Cobra fuerza la idea de que la proliferación de hechos de corrupción en la industria petrolera y, sobre todo, en el Poder Judicial, son parte de una gran conspiración para hacer explotar, desde adentro, al Estado venezolano, expuso Miguel Ángel Pérez Pirela en la continuación de su análisis sobre la noticia más destacada de las últimas semanas en el país.

En esta parte del programa Desde Donde Sea, el moderador se apoyó en las informaciones e interpretaciones del periodista Eligio Rojas, ancla del programa Tubazos y experto en temas policiales y judiciales. Sus revelaciones y reflexiones a propósito de la lucha anticorrupción desplegada por las autoridades venezolanas las ha hecho en ese espacio y en una reciente conversación que sostuviera con su colega Clodovaldo Hernández, del programa Cara a Cara, ambos parte de la oferta de contenidos de LaIguanaTV.

“Siento un gran orgullo de que estos dos grandes periodistas estén en el equipo de LaIguna.TV, y recomiendo ver su conversación porque fue una clase de deontología de la comunicación”, dijo Pérez Pirela, director del portal.

La corrupción judicial

Editorializó con el Iguanazo, de Iván Lira, en el que la famosa representación de la justicia aparece con la venda cubriendo uno solo de sus ojos y un fajo de dinero en uno de los platillos de la balanza. La leyenda de esta caricatura dice: “La justicia es ciega, pero la corrupción judicial ve clarito”.

Recordó que la Operación Especial Anticorrupción, inicialmente centrada en Petróleos de Venezuela, arrojó otro importante hallazgo: la existencia de redes de corrupción en el Poder Judicial y en la alcaldía del municipio Santos Michelena del estado Aragua (centro-norte) que actuaban en beneficio de grupos criminales organizados.

“Lo que me han dicho del Poder Judicial, de lo que ocurre a diario en el Palacio de Justicia de Caracas, es de armas tomar”, comentó.

En la primera oleada de detenciones fueron imputados los jueces Cristóbal Cornieles Perret (expresidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas), José Mascimino Márquez García (juez 4º de Control con competencia en casos de terrorismo) y Yorwis Bracho Gómez (juez en el estado Falcón).

Cornieles y Márquez están sindicados de haber recibido sobornos a cambio de otorgarle beneficios procesales improcedentes al traficante de armas Oswaldo Cheremos, alias «el Pelón Cheremos», uno de los cabecillas de la banda criminal Tren del Llano, mientras que Bracho acordó la entrega de unos vehículos que estaban bajo custodia del Ministerio Público a cambio de dinero.

En un caso relacionado, días atrás también se informó de la detención de Pedro Hernández, burgomaestre de la población Las Tejerías, por sus vínculos con la organización criminal fundada por Carlos Enrique Gómez, alias «el Conejo», quien fue dado de baja el pasado viernes en un enfrentamiento con las autoridades.

La hipótesis de la conspiración

La trama Pdvsa-Cripto y estos hechos, hacen que algunos personeros cercanos al gobierno consideren que está en marcha una «gran conspiración con varias ramificaciones» para destruir al Estado desde sus cimientos.

El periodista Eligio Rojas explicó que la estrategia buscaría el aprovechamiento y la exacerbación de cualquier dificultad institucional, cualquier acto de corrupción, para vender internacionalmente la idea de que en Venezuela no hay Estado de Derecho, porque es el crimen quien controla sus estructuras.

Bajo este enfoque, los interesados en posicionar este punto de vista apelarían a las megabandas delincuenciales como vanguardia para crear el caos, una situación que no es del todo novedosa en el país.

A lo expresado por el periodista añadimos que, como se recordará, los días previos a la Operación Gedeón (mayo de 2020) y cuando regían los más duros confinamientos por causa de la pandemia, la banda de «el Wilexis» mantuvo en zozobra a las comunidades de Petare y obligó a un intenso despliegue policial-militar para frenar los ataques del grupo armado.

Un año más tarde, las autoridades revelaron un plan de caotización de la capital encabezado por dirigentes del partido ultraderechista Voluntad Popular –Leopoldo López, Freddy Guevara, Gilbert Caro y Emilio Graterón–, en contubernio con el grupo delictivo liderado por Carlos Luis Revette, alias «el Koki», que operaba en el suroeste de Caracas.

