“Los atajos antidemocráticos revestidos de legalidad azotan América Latina en los primeros días del año. Desde Perú y Bolivia, pasando por Brasil, fuerzas reaccionarias intentan socavar la voluntad popular y desconocer la institucionalidad o estirarla a su favor para regresar al poder o mantenerse irregularmente en él”, afirmó el filósofo y comunicador político venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela en la primera emisión de 2023 de su programa Desde donde sea.
Indicó que estas acciones ocurren la mayor parte de las veces bajo la mirada cómplice de Estados Unidos, la autodenominada «comunidad internacional» y también la prensa hegemónica, que ante la imposibilidad de no reseñar los eventos, construye relatos funcionales al orden establecido”.
“En Perú fue asesinado un policía, unos caballos y unas cabras y pareciera que tienen más dignidad que los 50 asesinados por esta dictadorzuela que sigue desarrollando una masacre mientras acá conversamos”, dijo.
Enfatizó que según el caso, se banaliza o exagera la acción de la fuerza pública, se denuncian o no violaciones al Estado de Derecho y a los derechos humanos, se justifica o condena a los manifestantes, se critica o no al gobierno de turno y se aúpa o acusa a la oposición.
Perú, un ejemplo al rojo vivo
De los casos antes mencionados, tal vez es en Perú donde este socavamiento de la democracia se ha expresado de forma más aguda en los últimos tiempos.
Como se recordará, el pasado 7 de diciembre, el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo, luego de que el mandatario decretara la disolución del Legislativo, una intervención temporal sobre el Poder Judicial y la instalación de un gobierno de emergencia.
Además anunció la convocatoria a elecciones «para un nuevo Congreso, con facultades constituyentes, para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses».
Castillo fue sucedido por su vicepresidenta Dina Boluarte, quien en poco más de 40 días de gestión ha optado por desatar una violenta represión para acallar las protestas que exigen su renuncia, la convocatoria a elecciones generales y el regreso del destituido exmandatario.
El autoritarismo se atrinchera en Perú
Pérez Pirela comenzó a ahondar en el caso peruano, mostrando un Iguanazo, la caricatura del artista plástico Iván Lira especial para LaIguana.TV, en la que un soldado peruano dispara a su propio pueblo, pero en la silueta del gendarme se proyecta la sombra del Tío Sam.
“En el velorio de la única víctima dentro de las filas de la policía, el papá y la mamá, dijeron que la supuesta presidenta nos está poniendo a los peruanos a matarnos entre nosotros”, resaltó el moderador.
Señaló que el ya casi permanente caos político en Perú ha alcanzado en las últimas jornadas sus cotas más altas en varias décadas.
Como se ha analizado en anteriores ediciones del programa, la Constitución del país andino, una herencia de la dictadura de Alberto Fujimori, otorga muy amplias prerrogativas al Congreso, las cuales sirven la mesa para choques de poderes, destituciones presidenciales y crisis de gobernabilidad.
El pasado 7 de diciembre, la vacancia y apresamiento del hasta entonces presidente Castillo, y su sustitución por la vicepresidenta Boluarte –cuyo caudal electoral se restringe a quienes le garantizaron un escaño en el Parlamento–, abrieron un nuevo capítulo de malestar e inconformidad con las instituciones peruanas.
Desde entonces, con una breve pausa durante las fiestas decembrinas, los ciudadanos colman las calles de varias ciudades del país demandando la renuncia de Boluarte, la dimisión en pleno de los legisladores, la convocatoria inmediata a elecciones generales con fines constituyentes y la liberación de Castillo.
“Ella dice que no entiende qué están pidiendo, aunque todo está muy claro”, comentó Pérez Pirela.
Lejos de atender los reclamos, el Ejecutivo ha reprimido violentamente las protestas y ha estigmatizado a los manifestantes. A la fecha, se ha reconocido el asesinato de al menos 50 personas, incluyendo a menores de edad, la mayoría por heridas de balas disparadas por la policía.
