En la más reciente entrega de su programa Tubazos, el periodista Eligio Rojas, reveló que autoridades pusieron en marcha la Operación Especial Pedro Zaraza, destinada a desarticular el grupo criminal Tren del Llano, tras haber detectado fallas en un despliegue militar-policial previo.

Rojas precisó que si bien en la Operación Trueno – realizada en noviembre de 2022 en las inmediaciones del municipio José Tadeo Monagas del estado Guárico, donde el grupo criminal tiene su asiento principal – se identificaron los escondrijos de los cabecillas del Tren del Llano, los funcionarios solo habrían sustraído armas y una caleta en dólares.

«Si bien la Operación Trueno logró ubicar y mapear, allá en las montañas de Altagracia de Orituco, colindantes con el Parque Nacional Guatopo, los cambuches, las casas donde estaban los principales cabecillas, solamente lograron incautar armas y una caleta en dólares cuya cantidad aún no ha sido contabilizada o al menos no hay un registro oficial.

Esta habría sido la razón por la que, tras haber evaluado los resultados, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ordenó una nueva operación de índole militar-policial que actualmente se encuentra en curso.

Indicó asimismo que la inspectora general Gladys Requena informó de ese operativo en sus redes sociales y anunció que el caso estaría a cargo de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones.

El dato resulta relevante porque esa instancia estuvo presidida hasta hace pocos días por el doctor Cristóbal Cornielles, quien a su vez ostentaba la presidencia del Circuito Judicial Penal.

Cornielles figura como uno de los detenidos de alto perfil en la Operación Especial Anticorrupción que adelanta el Gobierno Nacional, en razón de su presunta responsabilidad en la liberación del traficante de armas Oswaldo Cheremos, conocido en el mundo delincuencial como «El Pelón» Cheremos.

De acuerdo con datos de la investigación, Cheremos, quien es uno de los líderes del Tren del Llano, pagó cerca de un cuarto de millón de dólares a funcionarios judiciales para ser juzgado en libertad, a pesar de que los cargos que se le imputan no le dan derecho a tal beneficio procesal.

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(LaIguana.TV)