«La trama de corrupción Pdvsa-Cripto tenía como fin destruir el estado venezolano». Con esta lapidaria frase inició Miguel Ángel Pérez Pirela la edición 491 de Desde Donde Sea, pues en su criterio, quienes desfalcaron al Estado venezolano pretendían implotarlo, destruirlo desde adentro, desde las propias instituciones.
«En este entramado no solo hay funcionarios con testaferros, hay empresas nacionales e internacionales (…). Se descubre todo esto porque la administración del Estado venezolano porque este desfalco dio en la madre a las pocas entradas de divisas que le entran al país por la venta de petróleo», en el marco de un Estado sancionado, al que no ingresa demasiado dinero. «Es allí cuando empiezan a encenderse las alarmas (…).
De no haberse descubierto a tiempo, se habría producido la implosión del Estado, algo por lo que se frotan las manos en Estados Unidos y la Unión Europea, que han intentado con guarimbas, intentos de golpe de Estado, intentos de invasión, intentos de magnicidio y sanciones», reflexionó el experto.
La Operación Anticorrupción alcanza a las empresas básicas
Entrando en materia, refirió que en las últimas jornadas, autoridades de Venezuela han ofrecido escabrosos detalles de las tramas reveladas en el desarrollo de la aún no concluida Operación Especial Anticorrupción dentro de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el Poder Judicial y algunas alcaldías.
Pero antes de continuar con ese desarrollo, reseñó que la Policía Nacional Contra la Corrupción anunció el inicio de la segunda fase de esta operación especial, esta vez con epicentro en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
«Producto de esto hemos iniciado una nueva solicitud al Ministerio Público para el encausamiento judicial de un conjunto de funcionarios y empresarios que, violando el sagrado juramento de honestidad y ética, podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos», se lee en un comunicado difundido la tarde de este jueves por el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez.
A lo anterior sumó que según reportes preliminares, en estas acciones resultaron detenidos tanto el presidente de la CVG como su homólogo de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
De acuerdo con la información suministrada por la periodista Madelein García, corresponsal de la cadena teleSUR en Caracas, se trata de Néstor Astudillo, presidente de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y Pedro Maldonado, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en el marco de la segunda fase de la Operación «Caiga quien Caiga».
En un comunicado, el organismo especializado indicó que tras las investigaciones y las posteriores delaciones realizadas por algunos de los sindicados en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, se solicitaría el encauzamiento penal de funcionarios y empresarios por presuntos actos dolosos en la CVG, aunque no se precisó el resto de los nombres.
A la víspera, el presidente Nicolás Maduro anunció que más de la mitad de los hasta ahora capturados por el desfalco de 3.000 millones de dólares en la industria petrolera habían empezado «a confesar», por lo que no se descartaban nuevas detenciones.
A este respecto precisó que Jackeline Perico, directora de la Faja Petrolífera del Orinoco y su adjunto, habrían sido detenidos en el marco de la Operación Especial Anticorrupción y trasladados a Caracas para su encausamiento judicial, informó La Tabla.
De acuerdo con el medio, que trabaja con fuentes abiertas, Perico y el otro funcionario, cuyo nombre no ha trascendido, fueron aprehendidos tras haber sido delatados por algunos de los implicados en el caso Pdvsa-Cripto.
Tramas de corrupción más allá de los hechos
De regreso a los detalles de la primera fase de la Operación Especial Anticorrupción, apuntó que además de reiterar que por los hechos han sido apresadas más de 25 personas, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, confirmó a la opinión pública la sustracción de 3.000 millones de dólares procedentes de la venta de crudo, principal fuente de ingresos del país, por medio de operaciones fraudulentas con criptomonedas.
Pérez Pirela valoró que si bien el nuevo escándalo en la industria petrolera ha acaparado la mayor parte de titulares y comentarios, no menos inquietante resultan los ilícitos perpetrados por jueces y alcaldes en favor de grupos de delincuencia organizada como el Tren del Llano y la banda fundada por Carlos Enrique Gómez, alias El Conejo, recientemente abatido por las autoridades en el estado Sucre, al extremo oriente de Venezuela.
