La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, comenzó el ejercicio de su cargo solicitándole a las élites políticas representadas en el Congreso que le concedan el beneficio que le fue negado a su predecesor, Pedro Castillo: la posibilidad de gobernar sin un sabotaje permanente, comentó Miguel Ángel Pérez Pirela en su programa Desde Donde Sea.
Reportó que los congresistas juramentaron a Buloarte como nueva presidenta y ella, aunque tenía prerrogativas para convocar a un proceso de elecciones generales, comunicó que concluiría el mandato de Castillo, previsto hasta 2026.
“Ella no va a llegar hasta 2026, anótenlo –vaticinó el presentador del espacio-. Tendrá que someterse a todos los designios de la ultraderecha, porque si no lo hace va para afuera también. Además es una presidenta que no fue elegida como tal por nadie”.
Boluarte convocó a los sectores políticos a «un amplio proceso de diálogo» y solicitó una «tregua política» al Parlamento, que permita retomar la muchas veces postergada reforma política.
“El lenguaje de esta señora es el de Almagro y la OEA”, dijo el filósofo y comunicador político venezolano.
A estos efectos indicó que aspiraba que el Congreso le dejara dirigir el país junto a «un gobierno de unidad nacional», para atacar dos problemas que, en su juicio, son prioritarios: la corrupción y «el desgobierno».
En otro punto de su intervención –que evidentemente fue preparada con mucha prisa–, la recién juramentada presidenta aludió a sus orígenes humildes, a su numerosa familia, a su crianza en un pueblo el interior y, en guiño no explícito a la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, abogó por los derechos y necesidades de «los nadies».
De la misma manera, Buloarte prometió lanzar prácticamente una cruzada contra la corrupción –a la que calificó de «cáncer que hay que extirpar de inmediato»–, haciendo referencia a los casos denunciados por los medios de comunicación y por el Parlamento.
“Va a luchar contra la corrupción con el apoyo de un Parlamento no solo golpista, sino también corrupto… Tendrán que explicarme cómo se hace eso”, comentó el presentador del programa.
Aunque no dijo nombres, puede concluirse que se refería, acaso entre otros, al recién destituido presidente, pues fueron justamente esos dos actores (el Congreso y la maquinaria mediática) los que, sin tener competencias judiciales y en contubernio con la Fiscalía, promovieron denuncias –hasta ahora no comprobadas– en su contra.
El trasfondo de la destitución de Castillo
En apariencia, este nuevo episodio de la crisis política peruana se saldó rápidamente y en estricto apego a lo que estipula la legislación del país andino. Sin embargo, esta huida hacia adelante de Castillo y la posterior resolución del Congreso, cuando menos evidencian un choque de poderes, en el que el Legislativo tiene ventajas constitucionales.
De este modo, hay quienes sostienen que contra el mandatario se aplicó una táctica ya instalada en la región: un golpe de Estado parlamentario, similar en estructura a los que les fueran aplicados en su día a los presidentes Manuel Zelaya (Honduras), Fernando Lugo (Paraguay) y Dilma Rousseff (Brasil).
Además, en alguna medida, esto fue lo que le hicieron –con razón o sin ella– a todos los presidentes peruanos de los últimos cinco años, excepción hecha de Francisco Sagasti, predecesor de Castillo, quien pudo concluir el período constitucional 2016-2021 al haber sido designado cuando faltaba menos de un año para el fin del mandato.
Tampoco puede dejarse de lado que desde mediados de octubre, el propio Castillo solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) la activación de la Carta Interamericana para superar la ingobernabilidad y la inestabilidad política. Lo hizo pese al cuestionable historial de injerencias y promoción de golpes de Estado que ha caracterizado al organismo.
En LaIguana.TV esta contradicción se planteó la siguiente pregunta: ¿La OEA y Almagro involucrados en golpe de Estado en Perú?
