Este lunes 12 de diciembre los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia manifestaron en un comunicado conjunto su “profunda preocupación” por los sucesos que se han desencadenado tras la destitución y detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo.

En este orden de ideas, consideraron que internacionalmente es público y notorio que Castillo, “desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento”, lo cual viola el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, “para luego ser objeto de un tratamiento judicial” que igualmente transgrede dicha norma.

Por lo tanto, exhortaron a todas las partes vinculadas “en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”.

“Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, reza la misiva.

Asimismo, emplazaron a los que integran las instituciones a inhibirse para alterar “la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.

Los gobiernos de los referidos países solicitaron a las autoridades “a respetar a cabalidad los derechos humanos de Castillo y que se le garantice la protección judicial”.

Este lunes el exmandatario de Perú publicó una carta en la aseguró estar secuestrado y calificó como «usurpadora» a Dina Boluarte, quien se juramentó como presidenta tras su remoción.

Reiteró a su pueblo que es completamente “fiel al mandato popular y constitucional”, por lo que enfatizó que: “No renunciaré, ni abandonaré mis altos y sagradas funciones”.

Igualmente, Castillo llamó a no caer en las mentiras de “una usurpadora” y en “su juego sucio de nuevas elecciones” .

También denunció un plan maquiavélico que desarrollaron en su contra y señaló a “una fiscal sin rostro y a grupo de médicos camuflados” por pretender obligarlo a la extracción de una muestra de sangre.

Movimientos sociales, organizaciones mineras, agrarias, así como comunidades indígenas, se mantienen en las calles protestando para exigir la liberación de Castillo y para que se restablezca el hilo constitucional en el país. Sin embargo, la represión a la población en manos de los cuerpos de seguridad ha cobrado la vida de tres ciudadanos, por lo que se mantiene la convocatoria a un paro nacional para este martes 12 y miércoles 13 de diciembre.

(LaIguana.TV)