Este lunes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) promulgó una licencia en la que autoriza a la fenecida Asamblea Nacional de 2015 a manejar Citgo Petroleum, filial de la estatal Pdvsa y otrora principal activo de Venezuela en el exterior.
En concreto, la Licencia General 42 autoriza a la IV Legislatura de la Asamblea Nacional (2016-2021), a «su comisión delegada», a «cualquier persona designada» o a «cualquier entidad creada por o bajo la dirección» de esa instancia, a tomar decisiones «en relación con cualquier deuda del gobierno de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), o cualquier entidad en la que Pdvsa sea propietaria, directa o indirectamente» del 50 % o más.
El documento prohíbe asimismo «cualquier transacción que involucre a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela convocada por Nicolás Maduro o la Asamblea Nacional que inició funciones el 5 de enero de 2021, incluidos sus respectivos miembros y personal».
Esta resolución, con la que se entrega el control de la compañía a instancias ajenas al Estado venezolano, responde a su vez a otra licencia, con la que la OFAC autorizó el cobro de supuestas deudas de acreedores con cargo a Citgo, tras comprobarse que el así llamado «gobierno interino» encabezado por Juan Guaidó y aupado por Washington, usó la refinadora como «caja chica», según se lee en el fallo judicial del juez Leonard Stark, adscrito a la Corte Federal de Delaware.
De acuerdo con un comunicado difundido por la agencia estadounidense este lunes, el gobierno de Joe Biden «no tomará medidas coercitivas contra ninguna persona» por tomar acciones para que los tenedores de bonos Pdvsa 2020 puedan «hacer cumplir sus derechos» a partir de «las acciones de Citgo que sirven como garantía» para esa emisión.
El pretexto de los bonos Pdvsa 2020
El caso se refiere a los bonos emitidos por el Estado venezolano en 2016 para canje de deuda, en los que se empleó como garantía el 51% de las acciones de Citgo. El gobierno de Venezuela apeló a este recurso porque para entonces ya tenía el acceso bloqueado a los créditos internacionales, por causa de la evaluación que le otorgaron las calificadoras de riesgo a partir de 2013.
Caracas honró sus compromisos con los tenedores hasta 2019, cuando tras la autoproclamación de Guaidó, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea le impidieron al gobierno del presidente Nicolás Maduro acceder a las cuentas de la República en el extranjero.
A sabiendas de esta situación, el pretendido gobierno paralelo no hizo nada para proteger el que otrora fuera el principal activo del país en el extranjero e intentó que una corte del estado de Nueva York declarara nula la deuda. Como cabía esperar, el caso no prosperó porque la deuda fue contraída legítimamente por las autoridades de Venezuela.
Por culpa del interinato
A esto se suma que el pasado 7 de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que la OFAC pondría en marcha «una política de licencias favorable» para el remate de Citgo ordenada por la Corte de Delaware, que hasta ahora había estado frenada por prohibiciones del Tesoro.
La comunicación, que fue publicada este 1º de mayo por el economista Francisco Rodríguez en su cuenta de Twitter, está dirigida a la minera canadiense Crystallex, una minera canadiense que intenta cobrar acreencias por la expropiación de una mina de oro en la década de los 2000.
Según cálculos del especialista, durante el así llamado interinato, las acreencias endilgadas a Citgo ascienden a los 9.100 millones de dólares, lo que atribuye a un manejo deficiente de la lucrativa empresa.
«Personalmente, pienso que hay daños severos a la República porque la sentencia de marzo indicó que fueron 2.500 millones de dólares en acreedores. Ahora se han sumado otros casos adicionales y el juez ha permitido que otros acreedores se sumen, por lo que tenemos un total de 9.100 millones de dólares en acreedores y a muchos se les ha abierto las puertas de embargar Citgo por el cuestionable manejo de la empresa por parte del gobierno interino», sostuvo en una entrevista concedida la semana previa al medio venezolano Noticiero Digital.
Rodríguez aseveró que Juan Guaidó y sus agentes habrían «usado los activos de Pdvsa para sus propios fines», lo que abrió el compás para que el juez Stark equiparara jurídicamente Citgo con su casa matriz PDVHolding, pese a que por regla general, la legislación estadounidense asume que son dos entidades jurídicas diferentes.
«Es interesante que este dictamen del juez precisa que la violación se dio durante el período del gobierno interino; no se dio durante Maduro, fue muy claro en eso, fue en 2021 y 2022. Por tanto, el que violó la autonomía de Pdvsa fue el gobierno interino y eso es lo que permite que a esta compañía la embarguen», abundó.
Por su lado, el presidente Nicolás Maduro calificó de «robo descarado» la licencia de la OFAC que otorga el control de Citgo a exdiputados venezolanos ligados con la Plataforma Unitaria y el pretendido gobierno interino de Guaidó.
«Es un robo descarado de una empresa estimada en más de 8.000 millones de dólares, con más de 10.000 bombas de gasolina en Estados Unidos; un robo descarado de una empresa que da anualmente más de 1.000 millones de dólares de ganancias, que tiene acumulados por lo menos cuatro años sin entregar ganancias al país, producto del secuestro a la que la sometió Donald Trump», dijo el mandatario en un acto público a propósito del Día Internacional de los Trabajadores.
Maduro responsabilizó a la Plataforma Unitaria por este revés para la República, al tiempo que acusó a ese sector político «del saqueo y del robo contra las propiedades de Venezuela».
Francisco Rodríguez, quien ha seguido en detalle la evolución del caso en las cortes estadounidenses y ha criticado duramente a los pseudofuncionarios que controlan la refinadora desde 2019, instó este lunes a la «AN 2015» –al grupo de exdiputados que sigue arrogándose competencias constitucionales con la venia de la Casa Blanca– y al gobierno de Venezuela a incluir «en su agenda de discusiones la creación urgente de una Junta Administradora de Activos que pueda proteger efectivamente los activos venezolanos en el exterior».
(LaIguana.TV)
OFAC has just published a license that authorizes the Venezuelan 2015 National Assembly to negotiate with creditors of the external public debt. This can solve some of the problems derived from the elimination of the figure of the interim president. pic.twitter.com/eInjdgFRkS
— Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) May 1, 2023
