En la más reciente edición de su programa Desde Donde Sea, el filósofo, comunicador y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela analizó la historia reciente de la corrupción en Venezuela, sobre la base de la Operación Especial Anticorrupción desplegada en el país.
Entrando en materia refirió que en las últimas jornadas, la Policía Nacional Contra la Corrupción en Venezuela ha detenido a cerca de una veintena de personas, incluyendo a funcionarios de alto nivel, por su aparente participación en tramas de corrupción administrativa y malversación de fondos públicos.
«Se puede decir mucho, se pueden avanzar hipótesis, pero lo cierto es que toda lucha contra la corrupción debe ser apoyada, acompañada, aupada, porque están apareciendo personas que tras decir que hay que luchar contra la corrupción, ahora dicen que no es el momento, que no se convierta en una cacería de brujas (…). Eso sí, que no se convierta en una cacería de brujas para saldar viejas rencillas o para apoyar a ciertos políticos.
Es por el país, donde ahora muchos niños carecen de lo más básico, donde maestros y profesores no gozan de salarios dignos, contra millones de venezolanos que padecen los efectos de las sanciones.
Si las sanciones repercuten directamente en salud, educación y seguridad sobre nuestro pueblo y si se roban el poco dinero que entra, ¿a dónde vamos a parar? Hay que encontrar la verdad detrás de estos actos de corrupción. Cuidado y no deviene en una burda cacería de brujas. Estoy seguro de que no será así, por eso desde LaIguana.TV damos un paso adelante y acompañamos esta lucha», reflexionó.
De momento ha trascendido que los ilícitos se habrían perpetrado en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), algunas alcaldías y el Poder Judicial.
«Se hace necesaria y urgente una reestructuración del Poder Judicial en Venezuela, que en muchos casos dista mucho de la justicia. Desgraciadamente –y eso no es nuevo– la corruptela lo está carcomiendo», añadió.
El presidente Nicolás Maduro informó que él ha encabezado las pesquisas junto a los órganos de investigación del Estado, en el marco de lo que se ha denominado «Operación Especial Anticorrupción».
Aunque no es la única entidad involucrada, los focos se han posado nuevamente sobre Pdvsa, principal fuente de ingresos del país, en un contexto de sanciones y bloqueos que han impactado significativamente en todas las esferas de la vida nacional, particularmente entre los más vulnerables.
Entretanto, la prensa hegemónica ha tratado de presentar estos eventos –hasta ahora, sin prueba alguna que respalde su versión– como una especie de «purga» en el seno del chavismo, en la víspera de un año electoral en el que las fuerzas opositoras están en su peor momento en más de dos décadas.
Tras este recuento, Pérez Pirela puntualizó que presentaría un recuento no solo de los casos que hoy sacuden al país y encabezan titulares en grandes medios –que también han aprovechado la coyuntura para publicar especies no verificadas–, sino también de los expolios que ha sufrido la República en los últimos años, cuyo monto acumulado está en el orden de las decenas de miles de millones de dólares.
Venezuela se embarca en una nueva cruzada contra la corrupción
El pasado 17 de marzo, un comunicado de la para nada mediática Policía Nacional Contra la Corrupción en el que se solicitaba al Ministerio Público la apertura de investigaciones formales en contra de funcionarios adscritos a Pdvsa, a algunas alcaldías y al Poder Judicial, hizo presagiar que se revelarían nuevos escándalos de corrupción de alta envergadura.
La noticia fue recogida por LaIguana.TV bajo el título: «Caiga quien caiga: Investigan a varios funcionarios en el país por presunta corrupción (+Comunicado)», en el que se precisa que la Policía Nacional Contra la Corrupción solicitó al Ministerio Público el «encauzamiento judicial de una serie de individuos» que ejercían funciones en el Poder Judicial, la industria petrolera y algunas alcaldías por su presunta implicación en actos de corrupción y malversación de fondos.
Según se lee en un comunicado difundido el pasado viernes por el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, la solicitud es la resulta «de una investigación profunda, realizada por meses» y que apuntó directamente a estas personas.
El organismo enfatizó que tiene «la instrucción expresa» –no se indicó de quién– de llevar la investigación «hasta las últimas consecuencias, sean quienes sean y caiga quien caiga».
El especialista acotó que aunque en el reporte no se ofrecieron precisiones sobre la ubicación de los presuntos responsables de esos delitos, rápidamente comenzaron a circular versiones mediáticas que apuntaban directamente al circuito judicial de Caracas –el más relevante del país, en términos de casos atendidos–, a Pdvsa, a la Asamblea Nacional y a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
Dos días más tarde, la Policía Nacional Contra la Corrupción reveló a la opinión pública los nombres de los primeros aprehendidos en la megaoperación. En la lista figuraron el jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), el presidente del Circuito Judicial Penal Caracas y el juez 4° de Control en de Terrorismo.
Adicionalmente se comunicó sobre la aprehensión del alcalde del municipio Santos Michelena del estado Aragua (Las Tejerías), quien fue acusado de mantener nexos con el grupo de delincuencia organizada liderado por Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias «El Conejo».
«Este alcalde no es el único funcionario que tiene vínculos con bandas delincuenciales y el terrorismo», advirtió.
De su parte, el Ministerio Público anunció la designación de cinco fiscales nacionales «para investigar los graves hechos de corrupción que vinculan a funcionarios públicos en graves tramas delictivas», continuó relatando.
En relación con las detenciones en Poder Judicial, comentó que el diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, avanzó en una rueda de prensa los motivos tras la detención de estos personajes de alto perfil.
