La reciente destitución del presidente Pedro Castillo por parte del Congreso peruano, lejos de ofrecer una salida a la crisis política que atraviesa el país hace al menos cinco años, ha servido para insuflar los ánimos de una ciudadanía harta de los abusos de poder y del permanente socavamiento de la democracia en el país andino. 

En las últimas jornadas, miles de ciudadanos se han volcado a las calles de las principales ciudades del país a exigir el cierre del Parlamento, la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y la liberación de Castillo, quien se encuentra apresado desde el pasado 7 de diciembre por presuntos cargos de rebelión y conspiración. 

Entretanto, las autoridades han decretado estado de emergencia en todo el país y han reprimido con dureza las manifestaciones, lo que hasta ahora se ha saldado con al menos nueve personas asesinados –incluyendo algunos menores de edad– y decenas de heridos y detenidos. 

Sobre este difícil tema disertó este 15 de diciembre el filósofo y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela en su programa Desde Donde Sea. 

En su opinión, un Congreso que acumula más de 80 % de rechazo y una presidenta por la que nadie votó, en contubernio con un Poder Judicial corrompido, están rigiendo los destinos del Perú y a espaldas de la población, que exige una asamblea constituyente, pues a esta altura es suficientemente claro que la única manera de superar la crisis política permanente es redactar una nueva Constitución que sustituya a la sancionada durante la dictadura de Alberto Fujimori. 

De otro lado destacó que los medios peruanos no solo están ocultando los hechos –como lo hicieron en Venezuela durante el golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002– sino que están desinformando, con el objetivo de legitimar las acciones de Dina Boluarte, cuya administración depende del Congreso, tal y como sucedió con el gobierno de facto de Jeanine Áñez en Bolivia. 

Antes de ahondar en los acontecimientos que han sacudido a Perú durante los últimos días, ofreció una reseña de otros sucesos que han marcado la pauta informativa de esta semana. 

Se calientan los Balcanes: suben las tensiones entre Serbia y Kosovo 

En primera instancia refirió que durante los últimos meses ha ido en ascenso la tensión nunca superada entre Serbia y Kosovo, Estado de reconocimiento limitado al que Belgrado considera parte de su territorio, pero que declaró unilateralmente su independencia en 2008 con el apoyo de la OTAN. 

A este respecto explicó que la última escalada se desató cuando las autoridades kosovares empezaron a imponer multas a los vehículos serbios que no poseen la matrícula del país, aunque vale decir que a mediados de noviembre, la Unión Europea consiguió que las partes pactaran un acuerdo de circulación. 

Sin embargo, en paralelo discurre una crisis política en el norte de Kosovo, donde representantes políticos de Serbia anunciaron su retiro de las administraciones municipales, los tribunales y la policía, lo que obligó a un anuncio de elecciones anticipadas fijadas inicialmente para el 18 de diciembre. 

Sin embargo, la presidenta kosovar, Vjosa Osmani, anunció que los comicios se pospondrán hasta una fecha no especificada de abril de 2023, debido a la creciente conflictividad. 

Pérez Pirela detalló que el detonante de los choques callejeros fue la detención de un expolicía serbiokosovar, en medio de denuncias de trato discriminatorio por parte de la mayoría albanokosovar y de amenazas de envío de fuerzas especiales para despejar las carreteras cerca de la frontera con Serbia. 

Estas chispas, comentó, llegaron a Belgrado, puesto que el presidente Aleksandr Vucic anunció que solicitará formalmente al comandante de la misión de mantenimiento de la paz de la OTAN en Kosovo, el despliegue de fuerzas serbias en el norte de lo que cataloga como «provincia rebelde», con base en la Resolución 1244 de la ONU. 

Vucic se adelantó a posibles críticas y acusó a Estados Unidos y a las autoridades kosovares de incumplir con lo estipulado en la referida resolución y les echó en cara el haber «creado un monstruo» durante las guerras yugoslavas, al que le dieron los toques finales hace 14 años con la promoción de la independencia de Kosovo y acompañó estos señalamientos de una inquietante denuncia: según él, el gobierno kosovar estaría aprovechando la situación para ejecutar una limpieza étnica sobre la minoría serbia en ese país. 

Refirió asimismo que Alemania, una de las voces cantantes de la Unión Europea y la OTAN, dijo a través de su ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, que «sugerir que se envíen fuerzas serbias a Kosovo es completamente inaceptable», con lo que refrendó el apoyo de la OTAN a Pristina. 