«Imagínense ustedes que estos casos de corrupción son tan grandes que la muerte de Carlos Enrique Gómez, alias «El Conejo», pasó por debajo de la mesa», comentó
Estos hechos, aunados a la recurrencia de actos de corrupción dentro de Pdvsa, han llevado a que algunos actores políticos cercanos al Gobierno Bolivariano consideren que los eventos expuestos las últimas semanas, son indicio de una conspiración a gran escala dirigida desde el extranjero con la que se pretende derruir al país desde sus cimientos, al presentarlo como un Estado colapsado y controlado por delincuentes, donde la justicia es imposible.
A su parecer, no es menos llamativo que muchos de los capturados por su aparente implicación en crímenes contra el patrimonio nacional exhibían sin rubor alguno en las redes sociales un estilo de vida lujoso e incoherente con los ingresos derivados de un salario o de actividades lícitas, sin que prácticamente nadie reparara en ello.
En este marco también han sido puestos bajo escrutinio a los órganos encargados de ejercer funciones de contraloría e incluso a medios de comunicación, periodistas, analistas y dirigentes políticos, pues muchos se preguntan por qué no vieron lo evidente, por qué posicionaron matrices falaces sobre hechos gravísimos o por qué callaron.
Desde otro ángulo, no puede omitirse que en los últimos años, el Estado venezolano ha hecho esfuerzos notables para investigar, imputar y sancionar a culpables de saquear el tesoro público, pero la deuda sigue siendo grande, porque siguen en libertad agentes cuya participación en acciones lesivas para la República ha sido establecida más allá de cualquier duda razonable.
«Por ejemplo, Guaidó y compañía, que se acusaron mutuamente de haberse robado miles de millones de dólares y allí están, libres y haciendo campaña, porque quieren ser presidente. En Venezuela decimos: lo que es bueno pa’l pavo, es bueno pa’ la pava; lo que es bueno para funcionarios chavistas, es bueno para pseudofuncionarios del pseudogobierno interino», señaló
Antes de concluir el editorial, mencionó que por todo lo antes dicho, no es menos alarmante que a pesar de todas estas acciones, la corrupción sigue mostrándose como una hiedra y no como una colección de hechos aislados perpetrados por funcionarios, empresarios y personeros desde su mala fe. Así, la pregunta que a todos atraviesa es: ¿Qué hacer entonces?
Los detalles de la trama Pdvsa-Cripto
El primer tema grueso abordado por Pérez Pirela fue la trama Pdvsa-Cripto. Aunque desde el pasado 17 de marzo circulaban versiones extraoficiales en las que se aseguraba que la más reciente trama de corrupción descubierta en Petróleos de Venezuela implicaba un desfalco milmillonario a través de transacciones en criptomonedas.
Finalmente fue este 25 de marzo cuando las autoridades venezolanas, en vocería del titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, ofrecieron detalles de la trama de corrupción bautizada como Pdvsa-Cripto, que salpicó a funcionarios y empresarios y dejó al descubierto una red de prostitución al estilo «las muñecas de la mafia» para legitimar capitales y lavar dinero malhabido.
«Este diputado Hugbel Roa no solo robaba la plata de los venezolanos, sino que tenía una red de prostitución. ¿En manos de quién estábamos? Esta gente no solo robaba, sino que estaba metida en asuntos tan oscuros como una red de prostitución. Esto es mucho más grave de lo que parece», refirió el experto.
Adicionalmente comentó que compartía la opinión del analista político opositor Luis Vicente León, quien explicó que al pedir sanciones y bloqueos, la oposición le había abierto a la corrupción, porque para sortear las restricciones, el Estado debe recurrir a redes de intermediarios para adquirir o vender cualquier mercancía. «El bloqueo es un artefacto privilegiado para la corrupción», destacó.
De vuelta a los detalles de la trama Pdvsa-Cripto recordó que con especial énfasis, Saab explicó el modus operandi de este nuevo esquema de corrupción, que estuvo posibilitado por las condiciones de bloqueo a las que está sometido el país.
En una rueda de prensa, el funcionario relató que las pesquisas –que iniciaron el pasado octubre– revelaron que se había constituido una red de funcionarios, que valiéndose de su cargo y posición, ejecutaron operaciones de venta de crudo a particulares transadas en criptomonedas al margen de Pdvsa, en el entendido de que no serían descubiertos porque las operaciones son técnicamente irrastreables.