El «cobro de sentencias» sería la razón por la que la Policía Nacional Anticorrupción ha detenido en las últimas jornadas a varios miembros del Poder Judicial, aseguró Cabello este lunes.
El dirigente también atribuyó estas capturas a la detección de irregularidades durante el desarrollo de la revolución judicial, como se denominaron las acciones de revisión integral del funcionamiento del sistema de justicia en el país que encomendara el presidente Nicolás Maduro al Parlamento en 2022.
El comunicador destacó que este relato fue refrendado posteriormente Maduro, quien aportó detalles sobre el desarrollo de las pesquisas y reveló que él mismo las encabezaba, con asistencia de los organismos de investigación del Estado venezolano.
Maduro detalló que entre octubre y noviembre de 2022 se produjeron «los resultados preliminares de las primeras averiguaciones que se hicieron, los primeros descubrimientos que fueron arrojando pistas importantes del funcionamiento de estas mafias» relacionadas con los casos que salieron a la luz en las últimas jornadas.
Entre todos, aludió al «caso de ventas de sentencias para favorecer a narcotraficantes, a delincuentes, a paramilitares, por parte de jueces con importantes y altos cargos en la dirección del Poder Judicial» en la capital.
Frente a este panorama, el mandatario demandó a los órganos administradores de justicia que revelaran la verdad y la anunciaran al pueblo venezolano, al tiempo que advirtió a las personas que están incurriendo en estas prácticas dolosas que caería sobre ellas todo el peso de la ley, independientemente de dónde se encontraran.
El especialista recordó que aunque la mayoría de la gente no estaba al cabo de saberlo, a inicios de febrero, Maduro ya había dado un campanazo sobre lo que se les avecinaba a funcionarios, empresarios y otros personeros implicados en manejos dolosos de la cosa pública.
En una intervención televisada criticó duramente estas prácticas y advirtió que quienes estaban incursos en ellas no se saldrían con la suya, fueran quienes fueran y estuvieran donde estuvieran.
«impresionante, porque mientras el presidente Maduro decía esto, aplaudían personas que hoy están tras las rejas por las corruptelas reveladas en los últimos días», agregó el experto.
En seguida indicó en sus reflexiones de este lunes a propósito de la Operación Especial Anticorrupción, Maduro confesó que tras haber pronunciado esas palabras, se cuestionó sobre su pertinencia porque podría alertar a los funcionarios que estaban incursos en ilícitos, pero, contrariamente, el discurso no pareció tener el más mínimo efecto en estas personas.
«No, siguieron con su bandidaje, con sus vidas de nuevos ricos, de mafiosos, con sus gastos, con sus cosas, con sus extravagancias; con una forma de vida de multimillonarios, una forma de vida que no tiene nada que ver con la forma de vida de un funcionario humilde, trabajador y honesto», señaló.
Además de exigir justicia en los casos de corrupción, malversación de fondos y «antivalores» en los que estén implicados funcionarios en ejercicio, el presidente venezolano demandó a las autoridades aplicar el mismo criterio a los dirigentes de la ultraderecha local cuyas actuaciones derivaron en daños sobre el patrimonio del Estado y a los que se sindica de malversación de fondos públicos, empezando por el exdiputado Juan Guaidó.
«Es claro y es normal: si solamente terminan presos funcionarios corruptos, también deberían terminar presos personajes como Juan Guaidó y otros que hoy recorren Venezuela para sus primarias. Se estima que lo que robaron Guaidó, Julio Borges, los Guanipa –Tomás y Juan Pablo–, Leopoldo López supera los miles de millones de dólares, pero siguen libres», señaló Pérez Pirela.
A su juicio, esto podría generar una gran decepción en el chavismo e incluso ocasionar su división, porque si bien es correcto que se encarcele a funcionarios chavistas que cometieron actos de corrupción, tendría que aplicarse el mismo criterio sobre quienes, con la excusa de un gobierno interino, se robaron miles y miles de millones de dólares.
«El chavismo sigue en el poder porque, a diferencia de la oposición, se ha mantenido unido, pero la impunidad podría dividirlo. Mosca con eso», insistió.
En todo caso, desde su punto de vista es claro que la determinación de Maduro para luchar contra la corrupción bajo la premisa «caiga quien caiga», ha sido respaldada por la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional y por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Incluso, en un comunicado publicado este martes, la FANB admitió que hay efectivos castrenses implicados en actos de corrupción en la industria petrolera, si bien no se precisaron nombres ni los casos en los que se habrían producido los ilícitos.
En otro ángulo de la situación refirió que mientras algunas agencias globales como Deutsche Welle, CNN o EFE, así como medios locales y voceros ligados a las oposiciones han tratado de presentar las acciones anticorrupción como una suerte de purga interna del chavismo, la administración Biden se expresó positivamente sobre la iniciativa.
LaIguana.TV recogió esta relevante información en el trabajo periodístico intitulado: «LO ÚLTIMO: EEUU apoya operación especial anticorrupción desplegada en Venezuela».
En el texto se lee que el gobierno de los Estados Unidos manifestó su respaldo a las investigaciones emprendidas por la administración del presidente de la República, Nicolás Maduro, contra las tramas de corrupción detectadas dentro de Petróleos de Venezuela, el Poder Judicial y algunas alcaldías del país.
«Apoyamos los esfuerzos para acabar con la corrupción, incluidos los de Venezuela, y vamos a seguir atentos a la situación mientras continúa en desarrollo», dijo en una rueda de prensa el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby.
El funcionario exhortó a las autoridades venezolanas a que dicha investigación se realice de manera «transparente, profunda y tan independiente como sea posible».