Para empeorar la situación, Kosovo introdujo este miércoles su solicitud de ingreso a la Unión Europea –pese a que España, Eslovaquia, Chipre, Grecia y Rumania no han reconocido su independencia–, lo que ha sido interpretado como un acto de provocación que no ayudará en lo más mínimo a apaciguar los ánimos. 

En paralelo, Vucic se reunió con representantes de la Unión Europea y con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para los Balcanes, Gabriel Escobar, quienes antes habían sostenido encuentros idénticos con las autoridades kosovares. 

En posición adelantada, Escobar expresó que Pristina contaba con «amplias garantías de seguridad» por parte de Washington y sus aliados, aunque manifestó que esperaba que la crisis pudiera destrabarse en el futuro cercano. 

«Lo cierto es que hay una crisis en Europa del Este, una muy grave crisis. El año pasado nos despedimos, por estas mismas fechas, anunciando que habría una guerra en Ucrania», alertó. 

A juicio del analista, en cierta manera, la postura del funcionario estadounidense fue el prólogo para lo que luego sucedió: las negociaciones no avanzaron y el tono subió, pues Belgrado acusó a la Casa Blanca de injerir en el conflicto de Kosovo y de arrogarse el papel de las Naciones Unidas. 

En concreto, las autoridades serbias denunciaron que Estados Unidos y sus aliados dejaron sin efecto lo contemplado en la resolución 1.224 de la ONU, que habilita a Serbia para desplegar fuerzas militares en la frontera con Kosovo en caso de crisis. 

«La OTAN nunca le ha parado a las resoluciones de las Naciones Unidas ni de ninguna otra cosa. Si no, vean lo que está pasando en Ucrania», reiteró. 

A lo dicho sumó que Rusia, aliado histórico de Serbia y el otro actor implicado en este conflicto, advirtió el pasado lunes que ayudará al país eslavo a defender sus intereses nacionales, según manifestara la portavoz de la cancillería, María Zajárova. 

A continuación, se permitió citar lo expresado por Zajárova en una conferencia de prensa: «Seguiremos ayudando a Belgrado a defender sus intereses nacionales legítimos con respecto a Kosovo, sobre la base de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad, que sigue válida sin excepciones y ofrece una oportunidad real para elaborar una solución equilibrada y justa al problema de Kosovo, de conformidad con el derecho internacional». 

Sin embargo, el portavoz presidencial Dmitri Peskov, matizó estos dichos, al puntualizar que si bien Moscú sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos, aboga para que las partes alcancen una solución diplomática. 

Tras el fracaso de la reunión de Belgrado, el embajador ruso en Serbia, Alexánder Botsan-Járchenko, comparó las tácticas pseudojurídicas a las que han socorrido Washington y Bruselas en el caso de Kosovo con las aplicadas en Ucrania, cuyo objetivo, dijo, había sido armar al país para la confrontación militar con Rusia, una opinión con la que coincidió que el comunicador. 

Para cerrar este primer tema, indicó que la equiparación sugerida por el diplomático ruso enciende todas las alarmas, porque de un lado insinúa que la OTAN está intentando abrir otro foco bélico en Europa y, de otro, sugiere que en el peor caso, la guerra proxy entre la Alianza Atlántica y Rusia puede extenderse más allá de Ucrania. 

Escándalo de corrupción sacude a la Unión Europea 

La siguiente noticia que despertó el interés del también director comunicador fue el escándalo de corrupción que sacude a la Unión Europeo, pues la aparente implicación de una europarlamentaria en una trama de sobornos con Catar, saltó las alarmas de buena parte del mundo y reveló que los tentáculos de la FIFA llegan bastante más lejos de lo que se podría haber supuesto. 

En ese orden abundó que el pasado 9 de diciembre, agencias de noticias informaron sobre la detención de la parlamentaria griega Eva Kaili, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, en razón de una investigación adelantada por la Fiscalía belga por actos de corrupción. 

Un informante dijo a la AFP que la Policía detuvo a Kalli «para ser interrogada», al tiempo que el Movimiento Socialista Panhelénico, donde estaba adscrita la política, comunicó que la había expulsado de sus filas. 

Puntualizó que en los documentos judiciales se alude a «un país del Golfo» –Catar– sospechoso de «influir en las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo mediante el pago de importantes sumas de dinero o la realización de importantes regalos» a personas con posiciones relevantes dentro de la Eurocámara. 