El resultado de tan peligroso cóctel es que organizaciones sociales convocaron a un paro nacional y grandes grupos marchan a Lima desde el Sur –históricamente olvidado por el gobierno central y donde habitan muchos de los peruanos más empobrecidos–, para reclamar la salida inmediata de la dictadorzuela Boluarte de la presidencia.
Hábilmente, los organizadores decidieron denominarla «Marcha de los cuatro suyos», recuperando el nombre de las manifestaciones populares que derivaron en la caída del régimen de Fujimori en el año 2000.
“Si uno piensa que en 2023, la Constitución de Chile es la de Pinochet, y la de Perú es la de Fujimori, se puede decir, ¡ay Latinoamérica, cuánto te falta por avanzar! Y pensar que se trata de dos países que han sido presentados como democracias ejemplares, a contrapelo de naciones como mi Venezuela”, expresó.
LaIguana.TV presentó este tema en una nota titulada Crisis en Perú: Convocan a paro nacional para exigir la renuncia de Boluarte. En ella se informa que la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) convocaron a un paro nacional para el 19 de enero, con el propósito de exigir la renuncia de la presidenta.
Según expresaran dirigentes de las organizaciones convocantes, la paralización tiene un carácter cívico y popular y pretende incluir a los sectores que son contrarios a la permanencia de Boluarte y el Congreso en el poder y se han manifestado en esa dirección.
Como mínimo, demandan el reemplazo de la directiva del Legislativo, encabezada por el derechista José Wiliams, por figuras de consenso que permitan al menos restablecer la paz social.
En la jornada del miércoles se informó en medios alternativos que oleadas de manifestantes han arribado a la capital para sumarse a las protestas, a pesar de las dificultades para concentrarse en los espacios públicos y las restricciones de movilidad.
Entretanto, las autoridades peruanas parecen estarse preparando para una batalla campal contra un ejército y no contra civiles desarmados. El pasado domingo empezó a regir el Estado de Emergencia en Lima y los departamentos de Callao, Puno y Cusco, que se extenderá por 30 días.
Puno, devenido en epicentro de las manifestaciones desde el pasado 4 de enero, estará bajo toque de queda durante 10 días. Entre otros derechos constitucionales, la medida prohíbe expresamente la circulación de personas que no cumplen labores esenciales entre las 10:00 pm y las 4:00 am, salvo para comprar alimentos y emergencias.
Por si ello no bastara, el Ministerio de Defensa de Perú informó del arribo de un arsenal de más de 28.000 cartuchos de bombas lacrimógenas adquiridos a una empresa brasileña y que costó al país andino alrededor de medio millón de dólares.
Ni la divulgación de esta información –cuyo interés amedrentatorio es evidente– ni el cierre de plazas impidió que los marchantes continuaran su camino y se concentraran en la Universidad Mayor de San Marcos, donde estudiantes habilitaron un centro de acopio y acogida que está funcionando con donaciones.
Esto sucede muy a pesar de las autoridades de la casa de estudios, quienes exhortaron a los estudiantes a desalojar las instalaciones bajo la amenaza de llamar a la policía para que se encargue de hacerlo.
En conversación con teleSUR, la excongresista Indira Huilca, calificó como «un error» este proceder, porque es claro que más allá de decretos y prohibiciones, hay una realidad que se está imponiendo por la vía de los hechos que no debe ser ignorada por los académicos.
Masacres sin contención
Un segundo Iguanazo de Lira señala muestra a agentes policiales disparando contra manifestantes y dice que “la derecha masacra a los pueblos para evitar que la izquierda les viole sus derechos humanos”.
Pérez Pirela planteó que el punto de inflexión para estos eventos se produjo el pasado 9 de enero, cuando la policía masacró a 17 personas en el marco de una protesta en la localidad de Juliaca, departamento de Puno, en la que también falleció calcinado un agente del orden.