Pérez Pirela observó que en las declaraciones recogidas por los medios y agencias, no figuró ninguna advertencia o amenaza, ni siquiera velada, ante la posibilidad de que Guaidó, otrora delfín de Washington, termine en la cárcel por el manejo irregular del dinero público, como ya exigió Maduro y han adelantado otros voceros del gobierno de Venezuela.
Sin embargo, acotó, para Diosdado Cabello, una de las caras más prominentes dentro del Psuv, la administración Biden estaría interesada en conocer quiénes son los corruptos para protegerlos, como ya ha hecho en otras oportunidades. De hecho, en su programa televisivo instó al gobierno de los Estados Unidos «a no meterse en los asuntos internos» de Venezuela.
«La cosa está movida y hasta los Estados Unidos respalda la operación anticorrupción», completó.
Detenidos de alto perfil
A continuación, Miguel Ángel Pérez Pirela ofreció algunos detalles sobre las detenciones, pues aunque la Operación Especial Anticorrupción había derivado hasta este martes en la detención de 19 personas, de momento solo se ha hecho público el nombre de cinco de ellas.
En primera instancia se refirió a Joselit Ramírez, quien estaba a cargo de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip, por sus siglas) y fue destituido de su cargo el propio viernes 17 de marzo, mediante el decreto 4.788, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria Nº 6.739.
Explicó a la audiencia que la Sunacrip es considerada una entidad estratégica para el país en el contexto de las sanciones y el bloqueo financiero. Ramírez la encabezaba desde 2018 y figuraba en público como uno de los principales impulsores del Petro, un criptoactivo respaldado con las riquezas del subsuelo venezolano.
Subrayó que al cierre de esta investigación se desconocen las razones específicas que motivaron a la detención del ex-alto funcionario, pero la reestructuración anunciada para el organismo como mínimo hacen pensar que su actual funcionamiento no resulta apropiado para los intereses nacionales.
Sobre este asunto puntualizó que en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.739, de fecha del 17 de marzo, quedó establecido el decreto mediante el cual se hace efectiva la designación de una junta reestructuradora de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip).
El documento especifica que la junta será presidida por Anabel Pereira Fernández y tres directores principales: Héctor Andrés Obregón Pérez, Luis Alberto Pérez González y Julio César Mora Sánchez.
Como directores suplentes fueron designados Pavel Javier García Sandoval, Ramón Daniel Maniglia Darwich, Carlos Eloy Pirela Méndez, Larry Daniel Davoe Márquez y Edgardo Alfonzo Toro Carreño.
La junta en cuestión estará en funciones por seis meses contados a partir de la publicación del decreto y prorrogables por el mismo lapso.
Adicionalmente, el Ejecutivo designó a Román Maniglia como viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores. Actualmente ejerce como presidente del Banco de Venezuela (público) y previamente había ejercido funciones similares en el Banco del Tesoro, también de propiedad estatal.
En continuidad con las detenciones y sus consecuencias, a Pérez Pirela le mereció interés la del exjuez José Mascimino Márquez, adscrito al Tribunal 4º de Control en materia de Terrorismo, quien tuvo a cargo causas de muy alto perfil en el país, incluyendo la del asesinato del profesor y militante revolucionario Carlos Lanz.
Para ahondar en las particularidades de este caso, el analista se apoyó en lo recogido en la nota: ¿Quién es José Mascimino Márquez, juez capturado en la operación especial anticorrupción? (+Carlos Lanz), publicada por LaIguana.TV.
En esta se precisa que la Policía Nacional Anticorrupción capturó el pasado 17 de marzo José Mascimino Márquez García, juez 4° de Control en materia de Terrorismo, por estar incurso en presuntos hechos de corrupción.
De acuerdo con el portal de investigación La Tabla, este sujeto habría cobrado por emitir una sentencia que permitió establecer el juicio en libertad de Oswaldo José Cheremos Carrasquel, alias «El Pelón Cheremos», integrante de la banda criminal «El Tren del Llano».
Esta fuente resalta que su ascenso en el Poder Judicial fue rápido, dado que ingresó en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) como juez 21° de Control de Caracas el 21 de diciembre de 2017 y luego, en 2019, «comenzó a ejercer funciones como suplente en la jurisdicción especial de delitos asociados al terrorismo del Circuito Penal de Caracas».
Según el medio, que soporta sus pesquisas en datos abiertos, en 2020 su nombre se hizo conocido entre sectores opositores por haber actuado en casos que implicaron a dirigentes como Roland Carreño y Freddy Guevara, así como en el juicio que siguió a la fallida Operación Gedeón, todos utilizados como bandera por la derecha para atacar al Gobierno Bolivariano.
Asimismo, continuó relatando, Márquez procesó a los autores materiales e intelectuales del asesinato del profesor Carlos Lanz en 2022, aplicando condenas que van desde uno hasta veinte años de cárcel, pues fue un «hecho que conmovió al país dadas las características del homicidio».
Además, el reporte periodístico señala que entre sus actuaciones a cargo del Juzgado 4° de Control en materia de Terrorismo dictó algunas sentencias a los implicados en el caso de corrupción en la estatal Lácteos Los Andes.
Pérez Pirela recordó que los ojos de la opinión pública ya estaban sobre el juez Márquez desde hace varias semanas por su presunta implicación en la liberación irregular de «El Pelón Cheremos», caso del que alertó el periodista Eligio Rojas en su programa Tubazos, producción exclusiva de LaIguana.TV.
