Los atajos antidemocráticos revestidos de legalidad azotan América Latina. Desde Perú y Bolivia, pasando por Brasil, fuerzas reaccionarias intentan socavar la voluntad popular y desconocer la institucionalidad o estirarla a su favor para regresar al poder o mantenerse irregularmente en él.
La mayor parte de las veces, todo ocurre bajo la mirada cómplice de Estados Unidos, la autodenominada «comunidad internacional» y la prensa hegemónica, que ante la imposibilidad de no reseñar los eventos, construye relatos funcionales al orden establecido.
Así, según el caso, se banaliza o exagera la acción de la fuerza pública, se denuncian o no violaciones al Estado de Derecho y a los derechos humanos, se justifica o condena a los manifestantes, se critica o no al gobierno de turno y se aúpa o acusa a la oposición.
Esto se corresponde con lo revelado en documentos publicados por agencias estadounidenses y europeas, en los que se presentan las nuevas agendas desestabilizadoras en la región latinoamericana y caribeña.
Sobre estas premisas disertó Miguel Ángel Pérez Pirela en su programa Desde Donde Sea este 19 de enero, producción exclusiva de LaIguana.TV que se transmite todos los jueves a las 7:00 pm a través de las plataformas digitales de la televisora.
A manera de abreboca comentó que de los casos antes mencionados, acaso es en Perú es donde este socavamiento de la democracia se ha expresado de forma más aguda en los últimos tiempos, porque como se recordará, el pasado 7 de diciembre, el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo, luego de que el mandatario decretara la disolución del Legislativo, una intervención temporal sobre el Poder Judicial y la instalación de un gobierno de emergencia.
Además, Castillo anunció la convocatoria a elecciones «para un nuevo Congreso, con facultades constituyentes, para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses».
El vacado mandatario fue sucedido por su vicepresidenta Dina Boluarte, quien en poco más de 40 días de gestión ha optado por desatar una violenta represión para acallar las protestas que exigen su destitución, la convocatoria a elecciones generales y el regreso del destituido exmandatario, recordó.
A modo de contraste refirió que en Bolivia, la situación adopta otro cariz: la ultraderecha insiste en derrocar al gobierno de Luis Arce con variados pretextos, apelando a protestas violentas bajo diversas excusas, que siempre convergen en señalamientos sobre una supuesta falta de libertades por parte de una «dictadura» que no tolera ninguna oposición.
El último capítulo de esta historia inconclusa lo abrió el encarcelamiento del político ultraderechista Luis Fernando Camacho, actual gobernador del departamento de Santa Cruz, quien desde su posición como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz fue uno de los líderes del golpe de Estado que sacó del poder a Evo Morales en 2019.
Pero antes de entrar en materia, repasó un acontecimiento que ha acaparado la agenda informativa de los grandes medios durante toda la semana: el Foro de Davos.
Las élites mundiales se reúnen en el Foro de Davos
Esta semana se está celebrando en Davos, Suiza, la edición 53 del Foro Económico Mundial, donde convergen anualmente representantes de la élite global para tomar decisiones que habitualmente afectan el destino de miles de millones de personas a corto, mediano y largo plazo.
Según se conoció, bajo el lema «Cooperación en un mundo fragmentado», la agenda de este año tendrá como temas centrales la recuperación económica tras la pandemia en un contexto de desaceleración, el conflicto en Ucrania y la transición energética, sintetizó el analista.
Destacó asimismo que como ya se ha hecho costumbre en todas las cumbres organizadas bajo la égida occidental, se otorgó un derecho de palabra al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski y se desplazaron del foco mediático otras resoluciones.
Relató que en su participación de este miércoles, Zelenski insistió nuevamente en la necesidad de incorporar a Ucrania a la OTAN para tener garantías reales de seguridad frente a Rusia, al tiempo que demandó mayor «celeridad» en los envíos de armamento ofensivo por parte de sus socios occidentales.
El gobernante se apoyó en las declaraciones del exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, uno de los concurrentes de más larga data en Davos, quien en esta oportunidad abogó en favor de la inclusión ucraniana en la Alianza Atlántica porque, en su opinión, la guerra enterró la posibilidad de que se constituyera como país neutral.
Abundando en las declaraciones sobre la guerra expresadas en el Foro Económico Mundial, mencionó que la presidenta del Consejo de Europa, Úrsula von del Leyen, ratificó que la Unión Europea continuará apoyando militar y financieramente a Ucrania, aunque pidió a las trasnacionales presentes en el Foro su respaldo para la reconstrucción del país eslavo.
Aunque reconoció que el tema requiere un tratamiento mucho más detallado, avanzó que estos pocos datos hacen pensar que la apuesta occidental sigue siendo vencer a Rusia en el campo de batalla, aunque eso signifique un escalamiento de las acciones en el frente, cueste todavía más vidas y haga mucho más probable que el conflicto escale, incluso a la escala nuclear.
