El caso de Johanna Torres, una de las «empresarias» detenidas recientemente habla acerca de la magnitud de la corrupción en Venezuela y de la impunidad de la que habían gozado muchos de los implicados y de cómo ostentaban sus riquezas mal habidas.

Este es uno de los aspectos tratados en el programa Desde Donde Sea, que modera el filósofo y comunicador político Miguel Ángel Pérez Pirela, en una emisión dedicada por entero a la operación anticorrupción emprendida por las autoridades venezolanas.

La opinión gráfica de Iván Lira al respecto quedó plasmada en su Iguanazo, en el que una mujer del pueblo le dice a un sujeto obeso y encorbatado: «Los honestos somos más», y este le contesta: «Pero los corruptos somos noticiosos».

Los hechos

Como ya había adelantado el titular del Ministerio Público, más de una decena de “empresarios” están sindicados de haber participado en el lavado del dinero obtenido a partir de las acciones dolosas contra el patrimonio nacional, cometidas en el marco de la trama que se ha denominado como Pdvsa-Cripto.

LaIguana.TV, en un titular, se preguntó: «¿Quiénes son los empresarios detenidos por sus vínculos en la trama de Sunacrip?«.

La respuesta estuvo en el cuerpo de la noticia, en el que se indica que de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público el pasado sábado 25 de marzo, once empresarios habrían participado del más reciente desfalco a Pdvsa, que en esta ocasión se consumó con la participación activa de a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).

Según declarara el fiscal Tarek William Saab, se trata de los siguientes ciudadanos:

  • Manuel Meneses, operador financiero y asesor del jefe de la estructura.
  • Rogers Martínez, coordinador general de las operaciones financieras y enlace entre los funcionarios públicos y empresarios asociados.
  • Rafael Perdomo y Roger Perdomo, hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros nacionales para legitimar los capitales.
  • Daniel Prieto, empresario asociado y operador financiero a nivel nacional e internacional.
  • Kristhonfer Barrios, Johanna Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Fernando Bermúdez y Leonardo Torres.

De todos estos nombres, el que ha acaparado mayor atención es el de Johanna Torres, porque, tras el escándalo, comenzaron a circular videos que dan cuenta del estilo de vida ostentoso que llevaba y exhibía sin recato en las redes sociales, aunque era a todas luces injustificable a partir de su historial familiar o su trayectoria profesional.

En su cuenta de Instagram, Torres colgó una serie de clips grabados en un apartamento o suite –no se ha precisado el sitio– de Dubái con vistas al rascacielos Burj Khalifa, reconocido por ser el más alto del mundo y por ofrecer servicios que solo pueden costear los grandes millonarios.

Incluso, la hoy imputada por legitimación de capitales y asociación para delinquir en el caso Pdvsa-Cripto mostró, a quien quisiera verlo, una maleta llena con chapas de oro, presumiblemente adquiridas con dineros del Estado venezolano.

Pérez Pirela presentó el video en el que, según advirtió a las usuarias y usuarias, «esta señora, sencillamente, defeca en la cara de todos los venezolanos».

Su historial criminal no comienza en este punto. Antes de que se hiciera pública la última trama de corrupción en Pdvsa, la «empresaria» ya estaba en la mira de las autoridades y la opinión pública por un caso de estafa y legitimación de capitales que también salpicaba a la petrolera venezolana, como muestra una investigación publicada por el portal de datos abiertos La Tabla el 31 de marzo de 2021.

La nota de LaIguana.TV al respecto se tituló: «¿Quién es Johana Torres, la mujer presentada en audiencia por trama PDVSA-Cripto?«.

En el texto de la noticia se especifica que en marzo de 2021, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) capturó a Valmore Guevara, un empresario asentado en Lechería (Anzoátegui) al que se imputó por presuntamente lavar dinero a través del restaurante El Patio VIP.

Las pesquisas de La Tabla revelaron que Johanna Torres, perfilada entonces como «una socialité en ascenso», era la compañera sentimental de Valmore Guevara y se le acusó de utilizar el salón de fiestas del Hotel VIP de Altamira (Caracas) como una fachada para cubrir negocios irregulares.

En el trabajo periodístico se lee que «la conexión de Johana Lisseth Torres Ojeda y Valmore Jesús Guevara Rivas está documentada desde 2010. Él fue uno de sus abogados (tenía cinco) en un caso en Portuguesa relacionado con un inmueble que le vendió la empresa Pedagro, señalada de no tener cualidad para tal fin».

A inicios de 2021, Torres figuraba como imagen del restaurante El Patio VIP y también se había convertido en una cara conocida para los caraqueños, gracias a que su fotografía apareció en una valla publicitaria emplazada en un punto estratégico de la principal autopista de la capital venezolana en la que se le atribuía el título de «Reina de las frutas».

Por este caso, Johanna Torres fue imputada en ausencia por legitimación de capitales y asociación para delinquir –los mismos delitos por los que la sindicaron en la trama Pdvsa-Cripto–, en razón de su presunta participación en una estructura delincuencial de gran calado.

En aquel momento se aseguró que Torres obtuvo contratos con Pdvsa sin que mediaran las licitaciones previstas en la ley por sus nexos con una red de corrupción, de la que hacían parte funcionarios, testaferros, intermediarios, lobistas y hasta «damas de compañía».

La Tabla cerró su informe señalando que las operaciones de blanqueo de capitales le permitieron a la pareja Guevara-Torres comprar varias mansiones en Venezuela y en los Estados Unidos, un avión, una flota de camionetas, varios yates y motocicletas de alta cilindrada y el restaurante El Patio VIP.