Se comunicó que en el operativo de captura, las autoridades incautaron 600.000 euros en efectivo, documentos digitales y varios dispositivos móviles, que fungirían como evidencia incriminatoria. 

«Corrupción en el seno de la Unión Europea, corrupción en el seno del Parlamento Europeo en conchupancia con Catar, a quien siempre critica tanto la Unión Europea». fustigó. 

En continuidad con el relato, refirió que el Legislativo europeo calificó lo sucedido como «un ataque», no solo contra esa instancia, sino contra «la democracia y las sociedades libres», según manifestara este lunes su presidenta, la maltesa Roberta Metsola. 

Metsola anunció que el caso será sometido a «una investigación interna», al tiempo que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró que el incidente era «preocupante» y Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo que las sospechas de corrupción en el seno del Parlamento eran «muy graves». 

De otra parte indicó que reportes de la Policía belga citados por la cadena alemana DW precisan que otros altos funcionarios europeos estarían implicados en el caso de sobornos por el que ya han sido detenidas cinco personas, incluyendo a Eva Kaili y a un exeurodiputado cuyo nombre no se hizo público. 

El gobierno catarí rechazó cualquier vinculación con estos eventos y aseveró que los informes en los que se relacionaba a Doha con los actos de corrupción investigados en el Parlamento Europeo estaban basados en «una grave desinformación». 

«La Unión Europea, que quiere dar clases de moral, de ética y de buenas costumbres en todo el mundo, y que tanto ha criticado a Catar, tiene a una de sus vicepresidentas involucradas en un mega escándalo de corrupción», remató. 

Congreso chileno anuncia pautas para el nuevo proceso constituyente 

Este lunes, el Congreso chileno anunció las condiciones que regirán el funcionamiento del Consejo Constitucional, que tendrá como misión redactar una nueva Carta Magna que sustituya a la heredada del dictador Augusto Pinochet. 

Sobre esto aseguró que «este señor Boric fue una esperanza, llegó por la constituyente y enterró la constituyente. Ahora están buscando revivirla y, evidentemente no será tan de avanzada como la primera. Todo esto fue obra de Boric». 

En atención a la noticia relató que la tarde del 12 de diciembre, luego de más de tres meses de negociaciones, los partidos políticos con representación parlamentaria presentaron el acuerdo que permite abrir un nuevo proceso constituyente en Chile. 

La nueva Constitución será redactada por 24 expertos designados por el Congreso y 50 ciudadanos electos en las urnas, teniendo como guía las bases acordadas por los diputados y senadores. 

Entre ellas se destacó que se considerará a Chile como una República democrática, cuya soberanía reside en el Estado «unitario y descentralizado», así como un «Estado social y democrático» cimentado en la división de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Adicionalmente, se establece que los pueblos indígenas que habitan el territorio serán reconocidos «como parte de la nación chilena, que es una e indivisible», y se garantiza la autonomía del Banco Central, el Ministerio Público, la Contraloría y la justicia electoral. 

Además de las bases fijadas por el Congreso, se estipula que los expertos serán los responsables de redactar el borrador de la nueva Carta Magna y además podrán vetar las propuestas de los ciudadanos electos por el voto popular que les acompañarán en el Consejo Constitucional. 

«Se perdió la oportunidad de una Constitución de avanzada y ahora tenemos este Consejo Constitucional», reiteró. 

Perú: entre la movilización popular y la represión 

La imposición de gobernantes que no fueron refrendados por el voto popular, implementada con éxito en varios países de América Latina, ha mostrado muy rápidamente signos de agotamiento en Perú, pues no bastó recurrir a la legalidad para blindar un proceso ilegítimo y sin respaldo en el pueblo. 

Así, resaltó que aunque en apenas tres horas se destituyó al presidente Pedro Castillo, se juramentó en el cargo a la hasta entonces vicepresidenta, Dina Boluarte y la acción recibió el aplauso de Estados Unidos y la OEA, muchos peruanos no parecen estar dispuestos a tolerar otra vacancia presidencial decidida por los diputados. 

Pérez Pirela recordó que desde el mismo 7 de diciembre se registraron manifestaciones en las calles de Lima, en las que se demandaba la disolución del Congreso. Conforme han pasado los días, los reclamos se han extendido por casi todo el país y han aumentado la beligerancia, las exigencias y la represión policial. 

Para ilustrar cuán grave es la situación, recuperó un reporte de la AFP –agencia nada sospechosa de tener una línea editorial favorable a Castillo– correspondiente al pasado 9 de diciembre, en el que se indica que ya para ese momento, los manifestantes exigían la liberación del mandatario y el respeto a la voluntad que expresaron en las urnas. 