A su juicio, el detonante para acordar el envío de tanques y misiles de crucero a las tropas ucranianas comunicado en paralelo al desarrollo del Foro parecen haber sido los recientes avances de Rusia en Donetsk, así como especulaciones sobre una nueva ofensiva tras un cambio de mando en el Ejército ruso.
Así las cosas, convendrá hacer seguimiento de estos movimientos durante las próximas semanas. «No descarto que el programa de la semana que viene sea una actualización sobre la lamentable guerra entre Rusia y la OTAN que se disputa en territorio ucraniano», apuntó.
De otro lado, comentó que pese a los esfuerzos de Davos por mostrar unidad en los temas globales, las crecientes tensiones entre China y el así llamado Occidente colectivo, particularmente con Estados Unidos, ponen de manifiesto la fragmentación advertida en el eslogan del encuentro.
De allí que, en su opinión, no resulte particularmente sorprendente que el representante de Beijing usara parte de su intervención para exhortar al abandono de «la mentalidad de la Guerra Fría». Aunque no mencionó a ningún país o bloque, el mensaje tenía un claro receptor: Estados Unidos.
Entrando en detalles relató que el viceprimer ministro de China, Liu He, cree que es necesario abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, según afirmó este martes durante su intervención especial en el Foro Económico Mundial, que se celebra en la ciudad suiza de Davos.
Para ilustrar su punto, se permitió citar extensamente a Lui He: «Necesitamos defender principios correctos y mantener un orden económico internacional efectivo. Bajo las nuevas circunstancias, la forma tradicional de pensar no puede proporcionar soluciones. Es por eso que tenemos que abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, tratar de comprender la naturaleza de las cosas desde la perspectiva de la dualidad material, esforzarnos por construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad y unirnos para responder a los desafíos globales».
Mientras esto se sucedía, el gobierno de Xi Jinping se preparaba para recibir al secretario de Estado del gobierno de Joe Biden, Antony Blinken. Wang Wenbing, portavoz de la cancillería china, dijo a los medios que su país siempre ha respetado a Estados Unidos y demandó un trato semejante.
Más allá de las estridencias mediáticas, enfatizó que el Foro tiene una agenda económica y es una plataforma para presentar diagnósticos y atar compromisos binacionales o multilaterales, según sea el caso.
Así, en un acto de inusitada sinceridad, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, denunció las crecientes desigualdades generadas por el sistema capitalista en «los países occidentales», al tiempo que crece el número de millonarios, la riqueza se concentra en muy pocas manos y no se hace mayor cosa para evitarlo.
Si bien aseguró que no le corresponde valorar la honestidad de Sánchez ni tampoco es posible saber hasta qué punto lo que expresó se traducirá en acciones concretas para el bienestar de los ciudadanos de la Unión Europea, advirtió que si se hila más fino, puede especularse que asumió la vocería para manifestar entre líneas lo que parece ser un secreto a voces: los gobiernos europeos están lidiando con fuertes presiones sociales por el creciente deterioro de la calidad de vida, mientras un pequeño grupo se lucra de todo, incluso de la guerra, y se destinan jugosos fondos para extender la que se libra en Ucrania.
Además, aunque Sánchez no aludió a los efectos de las sanciones impuestas contra la economía rusa y von der Leyen expresó su satisfacción por haberse «librado» del combustible ruso en breve lapso, es claro que el encarecimiento de la vida está relacionado con esas decisiones, cuya peor parte se lleva la gente común.
Para ilustrar su punto, compartió con la audiencia una infografía con el precio actual del litro de gasolina en Europa, que acompañó con una reflexión de las consecuencias de la supeditación de los gobernantes europeos a los intereses estadounidenses, cuyo inicio cifró al final de la Segunda Guerra Mundial con el inicio del Plan Marshall, con el que Washington financió la reconstrucción a cambio de apertura estricta para sus mercancías.
El autoritarismo se atrinchera en Perú
En opinión de Pérez Pirela, el ya casi permanente caos político en Perú ha alcanzado en las últimas jornadas sus cotas más altas en varias décadas, aunque no se puede decir que se trate exactamente de imprevistos, porque como señaló en otras ediciones de Desde Donde Sea, la Constitución del país andino, una herencia de la dictadura de Alberto Fujimori, otorga muy amplias prerrogativas al Congreso que sirven la mesa para choques de poderes, destituciones presidenciales y crisis de gobernabilidad.
A modo de contexto recordó que el pasado 7 de diciembre, la vacancia y apresamiento del hasta entonces presidente, Pedro Castillo, y su sustitución por la vicepresidenta, Dina Boluarte –cuyo caudal electoral se restringe a quienes le garantizaron un escaño en el Parlamento–, abrieron un nuevo capítulo de malestar e inconformidad con las instituciones peruanas.
Desde entonces, relató, con una breve pausa durante las fiestas decembrinas, los ciudadanos colman las calles de varias ciudades del país demandando la renuncia de Boluarte, la dimisión en pleno de los legisladores, la convocatoria inmediata a elecciones generales con fines constituyentes y la liberación de Castillo.