El proceso de blanqueamiento del dinero público se realizó a partir de la constitución de un conglomerado de sociedades mercantiles, que además de realizar operaciones con criptoactivos, financió construcciones y se hizo de bienes muebles e inmuebles de alto valor.
De acuerdo con la Fiscalía, el grupo de funcionarios que perpetró estos crímenes contra la República también contrataba a hombres y mujeres jóvenes, a los que les ofrecían dinero para que financiaran un estilo de vida suntuoso propio de las élites económicas globales y no explicable a partir de su trayectoria personal o profesional.
Aunque ya se habían hecho públicos algunos nombres de alto perfil que resultaron detenidos en la Operación Especial Anticorrupción, el fiscal Saab identificó públicamente al resto de los capturados, que al cierre de esta investigación suma 21 personas, de las cuales 10 ejercían labores en la función pública.
Además del exdiputado Hugbel Roa y del expresidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, Joselit Ramírez, también se añadió a la lista de altos funcionarios procesados el del exvicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, José Antonio Pérez Suárez, quien habría fungido como cabecilla de la estructura corrupta.
«Aquí no solamente habían civiles, también habían militares», destacó el presentador.
No obstante, indicó, la Fiscalía aclaró que todavía restan por aprehender 11 personas por su aparente participación en estos hechos. Se trata de los empresarios Juan Manuel Afonso y Manuel Ramón Alfonso (operadores financieros), William Rivas, Ximena Cagide Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandiz, Olvany Gaspari, Railin Elizabeth Yépez, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño y Yuravic Ravelo.
Comentó asimismo que en su presentación, el fiscal Saab proyectó un video-resumen de las incautaciones realizadas por la Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC) en el marco de la trama Pdvsa-Cripto. Los funcionarios decomisaron una granja gigante de criptomonedas, varios galpones llenos de vehículos de lujo, un helicóptero, seis avionetas y una caja fuerte con pacas de dólares estadounidenses.
«Yo le escuché decir al presidente Nicolás Maduro que todavía están detrás del gran botín. Da dolor de barriga esto. Los maestros en la calle con sueldos de siete dólares, los niños de las escuelas públicas con dificultades, los problemas en los hospitales… Y esta gente se robó todos esos millones. Es sencillamente indignante», fustigó.
Tras estas primeras revelaciones, la noche de este martes, 19 detenidos fueron trasladados a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) bajo fuerte custodia policial para la correspondiente audiencia de presentación, en la que el Ministerio Público, representado por los fiscales 50 y 37 con competencia nacional, solicitó privativa de libertad para todos los involucrados.
Trascendió que la causa estará a cargo del Tribunal Segundo de Control contra la Corrupción y el Terrorismo, presidido por el juez Carlos Liendo, al tiempo que los acusados estuvieron representados por funcionarios de la Defensa Pública.
Pérez Pirela refirió que al momento de explicar el modus operandi que habrían empleado estas personas para desfalcar al Estado, el fiscal Tarek William Saab anunció que el Ministerio Público les imputaría los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir, y a los funcionarios se les añadió el delito de traición a la patria, por los graves daños que sus actuaciones le causaron a la nación.
De su parte, el presidente Nicolás Maduro ofreció este miércoles las primeras declaraciones sobre el caso, una vez se hicieron públicos los detalles e implicados específicos.
En una alocución televisada, Maduro informó que cerca de la mitad de los implicados en la trama Pdvsa-Cripto que están bajo custodia del Estado, decidieron acogerse a la delación –otorga beneficios procesales– y confesar los modos en los que ejecutaban sus fechorías.
El comunicador destacó que el mandatario aprovechó la coyuntura para increpar nuevamente a quienes, aprovechándose de su cargo y posición, se atrevieron a traicionar la confianza que les dio para atentar contra el patrimonio de la República, pues ello se tradujo en un perjuicio palpable contra el pueblo venezolano.
Previamente, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, reconoció que el pueblo llano está indignado por los recurrentes desfalcos a la nación y, en ese orden. adelantó que el Ejecutivo pretendía rematar los bienes obtenidos fraudulentamente para resarcir en alguna medida el daño causado.
La especie fue confirmada por Maduro, quien además exhortó al Ministerio Público y a los otros órganos de administración de justicia del país a localizar los recursos extraídos ilegalmente y reintegrarlos a las arcas del Estado, al tiempo que aseguró que el dinero se utilizará para financiar programas sociales.
