El expresidente peruano Pedro Castillo pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el intento de la justicia de darle prisión preventiva por el presunto delito de rebelión.

Castillo denunció en una carta que le prolongaron la prisión preventiva por 18 meses.

«¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia», indicó Castillo a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, el responsabilizó a los jueces y fiscales de lo que sucede en Perú durante las protestas sociales desatadas desde el pasado fin de semana, con saldo actualizado de siete civiles muertos.

Castillo firmó su comunicación como «Presidente constitucional del Perú».

A su vez, el Poder Judicial anunció que el 15 de diciembre evaluará y se pronunciará sobre el pedido de la fiscalía de dictar prisión preventiva contra el expresidente, manteniéndolo detenido hasta que tome dicha decisión.

«A pedido de la defensa legal de los imputados para revisar adecuadamente el requerimiento de prisión preventiva y con conformidad de ello por parte de la fiscalía, el magistrado Juan Carlos Checkley suspende audiencia para mañana jueves 15 de diciembre a las 8:30 hora local [13:30 GMT]», indicó el PJ a través de su cuenta en Twitter.

El mismo organismo dictó el 8 de diciembre detención preliminar por siete días contra el expresidente Castillo por el delito de rebelión al intentar disolver el Congreso.

El 7 de diciembre, el Congreso de Perú destituyó a Castillo luego de que el entonces mandatario anunciara el cierre del parlamento y declarara un «Gobierno de excepción».

Tras la votación del Congreso, fue la vicepresidenta Dina Boluarte quien asumió como jefa de Estado, convirtiéndose en la primera mujer en Perú en ostentar ese cargo.

La Fiscalía de Perú solicitó al Poder Judicial la detención preliminar de Castillo por siete días bajo cargos de presunta rebelión, y el expresidente permaneció detenido en una sede policial en Lima, donde aún se encuentra.

Este 14 de diciembre se cumple el plazo de su detención preliminar, pero la Fiscalía solicitó a la Justicia dictar prisión preventiva por 18 meses contra el exmandatario, ante el peligro de fuga del país u obstrucción a la justicia.

El Poder Judicial está evaluando si dicta prisión preventiva contra Castillo, aún no toma una decisión.

Desde el 10 de diciembre, diversas manifestaciones ciudadanas, en la que participan organizaciones civiles de toda índole, se sucedieron en diversos departamentos del país.

Los ciudadanos exigen el cierre del parlamento, la salida de la presidenta Boluarte y el inmediato adelanto de comicios generales para que se elija a un nuevo jefe de Estado y a un nuevo Congreso.

En menor medida, se pide también la liberación de Castillo y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

(sputniknews)