Lejos de atender los reclamos, el Ejecutivo ha reprimido violentamente las protestas y ha estigmatizado a los manifestantes. A la fecha, se ha reconocido el asesinato de al menos 50 personas, incluyendo a menores de edad, la mayoría por heridas de balas disparadas por la Policía.
La resulta de tan peligroso cóctel es que organizaciones sociales convocaron a un paro nacional y grandes grupos marchan a Lima desde el Sur –históricamente olvidado por el gobierno central y donde habitan muchos de los peruanos más empobrecidos–, para reclamar este jueves la salida inmediata de Boluarte de la presidencia.
Hábilmente, los organizadores decidieron denominarla «Marcha de los cuatro suyos», recuperando el nombre de las manifestaciones populares que derivaron en la caída del régimen de Fujimori en el año 2000.
Para detallar esta información, recuperó un trabajo publicado en LaIguana.TV bajo el título Crisis en Perú: Convocan a paro nacional para exigir la renuncia de Boluarte, en la que se precisa que la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) convocaron a un paro nacional para el 19 de enero, con el propósito de exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
Según expresaran dirigentes de las organizaciones convocantes, la paralización tiene un carácter cívico y popular y pretende incluir a los sectores que son contrarios a la permanencia de Boluarte y el Congreso en el poder y se han manifestado en esa dirección.
Cuando mínimo, puntualizó, demandan el reemplazo de la directiva del Legislativo, encabezada por el derechista José Wiliams, por figuras de consenso que permitan al menos restablecer la paz social.
En la jornada de este miércoles se conoció que oleadas de manifestantes han arribado a la capital para sumarse a las protestas, a pesar de las dificultades para concentrarse en los espacios públicos y las restricciones de movilidad.
El comunicador destacó que estas movilizaciones, así como la represión desatada por Boluarte, a quien tildó de «dictadorzuela», han sido silenciadas en la prensa internacional, que han preferido ignorar que las autoridades peruanas parecen estarse preparando para una batalla campal contra un ejército y no contra civiles desarmados.
En este orden indicó que el pasado domingo empezó a regir el estado de emergencia en Lima y los departamentos de Callao, Puno y Cusco, que se extenderá por 30 días. Puno, devenido en epicentro de las manifestaciones desde el pasado 4 de enero, estará bajo toque de queda durante 10 días. Entre otros derechos constitucionales, la medida prohíbe expresamente la circulación de personas que no cumplen labores esenciales entre las 10:00 pm y las 4:00 am, salvo para comprar alimentos y emergencias.
Por si ello no bastara, el Ministerio de Defensa de Perú informó del arribo de un arsenal de más de 28.000 cartuchos de bombas lacrimógenas adquiridos a una empresa brasileña y que costó al país andino alrededor de medio millón de dólares.
Ni la divulgación de esta información –cuyo interés amedrentador es evidente– ni el cierre de plazas impidió que los marchantes continuaran su camino y se concentraran en la Universidad Mayor de San Marcos, donde estudiantes habilitaron un centro de acopio y acogida que está funcionando con donaciones.
Esto sucede muy a pesar de las autoridades de la casa de estudios, quienes exhortaron a los estudiantes a desalojar las instalaciones bajo la amenaza de llamar a la Policía para que se encargue de hacerlo.
En conversación con teleSUR, la excongresista Indira Huilca, calificó como «un error» este proceder, porque es claro que más allá de decretos y prohibiciones, hay una realidad que se está imponiendo por la vía de los hechos que no debe ser ignorada por los académicos.
Pérez Pirela consideró que el punto de inflexión tras estos eventos se produjo el pasado 9 de enero, cuando la Policía masacró a 17 personas en el marco de una protesta en la localidad de Juliaca, departamento de Puno, en la que también falleció calcinado un agente del orden.
El 10 de enero, el gobierno regional decretó tres días de duelo y demandó al Ministerio Público «el inicio de las investigaciones contra los responsables de estos deplorables hechos que enlutan a la región Puno» y ese mismo día, la fiscal general, Patricia Benavides, anunció el inicio de un proceso de indagación preliminar contra Dina Boluarte por su presunta responsabilidad en la masacre de Juliaca, que se suma a otro procedimiento en curso por las muertes de manifestantes registradas en las protestas del pasado diciembre.
Más tarde se conoció que la mandataria, tres de sus ministros y dos exministros podrían ser imputados por genocidio, homicidio y lesiones graves, todos cargos que acarrean largos años de prisión, mencionó el analista, antes de compartir la reseña que hiciera la cadena panárabe Al Mayadeen de la masacre, uno de los pocos medios que se atrevió a mostrarla.
Subrayó asimismo que pese a la gravedad de estos eventos, Boluarte esperó tres días para pronunciarse y en lugar de ceder, se conformó con ofrecer débiles disculpas y asegurar que no se separará del cargo hasta que se realicen nuevas elecciones, tentativamente fijadas para 2024.