Empero, el mandatario advirtió que lo hasta ahora incautado es solo una parte de todo cuanto fue sustraído de Pdvsa, pues lo más importante habría sido escondido para evitar que las autoridades lo recuperaran.
El inventario todavía no está completo. Maduro mencionó que tras las delaciones de una parte de los sindicados en el caso Pdvsa-Cripto, se conoció que los miembros de la red poseían mansiones en urbanizaciones de alto poder adquisitivo, donde habrían tenido lugar bacanales y orgías.
«Aquí no se trata solamente de que se robaran una plata: se robaron una plata, tenían una red de prostitución, compraron mansiones y allí hacían orgías y bacanales, está contando Nicolás Maduro», reiteró.
El mandatario no precisó quiénes habrían sido los organizadores de tales reuniones desenfrenadas, al tiempo que advirtió que todavía no se habían revelado todos los detalles de la trama, si bien prometió que la ciudadanía conocería las informaciones cuando concluyera la primera fase de la investigación.
¿Está en marcha una conspiración para destruir al Estado?
En un segundo momento de la transmisión, Miguel Ángel Pérez Pirela apuntó a una pregunta más estructural: «¿Está en marcha una conspiración para destruir al Estado?».
Para ello se remitió a importantes hallazgos conocidos desde la semana previa relativas a la Operación Especial Anticorrupción: la existencia de redes de corrupción en el Poder Judicial y en la alcaldía del municipio Santos Michelena del estado Aragua (centro-norte) que actuaban en beneficio de grupos criminales organizados.
«Lo que a mí me han dicho del sistema judicial, del Poder Judicial, del Palacio de Justicia aquí en Caracas, es de armas tomar», comentó, antes de mencionar que por el caso fueron imputados los jueces Cristóbal Cornieles Perret (expresidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas), José Mascimino Márquez García (juez 4º de Control con competencia en casos de terrorismo) y Yorwis Bracho Gómez (juez en el estado Falcón).
A este respecto detalló que Cornieles y Márquez están sindicados de haber recibido sobornos a cambio de otorgarle beneficios procesales improcedentes al traficante de armas Oswaldo Cheremos, alias «El Pelón Cheremos», uno de los cabecillas de la banda criminal Tren del Llano, mientras que Bracho acordó la entrega de unos vehículos que estaban bajo custodia del Ministerio Público a cambio de dinero.
A lo anterior sumó que en un caso relacionado, días atrás también se informó de la detención de Pedro Hernández, burgomaestre de la población Las Tejerías, por sus vínculos con la organización criminal fundada por Carlos Enrique Gómez, alias «El Conejo», quien fue dado de baja el pasado viernes en un enfrentamiento con las autoridades.
El especialista indicó que la trama Pdvsa-Cripto y estos hechos, hacen que algunos personeros cercanos al gobierno consideren que está en marcha una «gran conspiración con varias ramificaciones» para destruir al Estado desde sus cimientos.
Así lo reveló el periodista Eligio Rojas, ancla del programa Tubazos y experto en temas policiales y judiciales, en una reciente conversación que sostuviera con su colega Clodovaldo Hernández a propósito de la lucha anticorrupción desplegada por las autoridades venezolanas.
La estrategia, refirió Rojas, buscaría el aprovechamiento y la exacerbación de cualquier dificultad institucional, de cualquier acto de corrupción, para vender internacionalmente la idea de que en Venezuela no hay Estado de Derecho, porque es el crimen quien controla sus estructuras.
Bajo este enfoque, los interesados en posicionar este punto de vista apelarían a las megabandas delincuenciales como vanguardia para crear el caos, una situación que no es del todo novedosa en el país.
A lo expresado por el periodista añadió que, como se recordará, los días previos a la Operación Gedeón (mayo de 2020) y cuando regían los más duros confinamientos por causa de la pandemia, la banda «El Wilexis» mantuvo en zozobra a las comunidades de Petare y obligó a un intenso despliegue policial-militar para frenar los ataques del grupo armado.