En relación con las consecuencias administrativas de este caso, el comunicador mencionó que este miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia juramentó a la jueza Katherine Harrington como nueva presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en reemplazo del apresado José Mascimino Márquez.
Pérez Pirela tampoco dejó de aludir la captura del empresario Luis Perdomo, copropietario de la Constructora Perdomo HP, responsable de la construcción de siete torres de oficinas en la Urbanización Las Mercedes, al este de Caracas.
Según se precisa en un reporte de La Tabla, Perdomo y sus socios están a cargo del levantamiento de los edificios Empresarial JML, Torre Guayana, Sena, Jardín, Luxor, Jalisco y Haya Tower.
Este portal destaca que los terrenos –que están ubicados en «un sitio exclusivo y de alto valor en uno de los municipios preferidos por la burguesía caraqueña, donde se asientan zonas residenciales y oficinas del capital comercial y financiero» –pretendían convertirse en una «Milla de Oro» dentro de la capital venezolana.
En el trabajo periodístico se apunta que sobre el grupo se ciernen sospechas de «financiamiento opaco (con fondos públicos desviados) y legitimación» de capitales, que serían las razones tras la detención de uno de sus propietarios.
El especialista informó que estos señalamientos no son nuevos. A inicios de 2020, LaIguana.TV reseñó la denuncia que formularan miembros del Movimiento de Inquilinos de Caracas sobre el intento de «mercantilizar la vivienda» por parte de un grupo de constructores e inmobiliarias en Las Mercedes.
Entonces, los denunciantes alegaron que los constructores pretendían echar a la calle a los inquilinos del edificio New York de la referida urbanización a cambio de indemnizaciones en el orden de los miles de dólares y de una vivienda fuera de Caracas, con el agravante de que se les amenazó con el desalojo, independientemente de si aceptaban o no la oferta.
El advenimiento de la pandemia echó este caso al olvido dentro de las esferas mediáticas, pero lo cierto es que la compra de terrenos y el levantamiento de edificios de lujo en la zona por parte de la Constructora HP, son hechos verificables.
Pérez Pirela añadió que tras la divulgación de la captura de Luis Perdomo, la compañía publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que «desmiente las afirmaciones que han circulado en los medios de comunicación y las redes sociales» en las que se les vincula con «supuestos hechos de corrupción o tráfico de influencias, manejo ilícito de capitales, financiación de organizaciones políticas y/o partidos políticos».
En el texto también se refutan su supuesta relación con un hombre identificado como Heriberto Herrera Perdomo y la propiedad de una agencia de vehículos. Pero extrañamente no se alude al detenido (Luis Perdomo) y tampoco se hace mención de la «Milla de Oro» en Las Mercedes, los temas por los que la compañía y sus propietarios estarían siendo investigados.
De acuerdo con La Tabla, dijo para cerrar este tema, Luis Perdomo, de 33 años, es el menor entre tres hermanos, que son los copropietarios de la referida constructora.
Pdvsa nuevamente en el ojo del huracán
Muchos de estos casos tienen como epicentro la estatal Petróleos de Venezuela y por eso motivo, Pérez Pirela señaló que de momento, la captura que ha acaparado la mayor atención es la del exministro de Educación Universitaria y actual diputado a la Asamblea Nacional, Hugbel Roa, por causa de su aparente responsabilidad en la comisión de hechos dolosos en Pdvsa.
«Este señor, Hugbel Roa, era uno de los que aplaudía cuando el presidente Nicolás Maduro decía un mes atrás que irían contra los corruptos», enfatizó.
Precisó asimismo que la especie circulaba de manera extraoficial desde el pasado domingo 19 de marzo, pero solo fue confirmada este martes, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia solicitara al Parlamento el allanamiento de su inmunidad parlamentaria sin la necesidad de iniciar un antejuicio de mérito, porque habría sido detenido en flagrancia.
A efectos de ahondar en esta noticia, citó la nota periodística de LaIguana.TV «Aprobada por unanimidad: Allanada inmunidad parlamentaria al diputado Hugbel Roa», que reza como sigue:
Este martes, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la moción urgente interpuesta por el diputado Diosdado Cabello Rondón, que permitió el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de su colega Hugbel Roa, en razón de su presunta implicación en hechos de corrupción dentro de la estatal Petróleos de Venezuela.
En comunicación al pleno del Parlamento, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) refirió que «la Sala Plena declaró que, de conformidad con la solicitud presentada por el Ministerio Público objeto de la presente solicitud, comprometen la responsabilidad del ciudadano Hugbel Rafael Roa Carucci (…) de haber incurrido de manera flagrante en delitos contemplados en la Ley contra la Corrupción».
El TSJ puntualizó que el procedimiento –que implica que Roa no será sometido a un antejuicio de mérito– se soporta en la «comisión flagrante» de diversos ilícitos, lo que además supone que los tribunales ordinarios competentes serán los encargados de procesar su causa y no el máximo órgano judicial del país, como ocurre cuando altos funcionarios son imputados tras un antejuicio de mérito.
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, [la Sala Plena] declaró procedente la detención del ciudadano Hugbel Rafael Roa Carucci (…), remisión acordada en la sesión extraordinaria de la Sala Plena, de fecha 21 de marzo de 2023», reza parte de la sentencia.
Antes de solicitar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, Cabello invocó el artículo 200 de la Constitución y la jurisprudencia existente, que establece que no es necesario iniciar un antejuicio de mérito, si el parlamentario o la parlamentaria cometió flagrantemente delitos de corrupción.
A lo anterior, el comunicador sumó este miércoles se divulgó la detención de un ciudadano venezolano en República Dominicana por parte de la Policía Nacional Contra la Corrupción de Venezuela, al que se sindica de ser testaferro de Roa.