El 10 de enero, el gobierno regional decretó tres días de duelo y demandó al Ministerio Público «el inicio de las investigaciones contra los responsables de estos deplorables hechos que enlutan a la región de Puno».
Ese mismo día, la fiscal general, Patricia Benavides, anunció el inicio de un proceso de indagación preliminar contra Boluarte por su presunta responsabilidad en la masacre de Juliaca, que se suma a otro procedimiento en curso por las muertes de manifestantes registradas en las protestas del pasado diciembre.
«El día de hoy estamos tomando la decisión de abrir una nueva carpeta fiscal», dijo Benavides a medios locales.
Más tarde se conoció que la mandataria, tres de sus ministros y dos exministros podrían ser imputados por genocidio, homicidio y lesiones graves, todos cargos que acarrean largos años de prisión.
Pese a la gravedad de estos eventos, Boluarte esperó tres días para pronunciarse y en lugar de ceder, se conformó con ofrecer débiles disculpas y asegurar que no se separará del cargo hasta que se realicen nuevas elecciones, tentativamente fijadas para 2024.
“No la eligió nadie, pero quiere permanecer en el poder hasta 2024”, acotó el moderador, quien varias veces se refirió a Boluarte como “una dictadorzuela asesina”.
En un acto de arrogancia, la mandataria tachó a los manifestantes de «grupo minúsculo», «azuzadores y violentistas», los responsabilizó casi enteramente por los asesinatos en las protestas y descalificó todas sus demandas con alegatos leguleyos.
Como cabía esperar, sus declaraciones solo acrecentaron el descontento e intensificaron las protestas en su contra, al punto de trasladarlas a la capital, donde no se registraban disturbios desde principios de diciembre.
Las presiones internas también se extienden al Poder Judicial, que decidió volver sobre sus pasos y este miércoles anunció que tramitará una solicitud de habeas corpus interpuesta por la defensa del expresidente Pedro Castillo.
La medida pretende no solamente poner fin a la prisión preventiva por 18 meses decretada de forma expedita contra Castillo –quien aseguró en varias misivas que no ha renunciado a su mandato, y ha denunciado reiteradas violaciones a sus derechos fundamentales– sino poner en cuestión el desempeño de la fiscal general, Patricia Benavides.
Reacción internacional
La política represiva también le está empezando a pasar factura a Boluarte en los escenarios internacionales.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acudió a la nación andina entre el 11 y el 13 de enero para realizar evaluaciones en el terreno y el resultado fue completamente adverso a su gestión.
Presentó declaraciones de Miguel Jugo, coordinador de la delegación de la CIDH en la que expuso la grave situación.
Organizaciones para la defensa de los derechos humanos y familiares de las víctimas participaron de los encuentros y pudieron exponer con crudeza los desmanes cometidos por la fuerza pública, tras lo cual el ente demandó a Perú investigaciones imparciales y el fin de la represión exagerada.
“No tengan la menor duda que detrás de esa dictadorzuela están los Estados Unidos que se propusieron para este 2023 desestabilizar la región, pues necesitan asegurar lo que ellos consideran su patio trasero. Lo que está pasando en Perú, Bolivia y Brasil así lo pone de manifiesto”, aseveró Pérez Pirela.
Pese al decidido respaldo estadounidense al gobierno de Boluarte y los pronunciamientos favorables de Luis Almagro -otro lacayo de Estados Unidos-, el comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, primer vicepresidente y relator para el Perú de la CIDH, presentó el miércoles su reporte ante el Consejo Permanente de la OEA.
Los exhortos del Sistema Interamericano no han servido para detener la represión. A la víspera de la jornada de paro nacional y de protestas masivas en Lima, una mujer de 35 años resultó asesinada de un balazo en la cabeza en una manifestación que se desarrollaba en horas de la tarde en la región de Puno.
Se conoció también que un hombre que participaba en estas actividades recibió un balazo en el pecho y su pronóstico médico es reservado.