«Boluarte, que nadie eligió, pretende estar en el poder hasta 2024 y para ello se vale de medios como el asesinato de 17 personas que acabamos de relatar», fustigó.
De regreso a lo expresado por Boluarte, indicó que en un acto de arrogancia, tachó a los manifestantes de «grupo minúsculo», «azuzadores y violentistas», los responsabilizó casi enteramente por los asesinatos en las protestas y descalificó todas sus demandas con alegatos leguleyos.
Como cabía esperar, sus declaraciones solo acrecentaron el descontento e intensificaron las protestas en su contra, al punto de trasladarlas a la capital, donde no se registraban disturbios desde principios de diciembre.
En continuidad con el análisis comentó que las presiones internas también se extienden al Poder Judicial, que decidió volver sobre sus pasos y este miércoles anunció que tramitará una solicitud de habeas corpus interpuesta por la defensa del expresidente Pedro Castillo.
Explicó que la medida pretende no solamente poner fin a la prisión preventiva por 18 meses decretada de forma expedita contra Castillo –quien aseguró en varias misivas que no ha renunciado a su mandato y ha denunciado reiteradas violaciones a sus derechos fundamentales– sino poner en cuestión el desempeño de la fiscal general, Patricia Benavides.
La política represiva también le está empezando a pasar factura a Dina Boluarte en los escenarios internacionales y en ese orden refirió que una comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, por sus siglas) acudió a la nación andina entre el 11 y el 13 de enero para realizar evaluaciones en el terreno y el resultado fue completamente adverso a su gestión.
Según reseñara la multiestatal teleSUR, organizaciones para la defensa de los derechos humanos y familiares de las víctimas participaron de los encuentros y pudieron exponer con crudeza los desmanes cometidos por la fuerza pública, tras lo cual el ente demandó a Perú investigaciones imparciales y el fin de la represión.
Pese al decidido respaldo estadounidense al gobierno de Boluarte y los pronunciamientos favorables de Luis Almagro, el comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, primer vicepresidente y relator para el Perú de la CIDH, presentó este miércoles su reporte ante el Consejo Permanente de la OEA.
«No tengan la menor duda de que detrás de estos asesinatos y masacres, detrás de esta dictadorzuela, están los Estados Unidos. Vean lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Bolivia, lo que pasó en Brasil: este 2023, Estados Unidos vendrá por lo que considera su patio trasero. Tienen una guerra en Europa y también quieren desestabilizar América Latina», advirtió
En cualquier caso, señaló, los exhortos del Sistema Interamericano no han servido para detener la represión. A la víspera de la jornada de paro nacional y de protestas masivas en Lima, una mujer de 35 años resultó asesinada de un balazo en la cabeza en una manifestación que se desarrollaba en horas de la tarde en la región de Puno. Se conoció también que un hombre que participaba en estas actividades recibió un balazo en el pecho y su pronóstico médico es reservado.
La respuesta popular a esta nueva arremetida fue mantenerse en las calles y cerrar más de 120 vías de acceso en todos los departamentos del país, lo que claramente compromete la movilidad no solo de los residentes sino de la Policía, al tiempo que genera condiciones para que se cumpla la paralización general convocada por movimientos sociales y sindicales.
Pérez Pirela fundamentó este informe con reportes oficiales según los cuales, 18 de las 26 regiones del país están paralizadas en razón del cierre de 127 vías de acceso, como parte de la huelga general.
CIDH comunicó que la mayor parte de las víctimas de la represión han fallecido por heridas de bala en la cabeza o en el tórax, lo que en su criterio evidencia un patrón de comportamiento orientado no solo a usar armamento letal para amedrentar o inmovilizar, sino a herir de muerte a quienes se oponen públicamente al gobierno de Boluarte.
Por ello, desde su punto de vista no resulta aventurado decir que las Fuerzas Armadas, inscritas todavía en la tradición represiva y antipopular desarrollada en la región durante el pasado siglo, constituyen un soporte indispensable de un modelo de gobernanza autoritario, carente de toda legitimidad y arraigo popular.
Bajo esta premisa, considera que la actual cabeza del Ejecutivo peruano es solo una pieza más de un entramado institucional que ha logrado sobrevivir a partir de maquillajes leguleyos que tienen escasa incidencia en la práctica y que, por tanto, adolecen de credibilidad entre la gente común.
En línea con esta gubernamentalidad disimuladora y acaso también como medida de control de daños, comentó que en declaraciones ofrecidas este martes, la mandataria se mostró a favor de la toma pacífica de Lima y aseguró que esperaría a los manifestantes en el palacio de gobierno para entablar un diálogo.
Aunque Boluarte reconoció parcialmente las demandas sociales de sus conciudadanos del Sur y prometió atenderlas durante su gestión, acusó indirectamente al gobernador de Puno de polarizar el país, de azuzar las protestas y de llevar a los manifestantes a la muerte.