Al respecto, el portal señaló que este miércoles 7 de diciembre el Congreso de Perú aprobó la vacancia del presidente Pedro Castillo por «incapacidad moral» y los efectivos policiales procedieron a su detención, horas después de que el primer mandatario declarara la disolución del Parlamento, en medio de la crisis política que atraviesa el país andino.
Se trata de un nuevo evento político en la región, en el que –para muchos– sale a florecer el papel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), liderada por Luis Almagro.
“A mediados de noviembre, cuando la misión de la OEA se instaló en Lima, advertimos que acaso Castillo había pecado de ingenuo, al apelar a una institución que bajo el liderazgo de Almagro consiguió el derrocamiento del presidente Evo Morales en Bolivia y fraguó y respaldó públicamente planes sediciosos contra los gobiernos de Cuba y Venezuela”, rememoró Pérez Pirela.
Aunque en este caso no han figurado directamente ni el nombre de este órgano regional ni el de alguno de sus funcionarios, no sorprendería demasiado si, pasado algún tiempo, se revela o demuestra su implicación en la destitución de Castillo.
Una vez anunciada la investidura de Dina Buloarte como presidenta, Almagro se aprestó a respaldarla y a saludar su llamado a la unidad nacional, tal como lo muestra un tuit de este personaje. El presentador calificó el contenido de este trino como una muestra más del caradurismo del secretario general de la OEA.
Especulaciones aparte, el depuesto expresidente hondureño Manuel Zelaya, sí se atrevió a calificar lo sucedido en Perú como un «golpe de Estado».
En Twitter, Zelaya escribió: «Condenamos enérgicamente el golpe de Estado en Perú, violentando la soberana voluntad del pueblo, representado por el presidente Pedro Castillo».
De estas expresiones del político hondureño rescatamos su acento en un punto central: «la soberana voluntad del pueblo», porque si bien Boularte recibió votos, ellos correspondían a su curul como congresista, no como candidata presidencial o vicepresidencial.
“En este momento, la presidencia de Perú está en manos de una persona que no fue electa por el pueblo, eso debe quedar claro”, enfatizó Pérez Pirela.
El dato es importante porque de nuevo se concreta en América Latina la instalación en la jefatura del Estado de un dirigente político que no fue votado para ese cargo, bajo justificaciones legales –como es el caso– o pseudolegales, como se hizo en Bolivia con Jeanine Áñez y aún se pretende hacer en Venezuela con el exdiputado Juan Guaidó.
A esto se suma que, según sondeos recientes, el Congreso peruano acumula rechazo en ocho de cada diez peruanos, por lo que su legitimidad para tomar esta clase de decisiones, que impactan decisivamente en la vida nacional, también ha sido puesta en cuestión.
A contrapelo de esta interpretación, los medios hegemónicos de inmediato tildaron las declaraciones de Castillo como un «intento de autogolpe» de Estado, al tiempo que justificaron sin miramientos su remoción y posterior juramentación de la vicepresidenta, mencionando casi invariablemente que es la primera mujer en asumir la presidencia del Perú.
“Una cosa que a mí me parece ridícula: ensalzar a una señora que llegó al cargo sin que nadie la haya elegido para eso, alegando que es la primera mujer en la presidencia. Se trata de una manipulación del tema del feminismo”, puntualizó el conductor de Desde donde sea.
Sin hablar directamente de golpe de Estado y en un tono menos beligerante se pronunció el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien, sin embargo, no dejó de poner el acento en la profunda crisis política del Perú y en el papel que las élites económicas y políticas jugaron en la destitución de Castillo.
De igual tenor fueron las declaraciones del presidente boliviano, Luis Arce, que si bien lamentó lo sucedido, también denunció que desde el principio, «la derecha peruana intentó derrocar a un gobierno democráticamente electo por el pueblo, por las clases humildes que buscan más inclusión y justicia social».
“¡Claro que Bolivia sabe de esto pues allá sacaron a Evo Morales siendo presidente y habiendo ganado las elecciones para otro mandato!”, dijo el moderador.