La respuesta popular a esta nueva arremetida fue mantenerse en las calles y cerrar más de 120 vías de acceso en todos los departamentos del país, lo que claramente compromete la movilidad no solo de los residentes sino también de las fuerzas represivas, al tiempo que genera condiciones para que se cumpla la paralización general convocada por movimientos sociales y sindicales.
Al final de la tarde de este jueves, informes oficiales refieren que 18 de las 26 regiones del país están paralizadas en razón del cierre de 127 vías de acceso, como parte de la huelga general.
Para calibrar la magnitud de las protestas, presentó una infografía en la que se observan, sobre el mapa peruano, los puntos de corte de vías.
Un patrón represivo
Según la CIDH la mayor parte de las víctimas de la represión han fallecido por heridas de bala en la cabeza o en el tórax, lo que evidencia un patrón de comportamiento orientado no solo a usar armamento letal para amedrentar o inmovilizar, sino a herir de muerte a quienes se oponen públicamente al gobierno de Boluarte.
Por ello no resulta aventurado decir que las Fuerzas Armadas Peruanas, inscritas todavía en la tradición represiva y antipopular desarrollada en la región durante el pasado siglo, constituyen un soporte indispensable de un modelo de gobernanza autoritario, carente de toda legitimidad y arraigo popular.
Bajo esta premisa, la actual cabeza del Ejecutivo peruano es solo una pieza más de un entramado institucional que ha logrado sobrevivir a partir de maquillajes leguleyos que tienen escasa incidencia en la práctica y que, por tanto, adolecen de credibilidad entre la gente común.
En línea con esta estrategia disimuladora y acaso también como medida de control de daños, en declaraciones ofrecidas este martes, la mandataria se mostró a favor de la toma pacífica de Lima y aseguró que esperaría a los manifestantes en el palacio de gobierno para entablar un diálogo.
Aunque reconoció parcialmente las demandas sociales de sus conciudadanos del Sur y prometió atenderlas durante su gestión, acusó indirectamente al gobernador de Puno de polarizar el país, de azuzar las protestas y de llevar a los manifestantes a la muerte.
Del mismo modo descartó por «inviable» lo que denominó «la agenda política», es decir, su renuncia, la convocatoria a elecciones generales, la consulta constituyente y la liberación del expresidente Pedro Castillo, reclamos que están presentes desde el primer día de su sobrevenida administración.
Las palabras de Boluarte tienen escasa credibilidad, no solo porque su gobierno ha asesinado a mansalva a unas 50 personas en el marco de las protestas, sino también porque ella misma y miembros de su equipo han tildado a los manifestantes de «terroristas».
Los más radicales inclusive han utilizado un término de amplio componente racista y clasista: terrucos. Fuera de Perú, la palabra es prácticamente desconocida, pero internamente remite a los años tenebrosos de Sendero Luminoso, cuyas operaciones se centraron largo tiempo en el Sur del país, poblado principalmente por campesinos indígenas.
Cuando las acciones del grupo se extendieron a Lima, la casta política y muchos capitalinos culpabilizaron a los pobladores sureños de cooperar con el senderismo, aunque en la realidad fueron, antes que nada, sus víctimas y también del Estado peruano, que en su pretendida lucha contra la guerrilla maoísta, perpetró masacres por las que aún no responde a estas alturas del siglo XXI.
Estas concepciones no quedaron en el pasado, al punto de que en su reciente visita a Perú, la CIDH aludió a ellas en su informe y sugirió al gobierno de Boluarte asumir un enfoque intercultural para abordar la crisis.
Acusaciones infundadas contra Evo Morales
Tan estructural es la discriminación racial, que el Congreso y el Ejecutivo han llegado tan lejos como para acusar a Bolivia, específicamente al expresidente Evo Morales, de financiar y alentar las protestas, a pesar de que no hay prueba alguna que soporte tan serias acusaciones.