Además descartó por «inviable» lo que denominó «la agenda política», es decir, su renuncia, la convocatoria a elecciones generales, la consulta constituyente y la liberación del expresidente Pedro Castillo, reclamos que están presentes desde el primer día de su sobrevenida administración.
Pérez Pirela apuntó que las palabras de Boluarte tienen escasa credibilidad, no solo porque su gobierno ha asesinado a mansalva a unas 50 personas en el marco de las protestas, sino porque ella misma y miembros de su equipo han tildado a los manifestantes de «terroristas».
Los más radicales inclusive han utilizado un término de amplio componente racista y clasista: terrucos. Fuera de Perú, la palabra es prácticamente desconocida, pero internamente remite a los años tenebrosos de Sendero Luminoso, cuyas operaciones se centraron largo tiempo en el Sur del país, poblado principalmente por campesinos indígenas.
Para ofrecer contexto a la audiencia, detalló que cuando las acciones del grupo se extendieron a Lima, la casta política y muchos capitalinos culpabilizaron a los pobladores sureños por cooperar con el senderismo, aunque en la realidad fueron, antes que nada, sus víctimas y también las del Estado peruano, que en su pretendida lucha contra la guerrilla maoísta, perpetró masacres por las que aún no responde.
Estas concepciones no quedaron en el pasado, al punto de que en su reciente visita a Perú, la CIDH aludió a ellas en su informe y sugirió al gobierno de Boluarte asumir un enfoque intercultural para abordar la crisis y tan estructural es la discriminación racial, que el Congreso y el Ejecutivo han llegado tan lejos como para acusar a Bolivia, específicamente al expresidente Evo Morales, de financiar y alentar las protestas, a pesar de que no hay prueba alguna que soporte tan serias acusaciones, comentó.
Con respecto a los señalamientos contra Morales, recordó que es un abierto partidario de Castillo y un líder indígena con reconocimiento en toda la región, desmereció los señalamientos de las autoridades peruanas en su contra y advirtió en su cuenta de Twitter que «los conflictos en Perú no se resolverán con expulsiones, prohibiciones ni represiones».
«Un pueblo digno como el hermano pueblo peruano sabe que la única solución a la crisis es la refundación del Estado para la recuperación de los recursos naturales con tolerancia e inclusión», se lee en un mensaje publicado el pasado 9 de enero, tras conocerse una resolución del Ministerio del Interior que le prohibía el ingreso al territorio peruano por haber injerido en asuntos internos.
Según su versión, este dictamen habría sido promovido por un congresista fujimorista, aunque días más tarde la Corte Superior de Justicia de Lima lo revocó, luego de que abogados locales interpusieran una demanda de habeas corpus en su representación.
Pérez Pirela consideró que el caso ficticio contra Evo Morales, además de ser un burdo intento del gobierno para desviar la atención de su responsabilidad sobre el manejo de la crisis política y social, muestra que los tentáculos del Congreso se extienden lejos, porque, como es sabido, la Carta Magna peruana otorga al legislativo un margen de maniobra muy superior al Poder Ejecutivo –e incluso, el Poder Judicial– y en los últimos años ha sido esencial para mantener la inestabilidad política a través de la destitución sucesiva de presidentes, independientemente de si existían razones reales que soportaran tales decisiones.
Además señaló que no puede perderse de vista que Bolularte le debe su posición a los legisladores que vacaron a Pedro Castillo y que estos se apoyan en su figura para asegurar sus curules, pues están conscientes del nivel de rechazo que se cierne sobre ellos. En pocas palabras, se necesitan mutuamente.
A su parecer, en esta ecuación, la sobrevenida presidenta está en una posición harto más frágil que los congresistas, pues si la crisis se agudiza, podrían sacrificarla y designar al presidente del Congreso, una fórmula que aplicaron tres veces entre 2018 y 2021.
A esto sumó que paradójicamente, la conflictividad social pareciera servir como una especie escudo para Boluarte, ello en el sentido de que si bien toda la clase política está ampliamente cuestionada, el desprecio por el Congreso y los congresistas va a la cabeza, por lo que en un clima tan turbulento, otra nueva vacancia no se traduciría en paz social sino en más descontento.
Para cerrar este tema comentó que aunque es imposible saber a ciencia cierta qué sucederá, las próximas jornadas podrían decantar la balanza hacia algún lado. Los poderes fácticos peruanos no parecen estar dispuestos a ceder y atender, aunque sea parcialmente, los reclamos populares, así que el devenir de los acontecimientos probablemente dependerá más de la correlación de fuerzas y la conveniencia entre los agentes que ostentan el poder político que de un factor externo.
«Una masacre está sucediendo en Perú y los medios no hablan de eso, hay una dictadorzuela que le debe favores a un Congreso, todavía más impopular que Castillo, al que destituyeron, y eso no se dice. Otra dictadura más en América Latina impuesta por el norte global», completó.