Daniel Prieto Prieto, presunto principal gestor de negocios del exministro Hugbel Roa –acusado por su aparente vinculación con hechos de malversación de fondos dentro Pdvsa– fue detenido por la Policía Nacional Anticorrupción en horas de la madrugada de este martes, luego de huir a República Dominicana y no ser admitido por las autoridades de ese país.
Así lo informó el portal de investigación La Tabla a través de su cuenta en la red social Twitter, donde se precisa que el sujeto se había fugado a la nación insular el pasado 17 de marzo, fecha en la cual inició la Operación Especial Anticorrupción en Venezuela.
En dicha publicación, el medio compartió un video exclusivo en el que se observa cuando Prieto se dirige, con su equipaje y bolsas de compras, a abordar el avión que lo trajo de regreso a territorio venezolano escoltado por agentes policiales.
La Tabla destaca la cooperación que brindó el gobierno de República Dominicana para la captura de este ciudadano, quien es señalado «como el más importante testaferro de la estructura delictiva que dirigía Roa y la persona que actuaba públicamente para manejar la relación con clientes y gestionar contrataciones en la industria petrolera».
Aunque no precisó el nombre, el diputado Diosdado Cabello aludió a este caso en su programa televisivo, al señalar que «uno de los eslabones más importantes» en el esquema corrupto logró evadirse porque otro de los detenidos lo puso en alerta, al tiempo que confirmó que había sido capturado y estaba rindiendo declaraciones.
Pérez Pirela insistió en que si bien, hasta ahora, las autoridades no han detallado en qué consiste la trama de corrupción dentro de la industria petrolera por la que fue aprehendido Roa, el hecho de que desde el primer momento se aludió a actos dolosos en Pdvsa, motivó que el pasado lunes presentara su renuncia el hasta entonces titular del Ministerio de Petróleo, Tareck el Aissami.
«En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en Pdvsa, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso», publicó en su cuenta de Twitter.
El Aissami, quien es un cuadro de alto perfil del Partido Socialista Unido de Venezuela, manifestó en otro mensaje que se pondría «a disposición» de la Dirección Nacional de la organización política «para apoyar esta cruzada que ha emprendido el presidente Nicolas Maduro contra los antivalores que estamos obligados a combatir».
Horas más tarde, Maduro comunicó que había aceptado su separación permanente del cargo y aludió a la disposición del exfuncionario para cooperar con las investigaciones en curso.
El analista enfatizó que al cierre de la investigación expuesta en el programa, no pesa sobre el reciente exministro ninguna imputación e insistió en que si bien no hay detalles sobre esta nueva trama de corrupción, el fiscal general, Tarek William Saab ofreció algunos datos históricos a la prensa, con los que pretendió echar abajo la versión del «pase de factura» dentro del Gobierno Bolivariano, al mostrar el combate contra la los manejos ilícitos en Pdvsa como una práctica sostenida por el Ministerio Público desde 2017.
Saab informó que el Ministerio Público (MP) venezolano ha procesado a unas 200 personas que se encuentran vinculadas a distintos casos de corrupción dentro de la compañía estatal Pdvsa.
En una entrevista reseñada por la Fiscalía en su sitio web, el funcionario comentó que en la reciente «cruzada» que lidera el jefe de Estado, Nicolás Maduro, junto con la Policía Nacional Anticorrupción, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Ministerio Público y otras autoridades, se determinó que «hay elementos de convicción» que «obligan» a realizar nuevas detenciones e incautaciones.
«Todas las autoridades del Estado, empezando por el presidente Nicolás Maduro, están liderando esta cruzada. Es una oportunidad de oro para sancionar esta traición por parte de personas a quienes se les dio confianza para administrar dinero público y se fueron por el camino de la delincuencia», aseguró.
En relación con las nuevas aprehensiones, el fiscal comentó que se continúan realizando capturas de personas vinculadas «a la trama de corrupción en Pdvsa», mientras se revisan «experticias telefónicas e incautaciones» que darán «nuevos elementos» para capturar a otros implicados en las irregularidades en contra el patrimonio del Estado.
De su parte, el presidente Nicolás Maduro advirtió el pasado lunes que el Estado venezolano limpiaría «plenamente» a Pdvsa «de toda la gente que roba» y anunció que la empresa sería sometida a un proceso de «reestructuración al más alto nivel», si bien no abundó en los cambios que habrán de realizarse, recordó el analista.
Para cerrar este punto indicó que por ahora, solo se conoce que Pedro Tellechea, quien ya está al frente de Pdvsa y de la Petroquímica Venezolana (Pequiven), será el reemplazo de El Aissami en el Ministerio de Petróleo.
Un mal de vieja data que sigue desangrando a Venezuela
En este momento, Pérez Pirela consideró pertinente presentar un recuento histórico –parcial– de los escándalos de corrupción que han sacudido al país en las últimas décadas, porque aunque quisiera decir que se trata de una práctica recientemente instalada en la cultura política nacional y que, por ello, empezó a combatirse de inmediato, lamentablemente, no es así.
A este respecto recordó que el historial de corruptelas, robo de activos e impunidad es de larga data y definitivamente no empezó con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, como pretenden decir ahora opinadores y políticos opositores para sacar réditos de la Operación Especial Anticorrupción, aunque no sean las voces más calificadas para hablar del tema.
