho seguimiento a este proceso político-jurídico que inició hace más de cinco años, como el que divulgara en Twitter el periodista Matias Mowszet, los propios testigos de la Fiscalía se encargaron de echar abajo sus alegatos.

De esta pesquisa recuperó la reseña del testimonio ofrecido por Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y presidente de una gran constructora, quien explicó ante el tribunal cómo las compañías que participan en licitaciones públicas suelen ponerse de acuerdo para rotarse las adjudicaciones.

En su opinión, esto es claramente reprochable a nivel ético, pero no constituye un delito en sí y, en cualquier caso, dejó establecido que la entonces primera dama-senadora y luego presidenta, no tuvo nada que ver con los contratos que el gobierno de la provincia de Santa Cruz le otorgó a su amigo Lázaro Báez.

Por si ello no bastara, se le condenó por administración fraudulenta de recursos, una competencia que descansa en el Jefe de Gabinete, no en el Jefe de Estado, previa aprobación de la Ley de Presupuesto en el Parlamento sancionada anualmente.

La documentación demostró que las obras que originaron los cuestionamientos por corrupción hacia Cristina Fernández, figuran en los presupuestos aprobados en el Legislativo, que en esos años fueron refrendadas por la bancada de oposición derechista.

Dijo, además, que al cierre de su intervención, la lideresa expresó que la razón real de esta condena carcelaria no es solo encerrarla en prisión, sino atentar contra el peronismo como proyecto político preocupado por las necesidades de la población y por ello Fernández de Kirchner, se enfocaron en inhabilitarla perpetuamente para el ejercicio de cargos públicos, pues su trayectoria demuestra que ha sido la voluntad popular la que la llevó a las distintas posiciones que ha ocupado.

Así las cosas, a pesar de su innegable popularidad, anunció que no optará por ningún cargo de elección popular en 2023. Según se desprende de su vehemente intervención, no le preocupa su condena judicial, sino el peso que su inhabilitación pueda acarrearle al movimiento peronista en las urnas.

Asimismo, cargó contra el dueño del grupo Clarín, al que sindicó de controlar los hilos del Estado paralelo que forjó esta sentencia, al tiempo que le advirtió que al perder su inmunidad –fuero– el 10 de diciembre de 2023, podría perfectamente mandar a sus agentes a apresarla, pero que no se doblegaría ante él.

«Contundente, Cristina Kirchner, palabras directas, palabras que denotan una fuerza política, lejos de amedrentarse por estas acusaciones y por estas persecuciones judiciales, se acrecientan», apreció.

Pérez Pirela recordó cómo ascendieron los Kirchner al poder, tras una sucesión de gobiernos inestables derivados de una profunda crisis económica y en medio del llamado «primer ciclo progresista» de la región. Así se explica que, casi de inmediato, Fernández de Kirchner recibió el espaldarazo de presidentes y líderes de la izquierda regional, entre los que figuraron Nicolás Maduro, Lula da Silva, Luis Arce, Evo Morales, Andrés Manuel López Obrador y Dilma Rousseff, quienes reiteraron que la exmandataria está sometida a la persecución política.

De su parte, Alberto Fernández respaldó incondicionalmente a su vicepresidenta y encabeza la propuesta del Grupo de Puebla, que pretende denunciar en instancias internacionales el fraude judicial perpetrado contra ella.

A pesar del oscuro panorama, Pérez Pirela reconoció que Cristina Fernández de Kirchner tendrá la oportunidad de apelar la condena, porque aún no ha sido dictada una sentencia firme, lo que significa que, de momento, no irá a la cárcel y tampoco le será aplicada la inhabilitación perpetua, pues según las leyes argentinas, primero deben agotarse todas las instancias de apelación.

Empero, acotó, aunque formalmente disponga de recursos, la realidad de la justicia argentina pone en cuestión la posibilidad de que la sentencia se revierta, porque no ha bastado demostrar la falsedad de los hechos señalados por la Fiscalía para detener un proceso a todas luces viciado.

A modo de contraste indicó que como se recordará, la divulgación de los chats del entonces juez Sergio Moro, marcaron el principio del fin del ‘lawfare’ contra Lula, mas en esta ocasión, han salido a la luz pública al menos dos megaescándalos de corrupción en los que aparecen implicados los jueces de la causa y ello no se ha traducido en su remoción ni investigación.

«Lo que quieren las derechas es que no haya más elecciones en Latinoamérica, que sus jueces encarcelen a toda la oposición y que ellos gobiernen solos con el Fondo Monetario Internacional», opinó.

Para concluir, advirtió que el anuncio de Fernández de Kirchner de no postularse como candidata «a nada» en 2023 deja al peronismo en una situación de orfandad y de enorme fragilidad. El gobierno de Alberto Fernández se ha mostrado incapaz de lidiar con la pesada herencia del macrismo, que tal y como van las cosas, ocupará nuevamente la Casa Rosada, habiendo sacado del medio –y con total impunidad– a su mayor adversaria política.

(LaIguana.TV)

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