Un año más tarde, las autoridades revelaron un plan de caotización de la capital encabezado por dirigentes del partido ultraderechista Voluntad Popular –Leopoldo López, Freddy Guevara, Gilbert Caro y Emilio Graterón–, en contubernio con el grupo delictivo liderado por Carlos Luis Revette, alias «El Koki», que operaba en el suroeste de Caracas.
En todo caso, para Eligio Rojas resulta fundamental no omitir en el análisis que para asentarse en el territorio sin temor a ser capturados o enfrentados directamente, los grupos delincuenciales requieren del concurso de las autoridades locales, que fue justo lo que pasó en Las Tejerías con alias «El Conejo».
Según relatara en su intercambio con Clodovaldo Hernández, en una visita al sector tras la tragedia ocasionada por las fuertes lluvias a finales de 2022, el presidente Nicolás Maduro percibió que algo no estaba bien dentro de la gestión del alcalde Pedro Hernández y alertó a los organismos competentes.
Un caso semejante se estaría produciendo en el municipio José Tadeo Monagas del estado Guárico, donde la organización delictiva Tren del Llano tiene su base de operaciones. Aparentemente, el alcalde de Altagracia de Orituco estaría siendo presionado por la megabanda por incumplir acuerdos previos con los cabecillas, que han logrado eludir el cerco policial-militar, a pesar de que el Estado ha destinado tiempo y recursos para desmantelar la referida estructura criminal.
A todas estas inquietantes informaciones, Rojas añadió que, según sus fuentes –un grupo de parlamentarios del partido de gobierno–, las sucesivas tramas de corrupción reveladas en la industria petrolera, incluyendo la más reciente, son en realidad otra de las patas de la conspiración, solo que en este caso, el objetivo es destruir la economía del país.
Pérez Pirela subrayó que, de nuevo, no se trata de interpretaciones basadas en fantasías y en especulaciones, sino en hechos comprobados, pues en 2018, William Brownfield, quien sirvió como embajador de Washington en Caracas durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, apuntalaba en público la necesidad de golpear duramente a Pdvsa.
El diplomático estadounidense admitó sin rubores que con ello se aceleraría la crisis económica y se crearían las condiciones para el caos social, un escenario que no se ha concretado, pero no por falta de esfuerzos de la Casa Blanca, sino por la enorme capacidad de resilencia del pueblo venezolano.
En este marco, explicó, la «desaparición» de 3.000 millones de dólares procedentes de la venta de crudo a través de un esquema fraudulento con criptomonedas en el último trimestre del pasado año y la consecuente privación de ingresos al Estado, tendría como propósito allanar el terreno para el caos social, ante la imposibilidad del gobierno de cumplir con las necesidades de la población.
La tercera y última pata de este plan de destrucción programada del Estado venezolano descrita por Eligio Rojas, apunta hacia el posicionamiento del país como un espacio seguro para los cárteles de la droga. De acuerdo con esta interpretación, esta parte de la operación estaría a cargo de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), una agencia que fue expulsada del país durante el gobierno del presidente Hugo Chávez y que estaría pretendiendo regresar a partir de la publicación de informes falsos.
Como en los casos anteriores, abundó, la conspiración no podría materializarse sin el concurso de agentes internos, es decir, de funcionarios que, sabiéndolo o no, contribuyen con sus acciones a fortalecer la tesis de la ausencia de Estado de derecho en el país.
Pérez Pirela insistió en que lo aquí expuesto constituye una hipótesis, una interpretación posible, tras la profusión de tramas de corrupción en la industria petrolera y otros importantes estamentos del Estado venezolano, que a pesar de no haber sido corroborada plenamente, sí cuenta con respaldos incontrovertibles.
Recordó asimismo que la semana pasada advirtió que aunque es necesario sancionar con todo el peso de la ley a los responsables de acciones lesivas contra el erario y, por extensión, contra la nación, la estrategia se ha mostrado insuficiente para contener la proliferación casos de corrupción y la consecuente pérdida de recursos públicos en un contexto de ingresos mermados por las sanciones y el bloqueo financiero.
Con esto pretendemos escapar de interpretaciones simplistas, que según de quien provengan, suelen endilgarle los hechos a la mala fe de los perpetradores –componente indispensable, pero no suficiente–, al sistema capitalista, al gobierno nacional o a la oposición extremista.