En concreto, refirió, durante los años de la llamada Cuarta República también salieron de las arcas públicas escandalosas cantidades de dinero. Nadie fue apresado, se asumió que los recursos simplemente se habían esfumado e inclusive el Estado asumió la deuda de los bancos privados, como fuera recordado recientemente por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
En la misma línea indicó que otros portavoces del gobierno, empezando por Maduro, han subrayado en sus más recientes intervenciones públicas que la Revolución Bolivariana surgió, entre otras cosas, como una respuesta a esa clase de ilícitos, que a finales de la década de 1980 ya habían hartado al grueso de la población venezolana.
A este respecto han insistido en la necesidad de investigar y sancionar a los culpables de delitos contra la cosa pública, «caiga quien caiga y esté donde esté», al tiempo que han tomado distancia de los que han optado por echar mano del erario e incluso de aquellos que están sometidos a procesos judiciales por ese motivo sobre los que todavía no pesa una sentencia.
Sin embargo, el experto valoró que a pesar de que en el presente el Estado venezolano ha investigado tramas de corrupción harto complejas, y ha encarcelado y enjuiciado a muchos de los presuntos responsables, independientemente de su posición, es evidente que aún no logra desmantelar las condiciones que posibilitan la constitución de mafias de alto calibre en instituciones clave como el Poder Judicial o Pdvsa.
De este modo, consideró, aunque al menos desde 2014 se han emprendido esfuerzos serios por sanear la industria petrolera y otros estamentos, no han cesado de revelarse nuevos casos, que incluso alcanzaron la esfera de la narcopolítica, con la implicación de dos diputadas y una alcaldesa en el tráfico de drogas a inicios de 2022.
A su parecer, las tramas de más alto nivel son las que involucran al exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, pues de acuerdo con la exposición que realizara el Ministerio Público antes de solicitar su extradición ante el gobierno italiano, el exfuncionario estaría implicado en al menos nueve mega casos de corrupción que supusieron pérdidas milmillonarias para la República.
Las revelaciones más recientes de los desfalcos a Pdvsa mientras era administrada por Ramírez se produjeron en septiembre de 2022, cuando fue capturado el exvicepresidente de Finanzas de la compañía, Víctor Aular.
Pérez Pirela recordó que Aular decidió confesar los hechos y abundó en detalles del tinglado que había establecido el exministro para apoderarse de los recursos de la República, en contubernio con algunos familiares y amigos cercanos.
De acuerdo con las pesquisas, los implicados consiguieron hacerse, nada más y nada menos que con casi 4.500 millones de dólares, a costa de contratos irregulares basados en operaciones en divisas a espaldas del Banco Central de Venezuela.
En opinión de Pérez Pirela, si los desfalcos en Pdvsa constituyen, a no dudarlo, un completo escándalo frente al que el Estado venezolano no ha podido actuar con todo el peso de la ley por la complicidad de algunos gobiernos del norte global, no se quedan atrás los despojos a los que fue sometida la República a cuenta del pretendido gobierno interino de Juan Guaidó.
Los expolios más emblemáticos perpetrados por Guaidó, sus socios –incluyendo a gobiernos extranjeros– y personeros de distinto cuño dentro de las cúpulas opositoras, han sido expuestos suficientemente ante la opinión pública, incluso por medios de comunicación muy poco sospechosos de ser aliados de Maduro como The Washington Post, The New York Times o BBC.
La lista incluye la entrega de Citgo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la confiscación de 30 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra, el intento de apropiación ilegal de Monómeros –frenado por el gobierno de Petro– y el uso de fondos públicos que les fueran entregados ilegalmente por las autoridades estadounidenses y de otros países para financiar su pretendido interinato.
«Si se castiga a funcionarios del chavismo, se debe hacer lo mismo con estos ladrones de cuello blanco, que a costa de una supuesta lucha contra una dictadura, de un supuesto gobierno interino, se robaron plata. Lo peor es que siguen en la calle, haciendo campaña, porque además quieren ser presidente», insistió.
El analista precisó que el último capítulo de este lamentable memorial de agravios contra la riqueza del pueblo venezolano, lo constituyen los activos valorados en más de 3.300 millones de dólares que se comprometieron a recuperar para atender necesidades urgentes de la población en el marco de los acuerdos del diálogo que se desarrollaron en México.
Indicó además que aunque el acuerdo se firmó en noviembre, hasta la fecha la delegación de la Plataforma Unitaria –ligada a Juan Guaidó– no ha sido capaz de dar cuenta de esos recursos ni ofrecer ninguna explicación convincente que justifique el retraso, en virtud de lo cual las conversaciones con el Gobierno Bolivariano entraron en una nueva pausa desde el pasado mes de febrero.
Casos emblemáticos de corrupción dentro de Pdvsa
Miguel Ángel Pérez Pirela destinó el último segmento del programa a algunos de los casos emblemáticos de corrupción dentro de Pdvsa, porque la trama de los 4.500 millones de dólares revelada el pasado septiembre no es, ni por mucho, el peor en el que figura en primera plana el nombre de Rafael Ramírez.
1) El barco fantasma comprado a PetroSaudí
La adquisición fraudulenta de un barco-taladro a PetroSaudi Saturn por la que las autoridades venezolanas solicitan al expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, fue expuesta en detalle en un trabajo de investigación publicado por La Tabla el 17 de diciembre de 2017.
Entonces se hizo referencia a la compra del «barco taladro Songa Saturn», que debía encargarse de la perforación gasífera en la costa oriental Caribe y en su día fuera presentado por el exministro como «de última generación», en unas declaraciones que se recogieron en una nota de prensa institucional fechada el 24 de septiembre de 2010.