Morales, que es un abierto partidario de Castillo y un líder indígena con reconocimiento en toda la región, desmereció los señalamientos de las autoridades peruanas en su contra y advirtió en su cuenta de Twitter que «los conflictos en Perú no se resolverán con expulsiones, prohibiciones ni represiones».
«Un pueblo digno como el hermano pueblo peruano sabe que la única solución a la crisis es la refundación del Estado para la recuperación de los recursos naturales con tolerancia e inclusión», se lee en un mensaje publicado el pasado 9 de enero, tras conocerse una resolución del Ministerio del Interior que le prohibía el ingreso al territorio peruano por haber injerido en asuntos internos.
Según su versión, este dictamen habría sido promovido por un congresista fujimorista, aunque días más tarde la Corte Superior de Justicia de Lima lo revocó, luego de que abogados locales interpusieran una demanda de habeas corpus en su representación.
El infundado caso contra Evo Morales, además de ser un burdo intento del gobierno para desviar la atención de su responsabilidad sobre el manejo de la crisis política y social, muestra que los tentáculos del Congreso se extienden lejos en el sistema político peruano.
Como es sabido, la Carta Magna peruana otorga al Legislativo un margen de maniobra muy superior al Poder Ejecutivo e incluso, al Poder Judicial, y en los últimos años ha sido esencial para hacer crónica la inestabilidad política a través de la destitución sucesiva de presidentes, independientemente de si existían razones reales que soportaran tales decisiones.
Además conviene recordar que Boluarte les debe su posición a los legisladores que vacaron a Pedro Castillo y que estos se apoyan en su figura para asegurar sus curules, pues están conscientes del nivel de rechazo que se cierne sobre ellos. En pocas palabras, se necesitan mutuamente.
Sin embargo, en esta ecuación, la sobrevenida presidenta está en una posición harto más frágil que los congresistas, pues si la crisis se agudiza, podrían sacrificarla y designar al presidente del Congreso, una fórmula que aplicaron tres veces entre 2018 y 2021.
Reflexión de cierre
Tras exponer ampliamente lo que está pasando en Perú, y que es silenciado o presentado de manera tergiversada por los grandes medios, Pérez Pirela concluyó señalando que, paradójicamente, la conflictividad social pareciera servir como una especie escudo protector para Boluarte, ello en el sentido de que si bien toda la clase política está ampliamente cuestionada, el desprecio por el Congreso y los congresistas va a la cabeza, por lo que en un clima tan turbulento, otra nueva vacancia no se traduciría en paz social sino en más descontento.
“Aunque es imposible saber a ciencia cierta qué sucederá, las próximas jornadas podrían decantar la balanza hacia algún lado –expresó-. Los poderes fácticos peruanos no parecen estar dispuestos a ceder y atender, aunque sea parcialmente, los reclamos populares, así que el devenir de los acontecimientos probablemente dependerá más de la correlación de fuerzas y la conveniencia entre los agentes que ostentan el poder político que de un factor exterior”.
“Esto está pasando en el Perú: una masacre, una dictadorzuela impuesta por un Congreso más impopular que el presidente derrocado. Otra dictadura puesta en Latinoamérica, establecida por el norte global”, subrayó.
“Un balance muy preliminar de los recientes acontecimientos en Perú (y en Bolivia, también analizados en el programa) muestra que hay un doble estándar para evaluar, juzgar y condenar las amenazas a la democracia y las violaciones a los derechos humanos en la región, siempre en desmedro de los pueblos y de los gobiernos progresistas. Solo así se entiende por qué Dina Boluarte, que arribó al poder a través de mecanismos leguleyos y sin respaldo popular para encabezar un régimen autoritario militar-policial, no ha recibido la condena y el repudio de la así llamada ‘comunidad internacional’ por las innúmeras violaciones a los derechos humanos cometidas durante su breve pero sangrienta administración”, puntualizó.
(LaIguana.TV)