Se pidió a Boluarte –quien ha sido tildada de «usurpadora» y «traidora»– que convocara inmediatamente a elecciones generales, algo a lo que inicialmente se negó, aunque forzada por las circunstancias, pidió paciencia al pueblo y abrió el compás para un eventual adelanto de los comicios, sin precisar una fecha. 

El sábado 11, continuó relatando, un importante contingente de personas procedentes de distintas regiones del país arribó a la capital peruana para sumarse a las protestas, que ya se hacían notar en el interior, particularmente en las regiones más empobrecidas, donde está la base social de Castillo. 

La respuesta del Ejecutivo fue reprimir con dureza. Solo en los eventos del pasado fin de semana, la Policía asesinó a balazos a tres personas en la región de Apurímac, al sur del país, de donde es oriunda la gobernante. 

Cuando habían transcurrido cinco días de la destitución de Pedro Castillo, el gobierno de Dina Boluarte decretó el estado de emergencia en los departamentos de Apurimac, Arequipa e Ica, en donde se han llevado a cabo algunas de las protestas más numerosas por parte de ciudadanos que desconocen a Boluarte y exigen la liberación de Castillo, la disolución del Congreso y el adelantamiento de las elecciones. 

Según el informe de las autoridades, en las manifestaciones murieron por herida de arma de fuego dos adultos y un adolescente de 15 años, a los que se les sumaron más de 30 heridos que requirieron de atención hospitalaria. 

Estos eventos motivaron incluso la reacción de representantes de las Naciones Unidas, que lamentaron el deceso de las tres personas e inclusive del propio Luis Almagro, quien adhiriéndose a lo expresado por la Relatoría de la CIDH, pidió el cese de la violencia y demandó al gobierno peruano garantías para ejercer la protesta pacífica. 

«Este señor, donde pone el ojo, pone el golpe de Estado. Este señor Almagro es un descarado, donde pone el ojo, pone la bala y después sale diciendo: ‘si fui, no me acuerdo'», cuestionó. 

De regreso a los sucesos mencionó que la existencia de víctimas fatales forzó a Boluarte a anunciar durante la madrugada de este lunes que remitiría al Congreso una ley para realizar elecciones generales en abril de 2024, pues en su decir, esta iniciativa requiere una modificación de la Carta Magna. 

«Desgraciadamente para esta señora, que juró en una plaza pública que si se iba Pedro Castillo, ella también se iría, luego se alió con el Congreso para destituir a Castillo y ocasionó esta situación», valoró. 

A su parecer, el anuncio no produjo el efecto esperado, en tanto las protestas no solo se mantuvieron, sino que subieron de intensidad y tono. 

En particular refirió que organizaciones sociales que se han incorporado paulatinamente a las manifestaciones, reclamaron la convocatoria inmediata a elecciones generales y reiteraron que el Congreso de la República perpetró un golpe de Estado contra Pedro Castillo. 

La Central Nacional de Ronderos, un gremio próximo a Castillo, denunció violaciones a los derechos humanos y exigió la instalación de una Asamblea Constituyente, «popular y plurinacional», que se encargue de redactar una nueva Constitución para Perú. 

Por otro lado, en su opinión, el evento que acaparó la mayor atención en la jornada del 12 de diciembre fue la toma del aeropuerto de Arequipa, segunda ciudad del país, por parte de manifestantes furibundos que protestaron en la pista de aterrizaje antes de ser detenidos por la Policía. 

«Fuego en el aeropuerto de la segunda ciudad de Perú, protestas y represión, pero algunos insisten en que no está pasando nada», enfatizó. 

Efectivos castrenses sofocaron la acción en pocos minutos y se aprestaron a resguardar terminales aéreos en otras ciudades como Lima o Cusco, donde se produjeron intentos similares. 

Lejos de tratarse de evento aislado, para Pérez Pirela es claro que las acciones se han recrudecido en el transcurso de la semana y en ese orden puntualizó que hasta la tarde de este jueves, se contabilizó la muerte de nueve personas en el marco de las protestas, al tiempo que la ira popular no parece apaciguarse con nada. 

Con respecto al último informe de víctimas fatales indicó que la Policía Nacional de Perú confirmó dos nuevas muertes en la región de La Libertad, en el contexto de protestas ciudadanas para exigir la libertad y restitución en el poder de Pedro Castillo, así como el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. 