A su parecer, de resultar cierto que está en marcha esa gran conspiración para implosionar el Estado venezolano desde sus cimientos bajo la dirección de agentes extranjeros, eso explicaría por qué pese a todo el esfuerzo puesto por el Gobierno Bolivariano para combatir la delincuencia organizada en todas sus modalidades, las numerosas acciones no ha rendido los frutos deseados.
¿Qué dice el caso de Johanna Torres sobre la corrupción en Venezuela?
Tras estas reflexiones, Pérez Pirela volvió sobre los detalles de la trama Pdvsa-Cripto, pues más de una decena de «empresarios» están sindicados de haber participado en el lavado del dinero obtenido a partir de las acciones dolosas contra el patrimonio nacional.
Según declarara el fiscal Tarek William Saab, se trata de los ciudadanos:
-Manuel Meneses, operador financiero y asesor del jefe de la estructura.
-Rogers Martínez, coordinador general de las operaciones financieras y enlace entre los funcionarios públicos y empresarios asociados.
-Rafael Perdomo y Roger Perdomo, hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros nacionales para legitimar los capitales.
-Daniel Prieto, empresario asociado y operador financiero a nivel nacional e internacional.
La lista la completan Kristhonfer Barrios, Johanna Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Fernando Bermúdez y Leonardo Torres.
De todos estos nombres, el analista puntualizó que el que ha acaparado mayor atención es el de Johanna Torres, porque, tras el escándalo comenzaron a circular videos que dan cuenta del estilo de vida ostentoso que llevaba y exhibía sin recato en las redes sociales, aunque era a todas luces injustificable a partir de su historial familiar o su trayectoria profesional.
En su cuenta de Instagram, Torres colgó una serie de clips grabados en un apartamento o suite –no se ha precisado el sitio– de Dubái con vistas al rascacielos Burj Khalifa, reconocido por ser el más alto del mundo y por ofrecer servicios que solo pueden costear millonarios.
Incluso, la hoy imputada por legitimación de capitales y asociación para delinquir en el caso Pdvsa-Cripto mostró, a quien quisiera verlo, una maleta llena con chapas de oro, presumiblemente adquiridas con dineros del Estado venezolano.
«¿Cuántas y cuántos más habrán?», se preguntó el presentador, en claro tono de reproche al grotesco audiovisual, porque, lamentablemente, ella no es la única que hace estas cosas.
Su historial criminal no termina aquí. Antes de que se hiciera pública la última trama de corrupción en Pdvsa, la «empresaria» ya estaba en la mira de las autoridades y la opinión pública por un caso de estafa y legitimación de capitales que también salpicaba a la petrolera venezolana, como muestra una investigación publicada por el portal de datos abiertos La Tabla el 31 de marzo de 2021.
Sobre esto relató que en marzo de 2021, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) capturó a Valmore Guevara, un empresario asentado en Lechería (Anzoátegui) al que se imputó por presuntamente lavar dinero a través del restaurante El Patio VIP.
Las pesquisas de La Tabla revelaron que Johanna Torres, perfilada entonces como «una socialité en ascenso», era la compañera sentimental de Valmore Guevara y se le acusó de utilizar el salón de fiestas del Hotel VIP de Altamira (Caracas) como una fachada para cubrir negocios irregulares.
En el trabajo periodístico se lee que «la conexión de Johana Lisseth Torres Ojeda y Valmore Jesús Guevara Rivas está documentada desde 2010. Él fue uno de sus abogados (tenía cinco) en un caso en Portuguesa relacionado con un inmueble que le vendió la empresa Pedagro, señalada de no tener cualidad para tal fin».
A inicios de 2021, Torres figuraba como imagen del restaurante El Patio VIP y también se había convertido en una cara conocida para los caraqueños, gracias a que su fotografía apareció en una valla publicitaria emplazada en un punto estratégico de la principal autopista de la capital venezolana en la que se le atribuía el título de «la reina de las frutas».
«Todo esto es delirante. Cuesta mucho hacer este tipo de programas», comentó.
Por este caso, Johanna Torres fue imputada en ausencia por legitimación de capitales y asociación para delinquir –los mismos delitos por los que la sindicaron en la trama Pdvsa-Cripto–, en razón de su presunta participación en una estructura delincuencial de gran calado.