Bolivia: un golpe continuado desde 2019
Tras analizar los dramáticos sucesos en Perú, Miguel Ángel Pérez Pirela pasó a Bolivia, pues los coletazos del golpe de Estado perpetrado contra el gobierno de Evo Morales en 2019 siguen resonando en el país y ponen en jaque la posibilidad de llevar a uno de sus principales cabecillas ante la justicia.
Sobre esto puntualizó que el apresamiento de Luis Fernando Camacho, actual gobernador del departamento de Santa Cruz el pasado 28 de diciembre, por su presunta participación en las referidas acciones sediciosas, ha desatado una nueva ola de desestabilización contra el gobierno de Luis Arce.
A contrapelo de lo que ha sucedido en otros países de la región, Bolivia ha dado pasos firmes para que los responsables de acciones antidemocráticas sean juzgados y condenados, incluyendo Camacho, quien figura como uno de los líderes de la oposición.
Tras su captura en Santa Cruz, el político fue trasladado a un penal de máxima seguridad en La Paz para cumplir prisión preventiva durante cuatro meses. Se le imputaron cargos por terrorismo en el marco del proceso judicial denominado Golpe de Estado I.
Tras relatar estos sucesos apuntó que lo que no suele decirse en los medios, es que el político ultraderechista dejó de comparecer cuatro veces a las convocatorias de la Corte para que rindiera declaraciones, luego de que un video difundido por él mismo en las redes sociales revelara que estaba al tanto del golpe de 2019 y que conspiró con la Policía para no frenar a los manifestantes violentos.
Recordó que las acciones sediciosas del gobernador cruceño no se limitan a los eventos que expulsaron del poder a Evo Morales, porque, como se recordará, tres meses atrás amparó las protestas violentas con las que se pretendió presionar al Ejecutivo y el Legislativo para adelantar el Censo a 2023, inicialmente previsto en 2022 y retrasado por causa de la pandemia.
El pasado año, Camacho fue una de las caras visibles de un paro que se extendió por 36 días en el departamento que gobierna, considerado el motor económico del país andino, hasta que la Cámara Baja del Congreso aprobó un proyecto de ley para el conteo poblacional, que tendrá lugar en 2024.
Él y las fuerzas políticas que lo acompañan, justificaron las acciones argumentando que Santa Cruz aporta un importante caudal al PIB boliviano y ha crecido en población, por lo que le corresponden tanto más recursos por situado constitucional como mayor representación parlamentaria.
«Otra excusa más de Camacho y estos golpistas de la extrema derecha apoyados por Estados Unidos para desestabilizar el gobierno, porque no logran ganar con los votos. Es lo mismo que en Venezuela, con la diferencia de que allá –en Bolivia– están empezando a pagar», comentó.
Si se atiende con cuidado a lo reseñado en este reporte de la agencia EFE, de línea editorial favorable a Camacho, se concluye que los convocantes a las trancas admitieron que su propuesta carecía de viabilidad técnica, algo que habían señalado los expertos del gobierno de Arce desde el primer momento, lo que permite especular que esa no era la razón real de los disturbios.
Sin embargo, Camacho logró vender la idea entre sus seguidores que sus protestas violentas habían obligado al gobierno a decidir en torno al censo. De ahí que no sorprenda que cuando se apresó al gobernador, la respuesta fue manifestar virulentamente y atacar sedes de instituciones públicas.
Este carácter sedicioso, así como los exhortos del propio Camacho desde la cárcel, han sido convenientemente silenciados en los grandes medios internacionales –Euronews, DW, Reuters, France24, CNN, EFE–, que intentan presentarlo como una víctima de la persecución política por parte del gobierno boliviano.
En realidad, puntualizó Pérez Pirela, Camacho y sus seguidores han intentado extender el caos hacia otros departamentos convocando protestas antigubernamentales para denunciar una supuesta falta de libertades en el país, a partir de lo que se intenta justificar una pretendida lucha contra «la dictadura».
«De eso sabemos nosotros aquí en Venezuela: las guarimbas son el método de desestabilización financiado por Estados Unidos», comparó.
Entretanto, el pasado 9 de enero, Arce advirtió que no tolerará atentados contra la democracia y anunció una marcha nacional el venidero domingo 22, día del Estado Plurinacional de Bolivia.
De continuidad con el recuento, comentó que con Camacho en la cárcel, el Comité Cívico de Santa Cruz se erigió como la cabeza de esta nueva arremetida contra la democracia boliviana y no disimula sus objetivos, como se desprende de una convocatoria a Cabildo Abierto Nacional que formulara el 11 de enero.
De manera particular, le mereció atención lo que expresara en una manifestación en demanda de la libertad de Camacho, Rómulo Calvo, líder de la organización, quien prometió «acciones contundentes» contra la administración masista, a la que se refirió como «tiranía» y «dictadura», epítetos comúnmente utilizados por dirigentes derechistas para denotar a gobiernos y líderes progresistas.
Al mismo tiempo, detalló, el Comité ha instruido a sus partidarios para que bloqueen las carreteras departamentales, con el propósito de evitar el traslado de alimentos a otras regiones de la geografía boliviana.