De acuerdo con el reporte oficial, una de estas víctimas no falleció por causa de un disparo sino por el impacto de un objeto contundente, en medio de un enfrentamiento entre los agentes y la población. 

A inicios de la semana, cuando los decesos sumaban cinco personas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación ante una eventual escalada de la violencia en el país andino. 

Destacó que mientras todo esto se sucedía, en paralelo, el Ejecutivo liderado por Dina Boluarte ha tomado otras medidas como destituir a todos los prefectos y subprefectos –representantes del gobierno en las regiones encargados del mantenimiento del orden público–, por presuntamente alentar las manifestaciones antigubernamentales. 

Asimismo, para justificar las acciones represivas de la Policía, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, aseguró que las protestas eran «parecidas al terrorismo» porque, según él, pretenden atemorizar a la población. 

«Llamar ‘terrorismo’ a las protestas populares es todo un clásico de las derechas populares. ¿Esto no recuerda a RCTV –canal privado venezolano– durante el golpe de Estado contra Chávez? Los medios apoyando el golpe de Estado», comparó. 

Refirió que en la misma línea, las autoridades optaron por militarizar la red vial nacional y los principales puntos estratégicos del país, incluyendo aeropuertos y las centrales hidroeléctricas, según declaró a la prensa el ministro de Defensa, Alberto Otárola. 

Del mismo modo, se autorizó la participación de fuerzas castrenses para restablecer el orden público en los departamentos de Arequipa, Ica y Andahuaylas, sobre los que pesa una declaratoria de estado de emergencia. 

Al conocerse el anuncio, sectores sociales denunciaron que este movimiento obedece a la creciente movilización popular en reclamo por la liberación del expresidente Pedro Castillo, el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones generales. 

Olátora informó que este miércoles se reuniría el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para avanzar en propuestas para judicializar a los manifestantes por medio de la coordinación entre el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas, así como restablecer la circulación en las carreteras del país, que está cortada en 14 de los 24 departamentos. 

Por si ello no bastara, este miércoles el titular de Defensa informó que el Consejo de Ministros acordó la declaratoria de estado de emergencia en todo el país por un lapso de 30 días, alertó el analista. 

«Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país, eso debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y de caminos», expresó el funcionario en declaraciones a la prensa. 

Este discurso oficial, donde se equiparan protestas ciudadanas con actos terroristas y se justifica la intervención de las Fuerzas Armadas para reprimir a los manifestantes, ha encontrado eco en los medios privados del país. 

A este respecto, se permitió compartir un video con comentarios expresados por el presentador peruano Phillips Butters, director del medio Buxtreps, de línea ultraderechista, en los que tilda a los manifestantes de «terroristas», le da un ultimátum a Dina Boluarte y le pide al jefe del Ejército que perpetre un golpe de Estado. 

«A Boluarte se la van a comer viva. Ella traicionó a Pedro Castillo y se la va a comer viva la misma derecha que la puso en el poder», vaticinó. 

Para refutar esta narrativa, recuperó lo expresado por el sociólogo Héctor Béjar, quien sirviera brevemente como canciller de Castillo, quien valoró las crecientes protestas como una subversión contra el sistema político heredado de la dictadura fujimorista, principalmente contra el Congreso. 

Béjar sostuvo que si bien en alguna medida estos eventos pueden compararse a los que siguieron a la destitución de Martín Vizcarra y signaron la caída de su sucesor, Manuel Merino, en apenas un par de semanas, tienen como rasgo distintivo que las organizaciones sociales se han autoconvocado y operan al margen de cualquier partido político. 

«La gente que está en la calle en Perú no está representando a ningún partido político, son organizaciones sociales que están pidiendo democracia y el regreso del presidente por el que votaron», añadió. 

Además, el intelectual destacó que Dina Boluarte carece de medios para adelantar las elecciones y depende del Congreso para lograrlo. Así las cosas, aventura que solo hay dos salidas: que el Congreso renuncie en pleno o que se pacte el adelanto de los comicios por medio de «un gran acuerdo nacional». 

El caso de Castillo llega a la esfera internacional 

Pérez Pirela enfatizó que contra todo pronóstico, Pedro Castillo no está solo en su lucha, pues ha recibido el respaldo casi incondicional de los gobiernos de México, Bolivia y Colombia, a los que luego se sumó Argentina. 