Reacciones cayendo y corriendo
De su lado, Estados Unidos se apresuró a rechazar las decisiones tomadas por Castillo, pidió «defender la democracia» y subrayó que Washington ya no lo reconocía más como presidente de Perú.
“Esta reacción de Washington fue como aquel programa que yo tenía: cayendo y corriendo, rapidito”, acotó Pérez Pirela.
El presidente electo de Brasil, Lula da Silva, expresó en un comunicado que había seguido «de cerca» la situación en Perú y puntualizó que la destitución de Castillo se dio «en el marco constitucional», al tiempo que las cancillerías de Chile y Colombia rechazaron cualquier atentado contra la democracia e instaron al diálogo. “Lamentablemente, en este caso, no puedo estar de acuerdo con Lula”, deploró el conductor.
Al margen de lo expresado por su Cancillería, el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó a las ultraderechas regionales de tener «ansiedad de golpes» de Estado.
Así lo reseñó LaIguana.TV: Gustavo Petro: La ultraderecha latinoamericana tiene «ansiedad de golpes» (+Castillo)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este jueves que la ultraderecha latinoamericana tiene «desatada» su ansiedad de golpes de Estado, con lo que demuestra que no le importa «la voluntad popular».
«Está desatada la ansiedad de golpes en nuestra ultraderecha latinoamericana. Les importa un bledo la voluntad popular», expresó Petro en Twitter como respuesta a un mensaje de la senadora uribista María Fernanda Cabal.
En el contexto de la crisis peruana, la congresista Cabal publicó un trino en el que aseguró que «los ejércitos con vocación son anticomunistas», y que esa era «una realidad con la que no cuentan los comunistas».
Petro refutó esto diciendo que «los ejércitos no tienen por qué ser ni fascistas ni comunistas, los ejércitos son de la Nación».
En las redes sociales, los señalamientos de «autogolpe» contra Pedro Castillo llegaron todavía más lejos, al comparar sus medidas con las que hace unos 30 años adoptara el dictador Alberto Fujimori.
Paradójicamente, en lo que podría valorarse como un acto de extremo cinismo, la lideresa del fujimorismo, Keiko Fujimori, denunció que Castillo había consumado un golpe de Estado y pidió su destitución inmediata, en nombre de la democracia.
Sin embargo, no todo marcha tan bien como se ha hecho parecer. La conflictividad política en Perú no solo se limita a los poderes públicos, sino que se extiende entre los ciudadanos comunes.
La remoción de Castillo por parte del Legislativo ha derivado en enfrentamientos entre grupos de ciudadanos que respaldan al exmandatario y otros grupos que celebran su salida del poder.
Como se recordará, en las elecciones presidenciales de 2022 se impuso en segunda vuelta sobre la ultraderechista Keiko Fujimori por un margen muy estrecho y desde el inicio de su gestión fue acosado por el Congreso y otras instituciones del Estado.
En año y medio, Castillo se vio forzado a designar cinco gabinetes por los que pasaron unos 80 ministros, en medio de mociones de censura, dos amenazas previas de destitución, imputaciones de miembros de su familia y de colaboradores cercanos y numerosas prohibiciones de salida del país.
Con semejante cerco, en la práctica, se vio impedido de gobernar y de desarrollar su programa político, centrado en la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, nacionalización de recursos estratégicos y disminución de la desigualdad a través de la puesta en marcha de un modelo de economía social de mercado, en desmedro del neoliberalismo privilegiado en la Carta Magna vigente.
Pese a ello –y acaso contra todo pronóstico–, hasta el final conservó el apoyo de cerca del 30 % de los votantes, en su mayoría personas de escasos recursos y procedentes del interior del país, históricamente invisibilizadas e ignoradas por el gobierno nacional, que vieron en su arribo a la presidencia una esperanza para revertir esa desigualdad estructural.
“Lamentablemente, él no logró convocar a ese 30 % a que defendiera las medidas extremas que iba a tomar. Y por eso se quedó solo”, concluyó Pérez Pirela.
(LaIguana.TV)
