Las licencias emitidas por Estados Unidos, que supuestamente protegen a Citgo de sus acreedores no son benévolas, sino que ratifican y pretenden legitimar el robo del que fue víctima el Estado venezolano, despojado ilícitamente de esta empresa petrolera, afirmó el filósofo y comunicador político Miguel Ángel Pérez Pirela, en su programa Desde Donde Sea.

Para comenzar el análisis de este aspecto del muy efervescente tema de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, presentó un titular de LaIguana.TV al respecto, en el que se expresa que «EEUU extiende licencia que ‘protege’ a Citgo de los acreedores».

La nota indica que desde Washington enviaron este miércoles una señal, que bajo la lógica estadounidense, podría interpretarse como un gesto de «buena voluntad», cuando el Departamento del Tesoro extendió la licencia que prohíbe entregar Citgo a manos de supuestos acreedores del Estado venezolano, como ya han dictaminado cortes federales estadounidenses.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta el próximo 20 de julio la licencia que prohíbe las transacciones con los bonos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) del año 2020, comunicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) este miércoles 19 de abril mediante la publicación de la denominada licencia número 5K.

De acuerdo con el documento, durante el periodo en que se mantenga la medida está prohibida «la venta, transferencia, cesión o pignoración como garantía por parte del gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la que el gobierno de Venezuela tiene una participación del 50 por ciento o más».

De esta manera, se impide que los tenedores de deuda de Pdvsa puedan liquidar los bonos y hacerse con el control de Citgo Petroleum (Citgo), filial de la estatal petrolera venezolana, para cobrar deudas demandadas por acreedores como ConocoPhillps y Crystallex.

Como se recordará, Citgo, compañía que constituía el principal activo de Venezuela en el extranjero, fue entregada durante el gobierno del entonces presidente Donald Trump a los pseudofuncionarios de una junta directiva nombrada por el exdiputado Juan Guaidó.

Lo anterior, sumado a las sanciones impuestas por la Casa Blanca contra Pdvsa, impidieron que en 2019 el Estado venezolano honrara sus compromisos con los tenedores de bonos, cuya emisión en 2016 empleó como garantía el 51 % de las acciones de Citgo.

En todo caso, sobre lo que sí parece haber consenso es que de a poco, Estados Unidos ha admitido el fracaso de su política de «máxima presión» para derrocar al presidente Nicolás Maduro y en, su lugar, ha avanzado hacia un muy gradual restablecimiento de las relaciones, que ha implicado el envío de delegaciones de alto nivel a Caracas, tras más de una década sin que tales intercambios tuvieran lugar.

Si bien la retórica de los micrófonos apenas ha disminuido, hay signos visibles de que Washington ha optado por una política de relajación de las restricciones muy controlada, en interés de no afectar la balanza electoral en Florida, un estado decisivo para los comicios presidenciales con alta presencia de latinoamericanos identificados con el anticomunismo, el antiprogresismo y la derecha más radical.

Los cara de tabla

Juan González, principal asesor de Biden en temas latinoamericanos y cabeza de la delegación que visitó Caracas en marzo de 2022, admitió en un foro organizado por EFE el pasado martes, que las sanciones contra Venezuela posiblemente serían «un tema a dialogar» en la bilateral que sostendrían el inquilino de la Casa Blanca y Gustavo Petro este jueves.

No obstante, el funcionario advirtió que la administración estadounidense no está dispuesta a aliviar ninguna sanción «a cambio de nada», sino que el Ejecutivo liderado por Maduro debe encargarse, por ejemplo, de implementar las «recomendaciones» de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que visitó el país en 2021.

Asimismo aprovechó la ocasión para calificar al gobierno de Venezuela como un «régimen autoritario» y para asegurar que el país atravesaba una «crisis humanitaria» antes de la imposición de las restricciones.

«¡Qué cara de tabla son estos gringos!», dijo Pérez Pirela.

A pesar de lo dicho por el vocero estadounidense, esta tesis de la «crisis humanitaria» previa a las sanciones ha sido refutada con suficientes pruebas no solo por el Estado venezolano, sino también por agencias de la ONU y expertos independientes como Alfred de Zayas, quien formó parte del Consejo de Derechos Humanos de esa organización.

«Nos ha llevado dos años desmantelar lo que en nuestro punto de vista fue una política fallida de la administración de [Donald] Trump para poder imponer presión a través de sanciones draconianas y en ausencia de una conversación internacional sobre cuáles son las expectativas para el país», dijo por su parte González.

Las declaraciones de este alto vocero de la administración Biden se mantienen dentro de la retórica amenazante propia de los Estados Unidos, aunque con el matiz de que se responsabiliza a Trump del estado actual de las cosas entre Washington y Caracas, al tiempo que se subraya que ya no persiguen «un cambio de régimen».