En este orden refirió que los presidentes Andrés Manuel López Obrador, Luis Arce y Gustavo Petro, no solo se atrevieron a decir en las primeras de cambio que Castillo había sufrido una persecución sin precedentes –como hicieron otros gobiernos de izquierda–, sino que también pusieron en cuestión la transparencia de la justicia peruana y solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares a su favor. 

Entrando en detalles comentó que este lunes 12 de diciembre los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia manifestaron en un comunicado conjunto su «profunda preocupación» por los sucesos que se han desencadenado tras la destitución y detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo. 

López Obrador, Arce, Petro y Fernández consideraron que internacionalmente es público y notorio que Castillo, «desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento», lo cual viola el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como Pacto de Costa Rica, en vigor desde 1969. 

Los líderes afirmaron que además de ser sometido a una persecución permanente, Pedro Castillo luego fue «objeto de un tratamiento judicial» que igualmente transgrede dicha norma. 

«Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos», reza la comunicación, en la que también emplazaron a los que integran las instituciones peruanas a inhibirse de alterar «la voluntad popular expresada con el libre sufragio». 

Los gobiernos de los referidos países solicitaron a las autoridades «a respetar a cabalidad los derechos humanos de Castillo y que se le garantice la protección judicial». 

El comunicador destacó que el comunicado cayó como un balde de agua fría en Lima, que de inmediato llamó a consultas al embajador mexicano por supuestas injerencias en los asuntos internos del Perú, pues López Obrador ha fungido como vocero del grupo. 

Lejos de amilanarse y bajar el tono, el mandatario mexicano ratificó el contenido de la misiva y apuntó que en apego al Pacto de Costa Rica, Castillo había ganado una elección y no se le puede destituir, porque ello representa un desconocimiento de la voluntad popular. 

«Bravo por López Obrador, aplausos para López Obrador», apuntó. 

López Obrador agregó que si bien la destitución de Castillo era legal, la Constitución peruana tenía «una falla antidemocrática de origen» porque permitía que se le pasara por encima a la soberanía popular. 

«El problema de Perú es estructural y tiene que ver con la Constitución heredada de Fujimori», reiteró. 

El filósofo comentó que los periodistas intentaron cuestionar a López Obrador por no haber «reconocido» a Dina Boluarte y él, con toda tranquilidad, recordó que la figura no existe en la diplomacia mexicana, pues es contraria a la doctrina de su política exterior. 

Relató asimismo que el gobierno de Boluarte no se quedó de brazos cruzados y rápidamente fue a buscar apoyos en el gobierno de los Estados Unidos. Así, se conoció que la tarde de este martes, la gobernante se reunió con la embajadora estadounidense en Lima, Lisa Kenna. 

De acuerdo con la oficina de prensa de la presidencia de Perú, Kenna ratificó «el pleno respaldo de su país a la institucionalidad democrática en el Perú» y «a las acciones del gobierno peruano» para estabilizar la situación social. 

Se conoció que la mandataria sostendrá reuniones con los embajadores de la Unión Europea y que su cancillería convocó a los representantes diplomáticos de México, Colombia, Bolivia y Argentina para reiterarles que «la sucesión presidencial de Dina Boluarte es constitucional». 

Las reacciones no se limitaron a las izquierdas. pues los expresidentes derechistas Andrés Pastrana (Colombia) y Mauricio Macri (Argentina) enviaron una carta a la CIDH para que no atendiera la solicitud de medidas cautelares en favor de Pedro Castillo que interpusiera en esa instancia el mandatario colombiano, Gustavo Petro. 

En el documento –en el que se tacha a Castillo de «golpista»–, se asevera que Petro se entrometió «en asuntos internos del régimen constitucional peruano» y ahora usa a la CIDH para defender «un intento de dictadura de izquierda», abundó. 

Por su parte, en un comunicado, los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestramérica (ALBA), se solidarizaron con el pueblo peruano, principal víctima de la crisis institucional que sacude al país, rechazaron las maniobras usadas por el Congreso para destituir a Castillo y repudiaron la represión perpetrada por las fuerzas del orden. 

A continuación, citó un fragmento del documento suscrito por los mandatarios del ALBA: «Rechazamos el entramado político creado por las fuerzas de derecha de ese país en contra el Presidente Constitucional Pedro Castillo, obligándolo a tomar medidas que fueron luego aprovechadas por sus adversarios en el parlamento para destituirlo». 

Castillo, el presidente que no ha renunciado 

En el último tramo de la emisión, Pérez Pirela se dedicó a ofrecer argumentos en favor de la ilegalidad que ha regido el proceso pseudojurídico contra Pedro Castillo. 