En aquel momento se aseguró que Torres obtuvo contratos con Pdvsa sin que mediaran las licitaciones previstas en la ley por sus nexos con una red de corrupción, de la que hacían parte funcionarios, testaferros, intermediarios, lobistas y hasta «damas de compañía».
La Tabla cerró su informe señalando que las operaciones de blanqueo de capitales le permitieron a la pareja Guevara-Torres comprar varias mansiones en Venezuela y en los Estados Unidos, un avión, una flota de camionetas, varios yates y motocicletas de alta cilindrada, así como el restaurante El Patio VIP.
En un burdo intento por despistar a las autoridades, una tía de Torres aparecía como propietaria del avión, mientras que el establecimiento de comida estaba a nombre de una trabajadora doméstica.
Pérez Pirela subrayó hasta el momento –y a pesar de las evidentes similitudes con la trama Pdvsa-Cripto–, el Ministerio Público no ha explicado por qué Johanna Torres permanecía en libertad, cuando sobre ella pesaba una orden de captura desde marzo de 2021.
En ningún caso puede alegarse que esta «empresaria» operaba en las sombras, pues ha quedado suficientemente claro que no hacía ningún esfuerzo por ocultar la vida que llevaba gracias al expolio de las riquezas nacionales y en sus publicaciones en las redes sociales, accesibles para cualquiera, a menudo indicaba su ubicación.
Por lo antes dicho, el comunicador no sorprende que tras la difusión masiva de los audiovisuales que la ahora caída en desgracia grabó en Dubái, se desatara una ola de indignación entre la gente común, sobre quien ha recaído la mayor carga de los efectos de la crisis económica que atraviesa al país desde hace varios años.
«Es difícil, muy difícil, porque mientras esta mujer tenía una maleta de oro en Dubái, están los maestros en las calles, la situación en los hospitales es cuando menos precaria y miles de personas esperan para ser operadas», enfatizó.
Refirió en exclusiva que el más reciente sondeo de la firma Hinterlaces sobre la percepción de la corrupción en el país, levantado entre el 22 y el 27 de marzo de 2023, recoge este sentimiento de rabia y frustración.
El estudio, que tuvo alcance nacional, contempló 700 entrevistas directas en hogares a venezolanos mayores de 18 años inscritos en el Registro Electoral Permanente, de los cuales el 15 % pertenece a los estratos A, B y C (mayor poder adquisitivo) y el 85 % restante a los estratos D y E (ingresos bajos).
Ante la pregunta: «¿En qué medida considera que la corrupción agrava la crisis económica del país?», casi 9 de cada 10 entrevistados aseguró que la agrava mucho y una respuesta casi igual de contundente se produjo cuando se les consultó si respaldarían que se enjuiciara por corrupción a los dirigentes políticos que han solicitado ante gobiernos extranjeros que se impongan bloqueos y sanciones contra el país.
A juicio del comunicador la conclusión evidente de este trabajo realizado por la firma Hinterlaces en pleno desarrollo de la Operación Especial contra la Corrupción, es que la ciudadanía está consciente de que toda merma a las arcas públicas afecta significativamente sus vidas, con independencia de quién la perpetre.
No se trata, por tanto, de un asunto mediado por las simpatías partidistas sino que se lee en la clave que impone la crisis: mientras menos dinero ingrese al Estado, menos capacidad tendrá el gobierno de atender necesidades urgentes, incluyendo el aumento salarial, una demanda que ha crecido significativamente en los últimos meses.
De otro lado, en su opinión, el hecho de que se califique como «corrupción» las solicitudes de bloqueos y sanciones realizadas por agentes de la oposición extremista, indica que la mayor parte de los venezolanos no solo no respalda este proceder sino que corresponsabiliza a estos agentes políticos de la crisis, al tiempo que admite que las medidas coercitivas unilaterales solo se traducen en perjuicios para la gente de a pie.
Estos hallazgos se corresponden con lo que le respondieran transeúntes del centro de Caracas a LaIguana.TV, cuando la periodista Mirelvis Gutiérrez los consultó sobre el tema.
En pocas palabras: piden cárcel para los corruptos, independientemente del color político, y le exigen al gobierno mayor celeridad en la detección de las irregularidades para que se frene la sangría de los recursos.