«Esto tendrían que demostrarlo, porque un bloqueo y la aplicación de sanciones tienen claramente ese objetivo de cambiar al gobierno para poner en su lugar uno que actúe según los intereses de Washington», comentó el conductor de Desde Donde Sea.

Luce improbable que cualquier funcionario estadounidense reconozca en público que su gobierno cometió un error y mucho menos que admita abiertamente sus injerencias en la política interna de terceros países, salvo que consideren que se trata de una pelea ganada. No es el caso de Venezuela y lo saben.

«Con Venezuela, esa política ha fracasado», puntualizó Pérez Pirela.

Por ello, sin demasiadas sorpresas, el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, John Kirby, dijo a los medios de comunicación la mañana de este jueves básicamente lo mismo que expresó González: Washington no aliviará ninguna sanción si el gobierno venezolano no accede a sus demandas.

Petro: más democracia

«Consideramos que el gobierno de Gustavo Petro, el tercero en la negociación, ha marcado una distancia firme con la retórica estadounidense, al abstenerse de etiquetar el modelo político de Venezuela y, en su lugar, decir que apuesta por ‘más democracia’, como dijo el propio mandatario en el inicio de su gira por Estados Unidos», continuó el moderador.

Sirven también a estos efectos las declaraciones que ofreciera sobre el tema el embajador colombiano en Caracas, Armando Benedetti, a un medio colombiano en una entrevista que concedió este 18 de abril: «Estados Unidos es el primero que reconoce que tiene que haber una democracia, porque si está hablando con el tema de las negociaciones y si está hablando de unas próximas elecciones con una garantía, es porque se cree que hay democracia y lo mismo pienso yo».

En pocas palabras, Colombia sostiene que, a pesar del «tono duro» estadounidense, las autoridades de ese país están conscientes de que en Venezuela hay una democracia que puede mejorar y sobre esa base están trabajando.

De ahí que, inteligentemente, Bogotá haya apelado a una fórmula que vale para todos los países, en lugar de acompañar la retórica estigmatizadora de la Casa Blanca, que puso a Venezuela como sinónimo de la antidemocracia en el mundo para justificar toda suerte de tropelías perpetradas por Washington y sus aliados, que además de sanciones, incluyen el impulso de un gobierno paralelo y el robo de activos.

Retorno a la OEA, sinónimo de golpe de Estado

Pérez Pirela expresó que de conformidad con el desalineamiento respecto al discurso de Estados Unidos, la voz de Gustavo Petro se escuchó con firmeza el pasado miércoles en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde reiteró la necesidad de reformar el organismo y de readmitir a Cuba y a Venezuela.

«La pregunta es si Cuba y Venezuela quieren volver a la OEA… Yo no lo creo», expresó el moderador.

Adicionalmente, Petro formuló comentarios críticos sobre la actuación del organismo frente a la destitución o derrocamiento de presidentes legítimamente electos, una práctica que empezó en 1973 con la dictadura de Augusto Pinochet, cuyo último capítulo lo constituye la vacancia contra Pedro Castillo en Perú.

Minutos antes de reunirse con Biden, Petro dijo a la agencia EFE que Venezuela desea reincorporarse al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

«Yo le he solicitado en una de mis reuniones [con Maduro] el reingreso de Venezuela en el sistema; ellos dijeron que sí», aseguró.

Aunque no se ha dicho explícitamente, el regreso de Venezuela a la OEA posiblemente constituya uno de los puntos de negociación, especialmente porque permitiría que la organización envíe su Misión de Observación Electoral –cuyo cuestionable historial hemos debatido en otras oportunidades–, como exige un ala de la oposición.

Pérez Pirela fue firme en su criterio al respecto: «Nosotros no queremos en Venezuela a la Misión Electoral de la OEA porque permitir que venga al país es permitir la posibilidad cierta de un golpe de Estado electoral, guiado por Estados Unidos, como el que se le dio a Evo Morales, quien ganó ampliamente las elecciones y fue derrocado, propiciando que una dictadorzuela llegara al poder a masacrar al pueblo. Eso ha pasado una, dos y muchas veces con la OEA», enfatizó.

Por las declaraciones hechas por altos funcionarios estadounidenses en las últimas jornadas, esbozó una conclusión: «a pesar de los esfuerzos de Petro, todavía no está sobre la mesa el anhelado levantamiento de las sanciones, pues Washington incluso amenaza con imponer más, si el gobierno de Venezuela no accede a sus peticiones, y porque el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales son el arma más poderosa que Estados Unidos quiere tener para entregársela a la oposición, de cara a las elecciones de 2024».

(LaIguana.TV)