En todo caso, para Eligio Rojas resulta fundamental no omitir en el análisis que para asentarse en el territorio sin temor a ser capturados o enfrentados directamente, los grupos delincuenciales requieren del concurso de las autoridades locales, que fue justo lo que pasó en Las Tejerías con alias «el Conejo».

Según relatara en su intercambio con Clodovaldo Hernández, en una visita al sector tras la tragedia ocasionada por las fuertes lluvias a finales de 2022, el presidente Nicolás Maduro percibió que algo no estaba bien dentro de la gestión del alcalde Pedro Hernández y alertó a los organismos competentes.

Un caso semejante se estaría produciendo en el municipio José Tadeo Monagas del estado Guárico, donde la organización delictiva Tren del Llano tiene su base de operaciones.

Aparentemente, el alcalde de Altagracia de Orituco estaría siendo presionado por la megabanda por incumplir acuerdos previos con los cabecillas, que han logrado eludir el cerco policial-militar, a pesar de que el Estado ha destinado tiempo y recursos para desmantelar la estructura criminal.

A todas estas inquietantes informaciones, Rojas añadió que, según sus fuentes –un grupo de parlamentarios del partido de gobierno–, las sucesivas tramas de corrupción reveladas en la industria petrolera, incluyendo la más reciente, son en realidad otra de las patas de la conspiración, solo que en este caso, el objetivo es destruir la economía del país.

“De nuevo, no se trata de interpretaciones basadas en fantasías y en especulaciones, sino en hechos comprobados –enfatizó Pérez Pirela-. En 2018, William Brownfield, quien sirvió como embajador de Washington en Caracas durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, apuntalaba en público la necesidad de golpear duramente a Pdvsa”.

El diplomático estadounidense admitió sin rubores que con ello se aceleraría la crisis económica y se crearían las condiciones para el caos social, un escenario que no se ha concretado, pero no por falta de esfuerzos de la Casa Blanca, sino por la enorme capacidad de resiliencia del pueblo venezolano.

En este marco, la «desaparición» de 3.000 millones de dólares procedentes de la venta de crudo a través de un esquema fraudulento con criptomonedas en el último trimestre del pasado año y la consecuente privación de ingresos al Estado, tendría como propósito allanar el terreno para el caos social, ante la imposibilidad del gobierno para cumplir con las necesidades de la población.

La DEA busca retornar

La tercera y última pata de este plan de destrucción programada del Estado venezolano descrita por Eligio Rojas, también apunta hacia el posicionamiento del país como un espacio seguro para los cárteles de la droga.

Esta parte de la operación estaría a cargo de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), una agencia que fue expulsada del país durante el gobierno del presidente Hugo Chávez y que estaría pretendiendo regresar a partir de la publicación de informes falsos.

Como en los casos anteriores, la conspiración no podría materializarse sin el concurso de agentes internos, es decir, de funcionarios que, sabiéndolo o no, contribuyen con sus acciones a fortalecer la tesis de la ausencia de Estado de derecho en el país.

Una hipótesis digna de ser estudiada

Lo aquí expuesto constituye una hipótesis, una interpretación posible, tras la profusión de tramas de corrupción en la industria petrolera y otros importantes estamentos del Estado venezolano, que a pesar de no haber sido corroborada plenamente, sí cuenta con respaldos incontrovertibles.

“La semana pasada advertíamos que aunque es necesario sancionar con todo el peso de la ley a los responsables de acciones lesivas contra el erario y, por extensión, contra la nación, la estrategia se ha mostrado insuficiente para contener la proliferación casos de corrupción y la consecuente pérdida de recursos públicos en un contexto de ingresos mermados por las sanciones y el bloqueo financiero”, sostuvo el moderador.

“Con esto pretendemos escapar de interpretaciones simplistas, que según de quien provengan, suelen endilgarle los hechos a la mala fe de los perpetradores, un componente indispensable, pero no suficiente, al sistema capitalista, al gobierno nacional o a la oposición extremista –subrayó-.  De resultar cierto que está en marcha esa gran conspiración para implosionar el Estado venezolano desde sus cimientos bajo la dirección de agentes extranjeros, eso explicaría por qué pese a todo el esfuerzo puesto por el Gobierno Bolivariano para combatir la delincuencia organizada en todas sus modalidades, las numerosas acciones no ha rendido los frutos deseados”.

(LaIguana.TV)