De esta manera recordó que el procedimiento de traspaso de mando en Perú ciertamente es legal, pero políticamente hablando, se inscribe en la estrategia de golpes parlamentarios avanzada con éxito en la región desde la década pasada. 

En su opinión, cuando se hila más fino, se descubre que la legalidad esgrimida por el Congreso peruano para detener a Pedro Castillo, puede ser perfectamente puesta bajo sospechas. 

En ese orden puntualizó que el exmandatario fue vacado y apresado el pasado 7 de diciembre, poco después de anunciar la disolución del Parlamento y la instalación de un gobierno de excepción, con el interés de convocar a elecciones legislativas con facultades constituyentes para sancionar una nueva Carta Magna en nueve meses. 

No obstante, el Congreso solo le allanó la inmunidad a Castillo varios días después de su destitución, un paso legalmente necesario para justificar su detención y posterior imputación. 

Fue apenas la noche del pasado domingo cuando el Ministerio Público, representado en la fiscal general Patricia Benavides, acudió al Legislativo para formalizar lo que fue presentado como un mero trámite, cuando claramente se produjo una violación de derechos constitucionales, como explicara a teleSUR el congresista Jaime Quito, miembro de la bancada de Perú Libre. 

Adicionalmente citó lo expresado por el académico y excanciller Héctor Béjar, quien afirmó que los delitos de conspiración y rebelión con los que se ha pretendido justificar la captura de Pedro Castillo, son inaplicables en su caso y aseguró que según la ley peruana, la rebelión implica un alzamiento en armas –lo que claramente no sucedió– y la conspiración requiere del concurso de varias personas para perpetrarse y él es el único imputado por esta causa. 

A la detención e imputación irregular de Pedro Castillo se añadieron crecientes temores sobre su estado de salud y sobre su seguridad. En particular, el pasado sábado, el congresista Guillermo Bermejo, divulgó en Twitter una carta manuscrita del exmandatario en la que denunció la existencia de «un plan maquiavélico» en su contra. 

Dada la gravedad de la denuncia, leyó textualmente la misiva: 

«En la tarde de ayer, un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento. Igualmente, el día de hoy volvieron con lo mismo, por haberme negado, por seguridad y mi integridad. 

No descarto que este plan maquiavélico esté dirigido por la Sra. fiscal de la nación, el presidente del Congreso y la Sra. Dina Boluarte». 

El analista enfatizó que previamente, un miembro de su equipo de defensa dijo a los medios que Castillo había sido drogado poco antes de leer el discurso con el que disolvió el Congreso y anunció un gobierno de excepción. Para fundamentar su versión, refirió que al momento de la alocución estaba visiblemente nervioso y tembloroso. La especie no ha sido confirmada directamente y por pedido de su círculo familiar, esta persona fue removida del equipo de abogados del expresidente. 

En cualquier caso, familiares directos de Pedro Castillo ratificaron ante teleSUR que temen por él y aseveraron que el recién instalado gobierno de Boluarte está tratando de implicarlos en causas judiciales falsas, en razón de prejuicios racistas y clasistas, un componente que, a su parecer, es transversal al golpe de Estado. 

Estas personas pidieron asimismo la cooperación de la prensa internacional para elevar estas denuncias ante órganos internacionales de Derechos Humanos y solicitaron garantías de seguridad para la familia Castillo Terrones. 

Mientras esto se sucedía, las protestas iban en aumento en amplias zonas del país, incluso en Lima, donde el respaldo a Castillo siempre ha sido significativamente menor, en comparación con las zonas rurales. 

Pérez Pirela resaltó estas expresiones de descontento inicialmente fueron ignoradas por la prensa local e incluso por medios internacionales, ocupados en reseñar los primeros actos de gobierno de Dina Boluarte y en remarcar la versión del autogolpe de Estado para justificar la captura irregular de Pedro Castillo. 

«O incluso diciendo ‘es la primera presidenta mujer’, cuando no es presidenta sino una dictadora», completó. 

Una pieza elaborada por la cadena teleSUR con testimonios de los simpatizantes del mandatario destituido que compartió con la audiencia, constituye, en su opinión, una muestra de cuál es la lectura política que estos sectores le han dado a lo sucedido: un golpe de Estado orquestado por un Congreso carente de legitimidad, dispuesto a desconocer la voluntad popular. 