En un burdo intento por despistar a las autoridades, una tía de Torres aparecía como propietaria del avión, mientras que el establecimiento de comida estaba a nombre de una trabajadora doméstica.

Hasta el momento –y a pesar de las evidentes similitudes con la trama Pdvsa-Cripto–, el Ministerio Público no ha explicado por qué Johanna Torres permanecía en libertad, cuando sobre ella pesaba una orden de captura desde marzo de 2021.

En ningún caso puede alegarse que esta «empresaria» operaba en las sombras, pues ha quedado suficientemente claro que no hacía ningún esfuerzo por ocultar la vida que llevaba gracias al expolio de las riquezas nacionales y en sus publicaciones en las redes sociales, accesibles para cualquiera, a menudo indicaba su ubicación.

Por lo antes dicho, no sorprende que tras la difusión masiva de los audiovisuales que la ahora caída en desgracia grabó en Dubái, se desatara una ola de indignación entre la gente común, sobre la que ha recaído la mayor carga de los efectos de la crisis económica que atraviesa al país desde hace varios años.

La opinión pública sobre la corrupción

Refirió Pérez Pirela que recibió el resultado de la más reciente encuesta de la empresa Hinterlaces, de manos de su director, Óscar Schemel. «Se le preguntó a la gente sobre la corrupción y la respuesta fueron sentimientos de rabia, frustración e indignación –enfatizó–. El pueblo está arrecho».

Ese reciente sondeo de la firma especializada sobre la percepción de la corrupción en el país, fue levantado entre el 22 y el 27 de marzo de 2023. El estudio, que tuvo alcance nacional, contempló 700 entrevistas directas en hogares a venezolanos mayores de 18 años inscritos en el Registro Electoral Permanente, de los cuales el 15 % pertenece a los estratos A, B y C (mayor poder adquisitivo) y el 85 % restante a los estratos D y E (ingresos bajos).

Ante la pregunta: «¿En qué medida considera que la corrupción agrava la crisis económica del país?», casi 9 de cada 10 entrevistados aseguró que la agrava mucho.

«Es lógico, porque la cosa está muy dura y si, además de las dificultades que tenemos, se van a robar los cobres, el resultado es mucho peor», comentó el moderador de Desde Donde Sea.

Una respuesta casi igual de contundente se produjo cuando se les consultó si respaldarían que se enjuiciara por corrupción a los dirigentes políticos que han solicitado ante gobiernos extranjeros que se impongan bloqueos y sanciones contra el país.

«El 82 % considera que sí deben ser juzgados… Entonces, ¿qué se está esperando?», se preguntó Pérez Pirela.

La conclusión evidente de este trabajo realizado por la firma Hinterlaces en pleno desarrollo de la Operación Especial contra la Corrupción, es que la ciudadanía está consciente de que toda merma a las arcas públicas afecta significativamente sus vidas, con independencia de quién la perpetre.

«No se trata, por tanto, de un asunto mediado por las simpatías partidistas sino que se lee en la clave que impone la crisis: mientras menos dinero ingrese al Estado, menos capacidad tendrá el gobierno de atender necesidades urgentes, incluyendo el aumento salarial, una demanda que ha crecido significativamente en los últimos meses», puntualizó.

«De otro lado, el hecho de que se califique como ‘corrupción’ las solicitudes de bloqueos y sanciones realizadas por agentes de la oposición extremista, indica que la mayor parte de los venezolanos no solo no respalda este proceder sino que corresponsabiliza a estos agentes políticos de la crisis, al tiempo que admite que las medidas coercitivas unilaterales solo se traducen en perjuicios para la gente de a pie”, remató Pérez Pirela.

Finalizó esta reflexión mostrando una encuesta periodística realizada para la sección En la Pista, por la periodista Mirelvis Gutiérrez, en las calles de Caracas. Las respuestas de los consultados coinciden con la captada por el sondeo de Hinterlaces.

José Belisario expresó que lo que ha comenzado a revelarse da tristeza por las humillaciones y faltas de respeto que ha sufrido el pueblo todo. «La corrupción viene de la Cuarta República, pero aquellos corruptos se quedaron en pañales porque hoy en día esto se multiplicó al mil uno por ciento. El pueblo está harto de la corrupción. Estos corruptos pertenecen a la corriente de Caín: no les importa robar, matar y asesinar, porque no solo asesina quien le mete un tiro a otro, sino también quitarles sus derechos humanos. Son unos delincuentes, tanto los corruptos del gobierno como los de la oposición. ¿Cuántas personas están esperando por una operación y no hay recursos porque se los robaron?», expresó el ciudadano consultado.

Por su parte, Liliana Loira, manifestó su deseo de que todos los que han cometido delitos contra el patrimonio público paguen como es debido. «En los anteriores gobiernos, los corruptos robaban y nadie iba preso. Ahora se está viendo algo distinto, aunque tarde. Debe seguir haciéndose eso porque el pueblo está pagando las consecuencias de esos robos», opinó.

Gerson Medina calificó de «tarea titánica» la lucha contra la corrupción. «Creo que pretenden recuperar ese dineral que se robaron esos irresponsables, pero va a ser muy difícil. A los culpables deberían ponerlos a bajar la bombonas en Carapita o Catia para que aprendan a ganarse el dinero trabajando –propuso–. Aquí se pueden hacer las cosas bien, pero con mística, con gente que quiera trabajar».

Richard Pérez, el cuarto encuestado, manifestó que la acción «fue buena, aunque un poco tardía porque era evidente el robo que estaba sufriendo la nación. Deberían ser castigados los apátridas y los traidores, es decir, los corruptos de ambos lados».

(LaIguana.TV)