El papel de los medios en la denuncia de casos de corrupción
En otra arista de la percepción de los venezolanos sobre la lucha contra la corrupción, la mayoría (68 %) de los consultados por Hinterlaces afirmó que se siente algo informado, poco informado o nada informado sobre los más recientes hechos de corrupción descubiertos en la estatal Pdvsa.
Desde el punto de vista de Pérez Pirela, el dato resulta revelador porque, paradójicamente, el tema ha acaparado grandes titulares no solo en la prensa nacional, sino incluso en lo que podría llamarse «la gran prensa».
En este orden comentó que fuera de nuestras fronteras, medios y agencias como The New York Times, Reuters, The Associated Press, BBC, EFE, Deutshe Welle, France24, Semana, Al Mayadeen, El País o RT, publicaron al menos un informe sobre la Operación Especial Anticorrupción desplegada en Venezuela, con énfasis casi unánime en el apresamiento de funcionarios de alto nivel.
En muchos casos, relató, los reportes estuvieron acompañados de especulaciones y especies no confirmadas basadas en supuestas fuentes familiarizadas con la situación que luego se revelaron solo parcialmente ciertas, tras compararlas con la versión ofrecida por las autoridades.
Además, en contraste con lo que ha sucedido con otros casos de alto perfil, sean o no de corrupción, el Ministerio Público tardó ocho días en divulgar todos los nombres de los detenidos y en aportar los primeros detalles de la trama, alegando que todavía la investigación está en curso.
El comunicador apuntó que no tiene ningún indicio que nos haga dudar de este argumento, pero es claro que la demora en la presentación de la versión oficial y la proliferación de versiones particulares y sensacionalistas sobre la trama Pdvsa-Cripto, no tuvo un efecto positivo en la opinión pública.
En líneas generales, aunque es casi imposible asumir que la mayoría de las personas no escuchó hablar del tema, resulta que obvio la información que recibieron no les resultó satisfactoria, bien por imprecisa, bien por inverificable o por una mezcla de las dos situaciones.
Así las cosas, estimó que no puede olvidarse que el otro jugador en este tablero es el grupo conformado por medios, periodistas, analistas políticos, influenciadores de opinión y afines, cuya actuación también puede ser escrutada a propósito de este y otros casos de corrupción de alto perfil.
Como advirtieran en una reciente conversación los periodistas Eligio Rojas y Clodovaldo Hernández, en algunos comunicadores se ha instalado una suerte de ceguera que opta por no mirar lo que tiene al frente y prefiere esperar a que las autoridades se pronuncien antes de hacer pública una denuncia, por muy relevante que esta pueda ser.
«El caso de Cheremos que terminó con la detención de dos jueces fue denunciado aquí en LaIguana, el caso de las constructoras que estaban desalojando gente en Las Mercedes, también. No esperemos, demos un paso adelante», añadió.
El analista aclaró que con esto, Rojas y Hernández no pretendían decir que todo cuanto denuncie un periodista debe ser asumido como verdadero, sino que debe prestarse atención no solo a quién lo dice, sino a lo que se dice y en qué se basa para decirlo, porque no es raro que en medio de inexactitudes, rumores y hasta mentiras, se cuele algún dato de interés e incluso verificable sin demasiado esfuerzo.
Para precisar el alcance de estas reflexiones, resultan apropiados los tristemente numerosos casos de exfuncionarios imputados por corrupción, que antes de ser aprehendidos, visibilizaban su vida llena de lujos en las redes sociales. Son datos públicos que podrían servir de base para alertar a las autoridades sobre presuntos actos dolosos dentro y fuera de las instituciones públicas.
En su opinión, se entiende que medios y periodistas tienen una responsabilidad menor que las instituciones contraloras, pero menor no quiere decir inexistente. Acaso la prensa independiente –no a aquella financiada por gobiernos extranjeros o grandes conglomerados– tendría que destinar más recursos para documentar tempranamente el comportamiento ostentoso de funcionarios y empresarios sin una trayectoria que respalde tales riquezas.
Para finalizar, apuntó que esto último resulta fundamental, si no queremos que se siga repitiendo lo que ya conocemos de memoria: los esquemas corruptos solo salen a la luz tras haber conseguido apropiarse irregularmente del tesoro nacional, al tiempo muchos de los principales responsables logran burlar a la justicia antes de ser imputados e incluso son protegidos por gobiernos del norte global.
(LaIguana.TV)