A su juicio, este dato es importante porque explica la posterior reacción de Castillo, quien la tarde del lunes 12 de diciembre usó su cuenta de Twitter para difundir otra polémica carta, en la que afirma que no ha renunciado a su cargo ni a las responsabilidades que asumió cuando se juramentó, sino que es un presidente secuestrado y su sucesora, Dina Boluarte, no es más que una «usurpadora». 

«Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aún así revestido de la confianza y la lucha de ustedes., de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros. 

Les hablo para reiterar que soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostento como presidente y no renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones», citó el especialista un fragmento. 

El martes, Castillo dijo en otra carta que al cumplirse los siete días reglamentarios de prisión preliminar, aspiraba ser liberado al día siguiente, aunque muy posiblemente ya sabía que la Fiscalía había solicitado ante el Tribunal Supremo su encarcelamiento «preventivo» durante 18 meses. 

De momento, su audiencia se pospuso hasta este jueves y el máximo órgano judicial ordenó que tendrá que permanecer retenido al menos 48 horas más en una sede policial, al tiempo que Boluarte trató de desmarcarse de su antecesor. 

Tras este anuncio –que claramente viola los derechos de Castillo– el destituido presidente publicó otra misiva en la que solicitó la intercesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que procedió a leer íntegra. 

«¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar (sic) mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia. 

Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo. 

‘Solo el pueblo salva al pueblo’. 

Atentamente,  
Pedro Castillo Terrones 
Presidente Constitucional del Perú». 

La mañana de este jueves se celebró la audiencia donde se decidiría la permanencia de Castillo en prisión preventiva, donde la Fiscalía presentó alegatos basados en declaraciones de supuestos testigos, reseñas de medios de comunicación de línea anti-Castillo y numerosas conjeturas y suposiciones. Pero como cabía esperar, la decisión resultó desfavorable al presidente depuesto. 

Desde su punto de vista, en los sucesos que han sacudido a Perú durante los últimos días han convergido tres aspectos conocidos en la región: el desconocimiento de la voluntad popular, la participación de los medios en la legitimación de un golpe de Estado y una feroz represión contra manifestantes autoconvocados para defender a un mandatario expulsado irregularmente del poder. 

Con las diferencias que pueden mediar, este infame esquema fue el que se aplicó en Venezuela en el año 2002, cuando se depuso por 47 horas al presidente Hugo Chávez, así como en el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia, a fines de noviembre de 2019. 

En el primer caso, una combinación entre presión popular y respuesta de la Fuerza Armada consiguió revertir el golpe, mientras que en el segundo, el descontento popular no bastó para que Morales conservara su posición. 

En su criterio, el panorama sigue siendo muy confuso como para proyectar algún escenario y casi cualquier cosa podría pasar en los próximos días o semanas. De todo, lo que luce menos probable es que Pedro Castillo regrese a su cargo e incluso si lo hiciera, el Congreso se encargaría de destituirlo casi de inmediato. 

En casi idéntica posición de fragilidad está Dina Boluarte, quien además carga el fardo de no haber sido electa en las urnas. La contención de las manifestaciones callejeras son una prueba de fuego de la que, al menos de momento, no ha logrado superar con éxito. 

Evidentemente presionada por el descontento popular que ha suscitado su sobrevenido mandato, comunicó que las elecciones generales podrían convocarse en diciembre de 2023 y justificó la demora a partir de las supuestas limitaciones que impone el marco legal vigente. 

Pérez Pirela enfatizó que se trata de una medida desesperada, con la que pretende salvaguardar su permanencia en el poder durante algunos meses más y mantener de su lado al Congreso, que podría destituirla bajo cualquier pretexto. 

Este jueves, mientras el Parlamento debatía la propuesta de adelanto de elecciones, Boluarte calificó a los manifestantes de «violentistas», defendió la legalidad y legitimidad de su gobierno e instó al Legislativo a dar los pasos necesarios para acortar los plazos y convocar rápidamente a elecciones. 

«Esta señora tiene los días contados, le harán pagar bien caro su traición», advirtió. 

Al cierre de la edición, el tema todavía estaba en discusión. Y si bien muchos de los diputados reconocieron la necesidad de convocar a nuevos comicios y emprender reformas políticas de fondo, las diferencias se presentaron en términos de los tiempos necesarios y los métodos adecuados para conseguir esos fines. 

Mientras tanto, el pueblo peruano sigue en las calles y amplios sectores aseguran que no las abandonarán hasta que no se atiendan sus demandas, es decir, se hable de constituyente, se devuelva a su presidente electo y se cierre el Congreso, concluyó. 

(LaIguana.TV)