Resaltó que aunque quizá no todos lo recuerden, en 2019, la derecha cruceña se cobijó en la figura del Cabildo Abierto para justificar el derrocamiento de Evo Morales, alegando que esa instancia lo había decidido, cuando en realidad, como admitieron posteriormente, las acciones se ejecutaron en contubernio con el Ejército y la Policía.
El experto enfatizó que estas amenazas no han hecho retroceder a las autoridades bolivianas. El pasado sábado, el Ministerio de Gobierno solicitó una ampliación de las investigaciones contra Luis Fernando Camacho por el caso Golpe de Estado I.
En concreto, se pidió al Ministerio Público que incluyera en sus pesquisas las pruebas de que el político ultraderechista realizó pagos a funcionarios castrenses y miembros de grupos violentos antes, durante y después del golpe de Estado de noviembre de 2019.
Eduardo del Castillo, titular de la cartera de Gobierno, precisó ante los medios que con ello se pretendía que la fiscalía añadiera los delitos de cohecho y seducción de tropas al proceso judicial que se le sigue al gobernador cruceño.
Comentó asimismo que en ese mismo marco, en lugar de respaldar los esfuerzos de Bolivia por sancionar ejemplarmente a quienes atentaron contra la democracia y rompieron el hilo constitucional, el gobierno de los Estados Unidos manifestó su «preocupación» por el apresamiento de Camacho y la manera como se conducen las investigaciones.
La cancillería boliviana respondió con firmeza a estos pronunciamientos injerencistas y destacó que ningún funcionario del servicio exterior de Bolivia escribe tuits para expresar «preocupación» por las graves violaciones a los derechos humanos que padece la población afrodescendiente en ese país, a pesar de que son públicas y notorias.
En cualquier caso, puntualizó, ni los chantajes del Comité Cívico de Santa Cruz ni las amenazas veladas de Washington impidieron que la Fiscalía ampliara los delitos por los que investiga a Luis Fernando Camacho y le sumara imputaciones por cohecho activo y seducción de tropa.
La respuesta de la derecha cruceña fue la esperada: convocar a nuevas movilizaciones para la desestabilización y desafiar abiertamente al gobierno de Arce, que no parece dar muestras de ceder ante las presiones de estos sectores extremistas.
Mientras tanto, indicó, el proceso judicial sigue su curso. Este jueves está prevista la audiencia de apelación en la que la defensa de Luis Fernando Camacho pretende conseguir el levantamiento de la medida de prisión preventiva por cuatro meses que pesa sobre su cabeza y su traslado a la ciudad de Santa Cruz.
El comunicador advirtió que no obstante, dados los antecedentes, es poco probable que la tentativa resulte exitosa, particularmente porque Camacho ignoró cuatro citaciones judiciales en las que solamente se le solicitó rendir declaraciones –no estaba planteada su detención– y retrasó el avance de la causa, que inició a finales de 2020.
En sus alegaciones, la acusación también destacó que desde su posición de gobernador, el político podía interferir con las investigaciones, algo que luce completamente plausible, dada su escasa disposición para cooperar con las autoridades y para asumir la responsabilidad en las protestas violentas de 2019 que antecedieron al derrocamiento de Evo Morales.
Pérez Pirela refirió que en paralelo a esta causa también está en marcha la denominada Golpe de Estado II, con la que se pretende sancionar a la expresidenta de facto Jeanine Áñez y a otros miembros de su equipo por su aparente responsabilidad en las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas poco después del golpe de Estado.
A este respecto se conoció que este 18 de enero, Áñez se negó a participar en un juicio público por la masacre de Senkata (El Alto), en la que 11 personas fueron asesinadas por fuerzas represivas, medio centenar más recibió heridas y centenas fueron detenidas irregularmente.
Mientras que su defensa calificó la comparecencia como «circo» y sostuvo que no estaba apegada al Estado de derecho, fiscales de la ciudad de El Alto pidieron que se incluyeran en la imputación contra la autoproclamada exmandataria los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves.
«Jeanine Áñez, la dictadorzuela de Bolivia, ya está en la cárcel; Dina Boluarte va a tener el mismo destino», vaticinó, antes de agregar que Áñez ha intentado, sin éxito, recibir medidas cautelares por parte de la CIDH y, como Camacho, insiste en presentarse como una víctima de la persecución política del gobierno de su país, aunque existen pruebas irrefutables de su participación en eventos ajenos al orden democrático y claramente violadores de los derechos humanos.
A modo de balance muy preliminar de los recientes acontecimientos en Bolivia y Perú, Pérez Pirela aseguró que es evidente que hay un doble estándar para evaluar, juzgar y condenar las amenazas a la democracia y las violaciones a los derechos humanos en la región, siempre en desmedro de los pueblos y de los gobiernos progresistas.
A su juicio, solo así se entiende por qué Dina Boluarte, que arribó al poder a través de mecanismos leguleyos y sin respaldo popular para encabezar un régimen autoritario militar-policial, no ha recibido la condena y el repudio de la así llamada «comunidad internacional» por las innúmeras violaciones a los derechos humanos cometidas durante su breve pero sangrienta administración.