Sin embargo, comentó el analista, el buque en realidad fue construido en 1983 y refaccionado en 2006 y 2009, por lo que la afirmación de que se trataba de un equipo de ‘última generación’ era absolutamente insostenible.
La operación fraudulenta de Ramírez no se limitó a la adquisición de un equipo obsoleto a precio de uno nuevo, sino que aseguró que la alianza entre PetroSaudi y PDVSA en ese proyecto del barco taladro, formaba parte de la estrategia para la conformación de una empresa mixta entre Arabia Saudí y Venezuela, continuó relatando.
No obstante, destacó, en ningún caso esto podría haberse concretado, puesto que la petrolera saudí es propiedad de un particular asentado en Londres y no del Estado saudita.
Como apuntara Víctor Hugo Majano, editor del portal de datos abiertos La Tabla en en una entrevista concedida en 2020 al periodista Clodovaldo Hernández, el entonces ministro se embarcó en el negocio al corriente de que sería lesivo para el país en términos operativos y financieros.
–La disputa legal entre PetroSaudi y Pdvsa
Pérez Pirela subrayó que este caso no acabó allí, pues en el mes de agosto de 2015, la estatal petrolera venezolana inició un arbitraje comercial en la ciudad de París, con el propósito de «resarcir los daños sufridos por el deficiente desempeño de la unidad de perforación contratada para los yacimientos gasíferos del estado Sucre».
Investigaciones posteriores han determinado que Venezuela pagó una cantidad muy superior al precio de mercado por un barco que estaba prácticamente inutilizado, a lo que se suma que canceló importes milmillonarios en muelles extranjeros donde el barco permaneció atracado.
Por otro lado, señaló que en claro daño a los intereses nacionales, en el contrato suscrito en 2009 entre Pdvsa y PetroSaudi se establecía que en caso de litigio, habría de ser la estatal venezolana la que debía cancelar lo que restara y solo después tendría acceso al arbitraje.
El fallo de la Alta Corte de Inglaterra de octubre de 2016 favoreció a nuestro país. En él se declaraba que las acciones emprendidas por PetroSaudi para ejecutar garantías y obtener pagos a partir de la prohibición del acceso a dinero en disputa, eran «fraudulentas» y «nulas».
Sin embargo, PetroSaudi introdujo una demanda en la Corte de Apelaciones de Londres y en enero de 2017, la empresa logró que se obligara a Pdvsa a cancelarle 129 millones de dólares demandados en septiembre de 2016.
La estatal petrolera debía proporcionar una carta de crédito ‘standby’ (SBLC) para asegurar el pago y el SBLC estaba con un banco portugués y se rige por la ley inglesa y «PetroSaudi ejerció ‘sus derechos’ bajo SBLC y exigió los 129,8 millones de dólares», usando una carta de crédito del Novo Banco y el Estado venezolano perdió esa misma cantidad.
En 2020, el gobierno de Malasia adelantó acciones para que PetroSaudi International accediera a más de 340 millones de dólares de su subsidiaria venezolana que reposan en un banco del Reino Unido, bajo el alegato de que «provienen de actividades ilegales».
De acuerdo con informes de medios malayos, la trama de corrupción en este caso involucra al exprimer ministro de Malasia Najib Razak, a Rafael Ramírez, a estrellas del jet-set hollywoodense como Kim Kardashian y Leonardo Di Caprio, así como al expresidente estadounidense Barack Obama.
«Todo esto ha hecho un daño colosal al pueblo venezolano», apuntó tras culminar el relato del escabroso caso y compartir las declaraciones del fiscal general, Tarek William Saab, a propósito de la solicitud de extradición contra Ramírez solicitada por su oficina ante el gobierno de Italia.
A su parecer, pese a que algunos de los casos como el del lavado de activos en el desaparecido Banco de Andorra han sido investigados en tribunales europeos y no hay mayores dudas de la implicación de Ramírez en ellos, Roma se ha negado a cumplir con la demanda de Caracas bajo alegaciones cuestionables como la «inseguridad jurídica».
Del mismo modo, no deja de llamar la atención que a pesar de las 27 tramas de corrupción documentadas por la justicia venezolana en Pdvsa –Rafael Ramírez estaría estaría implicado directamente en un tercio de ellas–, el gobierno estadounidense no lo ha puesto en ninguna lista negra ni avanza causa judicial alguna en su contra.
2) Diego Salazar Carreño
El nombre de Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, aparece vinculado con sobornos y lavado de activos dentro de Pdvsa, que salieron a relucir dentro y fuera del país por su relación con el así llamado caso de la Banca Privada d’Andorra.
El comunicador refirió que según la información ofrecida en enero de 2018 por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, solamente entre octubre de 2011 y noviembre de 2012, la organización criminal liderada por Salazar habría blanqueado capitales por un monto superior a los 1.347 millones de euros.
Diego Salazar mantenía un estilo de vida ostentoso que no se esforzaba por ocultar. En Venezuela se comprobó que adquirió inmuebles y vehículos de alto costo y que solía obsequiar relojes de lujo a sus socios y cómplices.
También está verificado que dio una propina de 90.000 euros al mayordomo de un hotel parisino y que contrató al menos a cuatro exreinas de belleza para que formaran parte de su equipo de asistentes en la firma InverDT, formalmente constituida para brindar asesorías empresariales.
En 2017, Salazar fue detenido en Venezuela junto a uno de sus cómplices, José Enrique Luongo. Ambos fueron imputados por corrupción pasiva y tras nuevos hallazgos revelados en 2021, se les añadieron cargos por legitimación de capitales y asociación para delinquir.
En continuidad con el inventario de delitos perpetrados en este grotesco caso recordó que en el marco de la investigación judicial, el Ministerio Público logró incautar 36 inmuebles residenciales, 11 inmuebles empresariales ubicados en una edificación de alto perfil de Caracas, cuatro locales comerciales, ocho vehículos y tres motocicletas.
Además, la instancia acusadora reportó la incautación de 102 obras de arte de gran valor, entre ellas algunas invaluables, así como la inclusión de 99 vehículos pertenecientes a Salazar y a su entorno en el Sistema Integrado de Información Policial.
En un trabajo periodístico de La Tabla que siguió a la detención de Salazar, se indica que el grupo liderado por él tendría participación en unas 50 compañías registradas en distintos países europeos y del Caribe, así como en los Estados Unidos.
Adicionalmente pesquisas avanzadas por el diario El País en España, refieren que Pdvsa canceló 30,6 millones de dólares a Eudomario Carruyo, quien ejerciera como director financiero de la empresa entre 2005 y 2011.
De acuerdo con la investigación realizada por la justicia española, Carruyo recibió el dinero a través de la Banca Privada d’Andorra por medio de transacciones realizadas por el exviceministro de Energía y Petróleo Nervis Villalobos (solicitado por el Ministerio Público de Venezuela), Salazar y Luis Carlos de León, un exabogado de la compañía petrolera.
Para desviar la atención, el Carruyo usó la cuenta de una empresa de su propiedad registrada en Panamá que, a su vez, servía para facturar presuntos servicios prestados a Pdvsa por su firma venezolana.
Los pagos se justificaron ante el Estado por medio del pago de honorarios por supuestos «trabajos de asesoría» prestados a los exdirectivos de la petrolera venezolana, que habrían sido cerrados mediante «contratos orales».
La justicia de España imputó en 2018 a Villalobos, Carruyo y Salazar por lavado de activos, pero en Venezuela el caso no está resuelto, porque aún quedan por capturar varios implicados, entre ellos Villalobos, Carruyo y el propio Rafael Ramírez Carreño.
3) Jonnathan Marín, exalcalde de Guanta
Finalmente, Pérez Pirela concluyó los casos emblemáticos de corrupción en Pdvsa con la red de corrupción encabezada por el exalcalde de Guanta (Anzoátegui), Jonnathan Marín, que derivó en el desfalco de más de 38.000 millones de dólares por medio de la adjudicación dolosa de más de 40.000 contratos en la Faja Petrolífera del Orinoco.
En 2017, indicó, Marín huyó del país hacia Colombia a través del estado Zulia, gracias a la complicidad de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana y un comerciante y en 2020, la Contraloría General de la República lo inhabilitó por 15 años para el ejercicio de cargos públicos y solicitó a las autoridades que iniciaran acciones penales en su contra.
El analista recordó que mientras ejercía el cargo, Marín exhibía sin recato un estilo de vida ostentoso y consumista que incluía el uso regular de aviones y yates, injustificable a partir de sus ingresos como funcionario, y se vanagloriaba de haber contratado a artistas y deportistas por sumas millonarias en divisas.
También se ha comprobado suficientemente que logró desarrollar una alianza entre el poder económico y el institucional del que formaban parte redes de comercios, medios de comunicación y funcionarios clave en distintas instancias de la burocracia.
Los tentáculos de este grupo alcanzaron a la Faja Petrolífera del Orinoco, en donde se registraron operaciones fraudulentas entre 2010 y 2016, por las que las autoridades han detenido a distintos contratistas, funcionarios y hasta miembros de la farándula, cuya relación con el exburgomaestre ha quedado suficientemente establecida.
Además, en su delación pública de septiembre de 2022, Víctor Aular, exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa, aseguró que Marín formaba parte de un equipo que en 2016 impulsaba la precandidatura presidencial de Ramírez en el seno del chavismo y tenía planes de hacer negocios particulares con la industria petrolera ecuatoriana.
Según lo apuntado en un informe de La Tabla aparecido en 2017, «Marin y su familia y su entorno más cercano podrían estar relacionados y tener intereses en una veintena de compañías en Estados Unidos, Panamá y República Dominicana», que les habrían servido para lavar el dinero sustraído.
A finales de 2022, Marín se entregó a las autoridades estadounidenses y accedió a declararse culpable en el Tribunal del Distrito Sur de la Florida por un cargo menor de lavado de activos, a cambio de ofrecer supuesta información de acciones de corrupción presuntamente cometida por altos funcionarios venezolanos.
En el criterio de Pérez Pirela, todo lo expuesto permite concluir que los últimos 40 años de la historia política venezolana han estado signados, en mayor o menor medida, por el flagelo de la corrupción, con énfasis en la malversación de fondos y el enriquecimiento ilícito de funcionarios.
Y si bien es claro que al menos en los últimos cinco años se han adelantado importantes esfuerzos para investigar, imputar y sancionar a los responsables, la recurrencia de las tramas en instituciones como Pdvsa hacen pensar que en el seno del Estado venezolano se desplegó una estructura propia de la mafia, capaz de sobrevivir a destituciones, enjuiciamientos y encarcelamientos, aún de alto perfil.
Desde su punto de vista, estas no son buenas noticias, porque, aunque es innegable que es necesario poner fin a toda impunidad, esta estrategia muestra sus insuficiencias y pone al Gobierno Bolivariano frente a un gran desafío que parece no admitir más dilaciones: frenar la dilapidación de los hoy escasos recursos públicos y transformar por completo el Estado, aunque ello implique decisiones difíciles e incluso, dolorosas.
(LaIguana.TV)