Esto también explica por qué el gobierno boliviano es acusado de perseguir a opositores, cuando en realidad intenta que la justicia sancione a los responsables de quebrar el hilo constitucional y causar decenas de muertes en 2019, en un golpe de Estado contra un presidente electo limpiamente en las urnas.
«Estaremos haciendo seguimiento de esto, porque en varios programas de 2022 advertimos que en 2023, Estados Unidos desestabilizarían las democracias en América Latina, porque están metidos en una guerra proxy en Ucrania y quieren asegurar lo que consideran su patio trasero», aseveró.
Breve comentario sobre el intento de golpe en Brasil
Para finalizar, Pérez Pirela reconoció que aunque quedan en el tintero otros casos, el brasileño merece aunque sea brevísima mención.
A modo de contexto mencionó que recientemente, seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron las sedes de los tres poderes públicos en Brasilia, al tiempo que le demandaban al Ejército que depusiera al recién instalado Lula da Silva.
En su opinión, aunque superficialmente, el evento parece una copia de lo que hace un par de años hicieran los partidarios de Donald Trump en el Congreso de los Estados Unidos, una mirada más atenta deja ver que Bolsonaro dejó más que turbas enceguecidas e incapaces de admitir la derrota: dejó agentes en posiciones clave.
Esto se hizo evidente con la flaca actuación de los cuerpos de seguridad –abundaron las imágenes en las que se ve a policías permitir el ingreso de los manifestantes a las instalaciones– y la cooperación de las autoridades capitalinas en el asalto, al menos por omisión.
Valoró asimismo que a diferencia del destino que enfrentaron Pedro Castillo y Evo Morales, la acción de los extremistas fue repudiada al unísono por países y bloques de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea, y al mismo tiempo, las instituciones brasileñas hicieron frente común con Lula para enfrentar como lo que calificaron como el peor atentado a la democracia desde el fin de la dictadura militar en 1985.
A lo anterior sumó que casi de inmediato, el Tribunal Supremo suspendió de sus funciones por tres meses al gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, un aliado cercano de Bolsonaro y en los días sucesivos se comunicó del apresamiento de decenas de involucrados, muchos de ellos residenciados fuera de la capital.
Sin estridencias, Lula anunció algunas remociones, incluyendo a los directivos de la televisión pública –esto por la cobertura que hicieron del asalto– así como la de miembros del equipo de seguridad del Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo y a inicios de esta semana, la Fiscalía comunicó que había imputado formalmente a 39 personas por su aparente responsabilidad en la toma violenta de las instalaciones del Senado en Brasilia.
No obstante, advirtió que aunque es claro que la justicia brasileña está en la obligación de procesar e imputar a quienes participaron de la invasión a los predios de los poderes públicos y que incluso ha detenido al secretario de seguridad de Brasilia (ausente para el momento de los hechos), la extensión de estas acciones deja claro que los perpetradores directos no son los únicos que deberían ser sancionados.
Flota en el ambiente la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos expulse o extradite al expresidente Jair Bolsonaro, quien viajó a Florida un día antes de la toma de posesión de Lula, pero esta posibilidad todavía es incierta.
El experto recordó que coincidencialmente o no, mientras el intento de golpe tenía lugar, Bolsonaro fue ingresado en una clínica por molestias abdominales derivadas, según dijo, de un apuñalamiento que sufrió en 2018 cuando era candidato.
«Está tratando de hacerse la víctima, cobardemente, después de que mandó a asaltar las sedes de los poderes del Estado brasileño», acusó.
De vuelta a Bolsonaro indicó que, «cobardemente», tardó en pronunciarse, pero cuando lo hizo rechazó en Twitter cualquier ruptura al hilo constitucional, si bien defendió el derecho de sus seguidores a manifestarse pacíficamente y comparó estos eventos con las protestas que protagonizaron detractores de su gobierno, aunque claramente no cabía tal equiparación.
A su juicio, pareciera que el poder político brasileño no está dispuesto a acompañar aventuras golpistas, pero nunca se sabe. La duda también alcanza a la capacidad de sanción de la justicia, porque esas mismas instituciones que hoy se muestran dispuestas a castigar a quienes atentaron contra la democracia, encarcelaron injustamente a Lula y convalidaron la destitución irregular de Dilma Rousseff.
«Si no hay justicia, los extremistas seguirán apuñalando a las democracias latinoamericanas; si no hay justicia, los extremistas financiados por los Estados Unidos continuarán desestabilizando en las calles y robando la paz.
Venezuela, donde hubo guarimbas, golpes de Estado y todo lo demás, sigue sin castigar a los responsables. La única forma de frenar los planes desestabilizadores de los Estados Unidos, es aplicar la justicia sin miedo a las consecuencias, sin cálculos políticos», concluyó.
(LaIguana.TV)
